Marilú Mendoza Reyes
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marilú Mendoza Reyes
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Certificación. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a las doce horas con cinco minutos, me comuniqué vía telefónica con el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de obtener información de la incompetencia emitida en autos, fui atendida por quien dijo llamarse Marco Antonio Padilla Pimentel, oficial administrativo, quien me informó que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno aceptaron la competencia del juicio en que se actúa y admitieron a trámite la demanda. 1.1. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, por estar totalmente concluido, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. 1.2. Valoración. En términos del artículo 21 inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 1.3. Destrucción. De conformidad con el penúltimo párrafo, de artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
REGISTRO Vista la demanda promovida por Marilú Mendoza Reyes, por su propio derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 513/2021-III-B. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte que la promovente señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: Autoridades responsables ordenadoras: (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Prestaciones Económicas, Subdirección de Trámites de Retiro y Pensiones, Departamento de Dictámenes, con domicilio en la Avenida Industria Militar, número 1053 -un mil cincuenta y tres- colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, Distrito Federal. (H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Prestaciones Económicas, Subdirección de Trámites de Retiro y Pensiones, Departamento de Dictámenes, con domicilio en la Avenida Industria Militar número 1053 -un mil cincuenta y tres- colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, Distrito Federal. Como autoridades ejecutoras: (Director de Prestaciones Económicas, Subdirector de Trámites de Retiro y Pensiones, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con domicilio en la Avenida Industria Militar número 1053 -un mil cincuenta y tres- colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, Distrito Federal. (Así como todas las autoridades vinculadas, por omisión. Acto reclamado: El dictamen por el que se le niega el beneficio de pensión, así como su ejecución. Cabe precisar que, la quejosa señala que tiene su domicilio particular en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, indica que en el expediente 212/2007, sobre diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales promovido por la quejosa en cuanto representante de sus menores hijos, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante resolución definitiva de data veintiocho de mayo de dos mil siete, decretó en favor de dicho menores el pago de alimentos a cardo de Pedro Pablo Cárdenas Flores, por la cantidad del 50% del salario de éste, como empleado de la secretaría de Marina, Armada de México y giro los oficios para los descuentos respectivos. Descuentos los anteriores que se efectuaron y pagaron en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta el mes de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que a fin de indagar sobre la falta de pago, presentó escrito ante la Directora de Prestaciones Económicas del instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, notificándole la negativa materia de reclamo. INCOMPETENCIA Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.). Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Lo anterior es así, ya que la negativa de pensión alimenticia que reclama la quejosa se ejecuta en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, dado que la ejecución del acto que se combate tuvo lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 513/2021-III-B, del índice de este órgano de control constitucional, así como las copias de traslado de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Sin que haya lugar a tener a la quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones, dado que el que indica se ubica fuera de la residencia de este juzgado. En cambio, como lo pide se autoriza al actuario adscrito para que habilite el correo electrónico y número telefónico que indica la promovente a fin de que por ese medio se le hagan y confirmen las notificaciones derivadas de este expediente. AUTORIZADOS Se le tiene autorizando para recibir notificaciones a las personas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de la promovente que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que la quejosa opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrá acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberá generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Administrativo, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios.
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