Mario Alberto López Hernández
Expediente 1605/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2021
Partes del expediente
- Mario Alberto López Hernández
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guarda los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de catorce de diciembre del año actual, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por Mario Alberto López Hernández, en su carácter de presidente municipal del ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, y presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.
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...RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mario Alberto López Hernández, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, y Presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad...
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Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Mario Alberto López Hernández, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, y Presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad, por medio del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 1605/2021-VII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo expresado la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, tesis I.6o.C. J/19, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la integridad de la demanda y documentales que se acompañaron a la misma, acorde a lo establecido en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: El oficio de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Gerente General de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual se convoca a los integrantes del consejo de administración a la primera sesión extraordinaria del año dos mil veintiuno, que tendrá verificativo a las doce horas del catorce de diciembre de la presente anualidad. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I, y 5 fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.[.].". El primer artículo y fracción trascrito establece la improcedencia del juicio de amparo, en los casos en que aquélla resulte de la ley. Por su parte el segundo precepto invocado estatuye en su fracción I, que el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección en la Constitución General de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Y el tercero de los dispositivos legales transcritos dispone que autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación conjunta de los artículos que anteceden se colige que el juicio de amparo, sólo será procedente contra actos que provengan de entes que tengan el carácter de autoridad. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1889, registro digital 161133, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ahí que los argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la precitada jurisprudencia 2a./J. 164/2011, quien estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad están regidas por las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo que se robustece con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en que estableció que "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, es el órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, afectando la esfera de los gobernados, la cual está identificada como tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Al respecto, es importante precisar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora, para resolver si el acto que se reclama en este asunto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De la lectura del escrito de demanda de amparo y de las documentales que se acompañan a la misma, se desprende que el acto reclamado deriva de las circunstancias siguientes: El aquí quejoso al tener el carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y ser parte integrante del consejo de administración, fue convocado por conducto del gerente general a la primera sesión extraordinaria del año dos mil veintiuno, que tendrá verificativo a las doce horas del catorce de diciembre de la presente anualidad, en la que se llevará a cabo el siguiente orden del día: a) lista de asistencia y declaración del quórum legal; b) lectura y aprobación del orden del día; c) presentación de propuestas y designación de gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad, aceptación del cargo y efectos legales consiguientes respecto del otorgamiento y revocación de poderes; d) designación del delegado especial para protocolizar el acta de consejo ante notario; y, e) clausura de la sesión. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada por el Gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y el aquí quejoso en su carácter de presidente del consejo de administración, quienes se rigen mediante las atribuciones adquiridas en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y el decreto número 53 expedido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del estado en fecha seis de diciembre de mil novecientos setenta y dos, y su última reforma contenida en el decreto LIX-1134 publicado el nueve de enero de dos mil ocho, atento a lo anterior: esto encuadra a las partes en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente el los términos que la ley les señale. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica del quejoso: El oficio de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Gerente General de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual con las facultades que le otorga los artículos 30 punto 2, sub inciso III (.El Gerente General tendrá las siguientes facultades atribuciones en torno al funcionamiento del Consejo de Administración:.Convocar a reuniones del Consejo por propia iniciativa o a petición de dos o más miembros del mismo.), 31 y 32 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y los numerales 3° fracción VI y 4° del decreto número 53 expedido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del estado en fecha seis de diciembre de mil novecientos setenta y dos, y su última reforma contenida en el decreto LIX-1134 publicado el nueve de enero de dos mil ocho, está convocando a los integrantes del consejo de administración a la primera sesión extraordinaria del año dos mil veintiuno, que tendrá verificativo a las doce horas del catorce de diciembre de la presente anualidad. Sobre esas premisas, resulta que la convocatoria de que se trata, donde esencialmente se llevará a cabo la presentación de propuestas y designación de gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad, aceptación del cargo y efectos legales consiguientes respecto del otorgamiento y revocación de poderes; sin duda alguna se emitió en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, y tampoco se trata de actos de un particular equivalentes a una autoridad. Únicamente de manera ilustrativa se cita la tesis aislada III.2o.C.20 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de dos mil catorce, Tomo III, Materia(s): Común, Página dos mil ochocientos diecinueve, que dice: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código.". También de forma ilustrativa, se cita la tesis número I.8o.C.13 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento treinta y dos, Tomo III, Agosto de dos mil quince, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil.". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 fracción I, 5 fracción II, de la citada legislación; con fundamento en el citado precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. En consecuencia, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 112, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 7 entre Matamoros y Bravo número 1403-D, zona centro del plano oficial de esta ciudad, y como lo solicita, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Efraín Encinia Marín. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mario Alberto López Hernández, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, y Presidente del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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