Mario Alberto Hernández Salgado
Expediente 1289/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Alberto Hernández Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa y terceros interesados, a fin de que se inconformara respecto al proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince ..., por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, ha transcurrido; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y, envíese al archivo...Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado... acusa recibo del oficio por el cual se le enotificó el auto de veintiséis de octubre del año en curso...
- Principal
Vista la certificación antes citada de la que se advierte que ha transcurrido el termino para que las partes desahogaran la vista dada en proveído nueve de junio del año en curso (foja 248), respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables respecto de los oficios números 212/2015-II y 791, firmados por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y anexos que acompañaron, residentes en esta ciudad (fojas 139 y 242), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el treinta y uno de marzo de dos mil quince, el diez de abril de dos mil catorce (fojas 77 a 98), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y dadas las razones que se han dejado precisadas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Mario Alberto Hernández Salgado, la protección de la Justicia Federal solicitada, para efectos de que la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero: a) Deje insubsistente la resolución de apelación de tres de septiembre de dos mil catorce, dictada en el toca V-371/2014, que confirmó el auto de formal prisión emitido el dieciocho de febrero de dos mil catorce, en los autos de la causa penal 193/2013-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dictado en contra del quejoso por el delito de violencia familiar, y b) Emita otra con libertad de jurisdicción, la cual puede ser en el mismo sentido o en diverso, pero colmando los requisitos de forma que todo acto de autoridad debe colmar, esto es, deberá valorar la totalidad de las pruebas de descargo ofrecidas por el inculpado en la etapa de preinstrucción previamente narradas en este fallo, haciendo al respecto un análisis pormenorizado de éstas, en el que exponga con claridad las razones y motivos por las cuales les otorga la valoración que corresponda. (.) En ese orden, es oportuno precisar que el sentido del presente fallo no prejuzga sobre el fondo del asunto, en virtud de que sólo se concede por vicios formales, por lo que la autoridad responsable puede dictar la resolución en cualquier sentido el cual podrá ser el mismo del acto aquí reclamado, pero purgando los vicios que lo afectan o en sentido diverso. Cabe señalar que la concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dado que no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y respecto de la cual se concedió la protección constitucional solicitada. (.)" Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar el principio de congruencia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, previo a determinar el alcance de la ejecutoria dictada en este juicio de garantías es importante señalar que de las actuaciones judiciales que forman el presente asunto, en cumplimiento al fallo protector, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por oficio número 212/2015 (foja 139), remitió copia certificada de la resolución de tres de junio de dos mil quince (fojas 141 a 234), en la que dejó insubsistente la resolución de tres de septiembre de dos catorce, emitida por esa misma Sala y con esa misma fecha (tres de junio del presente año), confirmó el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil catorce, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en la causa penal 193/2013-II, instruida en contra de Mario Alberto Hernández Salgado, por el delito de Violencia Familiar, en Agravio de Elizabeth García López y la menor Regina Abigail Hernández García; por lo que, en primer término precisó que los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar se encuentran previstos por el artículo 194-A del Código Penal del Estado de Guerrero, del cual se desprende que: A. La conducta del activo dirigida a agredir psicológicamente a una persona; B. Que con esa persona esté unida por un vínculo de matrimonio y de consanguinidad. (foja 159 anverso y reverso). En ese contexto, la Sala responsable analizó los medios de prueba que obran en las actuaciones, considerando correcta la determinación del juez inferior al haberlos considerado suficientes y eficaces para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violencia familiar, en términos de los numerales 63, 64 y 67 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y sancionado por el diverso 194-A del Código Penal, toda vez que determinó que la objeción que hizo el quejoso de las diligencias ministeriales consistentes en las declaraciones de las agraviadas Elizabeth García López y Regina Abigail Hernández García, solo argumenta que en el caso de la menor, no se cumplió con el protocolo que determina la forma en que deberá llevarse a cabo las diligencias correspondientes para oír a los menores, no bastando que el perito en psicología lleve a cabo un test para determinar el estado de la menor(foja 176). Asimismo, la Sala responsable analizó y estableció que no existe indicio alguno para no darle credibilidad a la versión de la referida agraviada Elizabeth García López, puesto que cumplió con los requisitos que establecen en los artículos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al cual se le concedió valor probatorio de conformidad con los numerales 121, 122 y 127 del citado cuerpo legal (foja 176 reverso). Por cuanto hace a la objeción de la declaración de la menor Regina Abigail Hernández García, la Sala responsable estableció que también cumple con los requisitos establecidos en los artículos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales, por ende valoro esa testimonial de conformidad con los numerales 121, 122 y 127 del citado cuerpo legal (foja 176 reverso). En este rubro, puntualizó que se le da valoración al testimonio de la menor Regina Abigail Hernández García, porque se desahogó ante el juez de primera instancia el diecisiete de febrero de dos mil catorce, donde dicho juzgador determinó las medidas de protección a la indicada menor, como fue el de tomarle su exposición de manera privada, con la presencia del psicólogo y cumpliendo con lo establecido en la fracción V del artículo 17 de la Ley Número 479, de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado de Guerrero (foja 182). Respecto a que los testigos de cargo Osvaldo García López y Marlene García López, fueron de oídas y que sus testimonios fueron redactados en términos similares, la Sala responsable, contrario a lo alegato por el activo, aquí quejoso, determinó darles valor, por cumplir con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero (fojas 185 y 189 anverso). Asimismo, al desahogo del careo constitucional entre el activo Mario Alberto Hernández Salgado con la agraviada Elizabeth García López, se desahogó en lo dispuesto por el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y se le dio pleno valor probatorio de conformidad con los diversos 121 y 122, del citado ordenamiento legal (foja 190). Por cuanto a los informes que ofreció en inculpado aquí quejoso Mario Alberto Hernández Salgado, respecto a los juicios de divorcio 1249-III/2013 y 1005-I/2013, determinó que tales documentales no se exhibieron en la etapa de preinstrucción, para haberlas tenido a la vista y valorarlas dentro del término constitucional, el juzgador primario, pero además, puntualizó que no desvirtúan los hechos delictivos, por estar referidos a actuaciones diversas a ese acontecimiento (foja 190). Respecto a las pruebas documentales privadas de trece de febrero de dos mil catorce, exhibidas por el inculpado, la Sala responsable destacó que adquirieron valor como un indicio, atendiendo al artículo 121, Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero (foja 192); por lo que respecta a la fotografía y los testimonios de Itandewe Rentería Bernal y Mario Alberto Hernández Sánchez, determinó que resultan insuficientes para desvirtuar las imputaciones hechas en su contra (foja 193). Por lo que la Sala responsable, concluye que la corporeidad del ilícito que se imputa al impetrante de garantías y su probable responsabilidad, quedó plenamente justificado. Por su parte, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, (fojas 242 a 245), informó el cumplimiento dado al oficio 213/2015 de tres de junio de dos mil quince, remitido por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, en el cual dejó insubsistente la resolución de tres de septiembre de dos catorce, emitida por esa misma Sala y con esa misma fecha (tres de junio del presente año), confirmó el auto de formal prisión de dieciocho de febrero de dos mil catorce; asimismo, giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Notifiquese personalmente..Notifico el contenido del proveído que antecede a la tercero interesada Elizabeth García López, por sí y en representación de la menor Abigail Hernández García, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado.
- Principal
Vista la razón actuarial de diecisiete de junio del presente año, se advierte la imposibilidad que tiene la Actuaria de la adscripción, para notificar personalmente a la tercera interesada Elizabeth García López, por sí y en representación de la menor Abigail Hernández García, el proveído de nueve de junio del presente año, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo notifíquese a dicha tercera interesada el proveído referido, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que al efecto se fije en los estrados de este Juzgado... En cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, notifico a la tercera interesada Elizabeth García López, por sí y en representación de la menor Abigail Hernández García, el contenido del proveído de nueve de junio del año en curso, mediante lista que se fija en los estrados de este Juzgado, el cual dice: Agréguese el oficio número 791, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, y anexo que acompaña, tengasele a la autoridad responsable informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por consiguiente, con fundamento en el articulo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee y el diverso 212/2015-II firmado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolvera respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos...Lo anterior, con fundamento en el articulo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo...
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