Mario Alberto Garza Treviño
Expediente 1032/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Mario Alberto Garza Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de la autoridad responsable, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que le fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 1032/2022-II, promovido por********************contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito,********************promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridad responsable: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad. Acto reclamado: "Omisión de dictar acuerdo de admisión de pruebas." (Sic) SEGUNDO. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 1032/2022-II, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Se establece, que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al quejoso para que manifestara si deseaba ampliar su escrito inicial de demanda respecto a diversos actos atribuibles a la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no desahogar la vista, el presente juicio se resolvería en cuanto a los actos reclamados y autoridades que fueron señalados inicialmente; sin que dicho agraviado haya realizado manifestación alguna, no obstante de haber quedado debidamente notificado para ello (véanse fojas 31 y 33). Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará versará en cuanto al acto reclamado y autoridad que fueron señalados inicialmente, delimitándose en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. Se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad ********************, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en dictar el acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas dentro del expediente administrativo laboral 00087E0/6/2022. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que le son atribuidos, por lo que así se tienen para todos los efectos legales. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió la nombrada responsable para apoyar su informe (fojas 16 a 25), mismas que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que de las constancias que allegó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, se aprecia que el día veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral ******************** de su índice, dictó el acuerdo respectivo en el que señaló fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes; de cuya falta de radicación se dolía la parte quejosa. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir del doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista que se le mandó dar en proveído de siete del mes y año en curso, manifestaciones que de ser procedentes serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, tomando en consideración lo expresado por el agraviado en el sentido de que la autoridad responsable únicamente se limita a admitir las pruebas ofrecidas, sin embargo se aparta del término de diez días para su desahogo, como lo regula el artículo 883 del código laboral. Es pertinente señalar que el acto reclamado por la parte quejosa, lo hizo consistir únicamente en la omisión de dictar acuerdo de admisión de pruebas; de ahí que, se ordena darle vista para que en el acto de la notificación o dentro del término de quince días, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de garantías respecto a diverso acto atribuido a la autoridad responsable; lo anterior con fundamento en el numeral 111 de la Ley de Amparo. En la inteligencia, que en caso de no desahogar la vista aquí concedida, éste órgano jurisdiccional procederá a resolver el presente asunto con la autoridad y acto reclamado que fueron señalados inicialmente en su escrito de demanda. Con motivo de lo anterior, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Viso el estado de autos, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificado para ello, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 23437/2022, recepcionado en esa dependencia desde el veintitrés de septiembre el año en curso, por el que se le exigió el mismo. En consecuencia, en términos del artículo 75 de la ley de la materia, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado por la parte quejosa en este juicio. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo antes expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con veintiocho minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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