Marina Vera Barradas y Otros.

Expediente 881/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
881/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Marina Vera Barradas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA MARINA VERA BARRADAS Y DANIEL BUENO VERA, QUIENES SE OSTENTAN REPRESENTANTES DE LA MENOR DE INICIALES A.P.B.M. CUYO NOMBRE SE OMITE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL AUTO QUE DICE: De la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los promoventes lo hayan hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, debido a que resulta innecesario conservar las documentales que adjuntó la parte quejosa al escrito de demanda, déjense a su disposición en la Secretaría de este juzgado, si así conviene a sus intereses, en el entendido que, de no comparecer a recibir dichas documentales en un plazo de noventa días, contados a partir de su notificación, serán destruidas junto con este expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA MARINA VERA BARRADAS Y DANIEL BUENO VERA, QUIENES SE OSTENTAN REPRESENTANTES DE LA MENOR DE INICIALES A.P.B.M. (CUYO NOMBRE SE OMITE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO), EL AUTO QUE DICE: Marina Vera Barradas y Daniel Bueno Vera, quienes se ostentan representantes de la menor de iniciales A.P.B. M. (cuyo nombre se omite en atención al interés superior del niño), promueven demanda de amparo contra actos del Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 881/2017 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra de los escritos de demanda y aclaratorio se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece a la autoridad como parte en el juicio de amparo, la cual dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como se advierte de lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo y anexos adjuntos a la misma, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La negativa de restitución de los derechos de la menor de iniciales A.P.B. M. (cuyo nombre se omite en atención al interés superior del niño), contenida en el oficio de cinco de julio de dos mil diecisiete, signado por el Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad, a través de cual dicha autoridad dio contestación a la demanda promovida en su contra por los aquí quejosos, en los autos del expediente civil 586/2016/IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Por otro lado, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, así como de los anexos adjuntos al escrito de demanda, se advierte que Marina Vera Barradas y Daniel Bueno Vera, por propio derecho (parte quejosa), demandaron en la vía ordinaria civil del Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad, así como de Rosa Icela Morales Vera (madre de la menor), y otra autoridad, lo siguiente: a) Como medida provisional y definitiva el depósito, la guarda y custodia de la menor de iniciales A.P.B. M. (cuyo nombre se omite en atención al interés superior del niño), por ser parientes cercanos de la menor, la cual indicaron se encontraba depositada en las instalaciones del CONECALLI (casa de asistencia para menores). b) La guarda y custodia de la menor citada, así como la pensión alimenticia a su favor, y otras prestaciones. Asimismo, se observa que el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se radicó el expediente civil 586/2016/IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y se ordenó emplazar a la parte demandada, y el titular de dicho juzgado determinó que no había lugar a darle curso al acto prejudicial de depósito de personas, debido a que los promoventes de dicho juicio no tenían en su poder a la menor de iniciales A.P.B. M., aunado a que dicha menor se encontraba en la casa CONECALLI, con base a la medida de protección decretada por el Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia. Así también, se advierte que a través del oficio de cinco de julio de dos mil diecisiete, el Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad, dio contestación a la demanda promovida en su contra, en los autos del expediente civil 586/2016/IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; en el que entre otras cosas manifestó que dicha institución debía continuar con el resguardo de la menor A.P.B. M., la cual se encontraba en calidad de expósita debido a que no contaba con algún registro con las formalidades debidas, al no existir vínculo de parentesco entre las personas actoras en el expediente citado y la citada menor, y por ello no cuentan con la personalidad para promover la demanda instaurada en su contra. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, el acto que los promoventes reclaman al Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad, no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que en el caso únicamente se trata de manifestaciones que emitió el Director de dicha institución, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, relativas a la improcedencia de la restitución de una menor a la parte actora en el juicio de origen, lo cual será, en su caso, materia del análisis que la autoridad competente realice al resolver lo conducente en el expediente correspondiente. Asimismo, cabe destacar que el acto reclamado por los quejosos no corresponde con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano en el que dichos quejosos, y el Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF), con sede en esta ciudad, son contrapartes en una controversia de carácter civil, relativa a los derechos de una menor, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe puede ser resuelta, en su caso, a través de una solución en la vía ordinaria, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir los actos que la parte quejosa reclama. Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso resulte necesario requerir a los promoventes Marina Vera Barradas y Daniel Bueno Vera, a fin de que acrediten en forma fehaciente la representación que ostentaron de la menor de iniciales A.P.B. M. (cuyo nombre se omite en atención al interés superior del niño), con la cual promueven el juicio de amparo; debido a que a nada práctico conduciría tal prevención, ya que como se indicó en párrafos anteriores, se advierte en forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y por lo que ese aspecto no cambiaría el sentido del presente acuerdo. ACUERDO RELATIVO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Por otra parte, de conformidad con el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que los tribunales, así como en los expedientes judiciales que ante ellos se radican, debe atenderse primordialmente al interés superior del niño; por lo que se debe ordenar lo procedente para proteger el interés superior de la menor indicada en el escrito de demanda y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo su identidad, ello con la finalidad de velar por el interés superior de ésta; por tanto, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento que revele su identidad, en atención al interés superior de la misma; de igual forma, a efecto de resguardar la privacidad de la menor citada, se ordena conservar la documental relativa a dicha menor, en sobre cerrado en la Secretaría de este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Germán Vásquez Hernández; y únicamente como autorizada en término de la última parte de párrafo segundo del artículo citado a la restante, debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano