Mario Alberto Maldonado González y Otros.
Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2019
Partes del expediente
- Mario Alberto Maldonado González y Otros.
- Mario Alberto Maldonado González
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, en contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 271/2019-1-A. DESECHAMIENTO Una vez analizada integralmente la demanda de amparo, así como las constancias que acompañan, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ésta debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, toda vez que a criterio de la suscrita se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. En principio, es necesario dejar establecido que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación por haber sido parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad. En efecto, la procedencia del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 7/98 , que lleva por titulo "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE", estableció que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluido en este concepto, aquél que habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley - persona extraña-. Ahora, debe decirse que la parte quejosa se ostenta como tercero extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil con número de expediente actual ***, del índice del Juez responsable, promovido por ***, en su carácter de endosatario en procuración de ***, pues aduce que no obstante de haber pagado la suerte principal, se ordenó embargar el treinta por ciento del sueldo sobre sueldo y demás prestaciones que percibe, a pesar de que nunca fue emplazado al controvertido, esto es, que no se le hizo sabedor a través de la notificación respectiva del juicio que se instauró en su contra. No obstante ello, debe señalarse que contrario a lo expuesto por el amparista, no le reviste el carácter de tercero extraño por equiparación, al tenor de las siguientes consideraciones. Debe señalarse que la persona extraña a juicio, propiamente dicha o en estricto sentido, es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas Existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). Empero, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente ." Sin embargo, en el caso en particular, tanto de la narrativa de los hechos, como de las constancias relativas allegadas por el accionante del juico constitucional, se desprende que el demandado, aquí quejoso fue emplazado al juicio natural, diligencia en la que el propio accionado desconoció haber firmado tres pagarés. También se constata, que de la sentencia que en copia exhibió, se aprecia que además del emplazamiento llevado a cabo, contestó la demanda instaurada en su contra, en la que por una parte reconoció diversos hechos, en tanto, también desconoció algunos otros; aunado a que en la propia contestación opuso las excepciones de falta de pruebas de la parte actora, y la de oscuridad de la demanda. En ese sentido, si el juicio de amparo es procedente en los términos del artículo 107, fracción VI, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él; queda claro que la indicada causa de improcedencia opera en el caso concreto, en virtud que como ha quedado evidenciado, el ahora quejoso no tiene la calidad de tercero extraño por equiparación, ya que con tal carácter se entiende a quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en el referido concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o que lo fue indebidamente. Resulta aplicable al caso, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 39/2001 , que se titula "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY". Como puede observarse, el solicitante del juicio, quien se ostenta en este juicio de amparo como tercera extraña al juicio por equiparación, tuvo conocimiento completo y exacto del procedimiento de origen seguido en su contra, pues al margen de que el emplazamiento se haya realizado o no en contravención a la norma procesal civil, el aquí accionante, compareció al juicio natural a través del escrito de contestación, en el que además de desconocer ciertas prestaciones reclamadas, opuso sus excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tal motivo, si parte justiciable tuvo conocimiento completo y exacto del juicio natural, se concluye que estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la legislación que regía el juicio de origen. Entre ellos, los medios de defensa legal ordinarios previstos para atacar la sentencia, la diligencia de su notificación y los relativos a la ejecución de sentencia reclamados. Por tal motivo, no es procedente este juicio de amparo al haber quedado desvirtuado el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación que ostentó la parte accionante del juicio constitucional en la demanda de amparo. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, en sentido contrario, de la propia legislación. De igual manera, a criterio de quien esto resuelve, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester precisar que en el presente asunto el quejoso señaló además como acto reclamado destacado el embargo del treinta por ciento de su sueldo, sobre sueldos y prestaciones que percibe, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil 269/2012 del índice del Juzgado responsable; sin embargo, de la propia narrativa de la demanda de amparo, se advierte que el accionante del juicio de derechos humanos, bajo protesta de decir verdad, expuso: "[.] V.- FECHA DE HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN: Los actor que se reclaman, nunca me fueron notificados y tuve conocimiento de ello el 23 de Enero del año en curso, cuando el C. ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCOSINGO y pude enterarme del procedimiento viciado a que hago referencia, del que fui notificado del embargo del 30% del excedente de mi sueldo, sin que me hayan oído y llamado a juicio. [.] De lo anterior, se evidencia que el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de sus derechos fundamentales desde el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, pues, como ya se dijo, refirió, "bajo protesta de decir verdad", en su escrito de demanda, que en esa fecha se le notificó la resolución que contenía el embargo a su sueldo, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad; de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es indudable que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente hábil (veinticinco de enero de dos mil diecinueve), al en que surtió efectos el acto reclamado (veintitrés de enero de dos mil diecinueve), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (ocho de marzo de dos mil diecinueve), ha transcurrido más de un mes. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día hábil siguiente al en que se ostentó sabedor del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo, la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV y XXIII en relación con los diversos 17 y 107, fracción VI a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, en contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 271/2019-1-A. DESECHAMIENTO Una vez analizada integralmente la demanda de amparo, así como las constancias que acompañan, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ésta debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, toda vez que a criterio de la suscrita se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. En principio, es necesario dejar establecido que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación por haber sido parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad. En efecto, la procedencia del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 7/98 , que lleva por titulo "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE", estableció que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluido en este concepto, aquél que habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley - persona extraña-. Ahora, debe decirse que la parte quejosa se ostenta como tercero extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil con número de expediente actual 269/2012, del índice del Juez responsable, promovido por Carloman Reyes Gumeta, en su carácter de endosatario en procuración de Edgar Humberto Roque Toledo, pues aduce que no obstante de haber pagado la suerte principal, se ordenó embargar el treinta por ciento del sueldo sobre sueldo y demás prestaciones que percibe, a pesar de que nunca fue emplazado al controvertido, esto es, que no se le hizo sabedor a través de la notificación respectiva del juicio que se instauró en su contra. No obstante ello, debe señalarse que contrario a lo expuesto por el amparista, no le reviste el carácter de tercero extraño por equiparación, al tenor de las siguientes consideraciones. Debe señalarse que la persona extraña a juicio, propiamente dicha o en estricto sentido, es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas Existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). Empero, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente ." Sin embargo, en el caso en particular, tanto de la narrativa de los hechos, como de las constancias relativas allegadas por el accionante del juico constitucional, se desprende que el demandado, aquí quejoso fue emplazado al juicio natural, diligencia en la que el propio accionado desconoció haber firmado tres pagarés. También se constata, que de la sentencia que en copia exhibió, se aprecia que además del emplazamiento llevado a cabo, contestó la demanda instaurada en su contra, en la que por una parte reconoció diversos hechos, en tanto, también desconoció algunos otros; aunado a que en la propia contestación opuso las excepciones de falta de pruebas de la parte actora, y la de oscuridad de la demanda. En ese sentido, si el juicio de amparo es procedente en los términos del artículo 107, fracción VI, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él; queda claro que la indicada causa de improcedencia opera en el caso concreto, en virtud que como ha quedado evidenciado, el ahora quejoso no tiene la calidad de tercero extraño por equiparación, ya que con tal carácter se entiende a quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en el referido concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o que lo fue indebidamente. Resulta aplicable al caso, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 39/2001 , que se titula "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY". Como puede observarse, el solicitante del juicio, quien se ostenta en este juicio de amparo como tercera extraña al juicio por equiparación, tuvo conocimiento completo y exacto del procedimiento de origen seguido en su contra, pues al margen de que el emplazamiento se haya realizado o no en contravención a la norma procesal civil, el aquí accionante, compareció al juicio natural a través del escrito de contestación, en el que además de desconocer ciertas prestaciones reclamadas, opuso sus excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tal motivo, si parte justiciable tuvo conocimiento completo y exacto del juicio natural, se concluye que estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la legislación que regía el juicio de origen. Entre ellos, los medios de defensa legal ordinarios previstos para atacar la sentencia, la diligencia de su notificación y los relativos a la ejecución de sentencia reclamados. Por tal motivo, no es procedente este juicio de amparo al haber quedado desvirtuado el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación que ostentó la parte accionante del juicio constitucional en la demanda de amparo. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, en sentido contrario, de la propia legislación. De igual manera, a criterio de quien esto resuelve, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.; (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester precisar que en el presente asunto el quejoso señaló además como acto reclamado destacado el embargo del treinta por ciento de su sueldo, sobre sueldos y prestaciones que percibe, decretado en autos del juicio ejecutivo mercantil ***** del índice del Juzgado responsable; sin embargo, de la propia narrativa de la demanda de amparo, se advierte que el accionante del juicio de derechos humanos, bajo protesta de decir verdad, expuso: "[.] V.- FECHA DE HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN: Los actor que se reclaman, nunca me fueron notificados y tuve conocimiento de ello el 23 de Enero del año en curso, cuando el C. ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCOSINGO y pude enterarme del procedimiento viciado a que hago referencia, del que fui notificado del embargo del 30% del excedente de mi sueldo, sin que me hayan oído y llamado a juicio. [.] De lo anterior, se evidencia que el promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de sus derechos fundamentales desde el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, pues, como ya se dijo, refirió, "bajo protesta de decir verdad", en su escrito de demanda, que en esa fecha se le notificó la resolución que contenía el embargo a su sueldo, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad; de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es indudable que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente hábil (veinticinco de enero de dos mil diecinueve), al en que surtió efectos el acto reclamado (veintitrés de enero de dos mil diecinueve), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (ocho de marzo de dos mil diecinueve), ha transcurrido más de un mes. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita los actos reclamados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día hábil siguiente al en que se ostentó sabedor del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo, la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV y XXIII en relación con los diversos 17 y 107, fracción VI a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Mario Alberto Maldonado González. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 con relación al numeral 24, párrafo segundo de la ley de la materia, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que indica en su escrito inicial de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."
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