Marina García Guzmán

Expediente 687/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
687/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Marina García Guzmán
  • José Luis Ramírez Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para los quejosos del tres al dieciséis del mes y año en curso. Para la autoridad responsable del nueve al veintidós del mes y año que trascurre, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 687/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEICISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 687/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, en principio, el secretario certifica que del veinte al veintisiete del presente mes y año transcurrió el plazo de cinco días para interposición del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa relativo a que se continuaría la tramitación del juicio únicamente respecto de los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. A lo que el juez provee: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la determinación contenida en el auto citado ha causado estado. Enseguida, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas(foja 178), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en las documentales que obran a fojas 17 a 146, y la presuncional e instrumental de actuaciones; así por las allegadas por autoridad responsable, consistentes en las copias certificadas de los oficios DG/709/2017 de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 207 a 254) y DG/689/2017 de catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 261 a 340). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 687/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. Guillermina Leyva Delgado (1), José Manuel Castorena Juárez (2), Nora Liliana Reyna Cruz (3), J. Guadalupe Reyes López (4), Víctor Manuel Gómez X (5), Griselda García Sánchez (6), Epigmenio Salas Muñoz (7), Rita Celia Ojeda Ojeda (8), Norma Ruth Esperanza Martínez Robles (9), Elba Liliana Mata Dávila (10), Juan Manuel Chairez Martínez (11), Rosalba García Guzmán (12), Jorge Velazquez Ochoa (13), David Delgadillo Pérez (14), Beatriz Pérez Rodríguez (15), Octavio Palacios Palacios (16), Jenny Cervantes Soto (17), Juan Manuel Alfaro Rojas (18), Adriana Yuritza Ávila Celis (19), Abdo Guillermo Vitar Ceniceros (20), Francisco Javier Trejo Ramos (21), Juan Carlos Sagredo Martínez (22), Manuel de Jesús Cordero Capetillo (23), Ana Lucía Cortez Lucio (24), Koreisey Reyes Juárez (25), Martha Araceli Quezada Rodríguez (26), Rubén Ramírez Parra (27), Gustavo Esparza Martínez (28), Gloria Elena Espinoza Sandoval (29), Ismael Escobedo Ruiz (30), María Isabel García Flores (31), José Luis Ramírez Lozano (32), Juan Edgardo López, Martínez (33), José de Jesús Martínez Nuñez (34), María de Jesús Ávila Navejas (35), Sagrario Vanessa Martínez Martínez (36), Ma. del Rosario Espinosa López (37), José Ramón Valenzuela Tapia (38), por propio derecho, y Marina García Guzmán (39), por conducto de Gerardo García Murrillo, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: -Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - El oficio DG/683/2017-A de catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se informó a los quejosos la fecha en la que continuaría el procedimiento de su evaluación docente, en las etapas tres y cuatro. Acto que consideraron violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 148 a 152), se registró el juicio con el expediente 687/2017 y se requirió a los promoventes para que: (I) se acreditara la personalidad de quien suscribía la demanda a nombre de Marina García Guzmán; y, (II) precisaran si reclamaban la notificación electrónica del oficio combatido. Esto, bajo el apercibimiento que se tendría únicamente como acto reclamado el oficio DG/683/2017-A y se proveería lo conducente en relación con cada uno de los peticionarios del amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 153 a 155), el representante común de los amparistas precisó que la persona que suscribió la demanda a nombre de Marina García Guzmán tenía el carácter de Secretario General del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas y que el acto reclamado se integraba únicamente por el oficio combatido y no en sí la forma de notificación. En auto de uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 158 y 159), se determinó que el requerimiento realizado no había sido cumplido en su totalidad, ya que el representante sindical referido no tenía la representación de los trabajadores agremiados en lo individual, por lo que se requirió de nueva cuenta para que se acreditara la personalidad en comento. A través de escrito presentado el tres de agosto de dos mil diecisiete, el representante común de la parte quejosa solicitó que se continuara con la secuela del juicio de amparo en virtud de que no era posible acreditar la personalidad requerida (foja 160). En acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 165 a 167), se tuvo no presentada la demanda en relación con Marina García Guzmán y se admitió en relación con el resto de los amparistas, por lo que se solicitó el informe justificado, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 256), se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - El oficio DG/683/2017-A de catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se informó a los quejosos las fechas en las que continuaría el procedimiento de evaluación docente, en las etapas tres y cuatro. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas aceptó la emisión del oficio reclamado (foja 170). Asimismo, al informe anterior, el director responsable allegó las copias certificadas del oficio DG/689/2017-A de catorce de julio de dos mil diecisiete, dirigido a cada uno de los quejosos por los que se admitió la instancia constitucional (fojas 262 a 299); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo o de la Constitución que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 107, fracción III, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahora bien, el precepto en análisis regula dos supuestos en los que se puede promover el juicio de derechos contra los actos referidos, a saber: I. Contra la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento. En esta hipótesis, se podrán hacer valer tanto las violaciones contenidas en la resolución como las ocurridas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de dicha resolución. II. Contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que en el supuesto en análisis, el juicio de amparo únicamente procede en dos momentos: (I) cuando se dicta la resolución definitiva del procedimiento; y (II) cuando se emita un acto que sea de imposible reparación. Por tanto, por regla general, en tratándose de actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procede hasta que se dicte la resolución definitiva, con excepción de los actos intraprocesales que tengan sobre el quejoso una ejecución irreparable. En sentido contrario, si no se está en alguno de los supuestos referidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto, es necesario precisar que el concepto de procedimientos seguidos en forma de juicio comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, página 196: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". En ese contexto, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, los actos en un procedimiento dictado en forma de juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), sólo serán impugnables hasta que se emita la resolución definitiva. Bajo ese panorama, los actos emitidos dentro del proceso de evaluación obligatoria de desempeño docente, conforme a la ley general relativa, en particular, las citaciones para las evaluaciones respectivas, no conllevan una afectación a derechos sustantivos de los profesores involucrados. En efecto, de los numerales 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, el procedimiento de evaluación docente de las instituciones escolares, se encuentra previsto en dicha normatividad y, además, es de carácter obligatorio y a cargo de una autoridad educativa, como lo es la Secretaría de Educación Pública. El procedimiento consta de diversas etapas, pues acorde con el primero de los numerales, deberá comprender una evaluación cada cuatro años, por lo menos. De manera que de dichos preceptos se deduce el personal docente deberá ser citado por la autoridad educativa correspondiente, en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a esa ley. Luego, de resultar insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal se incorporará a los programas de regularización correspondientes, otorgándose una segunda oportunidad de evaluación, en un plazo no mayor de doce meses después de la primera, la que debe iniciarse antes del siguiente ciclo escolar o lectivo; si los resultados son insuficientes en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En el supuesto de que no se alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa u organismo descentralizado que corresponda. Así, para el desahogo del procedimiento de evaluación, se requiere la citación del personal docente, a efecto de que se desarrollen las distintas etapas y, según los resultados obtenidos, es posible que se les someta a varias evaluaciones; si al final no se alcanza un resultado positivo, se darán por concluidos los efectos del nombramiento del personal de que se trate. Por tanto, el resultado final de la evaluación constituye la determinación con la que culmina dicho procedimiento, que puede culminar con el término de la relación laboral, lo que implica que se está ante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues están establecidas diversas etapas en preparación de la resolución final y se otorga audiencia al docente (pues se le evalúa en dicho procedimiento como presupuesto de la resolución). Por consiguiente, la citación o llamamiento a la continuación del procedimiento de evaluación reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos en perjuicio de los quejosos, porque: I. Sólo constituye un acto de molestia que tiene como efecto sujetar al servidor público a las etapas subsecuentes del procedimiento de evaluación, a fin de determinar su grado de capacitación. Ello, toda vez que el procedimiento de evaluación tiene su origen en los artículos 3o. constitucional y quinto transitorio, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, reglamentado en las siguientes leyes secundarias: Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyas etapas serán las previstas en el artículo 53 de la citada Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con el diverso 69, fracción I, del propio cuerpo normativo. Por tanto, el efecto del citatorio no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado al que se sujeta a la continuación del procedimiento de evaluación, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de servidor público y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. II. Tal efecto del citatorio no produce una afectación material a derechos sustantivos del gobernado sujeto al procedimiento de evaluación, pues en principio no le impide de manera inmediata el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, tales como la vida, la libertad, propiedad o posesiones, sino que sólo establece la continuación de un procedimiento de evaluación que es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de docente, y que la educación que en México se imparte debe ser de calidad y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. III. El acto reclamado sólo produce el efecto de sujetar al gobernado a la continuación del procedimiento administrativo de evaluación, el cual, puede culminar con un resultado aprobatorio, incluso, puede ocurrir que, de existir vicios en dicha actuación, éstos ni siquiera lleguen a trascender en el supuesto de que obtenga un resultado aprobatorio y, en caso contrario, esto es, que fuera desfavorable, con la consecuente terminación de su nombramiento, de acuerdo al artículo 53 de la ley invocada en último término, dicho acto, en su caso, sí podrá impugnarlo ante la instancia correspondiente. Los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, es decir, de obtener resolución desfavorable, podría controvertir los vicios del citatorio en el medio de defensa legal procedente y, si es el caso, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto que proceda contra la resolución definitiva y, de ser fundadas las violaciones imputadas al citatorio, ello ocasionaría la insubsistencia del procedimiento relativo, al haberse nulificado el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que le hubiesen causado con ese acto, por lo que tampoco en dicha hipótesis se dejaría huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo considerado, por analogía, la jurisprudencia 43/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." . En esa tesitura, atendiendo a la naturaleza y efectos de la citación de referencia, no puede considerarse que la citación reclamada cause afectación material alguna a derechos sustantivos de la parte quejosa y, por ende, no es factible estimar que ese acto sea de ejecución irreparable, al no ser definitivo, sino de carácter intraprocesal. Sin que sea obstáculo para lo anterior el contenido de la jurisprudencia PC.IX.C.A. J/2 A (10a.) del Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo III, página 2294: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN DERIVADA DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA QUE EL PLANTEL EDUCATIVO CORRESPONDIENTE CONVOCA A UN MAESTRO AL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE DESEMPEÑO DOCENTE, CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA, CONSTITUYEN UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se instituyó la evaluación docente obligatoria, cuyo procedimiento lo regulan, de manera particular, los artículos 52, 53 y 54, en relación con el 69, fracciones I y VII, así como el octavo y noveno transitorios, todos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pues bien, de los citados preceptos legales se advierte que: a) las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente; b) dicha evaluación consta de diversas etapas, pues acorde con el citado artículo 52, por lo menos deberá comprender una evaluación cada 4 años, quedando a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecer su periodicidad; y c) el personal docente debe someterse a la referida evaluación en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a la indicada legislación, para lo cual será citado por la autoridad educativa correspondiente; en ese sentido, para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere previamente la citación del personal docente, lo cual invariablemente marca el inicio de dicho procedimiento, el que se llevará a cabo en sus distintas etapas, según los resultados obtenidos. En virtud de lo anterior, si la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerce unilateralmente su atribución legal de ordenar al plantel educativo correspondiente que cite a un docente al inicio del proceso de evaluación concerniente, esta citación y su notificación constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". Lo anterior, ya que dicho criterio no define la ejecución irreparable de la citación reclamada, sino únicamente la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, dicha tesis confirma que se trata de un procedimiento con distintas etapas, es decir, en forma de juicio, lo que obliga a analizar tal acto en los términos de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo y no sólo como un acto de autoridad distinto de los provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Guillermina Leyva Delgado (1), José Manuel Castorena Juárez (2), Nora Liliana Reyna Cruz (3), J. Guadalupe Reyes López (4), Víctor Manuel Gómez X (5), Griselda García Sánchez (6), Epigmenio Salas Muñoz (7), Rita Celia Ojeda Ojeda (8), Norma Ruth Esperanza Martínez Robles (9), Elba Liliana Mata Dávila (10), Juan Manuel Chairez Martínez (11), Rosalba García Guzmán (12), Jorge Velazquez Ochoa (13), David Delgadillo Pérez (14), Beatriz Pérez Rodríguez (15), Octavio Palacios Palacios (16), Jenny Cervantes Soto (17), Juan Manuel Alfaro Rojas (18), Adriana Yuritza Ávila Celis (19), Abdo Guillermo Vitar Ceniceros (20), Francisco Javier Trejo Ramos (21), Juan Carlos Sagredo Martínez (22), Manuel de Jesús Cordero Capetillo (23), Ana Lucía Cortez Lucio (24), Koreisey Reyes Juárez (25), Martha Araceli Quezada Rodríguez (26), Rubén Ramírez Parra (27), Gustavo Esparza Martínez (28), Gloria Elena Espinoza Sandoval (29), Ismael Escobedo Ruiz (30), María Isabel García Flores (31), José Luis Ramírez Lozano (32), Juan Edgardo López, Martínez (33), José de Jesús Martínez Nuñez (34), María de Jesús Ávila Navejas (35), Sagrario Vanessa Martínez Martínez (36), Ma. del Rosario Espinosa López (37), José Ramón Valenzuela Tapia (38) contra el acto reclamado del Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, consistente en el oficio DG/683/2017-A de catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se informó a los quejosos la fecha en la que iniciaría el procedimiento de evaluación docente; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico y hago constar que el término de quince días concedido al quejoso en proveído de trece de noviembre del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de derechos respecto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de la presente anualidad, sin que lo haya hecho, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación asentada por el secretario de este juzgado, de la que se advierte que el término de quince días concedido al quejoso en proveído de trece de noviembre del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de derechos respecto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de la presente anualidad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el indicado proveído, debiendo continuarse el procedimiento del presente juicio de amparo, únicamente por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.

  4. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado certifico: a) Se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. b) El término de quince días concedido al quejoso en proveído de trece de noviembre del año en curso, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de derechos respecto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, transcurre del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre del año en curso. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; asimismo se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido al quejoso en proveído de trece de noviembre del año en curso, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de derechos respecto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y como acto reclamado el oficio DG/709-2017-A. Por tanto, para dar oportunidad a que el quejoso amplíe su demanda de amparo, o bien, transcurra el plazo de quince días que al efecto se le concedió, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina seis de diciembre de dos mil diecisiete 28170

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