Marilu Rodriguez García
Expediente 511/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marilu Rodriguez García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido con arreglo a derecho el auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de garantías promovida por MARILÚ RODRÍGUEZ GARCÍA, en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal, se dio por concluido, en el que carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por MARILÚ RODRÍGUEZ GARCÍA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado con el número 511/2016-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, debe decirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede observarse de la demanda de amparo, la quejosa reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la orden de desposesión del bien inmueble ubicado en calle Oriente 2, número 70, entre boulevard Miguel Alemán y boulevard Del Maestro, de esta ciudad, así como su ejecución, que refiere es propiedad de su extinto esposo Rubén Mancilla Pérez. En ese orden de ideas, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa señaló en su escrito inicial de demanda, que tiene conocimiento de la existencia del acto reclamado desde el ocho de mayo de dos mil quince, ya que refiere que en esa fecha se constituyó aproximadamente a la quince horas con treinta minutos el licenciado Luis Antonio Bocanegra Ramos, quien le manifestó que tenía que desocupar dicho bien inmueble, ya que él había acordado entregárselo a un tercero, lo que constituye para quien aquí provee, una confesión expresa, respecto de los actos reclamados en la demanda de garantías que ahora se provee, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, al expresar el quejoso bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el ocho de mayo de dos mil quince, de acuerdo a los razonamientos citados con antelación, resulta evidente que el término de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, para la interposición de la demanda de amparo, transcurrió del once al veintinueve de mayo de dos mil quince, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de ese mismo mes y año, por ser inhábiles; lo anterior, en términos del artículo 19, de la ley de la materia, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo.
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