Marilú Aguilar Martínez
Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marilú Aguilar Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, en su caso, interpusiera recurso de queja contra la parte relativa del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por la quejosa Marilú Aguilar Martínez, contra actos del Secretario de acuerdos de la Junta Especial de Santa María Huatulco de la Local de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, en virtud de que el catorce de noviembre del actual, se acordó respecto de su contenido al haberse recibido vía correo electrónico. Sin embargo, como en dicho proveído se requirió a la responsable copia certificada de diversas actas levantadas por el actuario de esa dependencia, y toda vez que en original remite las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2 de la Ley de Amparo, se admiten las citadas documentales, las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia, ordenándose dar vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Es aplicable lo anterior, la tesis I.5º.C.2.K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204616 y cuyo tenor literal es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Es conveniente mencionar, que el criterio invocado en esta resolución, es conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, no se opone a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplica con sustento en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia." Notifíquese; vía electrónica a la quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido vía correo electrónico, por el Presidente d la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Ahora, tomando en consideración que la autoridad en cita, refiere que adjunta a su informe de cuenta seis fojas útiles, consistentes en diversas actas levantadas por el actuario de dicha dependencia, así como una impresión de la fachada del inmueble donde se encuentra la fuente de trabajo. Por ello, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias antes descrita; apercibido que de no hacerlo en el plazo legal concedido, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA). Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el oficio, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Ahora bien, toda vez que dichos informes no fueron presentados con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada las nueve horas con quince minutos del dieciséis de noviembre del actual, fijándose las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/725/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del dieciséis de este mes y año, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo de la Jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo; circunstancia que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ***, en su atención téngasele desahogando la prevención de diez de octubre del actual, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto reclamado se hace consistir en la paralización de la Junta Especial de Santa María Huatulco de la Local de Conciliación y Arbitraje, al no emitir acuerdo alguno en el que señale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 17/2021 Antes de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el citado precepto, que al efecto señala Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Asimismo, para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éste y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden de ideas, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite determinar que el acto reclamado por la quejosa al Secretario de acuerdos de la Junta Especial de Santa María Huatulco de la Local de Conciliación y Arbitraje, actualiza la causa de improcedencia en el juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, aplicado en sentido contrario. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Por lo anterior, dicho secretario de acuerdo tiene la obligación de dar autorización y fe de la orden emitida por el Presidente de dicha junta; sin embargo, esa circunstancia no le atribuye el carácter de autoridad responsable y, por tanto, sus actos no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo; pues su actuación no resulta unilateral, sino que, en todo caso, obedece a la orden emitida por la Junta responsable a través de su titular, circunstancia por la cual no le resulta el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, el amparo promovido en contra de dicha autoridad resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II del mismo ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por notoria y manifiesta improcedencia, únicamente en cuanto se refiere a dicho secretario de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia I.2o.P.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, que aparece en la página 87 del tomo VII, enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro IUS 223613, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente respecto a la Junta Especial de Santa María Huatulco de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario adscrito a dicha dependencia. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviados únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veinte, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para la audiencia constitucional, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, los actos reclamados no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que a esta fecha no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dicha autoridad que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA Dada la naturaleza no existe tercero interesado. PRUEBAS Se reserva acordar respecto a la prueba que ofrece la parte quejosa, hasta en tanto obre el informe justificado. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por lo que de conformidad con el numeral 3 de la normativa de la materia, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta al usuario "ing.ledezma", y en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón de impedimento que levante para debida constancia los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que el asunto fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese
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