Mario Alberto Marcial Gutiérrez
Expediente 268/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Alberto Marcial Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese; personalmente al quejoso. IB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el tercero interesado Daniel Torres Pérez, al momento de notificarse del proveído de veintiuno del actual, solicito copia simple de todo lo actuado en el presente juicio (foja 243); en su atención, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la ley de la materia, expídansele las copias que solicita, previa razón de recibido que se deje en autos Notifíquese. I-B A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, hizo manifestación dentro del término legal de tres días que se le concedió en proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, se provee. Mediante sentencia dictada en este juicio de garantías el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 62 a 70), se concedió al quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para los efectos siguientes: El juez responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que admita la incidencia planteada y convoque a la audiencia respectiva en los términos que establece el artículo 220, del Código Procesal Penal del estado de Oaxaca. Determinación contra la cual el tercero interesado Daniel Torres Pérez, interpuso recurso de revisión; y al resolver el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el amparo en revisión 696/2016, confirmó la sentencia recurrida (fojas 188 a 199). Ante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional mediante oficio I-1924, de veintiocho de julio del año en curso, requirió a la autoridad responsable Juez de Garantía, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Razón por la cual, la autoridad judicial responsable mediante oficio CJ/JCMPT/1206/2017-J, remitió un disco DVD certificado, aduciendo que el mismo contiene la resolución pronunciada dentro del cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), con el que refiere haber cumplido con la sentencia dictada en el presente juicio. Sin embargo, a la falta de copia certificada digital del proveído por el que la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado, así como el que, admitió la incidencia planteada y convocó a la audiencia respectiva, se requirió a la autoridad responsable, la remisión de las mismas (foja 213). Ante ello, por oficio CJ/JCMPT/1342/2017-J, la autoridad responsable informó que en el cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), no se realizó una declaratoria formal que dejará insubsistente el acuerdo reclamado, sin embargo, de manera implícita sí se dejó insubsistente ya que se convocó a audiencia a las partes, para la presentación del incidente respectivo y así dar cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de tres de agosto del año en curso (fojas 226 y 227); asimismo, hace del conocimiento, que en cuanto al fondo del asunto la asesora jurídica del incidentista, pretendió aportar prueba al respecto al enunciar de manera vaga y genérica la totalidad de las pruebas que integran el legajo de investigación; sin embargo, ese juzgador ante esa deficiencia probatoria, declaró sin materia el mismo, al encontrarse impedido de resolver, por tanto, no emitió resolución alguna al respecto. Ahora bien, una vez que se analizó el disco DVD, que remitió la autoridad judicial, para resolver el cumplimiento de la sentencia, se advierte que, el juez responsable convocó a una audiencia a las partes, citándolas para efecto de tramitar el incidente de abstención de investigar promovido por el ahora quejoso, y en la misma, celebrada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en presencia del ofendido, su asesora y el ministerio público, dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que se analiza. En dicha audiencia, dio el uso de la voz a la asesora del ofendido, para efecto de que ofreciera sus pruebas, entre las que mencionó el legajo de investigación 293/TH/2012, en poder del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía, el dictamen de sanidad definitiva que está agregado a la carpeta de investigación; la declaración de siete de agosto de dos mil quince, ante el fiscal investigador, rendido por la víctima y el oficio dirigido al comandante de la Policía Estatal, para efectos de llevar a cabo las diligencias pendientes por realizar en dicho legajo, pues dijo quedaron pendientes el desahogo de pruebas testimoniales. A su vez, el ministerio público refirió que la asesora, solamente se refirió a probanzas que dijo se encuentran en la carpeta de investigación, pero no las incorporó, y que ello dejaba al juez en imposibilidad de resolver. Ante ello, el juez de control reiteró los efectos de la sentencia amparadora, destacando que se había dejado sin efectos el acuerdo reclamado, pues se convocó a audiencia; también dijo que se le hizo saber a la defensora qué pruebas estaría en condiciones de hacer valer, a efecto de atender la petición y dar cumplimiento al amparo concedido, y que solamente, de manera vaga le fue referido el legajo de investigación en poder de Ministerio Público, un dictamen de sanidad definitiva sin precisar a favor de quién fue expedido, una diversa testimonial y un oficio de investigación a elementos de la agencia estatal de investigaciones, sin establecer las circunstancias que tendría eficacia ese medio de prueba. Posteriormente señaló que en virtud de la obligación impuesta por el artículo 1º constitucional, la obligación de promover, respetar, y garantizar los derechos humanos, dijo que advertía que en el escrito por el que se promueve la incidencia, el ministerio Público estaba obligado a verificar un actuar diligente para ver si se actualizaba el delito de lesiones, indagar sobre los hechos y analizar la procedencia de los mismos, pero que ante la escasez de datos probatorios, el ministerio público tenía que analizar si existían los elementos con alcances suficientes, para proceder si formula o no una comunicación de la imputación, puntualizando que ello solamente era una exhortación al fiscal investigador. De lo expuesto, se precisa que la autoridad judicial, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante que si bien no hizo pronunciamiento formal, en dejar sin efectos el proveído de seis de junio de dos mil dieciséis, dictado en el cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), de su índice, lo cierto es que, señaló fecha y hora, a efecto de dar cumplimiento con la sentencia amparadora; y en la audiencia que llevó a cabo el cuatro de agosto del año en curso, después de escuchar a las partes, determinó que las pruebas reseñadas por la asesora jurídica, eran insuficientes para determinar que el ministerio público tuviera la obligación de continuar con la investigación, empero, lo exhortó para que analizara si existían los elementos con alcances suficientes, para proceder si formulaba o no una comunicación de la imputación. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, en su escrito de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 232), en contestación a la vista que se le dio, refiere que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que el dos de agosto del año en curso, le notificaron que se habían señalado las quince horas del tres de ese mes y año, para el desahogo de audiencia; y ya estando en la misma, el Juez de garantía en ningún momento se pronunció para dejar insubsistente el acuerdo reclamado (seis de junio de dos mil dieciséis), y en su lugar, dictara otro, en el que admitiera la incidencia planteada y convocara a la audiencia respectiva y no en los términos en que se pronunció, provocando dicha autoridad las violaciones de los artículos 14 y 20 de la Carta Magna, violándose las reglas esenciales del procedimiento. No asiste razón a lo hecho valer por el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez. Es así, porque aun cuando no existe un auto por el que se haya dejado insubsistente el acuerdo reclamado, lo cierto es que al haber convocado a la audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima y al Ministerio Público, como el propio juez responsable lo destaca, de manera implícita dejó insubsistente el acto reclamado de seis de junio de dos mil dieciséis, pues en el mismo, había proveído en el sentido de desestimar el incidente promovido, en cambio, con el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 220 del Código Procesal Penal del Estado, en la cual citó a la víctima y al Ministerio Público, dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que se revisa, ello con independencia del sentido en que haya resuelto. Notifíquese personalmente. I-B A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, hizo manifestación dentro del término legal de tres días que se le concedió en proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, se provee. Mediante sentencia dictada en este juicio de garantías el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 62 a 70), se concedió al quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para los efectos siguientes: El juez responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que admita la incidencia planteada y convoque a la audiencia respectiva en los términos que establece el artículo 220, del Código Procesal Penal del estado de Oaxaca. Determinación contra la cual el tercero interesado Daniel Torres Pérez, interpuso recurso de revisión; y al resolver el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el amparo en revisión 696/2016, confirmó la sentencia recurrida (fojas 188 a 199). Ante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional mediante oficio I-1924, de veintiocho de julio del año en curso, requirió a la autoridad responsable Juez de Garantía, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Razón por la cual, la autoridad judicial responsable mediante oficio CJ/JCMPT/1206/2017-J, remitió un disco DVD certificado, aduciendo que el mismo contiene la resolución pronunciada dentro del cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), con el que refiere haber cumplido con la sentencia dictada en el presente juicio. Sin embargo, a la falta de copia certificada digital del proveído por el que la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado, así como el que, admitió la incidencia planteada y convocó a la audiencia respectiva, se requirió a la autoridad responsable, la remisión de las mismas (foja 213). Ante ello, por oficio CJ/JCMPT/1342/2017-J, la autoridad responsable informó que en el cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), no se realizó una declaratoria formal que dejará insubsistente el acuerdo reclamado, sin embargo, de manera implícita sí se dejó insubsistente ya que se convocó a audiencia a las partes, para la presentación del incidente respectivo y así dar cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de tres de agosto del año en curso (fojas 226 y 227); asimismo, hace del conocimiento, que en cuanto al fondo del asunto la asesora jurídica del incidentista, pretendió aportar prueba al respecto al enunciar de manera vaga y genérica la totalidad de las pruebas que integran el legajo de investigación; sin embargo, ese juzgador ante esa deficiencia probatoria, declaró sin materia el mismo, al encontrarse impedido de resolver, por tanto, no emitió resolución alguna al respecto. Ahora bien, una vez que se analizó el disco DVD, que remitió la autoridad judicial, para resolver el cumplimiento de la sentencia, se advierte que, el juez responsable convocó a una audiencia a las partes, citándolas para efecto de tramitar el incidente de abstención de investigar promovido por el ahora quejoso, y en la misma, celebrada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en presencia del ofendido, su asesora y el ministerio público, dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que se analiza. En dicha audiencia, dio el uso de la voz a la asesora del ofendido, para efecto de que ofreciera sus pruebas, entre las que mencionó el legajo de investigación 293/TH/2012, en poder del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía, el dictamen de sanidad definitiva que está agregado a la carpeta de investigación; la declaración de siete de agosto de dos mil quince, ante el fiscal investigador, rendido por la víctima y el oficio dirigido al comandante de la Policía Estatal, para efectos de llevar a cabo las diligencias pendientes por realizar en dicho legajo, pues dijo quedaron pendientes el desahogo de pruebas testimoniales. A su vez, el ministerio público refirió que la asesora, solamente se refirió a probanzas que dijo se encuentran en la carpeta de investigación, pero no las incorporó, y que ello dejaba al juez en imposibilidad de resolver. Ante ello, el juez de control reiteró los efectos de la sentencia amparadora, destacando que se había dejado sin efectos el acuerdo reclamado, pues se convocó a audiencia; también dijo que se le hizo saber a la defensora qué pruebas estaría en condiciones de hacer valer, a efecto de atender la petición y dar cumplimiento al amparo concedido, y que solamente, de manera vaga le fue referido el legajo de investigación en poder de Ministerio Público, un dictamen de sanidad definitiva sin precisar a favor de quién fue expedido, una diversa testimonial y un oficio de investigación a elementos de la agencia estatal de investigaciones, sin establecer las circunstancias que tendría eficacia ese medio de prueba. Posteriormente señaló que en virtud de la obligación impuesta por el artículo 1º constitucional, la obligación de promover, respetar, y garantizar los derechos humanos, dijo que advertía que en el escrito por el que se promueve la incidencia, el ministerio Público estaba obligado a verificar un actuar diligente para ver si se actualizaba el delito de lesiones, indagar sobre los hechos y analizar la procedencia de los mismos, pero que ante la escasez de datos probatorios, el ministerio público tenía que analizar si existían los elementos con alcances suficientes, para proceder si formula o no una comunicación de la imputación, puntualizando que ello solamente era una exhortación al fiscal investigador. De lo expuesto, se precisa que la autoridad judicial, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante que si bien no hizo pronunciamiento formal, en dejar sin efectos el proveído de seis de junio de dos mil dieciséis, dictado en el cuaderno de antecedentes 12/2017 (anteriormente 04/2016), de su índice, lo cierto es que, señaló fecha y hora, a efecto de dar cumplimiento con la sentencia amparadora; y en la audiencia que llevó a cabo el cuatro de agosto del año en curso, después de escuchar a las partes, determinó que las pruebas reseñadas por la asesora jurídica, eran insuficientes para determinar que el ministerio público tuviera la obligación de continuar con la investigación, empero, lo exhortó para que analizara si existían los elementos con alcances suficientes, para proceder si formulaba o no una comunicación de la imputación. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez, en su escrito de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 232), en contestación a la vista que se le dio, refiere que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que el dos de agosto del año en curso, le notificaron que se habían señalado las quince horas del tres de ese mes y año, para el desahogo de audiencia; y ya estando en la misma, el Juez de garantía en ningún momento se pronunció para dejar insubsistente el acuerdo reclamado (seis de junio de dos mil dieciséis), y en su lugar, dictara otro, en el que admitiera la incidencia planteada y convocara a la audiencia respectiva y no en los términos en que se pronunció, provocando dicha autoridad las violaciones de los artículos 14 y 20 de la Carta Magna, violándose las reglas esenciales del procedimiento. No asiste razón a lo hecho valer por el quejoso Mario Alberto Marcial Gutiérrez. Es así, porque aun cuando no existe un auto por el que se haya dejado insubsistente el acuerdo reclamado, lo cierto es que al haber convocado a la audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima y al Ministerio Público, como el propio juez responsable lo destaca, de manera implícita dejó insubsistente el acto reclamado de seis de junio de dos mil dieciséis, pues en el mismo, había proveído en el sentido de desestimar el incidente promovido, en cambio, con el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 220 del Código Procesal Penal del Estado, en la cual citó a la víctima y al Ministerio Público, dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria que se revisa, ello con independencia del sentido en que haya resuelto. Notifíquese personalmente.
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