Mario Aguilar Peña y Otros.

Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 65 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
184/2022
Año
2022
Actuaciones
65
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Mario Aguilar Peña y Otros.
  • Faustino Rosendo Delfin Colmenares
  • Pedro Mendoza Vazquez
  • Mario Aguilar Peña
  • Enrique Jorge Madrid Arriaga, Juez de Control del Distrito Judicial de Tonala, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado, tal como lo dispone el capítulo décimo del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en cita. 3. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c), del numeral 21, del referido Acuerdo General, al haberse concedido y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados. Hágase constar lo anterior en la carátula de dichos expedientes, para los efectos legales procedentes

  2. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado, tal como lo dispone el capítulo décimo del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en cita. 3. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c), del numeral 21, del referido Acuerdo General, al haberse concedido y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados. Hágase constar lo anterior en la carátula de dichos expedientes, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA Atendiendo a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo I, relativo al "Cumplimiento e Inejecución", de la Ley de Amparo, específicamente en los artículos 192, 193 y 196 del ordenamiento legal en comento, se establece que: En este sentido, es menester precisar que de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 214, de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, pues se pretende restaurar el estado de legalidad que rige a los actos de autoridad, en la medida en que se restituya a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados, reintegrando las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación (acto reclamado de carácter positivo), o conminando a la autoridad responsable a actuar de determinada manera (acto reclamado en sentido negativo) y, por ende, constituye un deber jurídico velar por el exacto cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ya que si se soslayara esa obligación jurídica, podría hacerse nugatoria la concesión de la protección constitucional a la parte agraviada por un acto de autoridad. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias recibidas en este juzgado se advierte que el veintisiete de febrero del actual, juez de control dejó insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitidos en la causa penal 8/2022, en contra de los aquí quejosos 1Faustino Rosendo Delfín Colmenares, 2Mario Aguilar Peña, 3Pedro, 4Mario, 5Bulmaro y 6Victor Manuel de apellidos Mendoza Vázquez y en su lugar, dictó auto de no vinculación a proceso, dejó sin efectos la medida de prisión preventiva oficiosa y ordenó la libertad de aquellos, al no acreditarse el requisito de procedibilidad de la querella Por tanto, como se adelantó, la autoridad responsable cumplió cabalmente con el fallo protector pronunciado en el juicio constitucional en que se actúa, toda vez que se llevó a cabo el análisis del requisito de procedibilidad de la querella que fue el efecto y razón por la que no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en proveído de veinte de febrero del año en curso. MANIFESTACIONES DE LA PARTE TERCERO INTERESADO. Sin que para lo anterior sea óbice lo alegado sustancialmente por Fiscal del Ministerio Público adscrita a la mesa de trámite de Delitos Graves, en Tonalá, Chiapas (folios 987 a la 990), en el sentido de que el juez de control incurrió en un exceso al emitir la resolución reclamada, ya que el juez soslayó que sí está acreditado dicho requisito.

  4. Principal

    (Aviso de notificación para la parte quejosa y tercera interesada) Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA Atendiendo a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo I, relativo al "Cumplimiento e Inejecución", de la Ley de Amparo, específicamente en los artículos 192, 193 y 196 del ordenamiento legal en comento, se establece que: En este sentido, es menester precisar que de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 214, de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, pues se pretende restaurar el estado de legalidad que rige a los actos de autoridad, en la medida en que se restituya a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados, reintegrando las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación (acto reclamado de carácter positivo), o conminando a la autoridad responsable a actuar de determinada manera (acto reclamado en sentido negativo) y, por ende, constituye un deber jurídico velar por el exacto cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ya que si se soslayara esa obligación jurídica, podría hacerse nugatoria la concesión de la protección constitucional a la parte agraviada por un acto de autoridad. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias recibidas en este juzgado se advierte que el veintisiete de febrero del actual, juez de control dejó insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitidos en la causa penal 8/2022, en contra de los aquí quejosos 1Faustino Rosendo Delfín Colmenares, 2Mario Aguilar Peña, 3Pedro, 4Mario, 5Bulmaro y 6Victor Manuel de apellidos Mendoza Vázquez y en su lugar, dictó auto de no vinculación a proceso, dejó sin efectos la medida de prisión preventiva oficiosa y ordenó la libertad de aquellos, al no acreditarse el requisito de procedibilidad de la querella Por tanto, como se adelantó, la autoridad responsable cumplió cabalmente con el fallo protector pronunciado en el juicio constitucional en que se actúa, toda vez que se llevó a cabo el análisis del requisito de procedibilidad de la querella que fue el efecto y razón por la que no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en proveído de veinte de febrero del año en curso. MANIFESTACIONES DE LA PARTE TERCERO INTERESADO. Sin que para lo anterior sea óbice lo alegado sustancialmente por Fiscal del Ministerio Público adscrita a la mesa de trámite de Delitos Graves, en Tonalá, Chiapas (folios 987 a la 990), en el sentido de que el juez de control incurrió en un exceso al emitir la resolución reclamada, ya que el juez soslayó que sí está acreditado dicho requisito.

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