Mario Alberto García Rios

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto García Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el informe que en cumplimiento a la suspensión de plano rinde la autoridad responsable, remítase vía interconexión al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para acordar lo que en derecho corresponda, toda vez que dicho homólogo aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, por medio del cual se acusa recibo del diverso con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 486/2023-V del índice de éste juzgado; asimismo, se informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, respecto al juicio antes referido; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del estado de autos se desprende que el seis de junio último, se reservó a proveer lo conducente a las constancias de notificación a las partes ordenadas vía exhorto; en consecuencia, se levanta la aludida reserva y se ordena enviar éstas vía interconexión al homólogo competente, para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario acusa de recibo de las mismas, toda vez que bastará con la constancia que genera de forma automática el sistema respectivo. En ese sentido, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de INCOMPETENCIA; éste es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 119/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a acusar su recibo al haberse remitido vía electrónica, por lo que el mismo se genera de forma automática. Atento a ello, de las constancias que remite la oficiante, se tiene por notificadas a las autoridades responsables y a la parte quejosa respecto al proveído de dos de junio último. Atento a ello, resérvese a proveer lo conducente, hasta en tanto se tenga conocimiento del resultado de la competencia planteada en el presente sumario. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Director General y/o Encargado de la Dirección General del Centro Federal No. 14 "CPS Durango" y otras autoridades; regístrese con el número de juicio 486/2023-V; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son los siguientes: a) Omisión y negativa de brindar medicamentos de forma gratuita. b) Tratos crueles, inhumanos y degradantes (tormentos), así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, Actos reclamados que se fijan de acuerdo a lo manifestado por el promovente en su demanda de amparo, sin perjuicio de que puedan ser modificados al momento de resolver el juicio en que se actúa. Suspensión de plano respecto al acto marcado como a). De conformidad con los artículos 126 y 161 de la ley de amparo, se concede la suspensión de plano al directo quejoso******************** respecto de la omisión y negativa de brindar medicamentos de forma gratuita, que refiere la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables de inmediato le proporcionen la atención médica y medicamentosa, óptima, suficiente y proporcional al estado de salud en que se encuentra el quejoso y a sus padecimientos; ello bajo la vigilancia, supervisión y responsabilidad de la autoridad responsable. En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, la medida que adopte a fin de que el quejoso reciba el tratamiento médico y medicamentos adecuados respecto de los padecimientos que presente, atendiendo a la naturaleza y circunstancias de cada caso en concreto. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "hacer", ésta debe de informar en el término de veinticuatro horas, las providencias que dicte para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, ya sea de plano, de manera provisional o definitiva; o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tenga para no hacerlo. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda, incurre en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera disímbola sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión o negativa de prestar el servicio médico o atención médica a personas que se encuentran en reclusión, pues para uno de ellos es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que para el otro es procedente y no resulta necesario agotar el indicado mecanismo de control, al encontrarse en riesgo la vida, salud o integridad física de los internos, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad.". "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". (lo destacado es nuestro) Suspensión de plano respecto de los actos señalados como b). Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, de oficio se concede al directo quejoso******************** la suspensión de plano respecto de los actos señalados en el inciso b, consistentes en: Tratos crueles, inhumanos y degradantes (tormentos), así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que de inmediato CESEN. Atento a lo anterior, tratándose de tales actos reclamados precisados, constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, sobre el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión otorgada, en la inteligencia de que la violación a la misma entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse éste, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, las autoridades responsables supeditadas a informar el resultado de la encomienda, incurren en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la seguridad y custodia del directo quejoso queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medida pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto; tomando también las medidas necesarias para salvaguardar la vida del directo agraviado. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiera ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", ubicado Gómez Palacio, Durango, es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Entonces, tenemos que, en el caso, el acto reclamado al tener aparejada una ejecución material y ella será en el Estado de Durango, la autoridad judicial competente es aquélla con jurisdicción en el Municipio que se ubica el centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad el justiciable. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Exhorto Ahora bien, toda vez que el directo quejoso manifestó que se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", y ya que las autoridades que señaló como responsables se ubican fuera de la jurisdicción de este juzgado, en ánimo de dar celeridad al presente asunto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los diversos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírense atento exhorto al Juzgado de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional, a efecto de que realice lo siguiente: Se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO" y notifique al directo quejoso el presente acuerdo. De fe de las condiciones físicas que a simple vista se encuentre el quejoso. Se constituya en el domicilio oficial que ocupan las autoridades responsables y les notifique los oficios que derivan del presente acuerdo, a fin de que estén en posibilidad de rendir su informe de suspensión de plano. Asimismo, se faculta al juez federal exhortado, para realizar o autorizar cualquier tipo de diligencia a fin de cumplimentar el exhorto de mérito, entre ellas acordar promociones, girar oficios y habilitar días y horas inhábiles. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y por exhorto al quejoso y a las autoridades responsables.

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