Mario Aguilar Ascención
Expediente 845/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Aguilar Ascención
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, remite un disco versátil de audio y video relativo al proceso penal... devuélvase el disco de audio y video de cuenta y hágase de su conocimiento que mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto y se ordenó el archivo de este asunto como concluido...
- Principal
... PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto... archívese como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto de las constancias remitidas en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; al respecto, se procede a analizar si de conformidad con dichas constancias la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis debe tomarse en cuenta lo siguiente: I. El acto reclamado por la parte quejosa consistió en lo siguiente: La resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en el proceso penal ***, por medio de la cual negó decretar en favor del quejoso ***, como medida provisional, la devolución de un bien inmueble que el quejoso aducía que era de su propiedad. II. En sentencia de dos de marzo de dos mil vente, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo contenido en la audiencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal *** del índice del juzgado responsable, únicamente en la parte que contenía la solicitud de devolución de inmueble y, con libertad de jurisdicción, emitiera un nuevo auto, el cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero debía subsanar las deficiencias formales destacadas. Es decir, de reiterar el sentido de que no procede la restitución provisional del bien inmueble litigioso a la víctima (aquí parte quejosa), debido al principio de presunción de inocencia que goce el inculpado y al estado procesal del procedimiento, la autoridad responsable debía citar fundamento legal con el cual se apoye su decisión. Al respecto la autoridad responsable debía tomar en cuenta que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la víctima u ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional la medida provisional de reestablecer las cosas al estado previo en cualquier momento del procedimiento. III. Inconforme con la sentencia emitida, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz., el cual, mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión *** confirmó la sentencia referida. IV. En proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria referida en el párrafo anterior y se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz,. V. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. VI. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista relativa y manifestó que la sentencia de amparo no estaba cumplida, debido a que el juez responsable no se había ceñido estrictamente a lo ordenado, pues repuso el procedimiento para que se realizara una nueva solicitud y abrir un nuevo debate respecto de la restitución del inmueble. VII. Ahora bien, del disco versátil de audio y video relativo a la audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, llevada a cabo en el proceso penal ***, remitido por el juzgado responsable, se advierte lo siguiente: 1. A las diez horas con veintiún minutos de la fecha referida, inició la audiencia respectiva por lo que en primer lugar el juez ordenó la individualización de las partes, quienes así lo hicieron; al respecto, se advirtió que una de las inculpadas (***) no compareció a la audiencia por cuestiones de salud, lo cual fue manifestado por su defensor. 2. Por lo anterior, debido a que no se había presentado constancia alguna de lo referido en el párrafo anterior, el juez ordenó al Auxiliar de Sala que se comunicara con el Comandante de la Policía Ministerial para que de forma inmediata verificara por qué la inculpada no había comparecido a la audiencia y si tuvo un impedimento legal para hacerlo. 3. No obstante lo anterior, en atención a las manifestaciones de la defensa y a lo que constaba en actuaciones, lo cual hizo valer como hecho notorio, que la inculpada referida era una señora de aproximadamente ochenta y tres años, para no retrasar la diligencia, a las diez horas con veintiséis minutos de la fecha de la audiencia el juez dio inicio a ésta para emitir la resolución correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. 4. Enseguida, el juez dejó insubsistente el acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve y señaló que con plenitud de jurisdicción resolvería de conformidad con los medios de prueba que aportaran las partes, así como las argumentaciones y contra argumentaciones que realizaran, con base también en la solicitud de la parte agraviada de la restitución de su derecho, por lo que dio inicio al debate. 5. En ese sentido dio el uso de la voz a la asesoría jurídica de la víctima, quien solicitó la restitución del bien inmueble correspondiente. 6. Terminada su participación, el juez preguntó a la asesoría jurídica si tenía algo que manifestar en relación con la incomparecencia de la inculpada; en respuesta, el asesor manifestó que haría un pronunciamiento al terminar la audiencia, pues la inculpada aún podía comparecer o bien su defensa justificar la inasistencia, a cuyo argumento se adhirió la fiscalía. 7. Después, el juez otorgó el uso de la voz a la defensa, quien solicitó que la solicitud de restitución del bien inmueble fuera desestimada. 8. Terminado el debate, a las diez horas con treinta y nueve minutos de la fecha de la audiencia el juez refirió que resolvería lo conducente en atención a los lineamientos de la ejecutoria, para lo cual citó el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, respecto de los derechos fundamentales, así como la tesis jurisprudencia aplicable de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a que las resoluciones judiciales deben analizarse a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la debida fundamentación y motivación. 9. Enseguida, el juez responsable refirió que lo solicitado por el asesor jurídico de la víctima del delito estaba consagrado en el artículo 20 Constitucional apartado C, fracción VI, relativo a los derechos de la víctima o el ofendido, para solicitar las medidas cautelares necesarias para la protección y restitución de sus derechos, ello en relación con el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual menciona el restablecimiento de las cosas al estado previo y que en cualquier momento del procedimiento la víctima u ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional que ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de bienes u objetos, y siempre que existan suficientes elementos para decretarlo. 10. En ese sentido, el juez responsable precisó que no era necesario que existiera una sentencia condenatoria para solicitar el restablecimiento de los derechos, por lo que sí procedía realizar el análisis de la procedencia de la solicitud de restitución de bienes. 11. Por otra parte, el juez determinó inoperante el argumento hecho valer por la defensa en el sentido de que la restitución de bienes sería tanto como imponer una pena anticipada, pues precisó que la figura de restitución de bienes se encuentra establecida en la ley, al ser una providencia precautoria que puede reestablecer un derecho, siempre que existieran suficientes elementos de prueba y cuando la naturaleza del hecho lo permitiera, por lo que el juez precisó que dicha medida no violaba ningún derecho fundamental; en ese aspecto, el juez señaló que la restitución de bienes no constituía una violación al principio de presunción de inocencia. 12. Por otra parte, el juez precisó que se planteó la restitución de un bien inmueble, respecto del cual el asesor hizo mención, consistente en un lote de terreno, el que en primer lugar mencionó que constaba de *** metros, después dio colindancias, y después se advirtió que en realidad era de *** metros, de acuerdo con la carpeta de investigación en la que existe un título de propiedad por parte del Tribunal Unitario, del que se advierte que dicho inmueble está ubicado en la localidad de ***; en ese aspecto, la defensa señaló que no se precisaba debidamente ya que hay una localidad llamada *** que es un ejido y la *** que es un pueblo, que debido a dicha circunstancia el inmueble no está debidamente delimitado; en ese sentido, el juez precisó que de conformidad con el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para decretar la medida provisional solicitada deben existir datos de pruebas suficientes, los cuales debieron ser aportados por el asesor jurídico, pues debió acreditar las medidas y colindancias respectivas basado en el título de propiedad, en el cual se basa la acción procesal de la solicitud de la medida provisional. 13. En ese sentido, el juez responsable señaló que el asesor jurídico no aportó suficientes datos de prueba, pues no era suficiente que esos elementos estuvieran en la carpeta de investigación, sino que debía introducirlos de conformidad con los artículo 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales y darlos a conocer de forma específica, para que el juzgador pudiera valorar dichos elementos, pues no podía basarse sólo en argumentos, ello con fundamento en el artículo 111 de dicho código que establece que la medida cautelar únicamente se puede decretar cuando existan datos de prueba suficientes, además de los establecido en los artículos 5 y 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dar ese derecho de contradicción a las partes, que tengan de manera objetiva los elementos probatorios para poderlos debatir y, en su caso, el juzgador pueda decidir la validez de esos argumentos, lo que en el caso no aconteció. 14. Acorde con lo anterior, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos de la fecha de la audiencia, el juez determinó que con fundamento en el 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existieron elementos probatorios suficientes hasta ese momento procesal que pudieran comprobar la procedencia de la restitución del bien solicitado, por lo que negó la solicitud de la asesoría jurídica de restituir el inmueble en controversia. De lo expuesto, se concluye respetuosamente que la sentencia de amparo emitida en este juicio está cumplida, debido a que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, dejó sin efectos la audiencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el proceso penal *** en cuanto a la solicitud de devolución del inmueble en controversia y emitió un nuevo acto en el que subsanó las deficiencias formales señaladas en la sentencia. Lo anterior se considera así, pues en relación con el principio de presunción de inocencia señaló que al decretar la medida provisional de restitución de un inmueble no se violaba dicho principio, debido a que la medida cautelar se encontraba prevista en la Constitución, aunado a lo previsto por el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las medidas precautorias podrán solicitarse en cualquier momento del proceso, siempre y cuando la naturaleza del hecho lo permita y la solicitud se acredite con datos de prueba suficientes. Además, el juez responsable emitió la resolución en cumplimiento de forma fundada y motivada, pues determinó la no restitución del inmueble referido, en atención a que no existieron suficientes elementos probatorios, debido a que el asesor jurídico no evidenció las medidas y colindancias del inmueble de forma fehaciente y con los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación, aunado a que no los integró ni dio a conocer en audiencia, a fin de que las partes pudieran debatirlos y de ser el caso, el juez pudiera valorar dichos argumentos; ello de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6, 111, 380 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son aplicables al caso concreto. No pasan inadvertidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa en el sentido de que el juez responsable no debió abrir un nuevo debate para resolver; sin embargo, se considera que además de haber dado cumplimiento en los términos establecidos en la sentencia, dicho debate le dio la oportunidad de proporcionar mayores elementos de prueba, lo cual fue en su beneficio. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General citado, al ser un juicio en el que se concedió el amparo, además de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Acuerdo General referido, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 29, fracción II, párrafo segundo del acuerdo normativo.
- Principal
El autorizado de la parte quejosa desahoga la vista otorgada en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, relativo al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia emitida en este asunto... tómense en cuenta las manifestaciones del promovente al momento de emitir el pronunciamiento respectivo...
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