Mario Alberto Gómez Pinedo

Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
107/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Mario Alberto Gómez Pinedo
  • Mario Alberto Gómez Pinedo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra sentencia de treinta y uno de mayo del año que transcurre, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACUTARIA JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INETRESADA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ORDENA EL ARCHIVO, SE DELCARA SUSCEPTIBLE DE DEPURACION.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 107/2018-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal *******, instruida contra el solicitante del amparo. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 107/2018-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a la tercero interesada y al Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen. En el mismo auto de radicación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituye:  El auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en contra de *******, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en los hechos constitutivos del delito de *******, previstos y sancionados en los artículos 193 y 129, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la fijación del acto, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó haber emitido contra la parte quejosa, el auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *******, de su índice. Para corroborar lo anterior, la juzgadora responsable remitió registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias de formulación de imputación, desahogo de elementos de prueba dentro del término constitucional y vinculación a proceso, llevadas a cabo en la causa penal de referencia. Probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, en términos del numeral 61 de la Ley de Amparo y su interpretación, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. En esencia los conceptos de violación que refiere el quejoso en su demanda de amparo, son los que a continuación se enuncian:  La Juez responsable hizo una valoración incorrecta de los datos de prueba que fueron narrados en su contra por el agente del Ministerio Público.  El delito de violencia familiar, previsto en el artículo 193 del Código Penal del Estado del Chihuahua, no se actualizó, porque según se advirtió del video ofrecido por la defensa y concatenado con los antecedentes de prueba que narró la representación social, se pudo apreciar que la agresión física se efectuó en contra de ******* y no en contra de la víctima *******; aunado a ello, con el desahogo del video también se pudo advertir que el quejoso no portaba ninguna navaja multiusos como lo refirió el testigo en mención y el guardia de seguridad.  Si bien es cierto, se le causaron lesiones a la víctima *******, ello fue circunstancial y a consecuencia de la mecánica de los hechos, puesto que al generarse la riña entre el quejoso y *******, la víctima se interpuso entre ambos y el quejoso la trató de alejar, fue cuando la golpeó en la cara, pero esa nunca fue su intención.  La Juez de Control dio por cierto el hecho de que el quejoso hizo que la víctima y ******* se hincaran, pero la víctima nunca se hincó, tal y como se pudo apreciar de lo manifestado por la víctima en su entrevista; circunstancia que además la hizo notar su defensa, pero la responsable refirió que dichas incongruencias no afectaban el fondo del asunto. No obstante, el quejoso no realizó un acto abuso de poder dirigido a dominar de manera física y psicológica a la víctima, pues como se dijo, la víctima jamás se hincó para que el quejoso la pudiera amenazar con la navaja y la lámpara aturdidora.  En relación a la lámpara aturdidora, el quejoso dice que le relató a la Juez de Control que ese objeto se encontraba descompuesto, pero dicha autoridad jurisdiccional hizo una valoración equivocada, debido a que determinó que la carga de demostrar que esa lámpara no servía le correspondía al quejoso, lo cual, dice el promovente que es incorrecto, pues en materia penal la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público, además de que respecto a ese objeto no se desahogó una pericial, sino una serie fotográfica. SEXTO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son INFUNDADOS, sin que se advierta que exista materia para suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante destacar que el auto de vinculación a proceso reclamado se analizará de conformidad con el nuevo sistema penal acusatorio, instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, porque el examen sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe realizarse sólo sobre la base de las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que conforme al numeral 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley considera como constitutivos de los delitos de violencia familiar y lesiones y la posibilidad de que el quejoso haya intervenido en la comisión de aquéllos y, enseguida, se emprenderá el examen de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Los conceptos de violación expresados, devienen infundados, como a continuación se pone de relieve. De esta manera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es necesario acotar que solamente mediante el cumplimiento de tales requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de la simple reproducción de la videograbación de la audiencia en la que se dictó el acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercer requisito, tenemos que coincide con uno de los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, -que constituye la legislación aplicable en el presente caso-, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Libro V, de julio de 2012, materia penal, página 1940, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento, y, b) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, con el propósito de determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso -señalados con antelación-, se expone lo siguiente: A. Formulación de la imputación El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del accionante del amparo, por estimar que probablemente participó en hechos constitutivos de los delitos de violencia familiar y lesiones. B. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. También se cumplió con el requisito en mención, dado que del disco de audio y video que contiene la audiencia que tuvo verificativo en la fecha en que se vinculó a proceso al imputado, la responsable preguntó si era su deseo declarar o no, a lo cual respondió que sí era su deseo declarar, se le informó respecto a sus derechos y rindió dicha declaración. C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y C.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y finalmente, En ese orden de ideas, atendiendo a que de la investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Hecho que la ley señale como delito. Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe verificarse, únicamente la existencia de datos que establezcan que se ha cometido "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión", dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo debe constatar que la Juez de Control haya realizado un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, esto es, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas, la ponderación consistente en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario relativo a los datos aportados por ambas partes para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En el caso, la Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delitos de violencia familiar y lesiones, previstos y sancionados en los artículos 193 y 129, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, a partir de los siguientes datos de prueba: Datos de pruebas de cargo (recabados por la Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación): 1. Denuncia de la víctima *******, vertida ante el agente del Ministerio público el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, con quien el quejoso tuvo una relación sentimental y procreó una hija. 2. Entrevista realizada con *******, de diecisiete enero del año actual. 3. Certificado médico de lesiones de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, respecto de la víctima *******. 4. Dictamen psicológico preliminar de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, que se realizó a la pasivo. 5. Acta de nacimiento de la persona menor de edad de iniciales *******, quien el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fue reconocida como hija del activo y la pasivo. 6. Dictamen en materia de fotografía de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, respecto de una navaja multiusos metálica. 7. Dictamen en materia de fotografía, de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, en el que obran tres fotografías de una lámpara negra, que según refirió el indiciado, es una mini pistola de aturdimiento. 8. Parte informativo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, realizado por el agente *******, en el que se adjuntan tres fotografías; una del lugar de los hechos, otra del cuarto de oficina, y una más del Centro Comercial denominado "Galerías Tec". 9. Entrevista efectuada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, al Guardia de Seguridad *******. 10. Acta de avisos de la Policía de la Unidad Especializada de Hechos Probablemente Delictuosos y Reporte de Incidentes al Bando de Policía y Buen Gobierno. 11. Acta de aseguramiento del imputado. 12. Cadena de custodia de una lámpara color negra. A partir de esos datos, la Juez de Control estimó que actualizaban los hechos descritos en las figuras descriptivas contempladas en el artículo 193 y 129, fracción II del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuyen: Violencia familiar 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Este delito se perseguirá de oficio. Lesiones 129. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: (.) II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta; (.) En primer término, se advierte que los elementos objetivos con que se configura el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar son: 1. Que se ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar. 2. Que lo ejerza alguna persona a la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Ahora, conforme al cúmulo de datos de prueba analizados y apreciados de acuerdo a las reglas antes referidas, la juez responsable consideró que resultaban idóneos y pertinentes para establecer que se cometió el ilícito de Violencia Familiar, para lo cual tomó en cuenta lo siguiente: 1. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el interior del centro comercial "Galerias Tec", ubicado en Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, específicamente en la oficina denominada "Grupo Ágora", se realizó un ataque en contra de la integridad física, la seguridad personal y psicológica de la víctima *******, por parte de su ex pareja de nombre ******* (aquí quejoso). 2. Circunstancias que la Juez apreció de: a) las manifestaciones de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en su parte informativo, quienes indicaron que arribaron al lugar guiados por un guardia de seguridad; b) de la declaración de la víctima en su entrevista, quien en esencia narró que se encontraba en compañía de *******, en el interior de la oficina denominada "*******", lugar hasta el que llegó el padre de su hija, quien le reclamó por qué se encontraba trabajando en dicho lugar y le dio dos golpes en la cara, sujeto que incluso la amenazó utilizando indistintamente una navaja y un artefacto que refirió como de aquellos que dan descargas eléctricas, luego, el activo obligó a la víctima y a su compañero a hincarse, los amenazó de muerte, y les quitó sus teléfonos celulares, es por eso que la víctima gritó pidiendo auxilio. c) Por su parte, *******, manifestó que el sujeto pasivo, llegó de manera agresiva al lugar, se confrontó a él y le cuestionó el motivo por el que contrató a la víctima, manifestó que el agresor manipulaba una navaja, la cual portaba en un chaleco, además de que los controlaba a él y a la víctima con una lámpara de las que se usan para realizar descargas eléctricas. Asimismo, la persona que presenció los hechos manifestó que logró advertir como el activo golpeó a la denunciante con el puño cerrado. d) Dictamen psicológico preliminar de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, realizado por *******, quien luego de varios exámenes, entrevistas, observaciones e instrumentos patológicos llegó a la conclusión de que la víctima se encontraba inmersa dentro del círculo de violencia y ello le ha ocasionado una afectación emocional grave. De igual manera, por lo que hace al segundo elemento, la responsable determinó que éste quedó acreditado por las siguientes consideraciones:  Entre el imputado y la víctima hubo una relación sentimental, la cual consideró acreditada, porque entre ambos procrearon una hija, según se advirtió del acta de nacimiento de la persona menor de edad de iniciales *******; hecho que además quedó corroborado con lo manifestado en la entrevista que se realizó a la víctima y de la declaración preparatoria del indiciado. Ahora, respecto del delito de lesiones, contiene los siguientes elementos: 1. Que una persona realice un daño o altere la salud de otra persona. 2. Que las lesiones tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta. En ese sentido, la Juez de origen estableció que los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público eran suficientes para tener por acreditado el hecho señalado en la ley como delito de lesiones, para lo cual tomó en cuenta lo siguiente: 1. Las manifestaciones de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en su narrativa de hechos, lo manifestado por la víctima, quien detalló en su entrevista que se encontraba en el interior de la oficina denominada "Grupo Ágora", en compañía de *******, luego, arribó el padre de su hija, de nombre *******, quien le reclamó por qué se hallaba trabajando en dicho lugar y le dio dos golpes en el rostro. 2. La entrevista de *******, quien señaló que el sujeto pasivo, llegó de manera agresiva al lugar de los hechos, se confrontó a él y le cuestionó el motivo por el que contrató a la víctima, que además logró advertir cómo el activo golpeó a la denunciante con el puño cerrado. Y por lo que hace al segundo elemento del hecho señalado en la ley como delito de lesiones, la responsable tomó en consideración lo subsecuente:  El certificado médico de la perito en medicina *******, quien luego de auscultar a la víctima, asentó que la misma presentó aumento de volumen importante en maxilar izquierdo con equimosis verdosa en la apertura oral, la cual describe como disminuida y concluyó que las lesiones que tuvo a la vista tenían menos de doce horas de evolución y catalogadas como las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días y menos de sesenta, además, pueden dejar consecuencias médico legales. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera correcta la determinación de la Juez, ya que respecto del delito de violencia familiar existen datos de que los acontecimientos narrados van más allá de una mera expresión de amenazas y golpes, pues se torna en un acto abusivo de poder en el que el activo dejó en claro la agresión a la pasivo, quienes tuvieron una relación sentimental, pues ambos procrearon una hija, pese a ello la víctima y la persona que presenció los hechos refirieron que el quejoso le reclamó por su entorno laboral, aunado a la superioridad que en el acto sucedió por amenazarlos con una navaja y una lámpara para inducir descargas eléctricas, agrediendo físicamente a la madre de su hija, ello independientemente de que el objeto con el que se realizó la amenaza funcionara o no, porque basta la mera posesión de ese artefacto para causar un efecto en la persona a la que se amenaza con ser usado. Y respecto de las lesiones producidas, también fue correcto lo aducido por la Juez, ya que no existió controversia en torno a que el activo golpeó a la víctima y, en su caso, la intencionalidad de su conducta no era analizable en esa etapa temprana del proceso. En este contexto, atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, los datos que tomó en consideración la autoridad señalada como responsable, resultan idóneos y pertinentes para establecer que se cometieron los hechos ilícitos de Violencia Familiar y Lesiones, previstos y sancionados en los numerales 193 y 129, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, dado que alguien que tuvo un vínculo sentimental con la víctima, probablemente participó en hechos que implican actos abusivos de poder dirigidos a dominar, controlar o agredir de manera física y psicológica, fuera del domicilio familiar a la víctima, en los términos referidos previamente; por lo ocurrido el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el interior de la oficina denominada "Grupo Ágora", la cual se encuentra en el centro comercial "Galerías Tec", ubicado en la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León; así como la alteración física en la salud de la pasivo, derivado del golpe que el activo le profirió. Ahora, contrario a lo que afirma el quejoso en sus conceptos de violación, respecto a que no se actualizó el delito de violencia familiar, porque dice que la agresión física se efectuó en contra de ******* y no en contra de la víctima *******, debe decirse que en lo atinente a las manifestaciones de la referida víctima y de la persona que presenció los hechos en sus entrevistas, se aprecia que son claras, precisas y contundentes al referir que el activo amenazó y golpeó a la víctima en el rostro, además de las agresiones que también le hizo a diversa persona, e incluso de la propia declaración preparatoria del quejoso se desprende que éste aceptó ante el Juez haber portado una lámpara para dar toques, independientemente de si servía o no, también admite haber golpeado a la víctima, causándole así una alteración en su salud, de manera física, a quien fuera su ex pareja sentimental y la madre de su menor hija, sin que exista dato alguno que corrobore su dicho en el sentido de que el golpe que le propinó fuera accidental. No se soslaya lo argumentado en la demanda respecto a que las lesiones que se atribuyeron al imputado, se produjeron en virtud de una riña; sin embargo, ese alegato no tiene el alcance que pretende el quejoso, pues, en su caso, el intercambio de golpes que pudiera llegar a considerarse como "riña" se suscitó entre el quejoso y *******; no obstante, los hechos motivo de la vinculación a proceso decretada en su contra, fueron los ejercidos sobre la persona de la víctima, *******, de quien no se aduce que existiera esa contienda física (riña); por ende, se torna jurídicamente irrelevante lo que en este aspecto se argumenta. Por lo que este órgano de control constitucional arriba a la convicción de que existen datos suficientes que sustentan la existencia del hecho señalado como delito de Violencia Familiar cometido en contra de la víctima *******, el cual se encuentra contenido en el numeral 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En otra tesitura, respecto a lo que se duele el quejoso, esto es, que si bien es cierto, le causó lesiones a la víctima, esto nunca fue su intención, pues fue un acto circunstancial; ese concepto de violación es infundado, pues el quejoso externó una situación contraria en su declaración preparatoria, ya que indicó que se encontraba forcejeando con *******, cuando ******* se metió y textualmente dijo "le tiré un golpe a Diana, le tiré un golpe y en eso que le tiro un golpe, siento un golpe aquí en la parte occipital que me dio ******* con el puño cerrado y le regresé el golpe", lo cual se puede apreciar en el minuto 10:20 (diez horas con veinte minutos) del disco óptico de la audiencia de vinculación a proceso que remitió la responsable. Tal circunstancia, pone de relieve que por lo menos en grado probable su intención sí fue pegarle a la víctima, y no lo hizo por error, situación que además se robustece con lo manifestado en la entrevista por la víctima y la persona que presenció los hechos, así como con el dictamen de la médico legista, lo cual, hasta este momento procesal, es suficiente para considerar asertiva la determinación de la Juez responsable, máxime que, como se indicó en líneas previas, en esa etapa temprana del procedimiento no es dable analizar la intencionalidad de producir el resultado, sino que basta la actualización del hecho señalado en la ley como delito y, en su caso, los argumentos relativos al error que aduce el quejoso, son propios de una sentencia definitiva. Asimismo, es infundado el concepto de violación consistente en que la Juez de origen no tomó en cuenta las inconsistencias vertidas, esto es, que dio por cierto el hecho de que la víctima y ******* se hincaron, y esto no sucedió según afirmó el quejoso. En ese sentido, como bien lo estableció la responsable, esas inconsistencias no afectaban el fondo del asunto, pues ello se debe a que de ninguna manera se obliga a que dos testigos presenciales tengan la misma óptica en un suceso y como se dijo anteriormente, las manifestaciones de la víctima y la persona que presenció los hechos fueron consistentes respecto a la conducta del activo y los objetos que poseía para amedrentarlos, lo que hasta ese momento procesal son datos de prueba suficientes para tener por acreditados los hechos que se tipifican como delito de violencia familiar. Igualmente, carece de sustento lo que aduce el quejoso en torno a que la lámpara que poseía y que refiere como aturdidora, no servía y que la Juez responsable le reconoció un valor equivocado; lo anterior es así porque el hecho de que no sirviera no era una circunstancia que debía ser sabida por los pasivos, es decir, lo que quedó evidenciado en la audiencia de la que se duele el quejoso es que los pasivos se sintieron intimidados por los artefactos que señalaron, entre ellos, la lámpara para dar descargas eléctricas, pues se deduce que la consideraron funcional, además de que en el caso de que no se hubieran utilizado tales objetos, lo cierto es que lo que en realidad sustenta la existencia de dichos ilícitos, fueron las lesiones que sufrió la víctima. En consecuencia, el fin para el que fue empleada la lámpara surtió sus efectos, cabe decir, que en caso de que sea contrario, esto es, que la víctima y el testigo supieran esa cuestión de disfuncionalidad, queda resguardado el derecho del quejoso para demostrar esa situación en etapas procesales subsecuentes. De igual manera, queda evidenciado que ante el Juzgador responsable se relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se tuvo por acreditado a nivel presuntivo que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el centro comercial "Galerias Tec", ubicado en la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, en el interior de la oficina denominada "Grupo Ágora", el quejoso ejerció sobre la víctima, quien fue su pareja sentimental y tiene una hija, un acto abusivo de poder, dirigido a agredirla de manera física y psicológica, tan es así que le propinó un golpe, lo cual le ocasionó una lesión en el rostro que tarda más de quince días en sanar pero menos de sesenta. En esa virtud, este Juzgador estima correcta la consideración de la responsable porque la declaración de la víctima en su entrevista es un dato de prueba de cargo válida, la cual fue concatenada con los demás datos de prueba, consistentes en la narrativa de hechos de los agentes de Seguridad Pública, acta de entrevista de *******, certificado médico de lesiones, certificado médico psicológico, serie fotográfica de los objetos empleados en el hecho ilícito, cadena de custodia de la lámpara empleada, entre otros, que fueron expuestos por la representación social, los cuales se tratan de elementos de convicción que han sido emitidos por quienes han tenido un conocimiento de los hechos imputados, sin que suponga necesariamente la invalidez de su declaración en su entrevista, aunque sea un dato a valorar para determinar su credibilidad, lo cual se hará en su momento procesal oportuno y que formaron convicción en la juez responsable, ya que en primer lugar, la narrativa de hechos deriva de agentes policiales que procedieron en funciones de su deber, que es coincidente con lo narrado por la propia víctima; de ahí que en este aspecto el auto de vinculación a proceso no lesiona los derechos del quejoso. En otras palabras, existe la probabilidad de que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, cometiendo el ilícito, por ello se le debe dar crédito a lo manifestado por la víctima en su entrevista, de quien no se advirtió falsedad en su declaración vertida ante los agentes captores en la entrevista que se les realizó, de ahí que lo manifestado por la víctima tiene especial relevancia, máxime que, en esta etapa del proceso no se requiere prueba plena de la comisión de esos hechos, para la correcta emisión del auto de vinculación a proceso, sino que basta con que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. A partir de tales razonamientos, también resultan infundadas las alegaciones que formula el quejoso en torno a que resultó ilegal que se diera valor probatorio a los datos expuestos en la audiencia de debate, pues como ya se analizó, pues en ellas no se advierte el ánimo de falsedad, incluso, la narrativa de la víctima en su entrevista fue corroborada con otros datos de prueba como ya se enfatizó en párrafos precedentes; en tal virtud, en la etapa en que se encuentra el procedimiento penal, fueron suficientes los datos referidos para tener por acreditada la existencia del hecho configurativo de los delitos de violencia familiar y lesiones, y su probable responsabilidad, en consecuencia, no le asiste razón al entonces imputado y aquí quejoso. C2. Probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos. Por otra parte, al entrar al estudio de la probabilidad de que el imputado cometió los hechos delictuosos que se le atribuyen, en el acto reclamado la responsable afirmó que existe un señalamiento directo de la víctima en la entrevista que se le realizó, lo cual está concatenado con la diversa de *******; además de que los elementos municipales acudieron en ejercicio de sus funciones y dejaron de manera circunstancial asentado todo lo que la víctima y la persona que presenció los hechos narraron momentos inmediatos posteriores a que aconteció el evento. Por lo cual, consideró la autoridad responsable, existe un alto grado de probabilidad de que el imputado conociendo la ilicitud de sus actos realizó el hecho típico, cuyo resultado quiso y aceptó, actuando en calidad de autor material en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Afirmaciones que este órgano jurisdiccional federal considera apegadas a derecho, pues efectivamente, existen imputaciones directas de la víctima, según se advierte de la entrevista que se le practicó, de una persona que presenció los hechos, de los agentes policiacos y de seguridad privada, respecto a la probable conducta desplegada por la ex pareja de la víctima, lo cual se encuentra robustecido por el propio dicho del imputado, quien se ubicó en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen. Por ello, se estima correcta la afirmación a que arribó la Juez respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos referidos en el auto de vinculación a proceso en estudio. Por tanto, hasta este estudio procesal son suficientes los medios de convicción analizados para tener por acreditada su probable responsabilidad; máxime, que para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario que se acredite de manera plena la responsabilidad penal del quejoso, sino únicamente en grado de probabilidad, conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Constitución General de la República. D. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En las relacionadas condiciones resulta congruente, lógico y jurídico afirmar, que el auto de vinculación a proceso combatido, reúne los requisitos Constitucionales, previstos en los artículos 14, 16 y 19, debido a que existe denuncia, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, existen datos de prueba suficientes para tener por demostrada la existencia de hechos constitutivos de los delitos en análisis y para hacer probable la responsabilidad del indiciado en su comisión. En ese orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra el acto de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal *******. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que con esta fecha surte efectos la notificación del acuerdo en el que comunicó a las partes quejosa y tercero interesada sobre el cambio de titular del este Juzgado de Distrito, a fin de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ende, no se ha dado la oportunidad para que, en su caso, se manifiesten al respecto. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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