Mario Abilene Ruiz Macal
Expediente 354/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Mario Abilene Ruiz Macal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que las partes quejosa lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo disponen el último párrafo del artículo 18 y 27. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; además de que se estima que el presente expediente no tiene relevancia documental. En consecuencia, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro los noventa días siguientes, a que se refiere el artículo 18, párrafos segundo y tercero1, del Acuerdo General citado, procédase a la depuración del presente expediente, por lo que únicamente deberá de conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia y el auto por el cual causó ejecutoria dicha sentencia; hecho lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. En razón de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya al Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, Chiapas, y notifique al quejoso Mario Abilene Ruiz Macal, el presente proveído. 1 (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. (.) Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 136 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Vocero de la Mesa de Reconciliación de Gobierno del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que ya remitió vía electrónica y ordinaria por el Servicio Postal Mexicano, las constancias de notificación efectuadas al quejoso Mario Abilene Ruiz Macal, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se acuerda: Agréguese a sus autos el oficio y constancias que remite dicha autoridad, sin mayor proveído, toda vez que en auto de cuatro del mes en curso, se proveyó lo conducente.
- Principal
Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Vocero de la Mesa de Reconciliación de Gobierno del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual, en vía de alcance a su oficio TSJECH/MR/009/SB/2022, remite copia certificada del oficio y acuerdo de diecisiete de enero del año en curso, en los que ordenó la notificación al quejoso Mario Abilene Ruiz Macal, de la resolución dictada por dicha autoridad el diez de los corrientes, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, agréguense a sus autos las constancias que remite dicha autoridad y tómense en cuenta al momento de proveer respecto del cumplimiento de la misma. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Vocero de la Mesa de Reconciliación de Gobierno del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada de la resolución dictada el diez de enero del año en curso, en el cuadernillo número 420/MR- 3/2016, de su índice. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta y anexos que acompaña, dése vista a la parte quejosa con la copia certificada de la resolución dictada el diez de enero del año en curso, que remite la autoridad de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables;
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