Marilú González Hernández
Expediente 219/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marilú González Hernández
- Marilú González Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Marilú González Hernández, contra actos del Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 219/2022-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En mérito de lo anterior, se provee sobre la procedencia de la demanda de trato, para lo cual debe destacarse en primer término, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el numeral invocado impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En ese contexto, la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal, en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada. De igual forma, resulta necesario poner en relieve, que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de una cuestión de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo (presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós), se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, la omisión de notificar el laudo dictado dentro del juicio laboral 537/4/2018. Por otra parte, constituye un hecho notorio para quien ahora resuelve, que en este juzgado de Distrito se radicó el juicio de amparo 997/2021, promovido por Marilú González Hernández, en el que reclamó la omisión de acordar la planilla de liquidación dentro del juicio laboral 537/4/2018. Demanda que fue recibida desde el tres de agosto de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, resulta evidente que la peticionaria de garantías tuvo conocimiento previo de la omisión reclamada en este juicio de amparo -la omisión de notificar el laudo dictado dentro del juicio laboral 537/4/2018-, por lo menos desde el día tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en la que se recibió la diversa demanda de amparo, en la que reclamó la omisión de acordar la planilla de liquidación dentro de ese mismo juicio laboral. Consecuentemente, este juzgado federal observa, que se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los precitados dispositivos legales establecen, lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." ".Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la citada Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. El numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción Idel artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede verse, dicho numeral prevé las diversas reglas para computar el término de quince días dentro en los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados, tales como: a) la notificación, b) el conocimiento y c) la confesión. Luego, en el caso concreto se surta la hipótesis indicada en el inciso b), puesto que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en: La omisión de notificar el laudo dictado dentro del juicio laboral 537/4/2018; por lo menos desde día tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que presentó la diversa demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa; y siendo ello así, el término de quince días que concede el artículo 17 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Entonces, partiendo de la premisa de que la quejosa tuvo conocimiento de la omisión reclamada, al menos desde el tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que presentó la diversa demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en la que se reclamó la omisión de acordar la planilla de liquidación dentro del juicio laboral 537/4/2018, hasta el día de la presentación de esta demanda de garantías, ha transcurrido en exceso el término legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV del ordenamiento antes citado. Consecuentemente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, por actualizarse de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia enunciada anteriormente, lo anterior en estricto apego a lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Carlos Morales Castillo y únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a Ireri Azeneth Bautista Sánchez, en virtud de así haberlo solicitado. Asimismo, en atención a la solicitud realizada por la promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo cual podrá realizar con el nombre de usuario "luiscarlos1986", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo.
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