Mario Alberto Gonzalez Treviño

Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
11/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Gonzalez Treviño

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; así como, conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Aspectos Generales Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho; regístrese con el número de juicio 11/2023-III; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis De la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que el acto del que se duele el quejoso, es el siguiente: Traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur a uno diverso. Dicho acto reclamado, es atribuido a las siguientes autoridades: Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México. Jefe de Vigilancia del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Consideración previa En relación con las manifestaciones del quejoso relativas a que se dio la instrucción para que lo torturaran y golpearan, este juzgado considera que éstas se encuentran relacionadas con el acto reclamado relativo a su posible traslado y, por ende, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta; por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por el amparista al acto reclamado. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el mismo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el justiciable no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del acto reclamado consistente en el traslado del justiciable, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas. Ahora bien, el artículo 117, fracción III, de la citada ley especial, señala que las personas privadas de su libertad tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias, en la especie la orden de traslado; esto es, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando el interno no hubiese sido notificado previamente. En tales condiciones, se reitera que, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, en lo que interesa la tesis jurisprudencial, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizado del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizada a la persona que menciona en su demanda de amparo, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite la facultad para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, de no ser así, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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