Mario Alberto López Illescas
Expediente 675/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Alberto López Illescas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de junio del presente año, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Mario Alberto López Illescas, por su propio derecho, en contra de los actos atribuidos al Director General de Salud del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 675/2021-I. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia 28/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA... El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Primeramente debe recordarse que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción XVI, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución; así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En el caso debe recordarse que los actos de los que toralmente se duele la inconforme, se hacen consistir en la omisión para prohibir o en su caso ordenar la cancelación de la asamblea general ordinaria del Condominio Diamante Trece (13) del "Conjunto Joyas del Marques", convocada en primera convocatoria a las once horas con treinta minutos del diez de junio del dos mil veintiuno, en segunda convocatoria a las once horas con treinta minutos del once de junio del dos mil veintiuno y en tercera convocatoria a las diez horas del doce de junio del dos mil veintiuno. En efecto, al haberse llevado a cabo dicha asamblea general en las precitadas datas, se entiende que ha existido un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir las autoridades señaladas como responsables, por no ser posible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la quejosa. Lo anterior, pone de manifiesto que en el supuesto de que se haya materializado alguna violación de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa al tener verificativo tal asamblea, se considera que los actos reclamados se materializaron en todos sus efectos y consecuencias, por lo que, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas; es decir, para efectos del juicio de amparo, deben considerarse como consumados de modo irreparable. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que a más de indudable es manifiesta, y con apoyo en el numeral 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya lo anterior, la Tesis Aislada I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 325, del Tomo XIV, Diciembre de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, con número de registro digital 209662, cuyos rubro y texto señalan: ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Sin que sea óbice a lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2001071, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", pues lo aquí determinado no contraviene su sentido, virtud a que en él la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, hizo referencia de manera específica a aquéllos casos en que el acto reclamado en el amparo se hace consistir en el "acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas"; supuesto que evidentemente es diverso del que aquí se analiza; además, dicha jurisprudencia tiene como supuesto que el motivo de improcedencia, no sea claro y fehaciente, sino que se requiera un análisis profundo para determinar la improcedencia del amparo; lo que no acontece en la especie, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y los correspondientes conceptos de violación bien pueden advertirse las circunstancias descritas líneas atrás para justificar la causal de improcedencia invocada. Además, de la diversa jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, del Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]", se advierte como excepción para la aplicación de aquél criterio está la relativa a que exista jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se haya definido que una autoridad señalada como responsable no tenga ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, o bien, que del contenido de la demanda de garantías y sus anexos pueda advertirse la actualización de la causa de improcedencia de manera fehaciente y de un estudio previo que no implique consideraciones debatibles, dudosas u opinables, lo que acontece en el caso, pues es evidente que, como se dijo, las conductas reclamadas de las autoridades responsables no pueden ser consideradas como acto de autoridad puesto que deriva de un vínculo jurídico de índole laboral, lo que no requiere un estudio profundo pues tal consideración no resulta ni debatible ni dudosa. Aunado a lo anterior, el motivo de improcedencia es manifiesto, dado que se advierte en forma patente y absolutamente clara con lo que ha sido narrado; asimismo, es indudable, pues se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso concreto, y en modo alguno va a variar su resultado; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera y se substanciara el procedimiento respectivo, independientemente de los elementos que de modo eventual pudieran allegarse, la conclusión seguiría siendo la misma. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho José Luis Gallegos Peralta, José Guadalupe Ramos Guerrero, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de noviembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza las claves de usuario "jguadaluperamos", "Jimenez-27" y "Arismendi-30", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, se autoriza las claves de usuario "jguadaluperamos", "Jimenez27" y "Arismendi-30"; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo.
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