Mario Alberto Lezama Zirangua

Expediente 1200/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1200/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Lezama Zirangua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de pruebas y testimonio de la ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, en la revisión penal 208/2022 de su índice, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación por la que se remitió el recurso de revisión hecho valer contra la sentencia emitida en autos; asimismo, informa que admitió el referido medio de impugnación y lo registró bajo el número de revisión penal 208/2022 de su índice. Finalmente, como lo solicita el tribunal de alzada en cita, hágase disponible el expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 4° de la publicación de la Lista de las Personas Admitidas a la segunda etapa del Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, conforme a la Reforma Judicial, en virtud de que el Titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por ******************** defensor público federal del quejoso ******************** ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Finalmente, en cuanto a la manifestación del promovente en cita, para que se conceda la suspensión del acto reclamado, dígasele que se esté a lo acordado en diverso auto de once de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, en el cual se le concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; lo anterior es así, toda vez que no ha causado ejecutoria la sentencia emitida en autos, en virtud del medio de impugnación hecho valer en el actual proveído. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1200/2021, promovido por Hugo Zacarías Sánchez, en cuanto defensor de Mario Alberto Lezama Zirangua, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Mario Alberto Lezama Zirangua, por conducto de su defensor público, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado, quien la registró con el número 1200/2021 y mediante auto de treinta de diciembre del año pasado (foja 12), la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y ordenó otorgar la intervención legal correspondiente a la representación social de la adscripción. Luego, el cuatro de febrero de la anualidad en curso (foja 36) se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Segunda Investigadora, con sede en Uruapan, Michoacán, por ser el que intervino en la audiencia en la que se emitió el acto reclamado. Por último, el doce de abril de dos mil veintidós (foja 44) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual llegadas las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós se verificó, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: La negativa a autorizar la concesión del beneficio de suspensión condicional del proceso emitida dentro del recurso de revocación planteado en la audiencia de juicio oral celebrada el quince de diciembre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 70/2020, que se sigue en contra del quejoso Mario Alberto Lezama Zirangua, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y contra la salud, en la modalidad de posesión simple del psicotrópico identificado como metanfetamina. Acto que atribuyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (foja 22). Lo que se corrobora con el disco que contiene la videograbación de la audiencia de juicio oral celebrada el quince de diciembre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 70/2020, mediante la cual se negó al quejoso la concesión del beneficio de la suspensión condicional del proceso. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por lo tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos (foja 32 reverso). No procede atender el alegato relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye toralmente, el no otorgar al quejoso el beneficio de la suspensión condicional del proceso. Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En dichos conceptos de violación, el promovente del amparo aduce esencialmente que: *Que la resolución dictada por el juez responsable transgrede los derechos fundamentales del quejoso, al negarle el acceso al beneficio de la suspensión condicional del proceso e infringir con ello, el principio de retroactividad de la ley penal en beneficio del reo y su derecho a la presunción de inocencia. Lo anterior, porque si bien es cierto que anteriormente ya se le había negado dicho beneficio bajo el argumento que en términos del artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el término medio aritmético de la pena de los dos delitos que se le imputan, rebasa en su conjunto, el término de cinco años previsto para la procedencia de ese beneficio; sin embargo, dice, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para examinar la procedencia del citado beneficio, el medio aritmético debe calcularse por cada delito en lo individual. Entonces, afirma, esta nueva intelección del artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, genera los efectos de una ley de aplicación general, que representa un beneficio para el quejoso y por ende, que de acuerdo a la Constitución, está permitido que se le aplique retroactivamente, a efecto de que pueda acceder al mismo. *Argumenta también, que contrario a lo sostenido por el juez responsable, el hecho de que el tópico de la suspensión condicional hubiere sido analizado en una ocasión previa y que hubiere sido desestimado, no es impedimento para que se le aplique el nuevo criterio en forma retroactiva, ya que al hacerlo se beneficia al quejoso y sobre todo, porque el proceso no ha concluido ni se ha emitido sentencia alguna. *Alega que es incorrecto que para motivar su decisión el juez responsable hubiere citado la jurisprudencia 10/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, NO PUEDE RESOLVER EL PROCESO A TRAVÉS DE ESA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.", ya que si bien las figuras jurídicas del procedimiento abreviado y de la suspensión condicional, se concibieron como mecanismos para la descongestión del sistema judicial, son figuras legales totalmente distintas y no pueden considerarse regidas por las mismas directrices. Lo anterior, señala, porque el procedimiento abreviado constituye una forma anticipada del proceso en la que se renuncia al derecho al juicio, se acepta la responsabilidad del ilícito que se atribuye y la fiscalía permite obtener una reducción en la pena, pero resalta, no deja de ser una sentencia con efectos de condena; en cambio, en la suspensión condicional del proceso, se suspende la causa para que se cumplan las condiciones impuestas y una vez que se garantiza la reparación del daño, se decreta el sobreseimiento del proceso, sin la imposición de una pena y sin que se generen antecedentes penales que estigmaticen al inculpado. *Dice también que el juez responsable no debe impedir al quejoso el acceso a este mecanismo de solución alterna, argumentando que la suspensión condicional debe solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la "apertura a juicio", ya que en el caso concreto, la primera solicitud de ese beneficio ocurrió desde el doce de noviembre de dos mil veinte, ello, independientemente que el acceso a ese beneficio ya se le hubiera negado en una ocasión y que incluso, dicha negativa generó la promoción e interposición de diversos recursos y juicios de amparo. Más, refiere porque la petición de ese beneficio no constituye una cuestión novedosa en el proceso penal y el hecho de que el juicio se desarrolle en diversas etapas, no implica un obstáculo legal para que se otorgue, en virtud que al concederse, se otorga un mayor beneficio al quejoso y se le protegen sus derechos fundamentales. *Finalmente, argumenta que en el presente asunto debe ponderarse entre la presunción de inocencia y el acceso a los mecanismos alternos de solución al conflicto, a los que tienen derecho el accionante del amparo, con relación a la formalidad del proceso penal. Conceptos de violación que deben calificarse inoperantes, ya que respecto de los argumentos establecidos en los mismos, se actualiza un impedimento técnico para que el suscrito aborde su estudio, consistente en que en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, desde el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se verificó por lo que hace al quejoso, la audiencia intermedia, se declaró concluida y se aperturó la etapa de juicio oral; lo que sin lugar a dudas, impide legalmente, al suscrito emprender el estudio de sus argumentos, pues con independencia que tenga razón o no, por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Penales, el derecho para acceder a ese beneficio está precluido. Para dar sustento a esta afirmación, debe traerse a cuenta lo establecido en el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone en cuanto a la oportunidad para el otorgamiento del mismo, lo siguiente: "Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos." Bajo ese orden de ideas, el impedimento técnico del suscrito para el análisis de los conceptos de violación del quejoso, descansa en una prohibición legal que dispone que posterior al dictado del auto que declara la apertura del juicio, ya no puede solicitarse y por ende, tampoco resolverse con relación a su procedencia o improcedencia. Lo que quiere decir que, una vez acordada la apertura del juicio, debe considerarse precluido el derecho del quejoso para solicitar el beneficio de la suspensión condicional del proceso y por ende, para que se decida lo relativo con relación a su otorgamiento; de la misma forma, es esa misma preclusión del derecho, la que otorga firmeza legal al proceso y la que busca dotarlo de seguridad jurídica, al asegurar que cada una de las etapas que se desarrollan en el mismo, adquieran la calidad de irrevocables, salvo cuestiones extraordinarias que el propio legislador ha definido de forma concreta. Lo que así obtenemos de la argumentación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 295/2019, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 10/2020 (10a.), que el juez responsable citó como apoyo de su argumento, de la que destacan las consideraciones siguientes: "98. Con todo, si la etapa de juicio tiene una función específica, relativa a la contradicción probatoria, deliberación y dictado de una sentencia con la decisión de absolución o de condena, no existe posibilidad de que se pueda abrir un debate sobre la resolución del proceso mediante una forma de terminación anticipada, pues la oportunidad para acudir al procedimiento abreviado, concluyó con la emisión del auto de apertura a juicio oral en una etapa anterior, a saber, la intermedia, tal como lo dispone el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 99. En ese orden de ideas, si las etapas del proceso se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, pues sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas, en atención al principio de continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional; no resulta válido que un vez dictado el auto de apertura a juicio y se transite a la última de las etapas, la controversia penal se resuelva por una vía especial, ya que no se estará en condiciones para ello derivado de que en esa etapa final, únicamente deberá tener verificativo el desahogo del acervo probatorio, la deliberación y el dictado de la sentencia definitiva por su cauce ordinario. 100. A partir de las premisas enunciadas, resulta evidente que la circunstancia de que el legislador haya establecido expresamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, fue con el objeto de dotar de seguridad jurídica el propio proceso penal, ya que delimitó claramente hasta qué momento y etapa procesal es dable que se solicite y autorice dicha forma de terminación anticipada de la controversia. 101. De tal forma que el límite para que se solicite y autorice el procedimiento abreviado, es hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio, pues es en esa etapa en la que las partes tendrán un panorama general sobre los resultados que arrojó la investigación complementaria, la acusación ministerial y el descubrimiento probatorio, y conocerán las pruebas y los hechos controvertidos que serán materia de debate durante el juicio. 102. Superada la etapa intermedia e iniciado el juicio, ya no será dable que el Ministerio Público solicite ante el tribunal de enjuiciamiento la autorización del procedimiento abreviado, pues tal pretensión originaría reabrir una etapa procesal que formalmente se encontraba concluida con la emisión del auto de apertura a juicio. 103. Sin que pase inadvertido el contenido del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, en el sentido de que en los procesos las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales; sin embargo, esa tutela está plenamente garantizada en el proceso penal acusatorio, pues se cuenta con un diseño legislativo que da prioridad y relevancia a las distintas vías alternativas para la solución del conflicto penal y a las formas de terminación anticipadas, entre otras, el procedimiento abreviado, para evitar que no se transite por la totalidad de las etapas secuenciales del procedimiento ordinario, particularmente a la de juicio. 104. Así, la circunstancia de que se trate de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, no debe implicar de forma alguna que cuando ya se esté en la etapa de juicio, sea dable la solución del conflicto por la vía de un procedimiento especial, pues se insiste, en esta última etapa corresponde una solución ordinaria del asunto, de conformidad con el análisis de la contradicción probatoria y la deliberación por parte del tribunal de enjuiciamiento." Como se ve, con independencia que las consideraciones asentadas en ese precedente judicial, se refieran a la procedencia del beneficio del procedimiento abreviado, lo resuelto en él, es útil para el caso sujeto a análisis constitucional, en la medida que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió una cuestión general que es aplicable para todo el procedimiento penal de corte acusatorio, esto es, que si las etapas del proceso se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, pues sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; entonces, que en atención al principio de continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, no resulta válido que un vez dictado el auto de apertura a juicio y se transite a la última de las etapas, la controversia penal se resuelva por una vía especial, ya que no se estará en condiciones para ello derivado de que en esa etapa final, únicamente deberá tener verificativo el desahogo del acervo probatorio, la deliberación y el dictado de la sentencia definitiva por su cauce ordinario. Por consiguiente, ante lo inoperante de los conceptos de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto del acto de estudio materia de estudio en esta consideración. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Actuario responsable, ya que no se reclama por vicios propios. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Mario Alberto Lezama Zirangua, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, descrito en la consideración segunda y por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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