Marina Ramírez Martínez

Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
828/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Marina Ramírez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la razón que suscribe la Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 10451/2021, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social. Gírese nuevamente. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones, gírese el oficio a la autoridad responsable con la denominación a que se alude en la razón en comento, a efecto de realizar la notificación correspondiente. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, en contra del auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdos General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió un auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; consecuentemente, es susceptible de ser destruible, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su destrucción, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo general en cita, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Visto el contenido del oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la prueba documental que adjunta a su oficio de cuenta, misma que se tomará en consideración en párrafos subsecuentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las documentales que allega la autoridad oficiante, las cuales son merecedoras de valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, consistentes en diversas actuaciones llevadas a cabo en el expediente laboral de origen 1666/2014, de su índice, se advierte en lo que interesa, que el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó y lo hizo del conocimiento de las partes. En razón de lo anterior, se arriba a la conclusión de que no cabe el análisis de fondo del presente asunto, y por ende, habrá de decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, al actualizarse una causa que impide su examen, misma que es de estudio oficioso y preferente por mediar en ello el orden público, tal como se precisa en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Apoya la anterior consideración la tesis aislada número VI.2º.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página novecientos tres, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demandada o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Bajo las consideraciones expuestas, ocurre que el doce de agosto de dos mil veinte, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la demanda de amparo en la que la quejosa reclamó de la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1666/2014. Sin embargo, de las constancias previamente valoradas se advierte que previo a la presentación de la demanda de amparo, dicha omisión fue colmada, toda vez, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó el laudo correspondiente y lo hizo del conocimiento de las partes. Por tanto, resulta evidente que a la fecha en que dicho líbelo actio de amparo se presentó, el acto reclamado, era inexistente. Al respecto, cobra aplicación la tesis aislada con datos de localización, rubro y texto siguientes: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.". Son aplicables las jurisprudencias y tesis citadas con anterioridad, toda vez que las mismas no se oponen a la Ley de Amparo que se encuentra vigente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo Sexto Transitorio. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en el artículo 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por el criterio que informa, la tesis que dice: "Décima Época Registro: 2000365 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.) Página: 1167 IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Ello, al ser acorde, como se ha dicho, con la nueva estructura del juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe. Sergio Benítez

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil veinte. I. Se carece de acuse. Visto el estado de autos, se advierte que se carece del acuse de recibo relativo al oficio 13133/2020, dirigido a la autoridad responsable Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el que se le solicitó la rendición de su informe justificado. II. Difiérase audiencia. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. III. Requerimiento a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia constitucional. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia constitucional, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia constitucional en la fecha indicada, sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. IV. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario quien da fe.

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