Maricruz Guzmán Ibarra
Expediente 22/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maricruz Guzmán Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a Maricruz Guzmán Ibarra, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "a) Sólo en lo que concierne a la medida cautelar de alimentos provisionales decretados en la audiencia preliminar de siete de diciembre de dos mil veinte, en el juicio Ordinario Oral Familiar 748/2019, deje insubsistente ésta. b) En su lugar, con las formalidades que el acto implique, emita otra, en la que reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie sobre: Cuáles son los artículos o numerales del Código Familiar del Estado, que resultan aplicables al caso, que fundan su determinación y facultan a la responsable a adoptar la determinación correspondiente. Los razonamientos y consideraciones relativas a cuál es el salario base para fijar los alimentos provisionales decretados a favor de la demandada a cargo de la actora del subyacente, esto es, la cantidad liquida sobre la cual debe realizarse el cálculo del diez por ciento que fijó por alimentos. Con qué pruebas se acredita el salario base que sirve para cuantificar, sobre éste, los alimentos decretados. Cuál es al procedimiento u operación aritmética empleada para obtener la cantidad liquida que por concepto de alimentos debe proporcionarse a la ahora quejosa en el juicio subyacente. Cuál es la cantidad liquida a que ascienden los alimentos decretados a favor de Maricruz Guzmán Ibarra, así como la temporalidad en que deben ministrarse, esto es, semanal, quincenal o mensualmente. Por qué considera que el diez por ciento de los ingresos del demandado Leopoldo Velázquez Medina, es suficiente, idóneo, proporcional y necesario para cubrir la prestación alimentaria reclamada provisionalmente por Maricruz Guzmán Ibarra a aquel primero. Cuáles son las características generales y particulares del caso, que toma en consideración para fijar en dicho porcentaje los alimentos provisionales reclamados por Maricruz Guzmán Ibarra a cargo de Leopoldo Velázquez Medina. Observe lo dispuesto por el artículo 273 del Código Familiar del Estado, para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales solicitados por Maricruz Guzmán Ibarra a cargo de Leopoldo Velázquez Medina." 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por autos de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y veintiocho de enero de este año, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El ocho de febrero de este año, la Juez responsable remitió copia certificada del auto de tres de febrero del actual, por el cual dejó insubsistente la medida cautelar de alimentos decretada el siete de diciembre de dos mil veinte y en su lugar emitió nueva resolución en la que, sujetándose a las formalidades fijadas en la ejecutoria, y con plenitud de jurisdicción determinó: Que al no haber acuerdo entre las partes respecto a lo solicitado por la aquí quejosa, con fundamento en los artículos 260 fracción II, 273, 443, 445, 452 y 462 del Código Familiar en el Estado de Michoacán, debía analizar la procedencia de la medida provisional solicitada. Para lo cual, valoró que Maricruz Guzmán Ibarra tiene cincuenta años de edad, sin que existiera constancia médica que acredite un estado de salud que le impida trabajar, por lo se presume que puede hacerlo, como así ocurre desde antes de casarse, lo cual, como se corrobora con las constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social, que así lo acreditan. Asimismo, que Leopoldo Velásquez Medina tiene el oficio de mecánico y que cuenta con un salario de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.), el cual le permitió acceder a un crédito de Infonavit; asimismo, que obra información en el sumario de origen relativa a que el su salario es de $718.76 (setecientos dieciocho pesos 76/100 m.n.), de manera semanal. De igual forma, la juez responsable determinó que la quejosa no cuenta con la presunción legal de urgencia y necesidad de los alimentos, en términos del artículo 452 de la legislación invocada; por tanto, se encontraba obligada a acreditar dicho elemento a fin de que se pudiera fijar una pensión alimenticia acorde a sus necesidades; por lo que al tener edad para laborar, ningún impedimento de salud para ello y que desde antes de casarse, durante el matrimonio y disuelto dicho vinculo lo ha hecho, al no haber demostrado que su percepción es insuficiente para su subsistencia diaria, determinó que la petición de alimentos no bastaba para su autorización, por no estar acreditada la urgencia, ni la necesidad; por lo que con fundamento en el artículo 462, fracción III, de la legislación familiar, determinó absolver a Leopoldo Vázquez Medida de dicha medida cautelar. De ahí que resultó innecesario establecer algún procedimiento u operación aritmética para obtener la cantidad líquida, al no acreditarse un requisito para autorizar dicha medida. 4. Manifestaciones reservadas. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de este año, la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, refirió que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria, en los términos ordenados, porque dejó sin efectos la medida cautelar de alimentos provisionales. En atención a ello y lo manifestado por la responsable, se procede a emitir la siguiente calificación. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria de amparo sin defecto ni exceso, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en los efectos de la sentencia en la cual se otorgó la protección constitucional, se estableció que, con plenitud de jurisdicción, pero subsanando los vicios formales destacados, la responsable debía pronunciarse sobre la medida provisional solicitada; ahora, de lo expuesto por la responsable en la determinación dictada en cumplimiento a la ejecutoria, se aprecia que expresó la fundamentación y motivación que las circunstancias especiales del asunto ameritaban y determinó que conforme a la legislación aplicable, no procedía decretar la medida solicitado; lo cual sin prejuzgar sobre su legalidad, por no ser materia de la concesión, cumple como los lineamientos formales requeridos en la sentencia de amparo. En ese sentido, son infundadas las manifestaciones de la quejosa, a través de las cuales se inconforma con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria; ello, porque pretende otorgar a la sentencia un alcance diverso al que contiene, pues se insiste, en ésta, se otorgó libertad de jurisdicción a la Juez responsable para que bajó el acatamiento de las cuestiones formales inobservadas, se pronunciara nuevamente, ejercicio de que resultó que no se acreditaran los requisitos legales para su otorgamiento. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. No se hace pronunciamiento al respecto porque no se tramitó incidente de suspensión. 8. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 9. Devolución de constancias. Por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable las pruebas que anexó a su informe justificado. Notifíquese personalmente y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe. EJ-22/2021 OFICIO(S) 5529
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: LEOPOLDO VELÁZQUEZ MEDINA, el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a Maricruz Guzmán Ibarra, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: "a) Sólo en lo que concierne a la medida cautelar de alimentos provisionales decretados en la audiencia preliminar de siete de diciembre de dos mil veinte, en el juicio Ordinario Oral Familiar 748/2019, deje insubsistente ésta. b) En su lugar, con las formalidades que el acto implique, emita otra, en la que reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie sobre: Cuáles son los artículos o numerales del Código Familiar del Estado, que resultan aplicables al caso, que fundan su determinación y facultan a la responsable a adoptar la determinación correspondiente. Los razonamientos y consideraciones relativas a cuál es el salario base para fijar los alimentos provisionales decretados a favor de la demandada a cargo de la actora del subyacente, esto es, la cantidad liquida sobre la cual debe realizarse el cálculo del diez por ciento que fijó por alimentos. Con qué pruebas se acredita el salario base que sirve para cuantificar, sobre éste, los alimentos decretados. Cuál es al procedimiento u operación aritmética empleada para obtener la cantidad liquida que por concepto de alimentos debe proporcionarse a la ahora quejosa en el juicio subyacente. Cuál es la cantidad liquida a que ascienden los alimentos decretados a favor de Maricruz Guzmán Ibarra, así como la temporalidad en que deben ministrarse, esto es, semanal, quincenal o mensualmente. Por qué considera que el diez por ciento de los ingresos del demandado Leopoldo Velázquez Medina, es suficiente, idóneo, proporcional y necesario para cubrir la prestación alimentaria reclamada provisionalmente por Maricruz Guzmán Ibarra a aquel primero. Cuáles son las características generales y particulares del caso, que toma en consideración para fijar en dicho porcentaje los alimentos provisionales reclamados por Maricruz Guzmán Ibarra a cargo de Leopoldo Velázquez Medina. Observe lo dispuesto por el artículo 273 del Código Familiar del Estado, para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales solicitados por Maricruz Guzmán Ibarra a cargo de Leopoldo Velázquez Medina." 2. Causa ejecutoria. Una vez que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por autos de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y veintiocho de enero de este año, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El ocho de febrero de este año, la Juez responsable remitió copia certificada del auto de tres de febrero del actual, por el cual dejó insubsistente la medida cautelar de alimentos decretada el siete de diciembre de dos mil veinte y en su lugar emitió nueva resolución en la que, sujetándose a las formalidades fijadas en la ejecutoria, y con plenitud de jurisdicción determinó: Que al no haber acuerdo entre las partes respecto a lo solicitado por la aquí quejosa, con fundamento en los artículos 260 fracción II, 273, 443, 445, 452 y 462 del Código Familiar en el Estado de Michoacán, debía analizar la procedencia de la medida provisional solicitada. Para lo cual, valoró que Maricruz Guzmán Ibarra tiene cincuenta años de edad, sin que existiera constancia médica que acredite un estado de salud que le impida trabajar, por lo se presume que puede hacerlo, como así ocurre desde antes de casarse, lo cual, como se corrobora con las constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social, que así lo acreditan. Asimismo, que Leopoldo Velásquez Medina tiene el oficio de mecánico y que cuenta con un salario de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.), el cual le permitió acceder a un crédito de Infonavit; asimismo, que obra información en el sumario de origen relativa a que el su salario es de $718.76 (setecientos dieciocho pesos 76/100 m.n.), de manera semanal. De igual forma, la juez responsable determinó que la quejosa no cuenta con la presunción legal de urgencia y necesidad de los alimentos, en términos del artículo 452 de la legislación invocada; por tanto, se encontraba obligada a acreditar dicho elemento a fin de que se pudiera fijar una pensión alimenticia acorde a sus necesidades; por lo que al tener edad para laborar, ningún impedimento de salud para ello y que desde antes de casarse, durante el matrimonio y disuelto dicho vinculo lo ha hecho, al no haber demostrado que su percepción es insuficiente para su subsistencia diaria, determinó que la petición de alimentos no bastaba para su autorización, por no estar acreditada la urgencia, ni la necesidad; por lo que con fundamento en el artículo 462, fracción III, de la legislación familiar, determinó absolver a Leopoldo Vázquez Medida de dicha medida cautelar. De ahí que resultó innecesario establecer algún procedimiento u operación aritmética para obtener la cantidad líquida, al no acreditarse un requisito para autorizar dicha medida. 4. Manifestaciones reservadas. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de este año, la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, refirió que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria, en los términos ordenados, porque dejó sin efectos la medida cautelar de alimentos provisionales. En atención a ello y lo manifestado por la responsable, se procede a emitir la siguiente calificación. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria de amparo sin defecto ni exceso, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en los efectos de la sentencia en la cual se otorgó la protección constitucional, se estableció que, con plenitud de jurisdicción, pero subsanando los vicios formales destacados, la responsable debía pronunciarse sobre la medida provisional solicitada; ahora, de lo expuesto por la responsable en la determinación dictada en cumplimiento a la ejecutoria, se aprecia que expresó la fundamentación y motivación que las circunstancias especiales del asunto ameritaban y determinó que conforme a la legislación aplicable, no procedía decretar la medida solicitado; lo cual sin prejuzgar sobre su legalidad, por no ser materia de la concesión, cumple como los lineamientos formales requeridos en la sentencia de amparo. En ese sentido, son infundadas las manifestaciones de la quejosa, a través de las cuales se inconforma con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria; ello, porque pretende otorgar a la sentencia un alcance diverso al que contiene, pues se insiste, en ésta, se otorgó libertad de jurisdicción a la Juez responsable para que bajó el acatamiento de las cuestiones formales inobservadas, se pronunciara nuevamente, ejercicio de que resultó que no se acreditaran los requisitos legales para su otorgamiento. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. No se hace pronunciamiento al respecto porque no se tramitó incidente de suspensión. 8. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 9. Devolución de constancias. Por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable las pruebas que anexó a su informe justificado. Notifíquese personalmente y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe. EJ-22/2021 OFICIO(S) 5529
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe escrito. Visto lo de cuenta, téngase a Ezequiel García Rojas, apoderado de la parte quejosa, realizando manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración una vez que este juzgado se pronuncie con relación al cumplimiento del fallo protector, lo que será ya que concluya el termino de vista dado a la parte tercera interesada.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa cumplimiento a la sentencia de amparo. Visto lo de cuenta téngase a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.
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