Mario Alberto Gómez Pinedo

Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Gómez Pinedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, a través de la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho, por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO, LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 335/2022-II, promovido por Jeison Joel Vélez Rentería, en representación legal de Mario Alberto Gómez Pinedo. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el veintidós de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticinco de los mismos, Jeison Joel Vélez Rentería, en representación legal de Mario Alberto Gómez Pinedo, presentó demanda de amparo indirecto contra la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la determinación emitida el treinta de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado previamente por la agente de Ministerio Público con la calidad de tercero interesado. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 20, apartado A, fracción I, y apartado C, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó llamar al agente del Ministerio Público de la adscripción; se instó el informe justificado a la autoridad responsable; y se señalaron fecha y hora para a verificación de la audiencia constitucional en este asunto, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de actos ejecutados dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad señalada enseguida: De la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La determinación emitida el treinta de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado el catorce de febrero de dos mil veintidós, por la agente de Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Combate al delito de extorsión, de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, que conoce de la carpeta de investigación 37-2021-0012144, relacionada con el cuadernillo penal 50/2022. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, la Jueza responsable remitió copia certificada de la transcripción de la determinación reclamada, de la que el acto combatido en este juicio se deduce; misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, la Jueza responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia relativa, constante en dos discos compactos (por duplicado), a los que se les reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación aducidos por la quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional de la determinación reclamada. Previo a efectuar el análisis del acto aquí combatido, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el quejoso, esto es, en su carácter de víctima en cuadernillo penal de origen, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Ahora bien, se procede enseguida al análisis oficioso de la determinación reclamada, la cual es del siguiente contenido: Juez.- Bien, damos iniciada la audiencia para efecto de resolver el debate generado el día de ayer 29 de marzo del año 2022, relativo al control de no ejercicio de la acción penal que se emitió por parte de la Representación Social, la audiencia fue solicitada por parte del abogado aquí presente JEISON JOEL VÉLEZ RENTERÍA en fecha 01 de marzo de 2022 a quien se le hizo un requerimiento y contestó el mismo en tiempo y forma, en fecha 14 de marzo del año 2022, quien comparece en carácter de apoderado legal de quien denunció los hechos del cual genera la investigación por parte del Ministerio Público, el señor MARIO ALBERTO GÓMEZ y la investigación fue iniciada en contra de DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO por el delito de EXTORSIÓN, solicitó el Licenciado JEISON JOEL VÉLEZ RENTERÍA la intervención del Juez de Control relativo a la resolución emitida por parte de la Representación Social el 15 de febrero de 2022 consistente en el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y la cual se notificó al Licenciado VELEZ en fecha 22 de febrero del año 2022, por lo cual manifestó al respecto de su posición de dicha resolución o su inconformidad de acuerdo a que no se investigó, no se recibieron pruebas de la víctima y no hubo igualdad entre las partes, en ese tenor cabe resaltar que con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales estando dentro del término señalado por el citado artículo esta Resolutora resuelve las cuestiones planteadas de la siguiente forma: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO.- Es necesario señalar que la solicitud se declara admisible o se declaró en su momento dado que se ejerció en tiempo y forma por parte del señor VELEZ RENTERIA Representante legal del denunciante MARIO ALBERTO GÓMEZ, así también esta Juzgadora es competente para conocer y resolver sobre la petición aludida por razón de grado y materia de acuerdo a los artículos 95 fracciones II y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación a la cardinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 17 Constitucional relación al artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 8 del Pacto de San José. Al entrar al análisis de las cuestiones planteadas por las partes en esta audiencia, tenemos primero que nada que se dieron a conocer o se ventilaron antecedentes de investigación que se realizó por parte de la Fiscalía de acuerdo a la denuncia que puso el señor MARIO ALBERTO GÓMEZ a través de su representante legal el licenciado VELEZ RENTERIA en fecha 12 de abril de 2021 en la cual refirió que recibió un mensaje el contexto de la denuncia en lo medular es que se recibió un mensaje extorsivo mediante un correo electrónico a nombre de dianaenriquez@live.com, señalando que el correo es de DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO con quien por cierto tuvo una relación sentimental, que el contexto de la extorsión o del correo fue que le dijo MARIO si quieres arreglar el asunto, entrega $500,000.000 m.n. (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) o seguirá el proceso penal hasta chingarte, sé que vendiste la casa". En esta denuncia también se hace alusión a que hay un conflicto de interés sobre un inmueble que en la vía familiar o civil que no se le estaba dando la atención correcta al señor MARIO o los abogados y por eso pues acuden ante la materia penal para interponer la denuncia correspondiente debido a la situación que se encuentra en conflicto ante otra materia y derivado por lo que se supo en esta audiencia derivado de la relación sentimental que sostuvieron tanto el denunciante como la denunciada, también se expuso como antecedente de investigación que al recibir la Agente del Ministerio Público dicha denuncia inició con los actos precisamente de investigación solicitando a Policía Ministerial a través del sistema Justicia Net que recabar información tanto de la indiciada como del señor MARIO ALBERTO, se recabó información de DIANA, números telefónicos mediante los cuales se comunicaron con ella, acude a la Fiscalía, ella da su versión de los hechos y acepta que ese teléfono de dianaenriguez@live.com pertenece a ella; también da a conocer que ella tuvo un jaqueo en ese teléfono que había consultado una persona quien remitió o compareció ante la Fiscalía a exponer que efectivamente él tiene experticia en informática, que realizó a través de la universidad UACJ y que hizo una indagatoria sobre la relación de su correo con el correo, más bien que salían de su correo o de todo lo que salía de su correo y pues se descubre o se llega a la conclusión que había sido jaqueado; también cabe resaltar que la denuncia se anexaron documentales las cuales están a cargo de la Agente del Ministerio Público, se anexaron documentales para acreditar que el correo dianaenriguez@live.com es de DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO que es que utiliza ella de manera personal. Ante la solicitud que obra en la querella o en la denuncia, que se presenta se solicita una pericial en sistema de, podrá decirse de informática o para investigar si efectivamente el correo había salido del correo de DIANA ENRIQUEZ salió ese mensaje a criterio del denunciante extorsivo hacia el correo albertocriminologo@hotmail.com en este quien se dice víctima y se hizo un requerimiento al Centro de Inteligencia y Análisis Criminal, donde la encargada de dicho Centro de Inteligencia, ANA KARINA ARMENDARIZ PÉREZ realizó una pericial de análisis de dichos correos y dando a conocer la metodología que utiliza, concluye que no se localizó un vínculo visible con las cuentas mencionadas, es decir que de dianaenriquez@live.com no se mandó el correo ya multicitado a albertocriminologo@hotmail.com, y como lo mencioné también compareció LUIS ALBERTO OCHOA CASTAÑEDA quien fue nombrado por DIANA para la remisión de su correo y le dio acceso al mismo para que precisamente sacara pues toda la información de cómo es que se le había generado un supuesto correo hacia la cuenta de MARIO ALBERTO quien es la víctima y este menciona que pues también encontró que había sido jaqueado dicho su correo y que se había mandado, más bien que no se había mandado de su correo. En síntesis esto es lo que dieron a conocer las partes en la audiencia y de las cuales el Defensor planteo como ya lo dije que no se le dio acceso a la investigación, que no se le permitieron ofertar pruebas, que no se le hicieron o no se atendió a su solicitud, él considera que no recayó ningún acuerdo a lo que solicitó en la denuncia y que por lo tanto no hubo igualdad entre las partes y que por tanto hay una violación a sus derechos de la víctima, bueno, en este orden de ideas esta Juzgadora se pronuncia al respecto. SEGUNDO.- Primero que nada tenemos que ver de acuerdo a las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público que contempla el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado así como el artículo 21 Constitucional, artículos 131, 132, 212, 213, 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la competencia que se encuentra establecida en el artículo 127 del mismo ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, el conducirse en la investigación con lealtad y objetividad de acuerdo al artículo 128 y 129; y recabar todos los datos de investigación para el esclarecimiento de los hechos que pone precisamente el denunciante; cabe resaltar que toda persona independientemente de los antecedentes que tenga o no, de que si sea una persona que ya haya cometido delitos, pues toda persona tiene derecho a querellarse o a denunciar cualquier hecho que haya en su contra o en su perjuicio ante la Representación Social y esto no limita que tenga antecedentes o que tenga una investigación diversa no limita a la Representación Social a que investigue lo señalado por el denunciante, en este contexto tenemos que la Agente del Ministerio Publico actuó con debida diligencia, actuó con las formalidades ya establecidas en todos los artículos que acabo de nombrar, recabo datos de investigación de acuerdo a los artículos 260 y 263 con licitud sin ninguna ilicitud, es decir los incorporó de manera clara, concisa; da a conocer cómo es que recaba y de lo que se aquejaba aquí el representante legal del señor MARIO de que no recayó ningún acuerdo, que no hay algunos constancias de cómo lleva a cabo o como es que tiene el teléfono de la señora DIANA, que como es que hay actuaciones que no están documentadas, ella lo explica que tienen un sistema de justicia net que efectivamente pues la experticia que se tiene en las audiencias sabemos que se cuenta con ese tipo de sistemas, como el CUBUS, como la plataforma México, donde se investiga por parte de la Representación Social respecto a las personas involucradas en algún delito, esto no es algo pues que no sepamos los que conocemos aquí la materia penal y las actuaciones de la Fiscalía, entonces hasta el momento yo considero que no hay una violación a derechos fundamentales, ni violación a derechos humanos de la Fiscalía hacia el señor MARIO; se le dio acceso a toda la investigación, él estuvo y cuenta con la carpeta de investigación, tan es así que el también dio a conocer los mismos datos de investigación que hizo el Agente del Ministerio Público, se le atendió a su denuncia presentada por escrito por medio del Representante Legal quien acreditó su personalidad, tan es así que se le dio atención dado que hay como el mismo lo manifestó, pidió que se hiciera la pericial por parte del centro de Inteligencia y Análisis Criminal para ver precisamente la compatibilidad, la existencia y el vínculo de los correos electrónicos y si efectivamente ese mensaje había salido del correo original de la señora DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO, si es efectivamente el asesor dio a conocer tanto los mensajes y que el correo era el mismo de DIANA pero sabemos también que existe ya esa metodología por parte de personas que cometen delitos a través del sistema cibernético que no nada más jaquean cuentas, sino que inventan un mismo correo y ese se puede utilizar por otras personas precisamente para distorsionar cuestiones tanto de delitos o distorsionar o cometer este tipo de delitos, entonces aquí tenemos que una experta en este sistema de análisis en sistemas cibernéticos, en delito cibernéticos concluyó que no hay un vínculo en el correo de dianaenriquez@live.com y el correo de albertocriminologo@hotmail.com al menos vinculo donde se dice que se envió ese mensaje, entonces tenemos que en base a esta información que tiene la Fiscalía efectivamente dice bueno aquí no hay una investigación, no se arroja ningún dato o un antecedente de que DIANA haya cometido el delito que dice el supuesto delito que dice la víctima, por eso es que refiere y concluye de que pues son suficientes estos datos que no hay ese delito. Para esta Juzgadora considera que le asiste la razón a la Fiscalía, aunado a lo anterior de que bueno, ya entrando en lo que son los elementos del delito de extorsión, tenemos un fin específico, una acción finalista, el dolo especifico que debe de tener la persona para realizar el delito, primero que nada, bueno pues es obtener un provecho indebido, un lucro malintencionado, aquí en el mensaje se advierte de todos los antecedentes que hay un conflicto sobre un inmueble, que aquí suponiendo sin conceder que ese mensaje se hubiera mandado de correo de DIANA pues ella lo está haciendo si, un reclamo que no es de la mejor manera, no es de la vía idónea, no estoy justificando de que pues pueda hacer cualquier persona este tipo de reclamos, pero no es más que un reclamo, y pudiéramos hasta considerar que una amenaza pero una extorsión no, por qué, porque aquí ella le está reclamando que le entregue el inmueble, le entregue cierta cantidad de un inmueble que se vendió, no sé de quién sea propiedad, pero ella aquí habla de un dinero, de un inmueble que vendió y que se arreglaran el asunto por medio de ese dinero, pero no está queriendo tener un lucro mal intencionado para afectar el patrimonio del señor MARIO, como lo advierto hay un o no sé si le esté reclamando ese dinero por otra que no sea una casa, o sea no se me especificó, no se me dio mucha información de eso, o si sea para arreglar un asunto civil o familiar, pero si le está haciendo un reclamo, eso sí lo tengo muy en claro que insisto no es de la mejor vía pero no es en sí una extorsión. El delito de EXTORSIÓN los principales elementos es la acción afecta en forma inmediata el sentido emotivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando al voluntad del individuo; aquí no se está haciendo una coacción mal intencionada o una coacción dolosa o una coacción para afectar al individuo en su estado emocional o en su patrimonio como ya lo manifesté aquí se le está haciendo si un reclamo o una amenaza pero no con el fin de la extorsión, con el fin específico de obtener ese lucro y además cabe resaltar que el delito de extorsión, se lleva a cabo si se reclama o se exige un lucro o un objeto puede ser un inmueble o puede ser lo que sea, pero también con un sentido directo y sobre todo con especificaciones "en este tal día me los va a entregar sino te va a pasar esto" e insistir en esa situación, aquí más que nada como yo lo advierto pues no hay delito de extorsión ante la falta de ese dolo especifico de obtener el lucro indebido y malintencionado, aquí la víctima si bien quiere obtener un lucro pero pues para terminar tal vez con un asunto que ya está ventilado ante otra instancia como también lo hizo saber el propio denunciante en su denuncia, como lo dijo la Agente del Ministerio Público que en la denuncia nada más se avocó a decir lo que era el delito, sino que expuso como precedentes o antecedentes que había todas esas cuestiones de que hay una situación en los juzgados civiles y que no les estaban atendiendo, que se estaban dilatando y que eso lo que llevaba, pues al señor MARIO a interponer la denuncia ante la Fiscalía, entonces para esta Juzgadora considera que si efectivamente la Representación Social actuó bajo el deber de lealtad y objetividad e hizo la investigación; yo no encuentro aquí omisiones por parte de la Fiscalía de que no haya investigado, de que no haya recabado lo necesario para emitir su resolución como es el no ejercicio de la acción penal y no encuentro tampoco algún indicio de que pudiera, hablando de posibilidad o de probabilidades de que pudieran siquiera existir este delito como lo digo, puede a lo mejor existir otro pero no EXTORSIÓN y ante la unidad y con los datos que se emitieron y tampoco es muy clara la pericial y el dicho de la persona que compareció ante la Fiscalía el señor que llevó la señora DIANA para decir que pues no, no hay vínculo entre los correos, es decir que el correo de DIANA es su correo original nunca salió ese mensaje hacia el señor albertocriminologo@hotmail.com y sobre todo pues como ya lo referí que no hay delito, entonces se deja vigente el acuerdo que hizo la Fiscalía en fecha 15 de febrero de 2022 al pronunciarse sobre el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Cabe resaltar y no pasar por alto por esta Juzgadora que atendiendo a los precedentes que se me dieron a conocer sobre las investigaciones que hay en contra del señor MARIO ALBERTO, que los conflictos que hay en otra materia, aquí considero que hay, y bueno como ya se tiene no nada más precedente, sino antecedentes donde la señora DIANA tiene una afectación emocional, que sufrió violencia de género, esta Juzgadora no puede pasar por alto juzgar con perspectiva de género de acuerdo a los lineamientos que establece la Convención de Belem Do Para, así como la SEDAW, impone obligaciones reforzadas al Estado a llevar a cabo procesos justos y eficaces en contra de la mujer que sufra violencia en cuanto se tenga conocimiento de que una mujer sufre violencia se debe de actuar con debida diligencia y aplicar todas las medidas específicas necesarias e idóneas para proteger los derechos de la mujer precisamente a esa, uno de los derechos a vivir una vida libre de violencia, en este sentido advierto que con los datos también que se me dieron a conocer si obran si bien no en esta carpeta sino en otro, pero insisto no se puede pasar por alto hay dos dictámenes periciales donde la señora DIANA está afectada emocionalmente debido a la violencia que sufrió y a quien señala es a MARIO ALBERTO GÓMEZ con quien tuvo una relación sentimental, ella misma aquí lo expuso entonces aquí yo advierto una simetría de poder, un abuso de poder en contra de la señor DIANA LORENA ENRIQUEZ PACHECO, quien está siendo sometida, quien está siendo pues en esta caso ya acusada de un delito muy grave, tal vez por cuestión pudiera decirse de una represalia por las denuncias que ella tiene en la Fiscalía de género y que no nada más lo dice la Fiscalía, ya entró al estudio un Juez de Control porque emitieron una orden de aprehensión, entonces no es meramente que está en una investigación desformalizada o se está en una investigación desformalizada pero no meramente es un criterio de la Fiscalía o que la Fiscalía este diciendo, si bien es cierto también, no es ni siquiera probable responsable, porque apenas está en eso, pero si hay precedentes si, y pues aquí advierto tal vez que esta cuestión pudiera ser por represalias, esos problemas que han tenido. Cabe resaltar y muy grave e importante que uno de los hechos que se menciona en la Fiscalía de Género por así haberlo ventilado en la audiencia de ayer, que se utilizó ya hasta un arma para amenazar a la víctima, entonces eso yo lo veo ya más que una cuestión pues simple o una cuestión de delitos de quererse estar afectando emocionalmente, pues se pueden llegar a afectar mucho de manera más grave, entonces aquí por conducto de la Representante legal yo lo invito a que pues haga también tome en cuenta que estamos hablando que a quien se dice probable indiciada o denuncia es un mujer, es una mujer y cuenta con derechos y al ponderar los derechos con los derechos del hombre y en este caso se advierte un abuso de poder y una asimetría de poder que quiere tener sometida a la víctima bajo este contexto de afectarla pues moralmente y también pues violencia física como se dijo en los precedentes o antecedentes que hay en la Fiscalía y lo invito a que de la mejor forma puedan arreglar esta situación no nada más para salvaguardar los derechos de la víctima sino para el propio señor MARIO dado que pues para que llegar a algo más grave de que él este en prisión y que tengamos a una mujer agredida ya más fuerte, agredida ya de manera más grave como sabemos y por la experiencia que se tiene y por la política criminal pudiéramos decir respecto a la violencia de género, los feminicidios, todo empieza de esta manera, todo empieza con agresiones verbales, siguen las agresiones físicas, siguen este tipo de delito y al último terminan en feminicidios entonces hay que evitar ese todo, ese tipo de hechos porque pues si se afecta de manera muy, muy grave a la mujer, pero pues también el que sale afectado es el actor, entonces en este caso no digo que pueda suceder pero sí que entren en un análisis de esta circunstancias pues no es que ella lo hay dicho nada más, ya hay precedentes en la Fiscalía de que él incluso pues está ahorita sustraído a la acción de la justicia, hay una orden de aprehensión, un Juez si la libró o una Jueza es porque vio elementos suficientes que ponen en peligro a la víctima y que pues él debe de enfrentar el proceso, eso no se lo va a poder quitar, excepto que mediante un amparo digan que no hay o que haya violación, pero hasta este momento no lo hay y pues es lo que los invito a Usted Representante Legal para que pues lleven a cabo y también aquí al Abogado Defensor de la señora DIANA que lleguen a un arreglo de la mejor manera en cualquiera de las instancias que tengan el conflicto y pues respecto al NO EJERCICIO ya me pronuncie al respecto considero que si le asiste la razón a la Fiscalía como bien lo dije no hay ninguna violación a derechos fundamentales, estoy protegiendo los derechos de ambas partes como observé, pues si se le dio la atención a la víctima, se les hizo las investigaciones y además no hay delito como tal de Extorsión, pudieron incurrir a lo mejor tal vez si pudiera haber más u otros datos de investigación pudiera ser una amenaza, lo que yo advierto si es una advertencia, no bien hecha, pero delito de Extorsión, no hay, entonces bajo este contexto se ratifica lo resuelto por la Fiscalía en fecha 15 de febrero del año dos mil veintidós. Así lo resuelve y firma la Juez de Control BRISA YADIRA MERAZ MENDOZA, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos. ¿Tienen alguna otra solicitud? Ministerio Público 1.- Ninguna su Señoría; perdón copia simple de audio y video, de la audiencia de ayer y la de hoy. Defensor Particular.- La misma petición por favor. Asesor Jurídico.- Copia certificada de la audiencia de ayer y de la audiencia de hoy por favor. Juez.- Muy bien, se autorizan las copias solicitadas y no avanzándose más en esta audiencia se da por concluida. (Sic). Como se advierte de la transcripción arriba efectuada, la Jueza responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, así como de colmar las formalidades esenciales del procedimiento. Previo a demostrar tal aserto, se estima atinente resaltar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, se hayan contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, éste debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos (elementos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente). Ahora bien, la determinación aquí combatida, fue emitida por autoridad legalmente competente para efectuarlo, conforme a los artículos 15, fracción I; 16, fracción II; 150, fracción I; y150 bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Además, la Jueza responsable, luego de escuchar los alegatos vertidos por las partes en torno a la viabilidad, o no, del no ejercicio de la acción penal en contra de la indiciada, Diana Lorena Enríquez Pacheco, aquí tercera interesada, determinada por el agente del Ministerio Público que conoce del cuadernillo penal de origen; se ocupó del análisis la totalidad de los agravios aducidos por el asesor jurídico de la aquí parte quejosa, vertidos en esa audiencia; y asentó de manera clara y exhaustiva - invocando para tal efecto las porciones normativas aplicables, con el objeto de sustentar la resolución de que se trata, y demostrando fehacientemente los razonamientos que esgrimió en torno a ello- que aquéllos son infundados. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados por las partes; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió confirmar el no ejercicio de la acción penal respecto a Diana Lorena Enríquez Pacheco, aquí tercera interesada. Es así, inició por relatar los antecedentes del caso, desde la presentación de la denuncia por parte de la aquí quejosa; las pruebas que las partes adujeron existían en la carpeta de investigación y la determinación de no ejercicio de la acción penal realizada por el agente del Ministerio Público aquí tercero interesado. Enseguida, fundó y motivó lo relativo a su competencia legal para resolver la cuestión sometida a su análisis, exponiendo los numerales relativos y las razones de su aplicabilidad. Luego, efectuó el planteamiento del caso; para lo cual, en primer lugar, expuso las consideraciones en que se sustentó la determinación de la representación; enseguida, expuso la totalidad de agravios presentados por el asesor jurídico de la aquí quejosa; momento después, inicio con el análisis de los mismos y expuso los aparatos argumentativo y normativo en que se basó para estimar que los agravios expresados por el asesor de la aquí quejosa resultaron infundados; analizó, para ello, las particularidades más relevantes del caso y, finalmente, arribó al ya aludido sentido del fallo. De manera que, esta juzgadora Federal estima que en la resolución reclamada, emitida por la Jueza responsable, se acataron las pautas establecidas en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así como sustento en la tesis 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, Novena Época, registro: 176546, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, abril de dos mil trece, del contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Acotación previa Debe precisarse que el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, con relación a las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público, el asesor de la víctima, como por la indiciada y su defensor. Al respecto, en acatamiento a tal principio, el Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. Lo anterior, a fin de evitar la formación de un criterio propio que afecte su objetividad e imparcialidad; y buscar que su decisión, por el contrario, sea gestada únicamente conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, pues el principio en comento, no otorga privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de éstas, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez, discutirlas en un debate pleno y contradictorio sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten y, con base en ello, el Juez resuelva conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con lo propuesto por ellos. De lo que se colige que, a efecto de analizar la constitucionalidad del acto reclamado a través del juicio de amparo, el juzgador de amparo no puede sustituirse a la autoridad responsable y analizar las probanzas que aquélla no tuvo en cuenta o en cuestiones que no fueron objeto del debate en la audiencia de vinculación a proceso y con base en las cuales emitió la resolución impugnada. Esto es así, porque de hacerlo contravendría el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativo a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, en la especie, según lo debatido en audiencia; y desvirtuaría el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio; de ahí que no pueden considerarse documentales relativas a la carpeta de investigación de la que se obtuvieron los datos probatorios para dictar la determinación reclamada. Sentado lo anterior, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Luego, en su primer motivo de disenso, la parte accionante del amparo argumentó en esencia lo siguiente: - Que la representación dijo haber localizado el teléfono de la indiciada, en la base de datos que tiene la fiscalía para obtener información de las personas que se investigan, lo que considera inadecuado, por no haberse emprendido de forma diversa que permitiera dejar constancia escrita en la carpeta de investigación; lo que, considera, no fue tomado en cuenta por parte de la Jueza responsable, con lo que se violaron en su perjuicio los artículos 16, 18, 129 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. - Que la agente de Ministerio Público debió hacer caso a su promoción escrita de treinta de abril de dos mil veintiuno y recabar pruebas que ofertó en el mismo; sin embargo, refiere que lo ignoró. - Que la agente de Ministerio Público faltó a su objetividad al aludir que existían diversas carpetas de investigación iniciadas por denuncia de la indicada, en contra del aquí quejoso; lo que también obvió la Jueza responsable. - Que la agente del Ministerio Público indicó información que no existía en la carpeta de investigación o con la que no le corrió traslado; y que ante ello la Jueza responsable "lo tomó como algo normal" e indicó que aquélla lo sabía por su experticia. No asiste la razón al aquí quejoso. Contrario a lo referido, en las videograbaciones respectivas al acto aquí reclamado, se colige que la agente del Ministerio Público refirió que a través de la plataforma interna de Fiscalía del Estado de Chihuahua, denominada Justicia net, buscó información de contacto del denunciante y de la indicada, con el objeto de contactarlos; cierto, refirió que, al buscar dicha información en tal plataforma, encontró tres carpetas de investigación seguidas por Diana Lorena Enríquez Pacheco (aquí tercero interesada) en contra del aquí quejoso, por la aparente comisión de violencia en su contra, durante y después de la relación sentimental que sostuvieron; dijo que con motivo de una de ellas, estuvo éste privado de su libertad por cuatro meses, al haberla agredido en un centro comercial con una navaja y un "tesser" paralizador, y que inclusive, en una de ellas, se encuentra vigente una orden de aprehensión, que no se ha podido materializar debido a que, el aquí quejoso, se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Empero, relató lo anterior para poner de manifiesto la razón por la cual se contaba con medio de contacto de dicha persona, al referir que en dichas carpetas de investigación, obraba registro telefónico de Diana Lorena Enríquez Pacheco (aquí tercero interesada), que dijo la representación social, tomó, para comunicarse por esa vía con ella e instarla a que compareciera ante ella. Aludió dicha representación que, aunque no se dejó constancia de la llamada telefónica practicada a la tercera interesada, al número telefónico de contacto que registró en las diversas carpetas de investigación y por virtud de tal medio la citó a comparecer, ello sí se verificó, tan es así que ésta sí acudió a la comparecencia, misma que fue tomada por parte de la representación social en las instalaciones que ocupa la Fiscalía de Distrito Zona Norte. A lo que, el representante legal del aquí quejoso, que acudió a tal audiencia en su calidad de asesor jurídico de la víctima, licenciado en Derecho Jeison Joel Vélez Rentería, ya no vertió más argumentaciones, al tener oportunidad de hacer uso de la contradicción. Con relación a ello, la Jueza responsable, contrario a lo aducido por el aludido profesional en Derecho, precisó que conoce de la existencia de bases de datos internas de la Fiscalía, para la obtención de información de las partes en las causas penales, tales como Justicia net, en el Estado de Chihuahua o la denominada Plataforma México, a nivel nacional. Y, en la audiencia, fue el único dato de prueba que debatieron las partes que no obraba de forma física en la carpeta de investigación; pero, tan se realizó dicha búsqueda telefónica, que la aquí tercera interesada sí compareció el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a aquélla, ante la representación social, momento en el cual, dijeron, reconoció que sí es de su uso personal el correo electrónico dianaenriquez@live.com y proporcionó de forma voluntaria sus claves, para que el mismo fuera inspeccionado. Lo que, pone de manifiesto que contrario al sentir del representante legal del aquí quejoso, la Jueza responsable no ignoró tal situación, sino que, sencillamente, con una inferencia lógica y dado su conocimiento empírico en la especie, determinó que no resultaba violatorio de derechos humanos el hecho de que se haya contactado a la aquí tercera interesada, Diana Lorena Enríquez Pacheco, vía telefónica, y que por ese medio, se le haya llamado a comparecer a la carpeta de investigación. A lo que, se suma el hecho de que la contingencia sanitaria por el virus denominado SARS-CoV2, aún persiste, y que por virtud de ella se ha privilegiado el contacto remoto; pues es bien sabido que las autoridades Estatales recomiendan continuar con el protocolo de precauciones para evitar su propagación, ya que, aunque ha logrado controlarse, mayormente debido a los esquemas de vacunación que han sido aplicados, lo cierto es que el problema epidemiológico no ha sido erradicado. De modo que, no se vulneraron en su perjuicio los artículos 16, 18, 129 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, son del siguiente contenido: Artículo 16. Justicia pronta Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Artículo 18. Garantía de ser informado de sus derechos Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen, en los términos establecidos en el presente Código. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. (.) Luego, en cuanto a lo señalado por la parte quejosa, en el sentido de que la agente de Ministerio Público debió hacer caso a su petición de treinta de abril de dos mil veintiuno y recabar pruebas que ofertó en el mismo, lo que refiere, ignoraron tanto la representación social como la Jueza responsable, no le asiste la razón. En la videograbación respectiva a las audiencias de que el acto reclamado se deduce, se desprende que a) respecto de las documentales privadas en copia simple, que presentó anexas al ocurso a que refiere, así como b) la pericial en materia informática; ambas, con el objeto de acreditar que el correo electrónico en cita, es el personal de Diana Lorena Enríquez Pacheco, aquí tercera interesada, que ofertó, fueron tomadas en consideración, pues las primeras, las partes, es decir, la representación y la defensa, representada precisamente por el licenciado Jeison Joel Vélez Rentería, aquí promovente del amparo, aludieron a que sí obran en la carpeta de investigación; mientras que la segunda, sí se verificó por parte de la Jefa de Grupo adscrito al Centro de Inteligencia y Análisis Criminal de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, con sede en esta ciudad, quien, tras ser instada por parte de la representación social, emitió informe del que se desprendió -tal como lo reconoció el licenciado Jeison Joel Vélez Rentería- que no existía conexión entre el correo electrónico dianaenriquez@live.com y el diverso albertocriminologo@hotmail.com, es decir, que no obraba rastro digital de envío de correo electrónico alguno del primero de ellos, al segundo. De modo que, tal como lo destacó la Jueza responsable, sí se tomaron en consideración los datos de prueba propuestos por el asesor jurídico del aquí quejoso; tan es así, que la prueba pericial que planteó, sí fue verificada y reconoció que las documentales que ofreció en copia simple sí obran agregadas a la carpeta de investigación. Además, como lo acotaron las partes, las diversas pruebas documentales que se dijo que ofertó y que sí se hayan en la carpeta de investigación, tenían por objeto que fuera revelado que el correo electrónico dianaenriquez@live.com, sí pertenece a Diana Lorena Enríquez Pacheco aquí tercera interesada; lo que, quedó fuera de debate desde el momento en que tal persona compareció ante la representación social y confirmó que, efectivamente, el mismo, le pertenece; además, dio autorización voluntaria para que se ingresara a tal cuenta y se verificara su contenido, del que se desprendió, tras su análisis, que no fue emitido correo electrónico alguno dirigido a la cuenta albertocriminologo@hotmail.com, del aquí quejoso. Además, en su comparecencia, dijeron las partes en audiencia, aludió Diana Lorena Enríquez Pacheco a que en diferentes ocasiones, aparentemente, el aquí quejoso había logrado "hackear" su correo electrónico personal, así como la red social denominada Facebook. Ahora bien, cierto es que para la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en primer término por la representación social, se tomó, en concatenación con lo anterior, la comparecencia emitida por la persona de nombre Luis Alberto Ochoa Castañeda, quien refirió contar con curso en manejo y mantenimiento computacional por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien, se dijo, acotó a la representación social que a él le constaba que la cuenta de correo electrónico de la aquí tercero interesada, había sido "hackeada" y que él le ayudó a recuperarla, narrando el proceso de la recuperación. Ahora bien, en cuanto a lo referido por el representante legal del quejoso, respecto a que la agente de Ministerio Público faltó a su objetividad, al aludir que existían diversas carpetas de investigación iniciadas por denuncia de la indicada, en contra del aquí quejoso, lo que aduce, obvió la Jueza responsable, tampoco le asiste lo razón. Se asevera lo previo, pues el deber de objetividad que tiene la representación social, versa medularmente a que la investigación debe referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida, con la debida diligencia, como se desprende del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se estipula: Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Lo que, no guarda relación con respecto a la enunciación de que el aquí quejoso tiene diversas carpetas de investigación seguidas en su contra por actos aparentemente cometidos en perjuicio de la aquí tercera interesada; a que hizo referencia la representación social, al señalar cómo fue que obtuvo el número telefónico de la aquí tercera interesada, esto es, en la plataforma denominada Justicia net, de donde se revelaron dichos datos. Además, no fue controvertido por el licenciado Jeison Joel Vélez Rentería, aquí promovente del amparo, en su calidad de representante legal del quejoso, la existencia de dichas carpetas de investigación, es decir, que no son existentes. Luego, no puede pasarse por alto que tal dato fue obtenido por la representación social precisamente en uso de sus facultades de investigación, conferidas de conformidad con el primer párrafo del artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán en el ejercicio de tal función. Además, en cuanto a lo referido por el licenciado Jeison Joel Vélez Rentería, representante legal del aquí quejoso, en el sentido de que la agente del Ministerio Público indicó en su determinación de no ejercicio de la acción penal, información que no existía en la carpeta de investigación o con la que no le corrió traslado; y que ante ello la Jueza responsable "lo tomó como algo normal" e indicó que aquélla lo sabía por su experticia, debe precisarse lo siguiente. En torno a la primera aseveración, la misma no fue vertida tampoco en las audiencias respectivas, a pesar de su análisis exhaustivo e integral. Es decir, en ningún momento dicha persona aludió a que la representación social había tomado en cuenta para emitir el no ejercicio de la acción penal, pruebas que no obraban en la carpeta de investigación, o con las que no se le corrió traslado. Ante ello, este juzgado de Control Constitucional se encuentra imposibilitado para verificar la certeza, o no, de dicha afirmación, porque, como ya se precisó previamente, el acto reclamado debe de considerarse, ineludiblemente, de la forma en que fue emitido por la autoridad responsable. De modo que, al no haber pronunciado esa manifestación en las audiencias respectivas y haber sometido la misma al derecho de réplica de la agente del Ministerio Público, no hay forma en que pueda analizarse en este momento. Respecto a la segunda manifestación del representante legal del quejoso, la misma resulta falaz, porque, al no haberse expuesto en audiencia, la Jueza responsable, no emitió pronunciamiento alguno con relación a ello. Todo lo anterior, pone de manifiesto lo improcedente e ineficaz del motivo de disenso en análisis. Segundo concepto de violación Posteriormente, en su siguiente motivo de disenso, la parte quejosa aduce lo siguiente: Que se citó como testigo a Diana Lorena Enríquez Pacheco, cuando debió ser como indiciada, asistida de un defensor; y, que después de su comparecencia, la indiciada sólo acudió por medio de su defensor. No asiste la razón a la parte quejosa y es ineficaz su motivo de disenso. Se asevera lo anterior, pues, como ya se dijo, el Juzgado de Control Constitucional se encuentra obligado a apreciar el acto reclamado (la determinación emitida el treinta de marzo de dos mil veintidós, a través de la cual confirmó el no ejercicio de la acción penal decretado por la agente de Ministerio Público aquí tercera interesada) tal como aparece ante la autoridad responsable (Jueza de control responsable). Ello, pues tal como se refirió previamente, en aras de respetar el principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia de la determinación de que se trata, el Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio, resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. Y, de esa misma manera, debe analizarse la determinación reclamada, en el juicio de amparo. Sentado ello, de las videgrabaciones de las que se deduce el acto aquí reclamado, no se desprende que el licenciado Jeison Joel Vélez Rentería, ni la representación social, hayan hecho referencia a la forma específica en que se citó a Diana Lorena Enríquez Pacheco o la manera en que ésta, después de su comparecencia, acudió a la carpeta de investigación de que se trata. De modo que, es imposible que esta Jueza Constitucional emita pronunciamiento alguno al respecto, al desconocer lo anterior, por no haberse abordado en las audiencias respectivas de las que el acto aquí combatido, se deduce. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica y de razones, las tesis VI.2o.P.38 P (10a.) del rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA"; así como la diversa I.1o.P.61 P (10a.) de título "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES IMPROCEDENTE ADMITIR COMO DOCUMENTAL LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA QUE SE OBTUVIERON LOS DATOS PROBATORIOS PARA DICTARLO". Lo que evidencia que, no asiste la razón a la quejosa y el aludido concepto de violación, tal como se anunció, es ineficaz. Tercer concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, la parte quejosa refirió: Que de haber sido objetiva la agente del Ministerio Público, habría recabado más pruebas, no solamente tres, lo que dice, fue puesto del conocimiento de la Jueza responsable, quien refriere que indicó que fue normal el actuar de aquélla, pues refirió saber cómo trabajan por su función de juez y que así se trabajan algunas carpetas de investigación. Es ineficaz el motivo de disenso. Lo anterior, porque, en primer lugar, tal conjetura es meramente subjetiva, pues no existe un parámetro específico del número de datos de prueba con que puede prosperar una determinación como la emitida por la representación social y corroborada por la Jueza responsable, sino que, por el contrario, se considera únicamente la fuerza probatoria eficaz que en esa etapa investigativa, se precisa. Además, contrario al sentir de la parte quejosa, no fue manifestado ante la Jueza responsable tal situación, en cuanto a que supuestamente le indicó que "fue normal el actuar de la agente del Ministerio Público", pues refirió saber "cómo trabajan" por su función de juez y que "así se trabajan algunas carpetas de investigación". Con relación a tales aseveraciones, tal como se precisó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de pedir no implica que el quejoso, o en este caso, su representante legal, quien promovió este juicio de amparo, pueda limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a tal parte corresponde exponer, razonadamente, por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama, partiendo de premisas verídicas. Por tanto, tal concepto de violación deviene ineficaz. El referido criterio, 1a./J. 81/2002 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dos, materia común y número de registro 185425, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Cuarto concepto de violación Enseguida, la parte quejosa refirió: Que la Jueza responsable ignoró e inaplicó el criterio con número de registro digital 2019999, publicado en el Semanario Judicial de la Federación. No asiste la razón a la parte quejosa. Tal tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5171, es del siguiente contenido: EXTORSIÓN. SE CONSUMA CON INDEPENDENCIA DE QUE SE LOGRE O NO LA FINALIDAD DE LOS ACTORES, DE QUE AL MARGEN DEL DERECHO, SE OBLIGUE A ALGUIEN A HACER, TOLERAR O DEJAR DE HACER ALGO, PUES ES UN DELITO QUE POR SU REGULACIÓN, LA DOCTRINA DENOMINA DE RESULTADO CORTADO O ANTICIPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).El artículo 266 del Código Penal del Estado de México establece que el delito de extorsión sanciona a quien sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño. Así, acorde con una interpretación racional y teleológica de este precepto se desprende que, la ratio legis, fue en el sentido de tutelar la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas físicas, pues dicho delito, al menos en la legislación del Estado de México, es de aquellos que por su regulación, la doctrina denomina de resultado cortado o anticipado, pues se aprecia que la hipótesis legislativa establece una acción o conducta: "Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo", y un elemento subjetivo: "con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño"; entonces, para la actualización del injusto, no necesariamente se tiene que conseguir el fin, sino que es suficiente que se demuestre la finalidad de conseguir un lucro o beneficio personal o para un tercero o causar un daño, el sujeto activo obligue a otro, con los actos necesarios, a hacer, tolerar o dejar de hacer algo. En ese orden de ideas, si bien por regla general, casi todos los delitos admiten la tentativa, dada la descripción típica en el código sustantivo penal estatal, lo cierto es que el delito de extorsión se consuma, con independencia de que se logre o no la finalidad de los actores. El mismo el criterio en comento, es aislado, además de que fue emitido por Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra este órgano jurisdiccional y, obvio es, la Jueza responsable; de modo que, si bien es un criterio orientador, su aplicación no es obligatoria. Ante ello, el aludido concepto de violación deviene infundado. Quinto concepto de violación El quejoso, acotó luego: - Que la Jueza responsable no lo trató como víctima y que ignoró y desestimó la Ley General de Víctimas, en sus artículos 5º y 7º pues la Jueza responsable le indicó que al existir diversas carpetas de investigación en contra del aquí quejoso, en que es víctima Diana Lorena Enríquez Pacheco, aquí tercera interesada, por violencia aparentemente cometida en su perjuicio por parte de aquél, con una óptica de perspectiva de género, advertía que "estaba ejerciendo actos de dominio en contra de ésta". - Que la discriminación continuó cuando la jueza dijo que al haber muchas carpetas de investigación en que la indicada es víctima, la protección debe ser para la indiciada; y que dijo incorrectamente que el correo electrónico no se trató de una extorsión pues no se cumplieron los elementos constitutivos del delito. Es infundado dicho concepto de violación. Lo anterior, pues el Juez responsable, dio el debido trato a la víctima, aquí quejoso, por conducto de asesor jurídico, ya que él optó por no acudir a la audiencia de que la que se dedujo el acto aquí reclamado. Es así, el quejoso no puede esperar, en la calidad de víctima que refiere tener, que se le otorgue un trato privilegiado más allá de lo legalmente posible; pues, la Jueza responsable, al ejercer el control del no ejercicio de la acción penal, debía corroborar que el mismo fuera acertado, debidamente fundado y motivado y emitido por autoridades competentes, así como escuchar las argumentaciones vertidas en torno a ello, en audiencia; lo cual efectuó, como ya se ha destacado. Es así, dos de los principios rectores del sistema acusatorio oral, es la igualdad ante la ley, así como la igualdad de las partes, contemplados en los numerales 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, que acató la Jueza responsable en la audiencia de la que se dedujo el acto aquí reclamado. En efecto, la Jueza responsable trató en igualdad de condiciones a las partes; asimismo, como se evidencia de las videograbaciones respectivas, la defensa, el agente del Ministerio Público, el asesor de la víctima y ésta, tuvieron las mismas oportunidades para intervenir; tuvieron igualmente oportunidad para alegar; y no se advirtió que se efectuara en perjuicio de la aquí parte quejosa (por conducto de su abogado ya que no compareció personalmente) discriminación alguna. De modo que, se acataron las pautas que al respecto exigen los aludidos artículos; como se desprende de su contenido, que a continuación se inserta: Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. Y el hecho de que su asesor jurídico no haya podido -de manera eficaz- imponer su teoría acusatoria, contra la de la representación social, quien sostuvo que los hechos denunciados no constituyen conductas ilícitas, no implica que la Jueza responsable no le haya tratado como víctima -se insiste, por conducto de su abogado, ya que ésta optó por no comparecer a dicha audiencia-, ni que haya desatendido la normatividad relativa a las personas con tal calidad. Aunado a ello, cabe precisar que su asesor jurídico, en ningún momento invocó la normatividad que ahora refiere, ni alguna diversa, relativa a los derechos particulares de las víctimas del delito. Empero, más allá de ello, se reitera, el hecho de que se haya considerado -acertadamente, en la óptica de esta Juzgadora Constitucional- que las conductas denunciadas no representan la comisión de delito alguno, no implica que no se le haya dado el tratamiento como víctima del delito en la audiencia de la que devino el acto reclamado. En cuanto a la discriminación que adujo sufrir, no se colige que haya acontecido, pues incluso la Jueza responsable, precisó expresamente "(.) cabe resaltar que toda persona independientemente de los antecedentes que tenga o no, de que si sea una persona que ya haya cometido delitos, pues toda persona tiene derecho a querellarse o a denunciar cualquier hecho que haya en su contra o en su perjuicio ante la Representación Social y esto no limita que tenga antecedentes o que tenga una investigación diversa no limita a la Representación Social a que investigue lo señalado por el denunciante, en este contexto tenemos que la Agente del Ministerio Publico actuó con debida diligencia, actuó con las formalidades ya establecidas en todos los artículos que acabo de nombrar, recabo datos de investigación de acuerdo a los artículos 260 y 263 con licitud sin ninguna ilicitud, es decir los incorporó de manera clara, concisa (.)". Sin que sea óbice lo anterior, lo que alega respecto a lo dicho con relación a la perspectiva de género. Debe acotarse que en los casos que involucren violencia sexual, los operadores de justicia deben juzgar con perspectiva de género, lo que implica realizar acciones diversas, como reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas del delito, identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al decidir, así como emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta el sistema penal acusatorio, entre otras afines. Por su parte, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que la perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados, basados en sexo, el género o las preferencias y orientaciones sexuales. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 1a. XXVII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 443, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del contenido siguiente: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Así como la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Siguiendo los lineamientos citados por la tesis, en el sentido de identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, se estima que en el caso a estudio, la Jueza responsable, acertadamente, advirtió una situación que por cuestiones de género, dio cuenta de un desequilibrio entre las partes; y sencillamente la puso de manifiesto. Primero, como se desprende de la trascripción del acto reclamado, concluyó correctamente, de acuerdo a las argumentaciones que vertió, que no se acreditaron los elementos constitutivos del delito de extorsión. Seguido a eso y de manera independiente, expuso, a manera de nota, que no pasaba por alto -mediante el uso de la perspectiva de género, con sustento en los lineamientos emitidos en la Convención Belem Do Pará, así como por la SEDAW- la existencia del antecedente de diversas causas penales, por violencia, cometidas en apariencia por el aquí quejoso quien fue pareja sentimental de Diana Lorena, en contra ésta, en la que, incluso, fue librada una orden de aprehensión en contra de aquél, que no se ha ejecutado, debido a su sustracción de la acción de la justicia; señalando que advertía una asimetría de poder, por lo que, invitó a las partes a la mejor solución, de forma pacífica, del conflicto civil que terminó en la denuncia que originó la causa penal de origen, aduciendo que resultaría benéfico tanto para Diana Lorena, al salvaguardarle sus derechos como mujer, así como para el aquí quejoso, al respetárselos y evitar la nueva realización de actos violentos en su contra. Es acertada la acotación de la Jueza responsable, pues, ante la probabilidad de la comisión de los delitos de violencia en contra de la aquí tercero interesada, existe una reiteración de conductas que denota una situación que pone en evidencia la existencia de una relación de poder intergenérica, también en grado de posibilidad; escenario en el cual, el temor o miedo que posee la mujer respecto del hombre, se constituye en una pauta de comportamiento. Además, como ya se resaltó, la emisión de dicha precisión por parte de la Jueza responsable, se dio con posterioridad a la emisión de su determinación, en la cual reiteró el no ejercicio de la acción penal que decretó inicialmente la agente del Ministerio Público. Lo que, pone en evidencia que, contrario al sentir del quejoso, no se dio en su perjuicio, discriminación alguna, sino que, la Jueza responsable, en acatamiento a los lineamientos que debe seguir bajo la óptica de la perspectiva de género, sencillamente reconoció una probable asimetría de poder entre las partes y les invitó a la solución del conflicto que originó la causa penal de origen, que resultó no constitutiva de los elementos del delito de extorsión. Al respecto, cabe destacar, que el tema de la violencia contra las mujeres comenzó a ser abordado por la comunidad internacional y por el Estado Mexicano, al adoptar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, como el primer instrumento internacional destinado a prevenir y erradicar los tipos y modalidades de violencia contra la mujer. Ciertamente, mediante resolución 48/104 de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas, aprobada y proclamada en la octogésima quinta sesión plenaria de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se reconoció la imperiosa necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. En dicha resolución se reconoció que la violencia contra la mujer, constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre; lo que ha impedido el adelanto pleno de la mujer; y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se le obliga a una situación de subordinación respecto del hombre. Posteriormente, en mil novecientos noventa y cuatro, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como ''Convención Belém do Pará'', en la cual se reitera que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. El artículo 7.b de la Convención Belém do Pará, de contenido literal siguiente: "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (.) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer"; obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Consecuentemente, a partir de la aceptación de tal instrumento internacional, así como de la Declaratoria sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, México se encuentra obligado a promover una política encaminada prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por lo que fue acertado el actuar de la Jueza responsable, al buscar prevenir una nueva realización de violencia en perjuicio de la aquí tercera interesada. Luego, en cuanto a lo señalado por el quejoso, por medio de su representante legal, en el sentido de que la discriminación continuó cuando la jueza dijo que al haber diversas carpetas de investigación en que la indicada es víctima, la protección debe ser para la indiciada; y que dijo incorrectamente que el correo electrónico no se trató de una extorsión pues no se cumplieron los elementos constitutivos del delito, tampoco le asiste la razón. Es falso que la Jueza responsable haya referido que "la protección debe ser para la indiciada"; pues, como ya se destacó, únicamente, luego de resolver el caso que le fue sometido a estudio, concluyó la probable existencia de una asimetría de poder y medularmente, invitó a las partes a una mejor solución del conflicto pecuniario del orden civil que presentan; empero, en ningún momento dijo que la protección debía ser exclusivamente para la indiciada, sino que, expuso los beneficios para ambas partes, de llegar a un arreglo pacífico. En cuanto al siguiente punto, como bien la destacó la Jueza responsable, del correo aparentemente enviado por la aquí tercera interesada al quejoso, se desprende que, en apariencia, la víctima si bien pretendía obtener un lucro, se advertía como objeto de ello, conciliar un arreglo y terminar tal vez con un asunto que ya está ventilado ante otra instancia; pues refirió en la audiencia, la agente del Ministerio Público, sin que ello haya sido controvertido por el asesor jurídico del aquí quejoso, que en la denuncia que originó la causa penal de origen, el asesor jurídico, expuso como precedentes o antecedentes que existía una contienda ante los juzgados civiles de esta ciudad, en la que inclusive, aparentemente, no les estaban atendiendo, que se estaban dilatando; y que, a la postre, originó la carpeta de investigación en cita. Además, se coincide con la Jueza responsable en cuanto a que no se cumplen los elementos del delito por la principal razón de que no se desprendió, luego del análisis pericial respectivo (que incluso se desahogó precisamente por el ofrecimiento de la aquí parte quejosa), que se hubiera emitido en algún momento, correo electrónico de la dirección dianaenriquez@live.com al diverso albertocriminologo@hotmail.com. Por todo lo anterior, se estima infundado el concepto de violación en cita. Sexto concepto de violación Argumentó finalmente el quejoso, que la autoridad responsable, en su determinación reclamada, efectuó lo siguiente: - Viola los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues no cumple con las formalidades esenciales de procedimiento. - Que se violó el artículo 20, inciso a), fracción I, de la Constitución, así como inciso C, fracciones I y II. No asiste la razón al representante del quejoso. Primero, debe reiterarse, tal como se destacó en el análisis oficioso del acto reclamado, que la Jueza responsable sí cumplió con los aludidos numerales constitucionales en cita, por los razonamientos previamente esgrimidos. Luego, con relación a la aparente vulneración de los diversos numerales de referencia, es preciso invocar su contenido: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) De dicho numeral, refiere que los principios generales por los que se rige el proceso penal, son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Además, que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En la consideración de esta Juzgadora Federal, la Jueza responsable no desacató alguno de dichos principios en la audiencia de la que devino el acto reclamado. La audiencia respectiva, fue pública (principio de publicidad) ; en ella, las partes conocieron, confrontaron y estuvieron en posibilidad de controvertir lo alegado por las partes en audiencia (principio de contradicción); la audiencia se verificó en dos momentos -veintinueve y treinta de marzo de dos mil veintidós- es decir, días continuos, en los horarios acordados (principio de concentración); dicha audiencia inicial, en dos partes, se llevó a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial (principio de continuidad); y la misma fue desarrollada íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes (principio de inmediación). Además, se cumplieron los propósitos del proceso penal, pues se esclareció que los hechos no son constitutivos de delito, se protegió a las partes y no se determinaron daños por reparar. Luego, se determinan, entre otros, como derechos de la víctima, a) recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; y b) coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. En la especie, el aquí quejoso sí recibió asesoría jurídica por parte de su asesor jurídico Jeison Joel Vélez Rentería; quien, hizo del conocimiento de este juzgado, en su demanda de amparo, que, al ser un perito en Derecho, se encargó de hacer del conocimiento del denunciante, sus derechos; además, no se estableció en audiencia que el aquí quejoso hubiera peticionado información del curso del procedimiento penal; luego, se tiene que coadyuvó con la representación social, al ofertar los datos de prueba que se dijeron en audiencia y que sí se consideraron, tales como las documentales en copia simple que, dijeron, sí obran en la carpeta de investigación, así como la pericial en informática que propuso y que se practicó; e intervino, por conducto de su asesor jurídico, en la audiencia respectiva. Lo que pone de manifiesto que no le asiste la razón al peticionario del amparo en torno al punto en análisis. En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación vertidos por el peticionario del amparo; se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, respecto de la resolución estudiada en este considerando. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Alberto Gómez Pinedo, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y a la autoridad tercera interesada; a las demás partes, personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional del presente asunto. Sin embargo, de la certificación que antecede se desprende que existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que no se ha logrado el emplazamiento de la tercera interesada *******. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós. Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que expresa, del cual se ordena hacer relación al celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado mediante el proveído de admisión, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano