Marilú Artiño Leyva y Otros.
Expediente 827/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marilú Artiño Leyva y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo formulada en favor de ******* y, además, se desechó la demanda de amparo promovida por *******, por sí y en representación de *******, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, SI CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Por otra parte, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en supra líneas, notifíquesele, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días concedido a *******, para que acreditara la legal representación que adujo tener respecto de *******, transcurrió sin que se desahogara el requerimiento formulado en los términos que fueron exigidos por este Juzgado Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo en lo referente a *******. Por otro lado, en lo que se refiere a los demás quejosos, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, la improcedencia del juicio. Al respecto, conviene establecer que de conformidad con el aludido precepto, para desechar una demanda de amparo deben concurrir los siguientes requisitos: a) que exista un motivo de improcedencia y, b) que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En la especie, se actualiza surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como las siguientes excepciones: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar 1) al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Octavo de lo Civil y Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, todos los autos y resoluciones dictadas en el expediente mercantil ******* del índice de la primera de las señaladas, al considerar que no fueron debidamente emplazados y, por ende, también reclamaron el auto de siete de octubre de dos mil quince, en el que se ordenó el remate en primera almoneda del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad el cual manifiesto la parte quejosa es poseedora y su ejecución respectiva. La parte quejosa señaló que el veintiuno de octubre de dos mil quince, se enteró que se había publicado un edicto de remate en primera almoneda del inmueble que se encuentra bajo su posesión; en razón de lo anterior, afirmó que el veintidós de mayo siguiente, acudió al Juzgado Octavo de lo Civil para ver la causa del edicto de remate y resultó que se había llevado un Juicio Ordinario Mercantil en su contra bajo el expediente *******. Lo anterior, se traduce en una manifestación del promovente que entraña una confesión expresa, en el sentido de que tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados desde el veintidós de mayo de dos mil dieciséis, en que se constituyó al Juzgado responsable y se impuso de los autos; tal confesión, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si se considera que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, comienza a computarse al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa de la existencia del acto reclamado o de aquél en que se ostente sabedor, ese término de quince días inició al día siguiente en que se ostentó sabedora del juicio del que emanan los actos reclamados. En efecto, dado que la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo adujo que tuvo conocimiento del edicto de remate el veintiuno de octubre de dos mil quince y el veintidós de mayo acudió al Juzgado para conocer la causa de dicho remate, y adujo que el juicio se tramitó sin que fuera legalmente notificada, afectando su derecho de audiencia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues si -acorde con su propio dicho- la parte quejosa señaló que el veintiuno de octubre de dos mil quince, se enteró que se había publicado un edicto de remate en primera almoneda del inmueble que se encuentra bajo su posesión y se impuso de los autos el veintidós de mayo siguiente, fue a partir del día hábil siguiente, esto es, el veintitrés del mismo mes y año (lunes), en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el diez de junio del actual, sin contar los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro y cinco de junio, por haber sido inhábiles. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecinueve de septiembre del año en curso, resulta inconcuso que se formuló en extemporánea, en tanto que a la fecha en que se recibió ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Aunado a lo anterior, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal los asuntos que se tramitan en el propio órgano jurisdiccional, y al tener a la vista el diverso juicio de amparo *******, promovido únicamente por *******, por propio derecho, contra los mismos actos que ahora reclama, se advierte que en aquél juicio se desvirtuó la fecha de conocimiento del acto reclamado que ahora señala, tan es así que compareció al proceso de origen el seis de junio de dos mil once, fecha en que presentó su escrito de contestación a la demanda promovida en su contra, como se indicó en la sentencia que sobreseyó en aquél juicio; de ahí que el reclamo en la vía constitucional se haya formulado notoriamente extemporáneo. Este órgano resolutor no soslaya que la demanda que da origen a el presente asunto también la también promovió en representación de la persona menor de edad, *******; sin embargo, lo que conoció como persona física, no puede desconocerlo como representante de la persona que hoy también acude al juicio de amparo; de ahí que la demanda se haya formulado extemporáneamente en el juicio en que se actúa. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia VI.2o.C. J/184, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Mayo de 2000, materia común, página 841, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS RECLAMADOS CONOCIDOS POR EL REPRESENTANTE. Si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados por conducto de su representante legal, en fecha muy anterior a la presentación de la demanda, surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, sin que sea obstáculo el hecho de que dicho representante los haya conocido por su propio derecho, pues jurídicamente no puede conocerlos en lo personal y desconocerlos por su representación. Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia IV.3o. J/30, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de Octubre de 1997, materia común, página 682, del siguiente contenido: REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL. Si el quejoso, quien es representante legal de la empresa codemandada, tuvo conocimiento de los actos impugnados, es evidente que también lo tuvo como representante de dicha empresa, pues es materialmente imposible que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal de la empresa, por lo cual, si un emplazamiento a una negociación mercantil debe realizarse por conducto de una persona física que al mismo tiempo, por la ficción legal del desdoblamiento de su personalidad, es apoderado o representante de esa persona moral, no es legalmente posible que el referido representante desconozca la existencia del juicio origen del emplazamiento, si este último como codemandado fue emplazado al mismo juicio como persona física. Corolario de lo expuesto, sobre los actos reclamados en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******, por sí y en representación de *******, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos de lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe licenciado *******. Doy fe.*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la constancia de cuenta, se advierte que no se logró llevar a cabo la notificación del proveído emitido por este Juzgado el veinte de septiembre del año en curso, en el domicilio señalados para oír y recibir notificaciones, por las razones que expone en la misma. En consecuencia, con sustento en los dispositivos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena efectuar tal notificación, así como las subsecuentes de índole personal, por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.*cnv
- Principal
EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, quien se ostenta como representante de *** y ***, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 827/2016-II. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Para tales efectos, es menester precisar que el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo establece: [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, cumpla con la siguiente prevención: Acredite la legal representación de ***, toda vez que de las constancias que acompaña a su escrito inicial de demanda, se advierte que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento dos mil ciento trece (2113), registrada en la oficialía cinco (5), libro treinta y tres (33), folio ciento sesenta y tres (163), ***, nació el catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho; por tanto, a la fecha cuenta con la mayoría de edad, para promover la demanda de amparo por propio derecho; o bien, por conducto de su representante legal o apoderado, carácter que no acredita la promovente. Lo anterior, bajo el apercibimiento, que de no hacer manifestación alguna al respecto, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del precitado artículo 114 de la Ley de la materia, respecto de dicho quejoso y se proveerá lo conducente con relación al diverso peticionario de amparo. Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. Asimismo, de conformidad en los artículos 24 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene autorizando a la persona que refiere en su ocurso, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.aec
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