Mario Alberto Colin Mercado
Expediente 841/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Alberto Colin Mercado
- Juan Luis Martínez Mendoza
- Director de la Policía de Investigación y Análisis d la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veinte.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General.****************************************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha.****************************************Finalmente, como en autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 06 de octubre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el complemento a su informe justificado que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, consistente en dos discos compactos CD´s correspondientes a la causa penal 106/2019, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexa la autoridad responsable en cita en apoyo a su informe justificado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con dicha videograbación, para los efectos legales conducentes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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