Mario Alberto Alesandrini Contreras

Expediente 1982/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1982/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Alesandrini Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que signa el Director Jurídico de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, informa el cumplimiento a la resolución dictada de quince de junio de dos mil veintidós, dentro del presente incidente de suspensión. Vista al quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga; una vez transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá si la medida cautelar otorgada está o no cumplida.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por **** quien se ostenta como apoderado de la parte tercero interesada ****, carácter que acredita con la escritura pública treinta y cinco mil trescientos veintitrés, pasada ante la fe del Notario Público Número 16 de la Decimoséptima Demarcación Notarial y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo, como tercero interesado. Autorizados. Téngasele como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la prueba documental, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través de los usuarios "****". Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios "****", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el pasado veintiuno de septiembre del año actual, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del oficio con número de folio de la Secretaría General ****, por el cual se informó al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que se tuvo por no admitida la suspensión al cargo de Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, por falta de ratificación; sin embargo, la documental que le fue requerida en el citado auto, deriva del juicio laboral ****, del índice del citado Tribunal, y se refiere a la suspensión del cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, por el incumplimiento al pago del laudo correspondiente. De tal manera que, la documental remitida por el Congreso del Estado de Jalisco, no se encuentra relacionada al presente juicio de amparo, toda vez que corresponde al juicio laboral ****, y se refiere a la solicitud de suspensión del cargo de autoridades adscritas a una entidad pública municipal diversa. II. Requerimiento. En razón de lo anterior, y por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copia certificada, del acuerdo por el cual no admitió la solicitud de suspensión al cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, derivada del juicio laboral ****, por falta de ratificación, o bien, informe si es inexistente dicho acuerdo. Se le informa a la citada autoridad que las constancias requeridas, podrán remitirse al correo oficial de este juzgado federal 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx., o bien, a través del Portar de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo precisar que son documentos digitalizados respectivos en copia íntegra e inalterada del documento original o copia certificada. III. Apercibimiento. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de uno de septiembre del año en curso, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para efectos de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: "De manera inmediata, provea lo conducente respecto al apercibimiento formulado a la parte demandada en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 1097/2012-E1, y le requiera nuevamente por el cumplimiento del laudo, a fin de dar continuidad al procedimiento de ejecución; además, solicite a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco que haga efectiva la multa impuesta en el citado acuerdo; o en su defecto, acredite la imposibilidad que tenga para ello." III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a través de los oficios de registro 18558 y 19517, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que en el juicio laboral de origen se dictó el auto de dieciocho de agosto del año en curso, en que hizo efectivo el apercibimiento de multa formulado por acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, además, le requirió nuevamente por el cumplimiento de las prestaciones a que fue condenado; siendo notificada dicha parte demandada el treinta y uno de agosto del presente año. Asimismo, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el tribunal responsable requirió a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado Jalisco para que hiciera efectiva la multa impuesta en el citado auto de uno de junio de dos mil veintiuno; notificándola por oficio el treinta y uno de agosto pasado. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

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