Marina Espino de Yassin
Expediente 216/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marina Espino de Yassin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En trece de noviembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del veinte de octubre al tres de noviembre del año en curso, con exclusión de cinco días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el nueve de octubre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 216/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día nueve de octubre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvase a la autoridad responsable Jueza Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, las constancias que remitió en su informe, consistentes en el proceso penal 9/1968 y juicio mercantil ejecutivo 72/1967. Por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como los cuadernos del incidente de suspensión definitiva SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento, y en el segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Sonia
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 216/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil quince, MARINA ESPINO DE YASSIN, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y otra autoridad; por los actos que se precisan a continuación: "V. ACTOS RECLAMADOS. A la primera autoridad señalada como responsable le reclamamos el ilegal auto emitido en el proceso penal número 9/1968, dentro del cual ordena por oficio número 132 de fecha 6 de enero de 1968, a las autoridades ejecutoras, se grave mi propiedad por la cantidad de $3,000, pesos apareciendo el nombre de JESÚS TAPIA GALLARDO, y que lo acredito mediante el certificado de gravamen donde aparece el acto ilegal expedido por el C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Río Grande, Zacatecas; así mismo y dentro del mismo certificado reporta otro gravamen por la cantidad de $15,000, pesos para fianza en amparo con la H. Suprema Corte de Justicia en el juicio civil ordinario 72/1967, mismo que transcribo de acuerdo al certificado y que a la letra dice: '(.) Que en una búsqueda que se realizó en los Volúmenes y Documentos que integran el archivo respectivo de esta Oficialía a mi cargo, relativos a un lapso de más de veinte años anteriores a la fecha, se encuentra la inscripción Número 640, Folio (s) 96 Volumen XVI de ESCRITURAS PÚBLICAS Sección PRIMERA de fecha 10 de JULIO de 1953, que ampara PROPIEDAD a nombre de C. MARINA ESPINO DE YASSIN, la cual se encuentra GRAVADA. FINCA URBANA NÚMERO DOS UBICADO EN LA SEGUNDA CALLE DE MORÁN DE ESTA CIUDAD, CONSTRUIDO POR ZAGUAN, TRES PIEZAS Y COCINA CON UN PEQUEÑO PATIO Y ADEMÁS DOS BODEGAS CON RUMBO SUR HABIENDO POR EL NORTE 9.75 METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO G. CASTAÑEDA POR EL SUR CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO G. CASTAÑEDA Y POR EL PONIENTE 20.95 METROS Y COLINDA CON LA CALLE DE SU UBICACIÓN DE POR MEDIO Y PROPIEDAD DEL SEÑOR J. ENCARNACIÓN BADILLO. FECHA DE LA ESCRITURA.- 04 DE JULIO DE 1953.- LA PRESENTE PROPIEDAD ESTA GARANTIZANDO LA LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO J. JESÚS TAPIA GALLARDO POR LA CANTIDAD DE $3,000.- DENTRO DEL PROCESO NÚM. 9/968 POR DELITOS DE LESIONES DE TRÁNSITO Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. SEGÚN OF. 132 DIRIGIDO POR EL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA A ESTA OFICINA DE FECHA 6 DE LOS CORRIENTES.- RÍO GRANDE, ZAC., A 9 DE ENERO DE 1968. NOTA.- ESTA FINCA REPORTA UN GRAVAMEN POR LA CANTIDAD DE $15,000., PARA FIANZA EN AMPARO CON LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 72/2/967 Y UNA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE LUGAR DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE AFIANZADORA MEXICANA S.A. EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 1968.- QUE SE ARCHIVA UN TANTO DE LA FIANZA Y CONTRATO EN EL APÉNDICE DE ESTE REGISTRO.- RÍO GRANDE, ZAC., A 2 DE MARZO DE 1968.' Mi propiedad OBJETO DE GRAVAMEN ILEGAL se identifica con las siguientes medidas y colindancias: Finca urbana número dos ubicada en la segunda calle de Morán de esta ciudad, constituido por zaguán, tres piezas y cocina con un pequeño patio y además dos bodegas con rumbo sur midiendo por el norte 9.75 metros con propiedad del Señor Pablo G. Castañeda, por el sur 12.70 metros con propiedad del señor J. Isabel M. Limones, por el Oriente 20.65 metros con propiedad del señor Pablo G. Castañeda y por el poniente 20.95 metros y colinda con la calle de su ubicación de por medio y propiedad del señor J. Encarnación Badillo. Esta finca aparece inscrita ante la Oficialía del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Río Grande, Zacatecas, bajo la inscripción número 640, folios 96, volumen XVI, de escrituras públicas, sección primera de fecha 10 de julio de 1953. Testimonio que acompaño a este ocurso para los efectos legales en copias fotostáticas debidamente certificadas ante la fe del Lic. Jaime Santoyo Castro, notario público número 30 del estado, con ejercicio en Zacatecas, capital. A la misma autoridad responsable le reclamamos la inminente orden de gravámenes sobre finca descrita, lo que es completamente ilegal e inconstitucional, como se verá en el transcurso de la presente demanda. A las restantes autoridades, les reclamamos la ejecución material de las ordenes giradas por la primera autoridad responsable y que ya quedaron precisadas anteriormente." SEGUNDO. La demanda de amparo indirecto se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el dieciocho de febrero de dos mil quince, en el que ordenó: admitir y registrarla bajo el número de expediente 216/2015; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa reclama lo siguiente: 1. El auto de seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, dictado en el proceso penal 9/1968, en el cual se ordenó girar oficio al Oficial Registrado de Río Grande, Zacatecas, para el efecto de que hiciera la anotación preventiva -gravamen-, respecto a la finca urbana número dos, ubicada en la segunda calle de Morán, de Río Grande, Zacatecas; dicho gravamen, se realizó con el objeto de garantizar la libertad provisional del procesado J. Jesús Tapia Gallardo, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. El diverso gravamen que se practicó respecto al mismo bien inmueble, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del juicio civil ordinario 72/1967 y/o juicio mercantil ejecutivo 72/1967, derivado de un contrato de afianzadora mexicana, sociedad anónima, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. TERCERO. La Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó: "[.] Una vez que se ha realizado una búsqueda en los libros de gobierno penal de este Juzgado se advierte que NO se encuentra radicada causa penal con el número 09/1968, amén de que se nos proporcione el nombre de las partes del proceso penal al que se ha hecho referencia, para realizar una búsqueda. Y finalmente en lo que respecta al juicio civil ordinario 27/1967 del libro de gobierno se desprende que el mismo se trata de un juicio Mercantil Ejecutivo y no de un civil ordinario como lo menciona la parte quejosa por lo que en iguales condiciones al no proporcionar el nombre de las partes intervinientes imposibilita una búsqueda exhaustiva. [.]." Mediante oficio 980, de veintiuno de mayo de dos mil quince, la citada Juez responsable señaló: "Por este medio y en cumplimiento al oficio 5771/2015, de fecha ocho de mayo de dos mil quince me permito informar a Usted que si bien en el informe previo rendido se dijo que el expediente 27/1967 se trataba de un Juicio Mercantil Ejecutivo, no menos cierto es que por error involuntario se asentó dicho número de expediente, empero, lo correcto es 72/1967 (que es el que refiere la quejosa) mismo que es un Mercantil Ejecutivo promovido por MIGUEL GONZÁLEZ BERÚMEN en contra de J. SANTOS LÓPEZ, y a fin de robustecer dicha información se hace del conocimiento que el expediente 27/1967 se trata de un juicio de Divorcio Necesario Promovido por JOSÉ MATILDE RANGEL en contra de BRISA FAVELA; ambos juicios radicados en este H. Juzgado." Asimismo, con el oficio 1207, de diecinueve de junio de dos mil quince, la citada responsable manifestó: "Por este medio y en contestación a su oficio 10641/2015 de fecha ocho de junio del año en curso me permito informar a usted que dado a la antigüedad del proceso penal número 09/1968 en el libro de Gobierno de este H. Juzgado a mi cargo se encuentra incompleto, por tanto, no obra constancia de la radicación del mismo, empero, se procedió a solicitarlo del Archivo General del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas habiéndose obtenido que efectivamente dicho proceso penal fue radicado en el entonces ÚNICO Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial, por tanto, por medio del presente me permito ENVÍAR a usted el Proceso Penal 9/1968. De igual forma, remito a Usted el juicio mercantil ejecutivo número 72/1967 promovido por MIGUEL GONZÁLEZ BERÚMEN en contra de J. SANTOS LÓPEZ tal y como lo solicita en su oficio citado líneas arriba." Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a los citados oficios, se advierte la existencia del acto reclamado señalado en el punto "1", del considerando que antecede; por lo que, se le tiene por cierto dicho acto. Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con el expediente original relativo al proceso penal 9/1968, al que se asigna valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. Por su parte, la diversa autoridad responsable Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, fue omisa en rendir el informe justificado que le fue solicitado, no obstante que de autos se advierte (foja 33) que recibió el oficio 8136, en el que le fue requerido; por lo que, se debe presumir cierto el citado acto señalado en el punto "1", que se le atribuye en razón de que a la Juez responsable se le tuvo por aceptada la existencia del mismo y, la referida Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, únicamente fue señalada con el carácter de ejecutora. CUARTO. Por otra parte, se analizará la existencia o inexistencia del diverso acto reclamado, señalado con el punto "2", consistente en: "2. El diverso gravamen que se practicó respecto al mismo bien inmueble, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del juicio civil ordinario 72/1967 y/o juicio mercantil ejecutivo 72/1967, derivado de un contrato de afianzadora mexicana, sociedad anónima, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y ocho." Ahora bien, con el oficio 1207, de diecinueve de junio de dos mil quince, la Juez responsable remitió el juicio ejecutivo mercantil número 72/1967, de su índice. De dicho expediente se advierte que las partes son: - Actor: Antonio Alvarado. - Demandado: J. Santos López. Asimismo, cabe destacar que en dicho enjuiciamiento obra una diligencia de veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y siete, en la que únicamente se embargó: una camioneta, marca Dodge, modelo mil novecientos cincuenta y siete, con redilas, capacidad para tres toneladas, motor número T-538-5441, número de serie 81484335, sin placas de circulación. Luego, el suscrito considera que no existe vinculación del acto reclamado por la aquí quejosa, analizado en el presente considerando, con los actos reclamados en el juicio ejecutivo mercantil número 72/1967. Por tanto, aunque exista el gravamen practicado en el bien inmueble materia de este juicio, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho acto no puede ser atribuido a las autoridades responsable, motivo por el cual, se debe declarar INEXISTENTE. En ese contexto, al no haber demostrado la quejosa la existencia del acto reclamado -aquí analizado-, en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". QUINTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado, señalado con el punto "1", consistente en: "1. El auto de seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, dictado en el proceso penal 9/1968, en el cual se ordenó girar oficio al Oficial Registrado de Río Grande, Zacatecas, para el efecto de que hiciera la anotación preventiva -gravamen-, respecto a la finca urbana número dos, ubicada en la segunda calle de Morán, de Río Grande, Zacatecas; dicho gravamen, se realizó con el objeto de garantizar la libertad provisional del procesado J. Jesús Tapia Gallardo, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional)." Este Tribunal Federal advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En efecto, el mencionado dispositivo legal, previene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte el artículo 17 de la citada Ley dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A fin de poner de manifiesto la causal de improcedencia invocada, resulta conveniente citar algunos antecedentes que se desprenden del proceso penal 9/1968, del índice de la Juez responsable, mismos que son del tenor siguiente: 1. En proveído de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se concedió a J. Jesús Tapia Gallardo, su libertad provisional bajo caución, en los siguientes términos: "ACUERDO. Río Grande, Zacatecas a veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho. Visto lo solicitado por el procesado J. Jesús Tapia Gallardo, en su declaración anterior con relación a su libertad provisional, con fundamento en el artículo 20 Constitucional, fracción I, 350, 353, y 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor en relación con los artículos 52, 53, 55 y 330 del Código Penal Vigente, en el Estado se le concede al procesado Jesús Tapia Gallardo beneficio de la libertad Provisional bajo caución misma que por la cantidad de $3,000.00 TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS deberá otorgar a satisfacción de este juzgado, y mediante cualquiera de las formas establecidas por la ley. Lo anterior, en virtud de que el término medio aritmético de la sanción que pudiera imponérsele no excede de cinco años de prisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Ciudadano Pasante de Derecho, Pablo Ruiz Martínez, Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial. Doy fe." (El énfasis fue añadido por este órgano jurisdiccional) 2. Mediante diligencia de veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho, compareció la señora Marina Espino de Yassin (aquí quejosa), ante el Juzgado responsable a firmar como fiadora de J. Jesús Tapia Gallardo, dicha diligencia se transcribe por su importancia: "COMPARECENCIA. En la ciudad de Río Grande, Estado de Zacatecas, siendo las (17) diecisiete horas del día (26) veintiséis de enero de (1968) mil novecientos sesenta y ocho, que fue presente en el local que ocupa este Juzgado la señora MARINA ESPINO DE YASSIN, mexicana, casada, mayor de edad, originaria y vecina de esta ciudad, y previo el permiso judicial correspondiente manifestó: Que tiene conocimiento que este juzgado la ha admitido como fiadora del acusado J. Jesús Tapia Gallardo, a quien se le instruye proceso por el delito de lesiones y otro, en este momento viene a aceptar el cargo, con las obligaciones inherentes al mismo, y firma para constancia.- Doy fe. (Lo destacado es propio de este Juzgado) 3. En atención a lo anterior, se dictó el siguiente auto de libertad: "AUTO ORDENANDO LIBERTAD. Río Grande, Zacatecas, a (26) veintiséis de enero de (1968) mil novecientos sesenta y ocho. Vista la nota que antecede y el acta de fianza carcelera levantada, firmada por la fiadora señora Marina Espino de Yassín; como está ordenado en el auto que antecede, expídanse las copias, dice boletas de libertad, las bajas a la Recaudación de Rentas y hágase al inculpado las prevenciones establecidas por el artículo 362 del Código de Procedimientos Penales en vigor.- Notifíquese. Así lo acordó y firma el ciudadano Manuel Chávez Padilla, Secretario de Acuerdos de este Juzgado, y encargado del despacho de lo urente, por ante los testigos de asistencia con quienes actúa.- Damos fe." 4. Finalmente, mediante oficio 42, la Oficial Registradora de Río Grande, Zacatecas, informó lo siguiente: "OFICIO NÚMERO 42 ASUNTO: Informando. C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PRESENTE. De conformidad con su atento oficio número 132, de fecha 6 de los corrientes, por el presente me permito informar a Ud., que con esta fecha, se hizo la anotación preventiva al margen de la inscripción número -640- del Tomo XVI de Escrituras Públicas, que ampara la finca urbana propiedad de la señora Marina Espino de Yassin, y que sirvió de garantía por la cantidad de $3,000.00 para que disfrutara del beneficio de la libertad provisional el acusado J. Jesús Tapia Gallardo, en el proceso número 9/968 que se le instruye en ese Juzgado a su muy digno cargo por los delitos de Lesiones de Tránsito y Daño en Propiedad Ajena. Lo que me permito comunicar a usted para los efectos y fines correspondientes. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN. Río Grande, Zac. a 9 de Febrero de 1968. LA OFICIAL REGISTRADOR Otilia Moreno Gómez." Pues bien, como se ve, la quejosa fue enterada del acto reclamado, ya que el veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho, firmó como fiadora de J. Jesús Tapia Gallardo, para que éste obtuviera su libertad personal, dicha constancia obra a foja veintiuno del cuaderno de pruebas que acompañó la autoridad responsable a los presente autos. Luego, el que esto resuelve considera que también tuvo conocimiento de la referida inscripción de gravamen que aquí reclama; pues, de los citados autos se advierte -como ya se dijo-, que firmó como fiadora del aludido J. Jesús Tapia Gallardo. Por tanto, desde el mes de febrero de mil novecientos sesenta y ocho -fecha en que se llevó la inscripción-, quedó enterada del contenido del acto que aquí relcama y, estuvo en posibilidad de acudir a defenderse, de manera que, el término de quince días de que disponía la citado quejosa, al tenor del artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnarlo a través del juicio constitucional, -a la fecha de la presentación de la demanda de amparo diecisiete de febrero de dos mil quince - ya había transcurrido en exceso. En ese orden, si la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido por el numeral anteriormente invocado, tácitamente consintió el mencionado acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, al no haber sido reclamado por vicios propios, sino como consecuencia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marina Espino de Yassín, contra las autoridades responsables señaladas en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, hoy nueve de octubre de dos mil quince, en que se terminó de engrosar. DOY FE. ALFONSO
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 216/2015; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil quince, MARINA ESPINO DE YASSIN, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y otra autoridad; por los actos que se precisan a continuación: "V. ACTOS RECLAMADOS. A la primera autoridad señalada como responsable le reclamamos el ilegal auto emitido en el proceso penal número 9/1968, dentro del cual ordena por oficio número 132 de fecha 6 de enero de 1968, a las autoridades ejecutoras, se grave mi propiedad por la cantidad de $3,000, pesos apareciendo el nombre de JESÚS TAPIA GALLARDO, y que lo acredito mediante el certificado de gravamen donde aparece el acto ilegal expedido por el C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Río Grande, Zacatecas; así mismo y dentro del mismo certificado reporta otro gravamen por la cantidad de $15,000, pesos para fianza en amparo con la H. Suprema Corte de Justicia en el juicio civil ordinario 72/1967, mismo que transcribo de acuerdo al certificado y que a la letra dice: '(.) Que en una búsqueda que se realizó en los Volúmenes y Documentos que integran el archivo respectivo de esta Oficialía a mi cargo, relativos a un lapso de más de veinte años anteriores a la fecha, se encuentra la inscripción Número 640, Folio (s) 96 Volumen XVI de ESCRITURAS PÚBLICAS Sección PRIMERA de fecha 10 de JULIO de 1953, que ampara PROPIEDAD a nombre de C. MARINA ESPINO DE YASSIN, la cual se encuentra GRAVADA. FINCA URBANA NÚMERO DOS UBICADO EN LA SEGUNDA CALLE DE MORÁN DE ESTA CIUDAD, CONSTRUIDO POR ZAGUAN, TRES PIEZAS Y COCINA CON UN PEQUEÑO PATIO Y ADEMÁS DOS BODEGAS CON RUMBO SUR HABIENDO POR EL NORTE 9.75 METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO G. CASTAÑEDA POR EL SUR CON PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO G. CASTAÑEDA Y POR EL PONIENTE 20.95 METROS Y COLINDA CON LA CALLE DE SU UBICACIÓN DE POR MEDIO Y PROPIEDAD DEL SEÑOR J. ENCARNACIÓN BADILLO. FECHA DE LA ESCRITURA.- 04 DE JULIO DE 1953.- LA PRESENTE PROPIEDAD ESTA GARANTIZANDO LA LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO J. JESÚS TAPIA GALLARDO POR LA CANTIDAD DE $3,000.- DENTRO DEL PROCESO NÚM. 9/968 POR DELITOS DE LESIONES DE TRÁNSITO Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. SEGÚN OF. 132 DIRIGIDO POR EL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA A ESTA OFICINA DE FECHA 6 DE LOS CORRIENTES.- RÍO GRANDE, ZAC., A 9 DE ENERO DE 1968. NOTA.- ESTA FINCA REPORTA UN GRAVAMEN POR LA CANTIDAD DE $15,000., PARA FIANZA EN AMPARO CON LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 72/2/967 Y UNA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE LUGAR DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE AFIANZADORA MEXICANA S.A. EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 1968.- QUE SE ARCHIVA UN TANTO DE LA FIANZA Y CONTRATO EN EL APÉNDICE DE ESTE REGISTRO.- RÍO GRANDE, ZAC., A 2 DE MARZO DE 1968.' Mi propiedad OBJETO DE GRAVAMEN ILEGAL se identifica con las siguientes medidas y colindancias: Finca urbana número dos ubicada en la segunda calle de Morán de esta ciudad, constituido por zaguán, tres piezas y cocina con un pequeño patio y además dos bodegas con rumbo sur midiendo por el norte 9.75 metros con propiedad del Señor Pablo G. Castañeda, por el sur 12.70 metros con propiedad del señor J. Isabel M. Limones, por el Oriente 20.65 metros con propiedad del señor Pablo G. Castañeda y por el poniente 20.95 metros y colinda con la calle de su ubicación de por medio y propiedad del señor J. Encarnación Badillo. Esta finca aparece inscrita ante la Oficialía del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Río Grande, Zacatecas, bajo la inscripción número 640, folios 96, volumen XVI, de escrituras públicas, sección primera de fecha 10 de julio de 1953. Testimonio que acompaño a este ocurso para los efectos legales en copias fotostáticas debidamente certificadas ante la fe del Lic. Jaime Santoyo Castro, notario público número 30 del estado, con ejercicio en Zacatecas, capital. A la misma autoridad responsable le reclamamos la inminente orden de gravámenes sobre finca descrita, lo que es completamente ilegal e inconstitucional, como se verá en el transcurso de la presente demanda. A las restantes autoridades, les reclamamos la ejecución material de las ordenes giradas por la primera autoridad responsable y que ya quedaron precisadas anteriormente." SEGUNDO. La demanda de amparo indirecto se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el dieciocho de febrero de dos mil quince, en el que ordenó: admitir y registrarla bajo el número de expediente 216/2015; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa reclama lo siguiente: 1. El auto de seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, dictado en el proceso penal 9/1968, en el cual se ordenó girar oficio al Oficial Registrado de Río Grande, Zacatecas, para el efecto de que hiciera la anotación preventiva -gravamen-, respecto a la finca urbana número dos, ubicada en la segunda calle de Morán, de Río Grande, Zacatecas; dicho gravamen, se realizó con el objeto de garantizar la libertad provisional del procesado J. Jesús Tapia Gallardo, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 2. El diverso gravamen que se practicó respecto al mismo bien inmueble, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del juicio civil ordinario 72/1967 y/o juicio mercantil ejecutivo 72/1967, derivado de un contrato de afianzadora mexicana, sociedad anónima, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. TERCERO. La Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe justificado manifestó: "[.] Una vez que se ha realizado una búsqueda en los libros de gobierno penal de este Juzgado se advierte que NO se encuentra radicada causa penal con el número 09/1968, amén de que se nos proporcione el nombre de las partes del proceso penal al que se ha hecho referencia, para realizar una búsqueda. Y finalmente en lo que respecta al juicio civil ordinario 27/1967 del libro de gobierno se desprende que el mismo se trata de un juicio Mercantil Ejecutivo y no de un civil ordinario como lo menciona la parte quejosa por lo que en iguales condiciones al no proporcionar el nombre de las partes intervinientes imposibilita una búsqueda exhaustiva. [.]." Mediante oficio 980, de veintiuno de mayo de dos mil quince, la citada Juez responsable señaló: "Por este medio y en cumplimiento al oficio 5771/2015, de fecha ocho de mayo de dos mil quince me permito informar a Usted que si bien en el informe previo rendido se dijo que el expediente 27/1967 se trataba de un Juicio Mercantil Ejecutivo, no menos cierto es que por error involuntario se asentó dicho número de expediente, empero, lo correcto es 72/1967 (que es el que refiere la quejosa) mismo que es un Mercantil Ejecutivo promovido por MIGUEL GONZÁLEZ BERÚMEN en contra de J. SANTOS LÓPEZ, y a fin de robustecer dicha información se hace del conocimiento que el expediente 27/1967 se trata de un juicio de Divorcio Necesario Promovido por JOSÉ MATILDE RANGEL en contra de BRISA FAVELA; ambos juicios radicados en este H. Juzgado." Asimismo, con el oficio 1207, de diecinueve de junio de dos mil quince, la citada responsable manifestó: "Por este medio y en contestación a su oficio 10641/2015 de fecha ocho de junio del año en curso me permito informar a usted que dado a la antigüedad del proceso penal número 09/1968 en el libro de Gobierno de este H. Juzgado a mi cargo se encuentra incompleto, por tanto, no obra constancia de la radicación del mismo, empero, se procedió a solicitarlo del Archivo General del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas habiéndose obtenido que efectivamente dicho proceso penal fue radicado en el entonces ÚNICO Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de este Distrito Judicial, por tanto, por medio del presente me permito ENVÍAR a usted el Proceso Penal 9/1968. De igual forma, remito a Usted el juicio mercantil ejecutivo número 72/1967 promovido por MIGUEL GONZÁLEZ BERÚMEN en contra de J. SANTOS LÓPEZ tal y como lo solicita en su oficio citado líneas arriba." Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a los citados oficios, se advierte la existencia del acto reclamado señalado en el punto "1", del considerando que antecede; por lo que, se le tiene por cierto dicho acto. Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con el expediente original relativo al proceso penal 9/1968, al que se asigna valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. Por su parte, la diversa autoridad responsable Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, fue omisa en rendir el informe justificado que le fue solicitado, no obstante que de autos se advierte (foja 33) que recibió el oficio 8136, en el que le fue requerido; por lo que, se debe presumir cierto el citado acto señalado en el punto "1", que se le atribuye en razón de que a la Juez responsable se le tuvo por aceptada la existencia del mismo y, la referida Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, únicamente fue señalada con el carácter de ejecutora. CUARTO. Por otra parte, se analizará la existencia o inexistencia del diverso acto reclamado, señalado con el punto "2", consistente en: "2. El diverso gravamen que se practicó respecto al mismo bien inmueble, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del juicio civil ordinario 72/1967 y/o juicio mercantil ejecutivo 72/1967, derivado de un contrato de afianzadora mexicana, sociedad anónima, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y ocho." Ahora bien, con el oficio 1207, de diecinueve de junio de dos mil quince, la Juez responsable remitió el juicio ejecutivo mercantil número 72/1967, de su índice. De dicho expediente se advierte que las partes son: - Actor: Antonio Alvarado. - Demandado: J. Santos López. Asimismo, cabe destacar que en dicho enjuiciamiento obra una diligencia de veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y siete, en la que únicamente se embargó: una camioneta, marca Dodge, modelo mil novecientos cincuenta y siete, con redilas, capacidad para tres toneladas, motor número T-538-5441, número de serie 81484335, sin placas de circulación. Luego, el suscrito considera que no existe vinculación del acto reclamado por la aquí quejosa, analizado en el presente considerando, con los actos reclamados en el juicio ejecutivo mercantil número 72/1967. Por tanto, aunque exista el gravamen practicado en el bien inmueble materia de este juicio, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), para fianza en amparo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho acto no puede ser atribuido a las autoridades responsable, motivo por el cual, se debe declarar INEXISTENTE. En ese contexto, al no haber demostrado la quejosa la existencia del acto reclamado -aquí analizado-, en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". QUINTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado, señalado con el punto "1", consistente en: "1. El auto de seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, dictado en el proceso penal 9/1968, en el cual se ordenó girar oficio al Oficial Registrado de Río Grande, Zacatecas, para el efecto de que hiciera la anotación preventiva -gravamen-, respecto a la finca urbana número dos, ubicada en la segunda calle de Morán, de Río Grande, Zacatecas; dicho gravamen, se realizó con el objeto de garantizar la libertad provisional del procesado J. Jesús Tapia Gallardo, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional)." Este Tribunal Federal advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En efecto, el mencionado dispositivo legal, previene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte el artículo 17 de la citada Ley dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A fin de poner de manifiesto la causal de improcedencia invocada, resulta conveniente citar algunos antecedentes que se desprenden del proceso penal 9/1968, del índice de la Juez responsable, mismos que son del tenor siguiente: 1. En proveído de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se concedió a J. Jesús Tapia Gallardo, su libertad provisional bajo caución, en los siguientes términos: "ACUERDO. Río Grande, Zacatecas a veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho. Visto lo solicitado por el procesado J. Jesús Tapia Gallardo, en su declaración anterior con relación a su libertad provisional, con fundamento en el artículo 20 Constitucional, fracción I, 350, 353, y 354 del Código de Procedimientos Penales en vigor en relación con los artículos 52, 53, 55 y 330 del Código Penal Vigente, en el Estado se le concede al procesado Jesús Tapia Gallardo beneficio de la libertad Provisional bajo caución misma que por la cantidad de $3,000.00 TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS deberá otorgar a satisfacción de este juzgado, y mediante cualquiera de las formas establecidas por la ley. Lo anterior, en virtud de que el término medio aritmético de la sanción que pudiera imponérsele no excede de cinco años de prisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Ciudadano Pasante de Derecho, Pablo Ruiz Martínez, Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial. Doy fe." (El énfasis fue añadido por este órgano jurisdiccional) 2. Mediante diligencia de veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho, compareció la señora Marina Espino de Yassin (aquí quejosa), ante el Juzgado responsable a firmar como fiadora de J. Jesús Tapia Gallardo, dicha diligencia se transcribe por su importancia: "COMPARECENCIA. En la ciudad de Río Grande, Estado de Zacatecas, siendo las (17) diecisiete horas del día (26) veintiséis de enero de (1968) mil novecientos sesenta y ocho, que fue presente en el local que ocupa este Juzgado la señora MARINA ESPINO DE YASSIN, mexicana, casada, mayor de edad, originaria y vecina de esta ciudad, y previo el permiso judicial correspondiente manifestó: Que tiene conocimiento que este juzgado la ha admitido como fiadora del acusado J. Jesús Tapia Gallardo, a quien se le instruye proceso por el delito de lesiones y otro, en este momento viene a aceptar el cargo, con las obligaciones inherentes al mismo, y firma para constancia.- Doy fe. (Lo destacado es propio de este Juzgado) 3. En atención a lo anterior, se dictó el siguiente auto de libertad: "AUTO ORDENANDO LIBERTAD. Río Grande, Zacatecas, a (26) veintiséis de enero de (1968) mil novecientos sesenta y ocho. Vista la nota que antecede y el acta de fianza carcelera levantada, firmada por la fiadora señora Marina Espino de Yassín; como está ordenado en el auto que antecede, expídanse las copias, dice boletas de libertad, las bajas a la Recaudación de Rentas y hágase al inculpado las prevenciones establecidas por el artículo 362 del Código de Procedimientos Penales en vigor.- Notifíquese. Así lo acordó y firma el ciudadano Manuel Chávez Padilla, Secretario de Acuerdos de este Juzgado, y encargado del despacho de lo urente, por ante los testigos de asistencia con quienes actúa.- Damos fe." 4. Finalmente, mediante oficio 42, la Oficial Registradora de Río Grande, Zacatecas, informó lo siguiente: "OFICIO NÚMERO 42 ASUNTO: Informando. C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PRESENTE. De conformidad con su atento oficio número 132, de fecha 6 de los corrientes, por el presente me permito informar a Ud., que con esta fecha, se hizo la anotación preventiva al margen de la inscripción número -640- del Tomo XVI de Escrituras Públicas, que ampara la finca urbana propiedad de la señora Marina Espino de Yassin, y que sirvió de garantía por la cantidad de $3,000.00 para que disfrutara del beneficio de la libertad provisional el acusado J. Jesús Tapia Gallardo, en el proceso número 9/968 que se le instruye en ese Juzgado a su muy digno cargo por los delitos de Lesiones de Tránsito y Daño en Propiedad Ajena. Lo que me permito comunicar a usted para los efectos y fines correspondientes. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN. Río Grande, Zac. a 9 de Febrero de 1968. LA OFICIAL REGISTRADOR Otilia Moreno Gómez." Pues bien, como se ve, la quejosa fue enterada del acto reclamado, ya que el veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y ocho, firmó como fiadora de J. Jesús Tapia Gallardo, para que éste obtuviera su libertad personal, dicha constancia obra a foja veintiuno del cuaderno de pruebas que acompañó la autoridad responsable a los presente autos. Luego, el que esto resuelve considera que también tuvo conocimiento de la referida inscripción de gravamen que aquí reclama; pues, de los citados autos se advierte -como ya se dijo-, que firmó como fiadora del aludido J. Jesús Tapia Gallardo. Por tanto, desde el mes de febrero de mil novecientos sesenta y ocho -fecha en que se llevó la inscripción-, quedó enterada del contenido del acto que aquí relcama y, estuvo en posibilidad de acudir a defenderse, de manera que, el término de quince días de que disponía la citado quejosa, al tenor del artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnarlo a través del juicio constitucional, -a la fecha de la presentación de la demanda de amparo diecisiete de febrero de dos mil quince - ya había transcurrido en exceso. En ese orden, si la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido por el numeral anteriormente invocado, tácitamente consintió el mencionado acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Río Grande, Zacatecas, al no haber sido reclamado por vicios propios, sino como consecuencia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marina Espino de Yassín, contra las autoridades responsables señaladas en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe, hoy nueve de octubre de dos mil quince, en que se terminó de engrosar. DOY FE. ALFONSO"
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil quince Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en el oficio número 10641 del índice de este Juzgado, remite las constancias que le fueron solicitadas consistentes en: el proceso penal 9/1968 y juicio mercantil ejecutivo 72/1967, con lo que, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, ténganse como pruebas de la oficiante las citadas constancias; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por otra parte, dado el volumen de los expedientes que se reciben, se ordena sean guardados por separado para un mejor manejo del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*
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