Marina Zamora Romero
Expediente 552/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2017
Partes del expediente
- Marina Zamora Romero
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el escrito signado por ..., en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa. Ahora, atento a lo peticionado, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12, de la ley de la materia, a ..., toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Al respecto, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad (fojas 38 a 39), en el que se autorizó la devolución del documento a que hace alusión el promovente en el escrito de cuenta, por lo que se tiene por autorizando para tales efectos a la persona que refiere. Como está ordenado en auto de veintitrés de mayo del año en curso (fojas 38 a 39), devuélvase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de once mayo de dos mil diecisiete (fojas 25 a 35) que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos consta un documento exhibido por la parte quejosa, en copia certificada, respecto del cual, en auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se negó su devolución, hasta en tanto dicho proveído quedara firme, lo cual ya aconteció; en consecuencia, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de once mayo de dos mil diecisiete (fojas 25 a 35) que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos consta un documento exhibido por la parte quejosa, en copia certificada, respecto del cual, en auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se negó su devolución, hasta en tanto dicho proveído quedara firme, lo cual ya aconteció; en consecuencia, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese personalmente."
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de mayo de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓNCon fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ***, apoderado legal de la quejosa ***, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintisiete de abril del año en curso (fojas 16 a 19). DESECHAMIENTOVista la demanda de amparo promovida por ****, apoderado legal de la quejosa ***, personalidad que acredita en términos del numeral 10 de la Ley de Amparo, con el instrumento notarial cincuenta y cinco mil setecientos veintiuno (55,721), libro 1459, pasada ante la fe del Licenciado Ramón Aguilera Soto, Titular de la Notaria número 118, en la Ciudad de México, contra actos de las autoridades señaladas como:1. Ministerio Público Investigador de la Mesa Investigadora Número Siete adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.2. Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Indígena, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no.Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante.En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en:".ACTO RECLAMADO.A. Del ministerio público investigador de la mesa investigadora número siete adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena radicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se reclama, la dilación en la investigación inicial dentro de la de actuaciones ministeriales respecto a la obligación de la debida integración de la carpeta de investigación 0027-78-1001-2017. También se reclaman de dicha autoridad, como autoridad responsable ordenadora la omisión a sus funciones para efectos de realizar las actuaciones necesarias a fin de acreditar el hecho delictivo y la posible participación de los responsables, así como también lograr la restitución inmediata de los derechos del hoy quejoso, materia de esta demanda de garantías. Entre dichos actos, se reclaman los siguientes:I. La falta de actuaciones para la búsqueda, localización y resguardo del vehículo marca Nissan, tipo Cabina, color rojo, modelo 2016, 4 puertas, serie número 3N6AD33CXGK818285, con número de motor 0R25034455H, con placas de circulación número LA86715 particulares del Estado de México.II. La falta de seguimiento al oficio NÚMERO 00117-0752-2017, DE 16 DE ENERO DE 2017, en la que el ministerio público investigador ordena al Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Indígena, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que se avoque a la localización del vehículo marca Nissan, tipo Cabina, color rojo, modelo 2016, 4 puertas, serie número 3N6AD33CXGK818285, con número de motor QR25034455H, con placas de circulación número LA86715 particulares del Estado de México.III. La falta de acuerdo y respuesta al escrito sin numero de 23 de marzo de 2017, signado por el hoy quejoso, mediante la cual nuevamente se solicita que se realice la búsqueda, localización y resguardo del vehículo marca Nissan, tipo Cabina, color rojo, modelo 2016, 4 puertas, serie número 3N6AD33CXGK818285, con número de motor QR25034455H, con placas de circulación número LA86715 particulares del Estado de México, señalando el lugar donde se ubica esta unidad.IV. La falta de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, principalmente en no sancionar con medidas de apremio por la falta de respuesta, omisión y seguimiento del Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Indígena, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en razón a lo solicitado en el oficio número 00117-0752-2017, de 16 de enero de 2017.B. DEL COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA, ZONA INDIGENA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, se reclama la falta de seguimiento, respuesta y omisión en razón a lo solicitado por la autoridad responsable ordenadora en el oficio NÚMERO 00117-0752-2017, DE 16 DE ENERO DE 2017".Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. vi. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vii. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la abstención del Ministerio Público de realizar las actuaciones necesarias a fin de acreditar el hecho delictivo y la posible participación de los responsables en la carpeta de investigación 0027-78-1001-2017. En contra de la citada actuación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, normatividad que rige el procedimiento de donde emana dicha omisión; precepto que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En efecto, conforme a los transcritos numerales, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, incorporado al orden jurídico nacional mediante reforma constitucional de 18 de junio de 2008, la cual entró en vigor en toda la República Mexicana a partir del 18 de junio de 2016, corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual el legislador estableció en favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. El citado recurso dota de eficacia al derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional. Dicho derecho, cabe mencionar, ya se encontraba reconocido por el ordenamiento constitucional tiempo antes de la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Al respecto, el artículo 21, párrafo cuarto, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, disponía que las resoluciones del Ministerio Público podían ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que estableciera la ley. Sin embargo, pocas fueron las legislaciones procesales que durante la vigencia del aludido precepto contemplaron la existencia de algún medio de impugnación en contra de tales actuaciones; de ahí que el juicio de amparo se haya convertido en la única vía para controvertir los actos de la representación social. En efecto, en torno a la procedencia del juicio de amparo en contra de actuaciones del Ministerio Público, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, misma que entró en vigor al día siguiente, sostuvo en su momento el criterio en el sentido de que ante la ausencia de ordenamientos legales que precisaran de manera específica la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pudieren ser violatorias de las garantías individuales (ahora derechos fundamentales) del ofendido, tales determinaciones podían ser reclamadas de modo directo e inmediato en sede constitucional, hasta en tanto fuesen expedidos dichos ordenamientos. Lo anterior, ya que al estar regulada la actuación del Ministerio Público por la propia Carta Magna, dichas actuaciones ministeriales podían y debían examinarse vía juicio de garantías; sostener una postura contraria que impidiera la procedencia de dicho juicio, se consideró que sería tanto como desconocer la existencia del mencionado derecho fundamental, así como el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo. Argumentos que quedaron plasmados en la jurisprudencia P./J. 114/2000 , de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental." De igual forma, el Tribunal Pleno determinó que los antecedentes legislativos que originaron la reforma constitucional mencionada con antelación, fueron indicadores del nacimiento del derecho fundamental a favor de las víctimas y ofendidos del delito para impugnar las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal; por tanto, se estimó factible que mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerciera la acción penal o retirara el desistimiento formulado. Dicho criterio se vio reflejado en la jurisprudencia P./J. 128/2000 , de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en comento descuella, como elemento preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento." Posteriormente, el nueve de junio de dos mil se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionó la fracción VII al artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo, en la que expresamente se estableció la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmaran el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en concordancia con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. Dicha disposición normativa fue reiterada y ampliada por el legislador en la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, la que en su artículo 107, fracción VIII, estatuye la procedencia del amparo indirecto en el siguiente supuesto: "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; (.)" Como puede apreciarse, la redacción del citado numeral amplió la posibilidad de combatir a través del juicio de amparo, resoluciones diversas al no ejercicio o desistimiento de la acción penal, estableciendo su procedencia en contra de omisiones en la integración de la indagatoria, resoluciones de reserva o suspensión del procedimiento cuando no se satisfaga la reparación del daño; actuaciones que el Máximo Tribunal había considerado que admitían la procedencia de la acción constitucional desde la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Al efecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 16/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión." Asimismo, la diversa 1a./J. 124/2010 , emitida por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL EN SU REDACCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008). De la interpretación genético-teleológica del artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual constituye el basamento del diverso 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que determina o confirma el acuerdo de reserva de la averiguación previa. Lo anterior, ya que en el procedimiento de reformas a la Ley Suprema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se equipararon los efectos de la resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal con los de la reserva de la averiguación previa, bajo el argumento de que era preciso evitar que las resoluciones dictadas por el Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que por actos de corrupción quedara algún delito sin perseguir. Aunado a lo anterior, se consideró que era necesario proporcionar confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones al saber que la indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un acto unilateral de la autoridad, pues lo contrario atentaría contra los derechos reconocidos por la Constitución a las víctimas u ofendidos y solaparía el estado de indefensión e inseguridad jurídica en que podrían quedar, ya que corresponde a la autoridad ministerial tener los elementos suficientes para decidir sobre el ejercicio de la acción penal, independientemente de que aquéllos ofrezcan pruebas." Los antecedentes reseñados ponen de manifiesto que al amparo del derecho reconocido en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional (ahora 20, apartado C, fracción VII), el Alto Tribunal ha estimado procedente el amparo indirecto en contra de diversas actuaciones de la autoridad ministerial, tales como la omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Ello, bajo la consideración de que la citada omisión puede ser susceptible de violar en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del delito o de los familiares de éste, o del interesado legalmente por la comisión del delito, la garantía de seguridad jurídica consistente en poder exigir y obtener la persecución de los delitos. Además, la mencionada abstención afecta a la sociedad en su conjunto, pues ésta guarda especial interés en que el ofendido, persona que ha resentido directa o indirectamente la conducta calificada como delito, obtenga la reparación del daño, lo cual no es factible cuando la autoridad ministerial omite la persecución del delito en flagrante violación al derecho de acceso a la justicia. Inclusive, tal abstención puede equipararse a la transgresión del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, toda vez que el denunciante o querellante está solicitando y esperando que la autoridad competente practique una investigación y proceda a actuar de conformidad con los resultados de la misma. Para tal efecto, el Alto Tribunal precisó que el estudio de la constitucionalidad de la abstención de realizar pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal debía ceñirse a determinar en cada caso concreto si había transcurrido un plazo razonable para que la representación social dictara su resolución, con base en las manifestaciones del quejoso y de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implicara la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino simplemente la de imponer a la representación social, en su caso, un plazo para que dictara su resolución. Esto, sin perjuicio de que ni la Constitución ni la ley establecieran un plazo determinado para que el Ministerio Público resolviera lo correspondiente dentro de la indagatoria, pues el solo transcurso del tiempo podía afectar la esfera jurídica del gobernado, toda vez que los efectos de tal omisión eran idénticos o incluso más graves a los que se producían con una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Ilustra lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 24/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." No obstante lo anterior, como se ha dicho, la procedencia del amparo siempre ha estado condicionada por la jurisprudencia a que la legislación penal no establezca la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria para reclamar tales actuaciones, pues al preverse el medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad en específico, se impone al quejoso agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Por lo que, si en la actualidad el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un recurso en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, que tienen lugar dentro del proceso penal acusatorio, deviene inconcuso que, previo a intentar el juicio de amparo en contra de las mismas, es obligación del gobernado agotar el medio de defensa en comento. Ahora, en el asunto que nos ocupa, conforme a la lectura integra del escrito de demanda, se advierte que el peticionario se encontraba en aptitud de acudir ante el Juez de Control para impugnar la abstención de la autoridad ministerial de realizar las actuaciones necesarias a fin de acreditar el hecho delictivo y la posible participación de los indiciados en la carpeta de investigación 0027-78-1001-2017. Por consiguiente, en observancia al principio de definitividad, el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso innominado a que se ha hecho referencia en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Notifíquese personalmente.
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