Mariela Domínguez Trujillo

Expediente 52/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
52/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Mariela Domínguez Trujillo
  • Mariela Domínguez Trujillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 52/2018-VI; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano en esa misma fecha, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección de Responsabilidades del Municipio de Juárez, en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número 52/2018-VI; se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; por lo que, en su oportunidad, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: 1.- Al Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez, en esta ciudad. El auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente CM/CR/042/2018, mediante el cual se decretaron las medidas cautelares consistentes en entrega de las armas de fuego asignadas y suspensión temporal del cargo; y 2.- Al Director de Contraloría, Director de Recursos Humanos y Secretario de Seguridad Pública, todos del Municipio de Juárez, residentes en esta localidad. La ejecución del proveído impugnado. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Contralora del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado, argumentando que no tuvo participación alguna en la emisión y ejecución del proveído reclamado. (fojas 39-48) Por tanto, al no haber aportado la parte quejosa pruebas para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio por lo que respecto al acto reclamado a dicha autoridad, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. - Existencia del acto reclamado. El Director de Recursos Humanos y Director de Responsabilidades ambos del Municipio de Juárez, al rendir informe justificado manifestaron que es cierto el acto reclamado; por tanto, de las manifestaciones vertidas por la referidas responsables, así como de las constancias que remitieron, se desprende la certeza del acto que se les reclama. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Por otra parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio al rendir el informe requerido al Secretario de Seguridad Pública Municipal, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de las constancias justipreciadas se advierte que el responsable Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez, encomendó el cumplimiento del auto impugnado, entre otros, al titular de la secretaría en comento; por tanto, se desvirtuada dicha negativa, y se tiene por cierto el acto que se le reclama en esta instancia. QUINTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez, en esta ciudad, invocó como causa de improcedencia la contenida en citado artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Atento a ello, a criterio del suscrito, los actos consumados irreparablemente para efecto de la procedencia del juicio de amparo, sin duda, son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado en el caso concreto, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, pues para el supuesto de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación respectiva. Desde luego, la consumación irreparable de que se habla es material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales o físicas, hace que la restitución del derecho sustantivo quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto dichos actos, o bien, cuando las consecuencias materiales producidas pueden restablecerse, debe entenderse que no se surte la causa de improcedencia que nos ocupa. Al respecto, cabe citarse la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuatrocientos setenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, que dice así: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Por tanto, tal causal obliga a estimar improcedente el juicio de amparo, cuando el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, o sea, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, de ahí que, desde luego, la propia vía constitucional que se promueva en su contra resulta improcedente, precisamente, porque la sentencia carecerá de efectos prácticos. En consideración del juzgador, el hecho de que la impetrante ya fue suspendida de su cargo de policía, junto con la disminución de sus haberes, precisamente, por virtud de la medida cautelar impuesta en su contra en el procedimiento relativo, por sí, no basta para considerar que esos actos se consumaron irreparablemente para efecto de este amparo, básicamente, porque es material y físicamente posible restituir a la parte inconforme en el goce de los derechos relativos. En efecto, una posible concesión del amparo en el juicio que nos ocupa, tendría el efecto no sólo de dejar insubsistentes dichos actos, sino también el de reincorporar a la parte impetrante en el cargo de que se trata, junto con los haberes inherentes al efecto, justamente, por constituir actos de carácter positivo que, por su contenido y alcance, resulta posible remediar con motivo de un fallo protector en la presente vía, en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En tal virtud, no queda duda que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues los actos atacados no se consumaron de manera irreparable, al no producirse todos sus efectos, de tal forma que es factible restituir a la parte inconforme en el goce del derecho respectivo, por lo cual lo conducente es desestimar, por infundada, la causal que nos ocupa. En ese orden, al no existir causa diversa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, se procede enseguida a analizar el acto reclamado al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa resultan infundados. Por técnica jurídica, en su examen no se respetará el orden en que se propusieron, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, debe precisarse que en el caso, el acto reclamado consiste en el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente CM/CR/042/2018, en el cual se decretaron las medidas cautelares consistentes en entrega de las armas de fuego asignadas y suspensión temporal del cargo de la quejosa; por tanto, no opera a su favor la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la hipótesis ahí contenida establece como condición que el quejoso tenga el carácter de trabajador, calidad que la quejosa no ostenta para efectos del presente juicio de amparo, sino que está relacionado con un procedimiento de responsabilidad administrativa contra un servidor público. Lo anterior sin soslayar el contenido de la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la misma opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en los procedimientos administrativos de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, lo que en la especie no se actualiza. Robustece lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, precisado lo anterior, este juzgador considera pertinente establecer que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta diversos razonamientos relacionados con el derecho de legalidad, junto con diversos derechos desde una perspectiva internacional y convencional. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí, puedan llevar a la convicción de que los actos reclamados resultan inconstitucionales. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la parte quejosa expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales este juzgador no está obligado a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un cierto criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) En esas condiciones, debe reiterarse que son infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en los que argumenta que la Dirección de Responsabilidades del Municipio de Juárez, carece de competencia para emitir el acto reclamado. Y para evidenciar lo anterior es oportuno señalar que de conformidad con el artículo 4°, fracción XXV, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por órgano de los asuntos internos debe entenderse Fiscalía Especializada en Control, Análisis y la Evaluación de la Fiscalía General Estatal o el órgano interno de control o, bien, la instancia equivalente de los municipios. Tal precepto dice así: "Artículo 4°. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: I. . XXV. Órgano de Asuntos Internos: La Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado o el órgano interno de control, o instancia equivalente de los municipios. ." En congruencia con la disposición legal de que se trata, se tiene que la dirección de responsabilidades municipal resulta la autoridad encargada de sustanciar el procedimiento disciplinario o separación ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, para lo cual debe aportar los datos o elementos probatorios y actuaciones contenidas en la investigación relativa, en términos del artículo 73 bis, fracción IX, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez. Ese numeral es del tenor que sigue: "Artículo 73 bis. Son atribuciones de la dirección de Responsabilidades: I. . IX. Substanciar el procedimiento disciplinario o de separación que corresponda ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, aportando los elementos probatorios y actuaciones contenidas en la investigación realizada, de conformidad con las leyes aplicables. ." Por último, resta mencionar que el órgano de asuntos internos relativo, con el objeto de no afectar el servicio público, se encuentra facultado para imponer diversas medidas cautelares, entre las que figura la suspensión temporal del servicio, cargo o comisión, junto con la disminución de los haberes condignos, como se tiene en el artículo 203, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En lo conducente, esa norma establece lo siguiente: "Artículo 203. Con el objeto de no afectar el servicio, a la Institución o a la realización de la investigación correspondiente y conforme al riesgo que represente el integrante, el Órgano de Asuntos Internos podrá determinar, fundada y motivadamente, alguna o varias de las siguientes medidas cautelares: I. . V. La suspensión temporal en el desempeño del servicio, cargo o comisión, por el tiempo necesario para la conclusión del procedimiento, misma que en ningún caso será superior a un año contado a partir de que se haga efectiva dicha suspensión.--- Durante el tiempo que dure la suspensión únicamente percibirá una remuneración, la cual no podrá ser iniferior al salario tabular más bajo que se cubra en la Fiscalía General del Estado y, consecuentemente, se le seguirá prestando el servicio médico. ." En ese orden, una interpretación integral, armónica y sistemática de las normas legales de que se trata, lleva a considerar que la dirección de responsabilidades es, en el Municipio de Juárez, la instancia municipal equivalente a la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, o al órgano interno de control, a las que la legislación denomina, órgano de asuntos internos, por lo cual, dicha autoridad no sólo es competente para sustanciar el procedimiento disciplinario o separación ante aquella comisión profesional, sino también la facultada para suspender temporalmente del servicio, cargo o comisión al funcionario de que se trate, sin duda, como medida cautelar encaminada a no afectar el servicio público correspondiente. En tal tesitura, contra lo sostenido por la parte quejosa, la dirección de responsabilidades municipal es la autoridad legal y jurídicamente competente no sólo para sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación relativo, como el seguido en su contra, sino también para fijar alguna medida cautelar, como la impuesta a la parte quejosa en el acto que nos ocupa, justamente, porque en el Municipio de Juárez es la instancia a la que la legislación denomina genéricamente como órgano de asuntos internos, la cual, por disposición de la normatividad de la materia de seguridad, no es más que la autoridad facultada a efecto de proceder en los términos de que se trata. No se opone a tal conclusión lo alegado por la parte quejosa, en torno a que esa dirección no se encuentra regulada en la ley de la materia -Sistema Estatal de Seguridad Pública-, pues contrario a lo que argumenta, como se precisó, sí se encuentra prevista de manera genérica en el artículo 4º de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin que pueda exigirse que la citada ley establezca el nombre que cada municipio le ponga a dicha autoridad equivalente al órgano interno de control. Esto es así, en principio porque no es la autoridad estatal la que cuenta con la potestad jurídica necesaria para establecer en los municipios chihuahuenses, las instancias u órganos competentes para actuar en materia de seguridad municipal, precisamente por ser el propio municipio el constitucional y legalmente facultado al respecto, por disposición expresa del artículo 115 de nuestra carta magna, en concordancia con la normatividad local respectiva, por lo cual es, en esta potestad municipal, en que encuentra la razón de ser el hecho de que en la legislación estatal no se regule, como tal, a la dirección de responsabilidades municipal. En segundo orden, debe tenerse presente que la ley estatal de que se trata -Sistema Estatal de Seguridad Pública-, reconoce implícitamente la potestad municipal que nos ocupa, tan es así que deja en manos de la instancia municipal equivalente al órgano de asuntos internos, la facultad no únicamente de sustanciar el procedimiento disciplinario o de separación, sino también la de imponer alguna medida cautelar con el fin de no afectar el servicio público correspondiente. En último término, no debe perderse de vista que la materia de la seguridad pública no es exclusiva ni propia de las entidades federativas, como tales, sino también es de la Federación y de los Municipios, por lo cual es lógico y jurídicamente razonable que no se regule en una sola legislación y que, en todo caso, como leyes que son, todas estén relacionadas y armónicas entre sí, al final por tener como denominador común una materia en concreto, lo que, sin duda, revela que la intención del legislador no es otra más que la de considerar, en tal materia, a todos aquellos ordenamientos jurídicos que guardan relación con ella, ya sea por establecer su nacimiento o instauración, regulación y sus efectos, desde luego, con la patente pretensión de que la materia no sea normada por un solo cuerpo legal, sino que incluso lo sea por varios. En esas condiciones, no hay razón jurídica para considerar, como lo hace la parte quejosa, que los actos reclamados en esta vía resultan contrarios a derecho, por la sola circunstancia de que la dirección de responsabilidades municipal no está prevista con esa denominación en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues la parte quejosa pasa por alto que tratándose de actos relacionados a la materia de que se habla, que no es propia y exclusiva del ámbito estatal, debe atenderse a todos aquellos ordenamientos legales que guardan relación con ella, pero no a un solo cuerpo de leyes, conforme a los cuales, sin duda, es tal dirección la facultada tanto para sustanciar el procedimiento seguido en su contra, como a efecto de establecer la medida cautelar impuesta en los actos que nos ocupan. Como corolario no sobra mencionar que la medida impuesta a la parte quejosa en los actos de que se trata, por su naturaleza, contenido y alcance, resulta acorde a nuestro sistema jurídico mexicano y, como tal, apegada al régimen constitucional en el país, debido a que no tiene otro propósito más que facilitar el curso, la conducción y la continuación del procedimiento relativo, con lo que se busca proteger y preservar los intereses públicos atinentes a la función, incluido su adecuado desarrollo y, en su caso, prevenir mayores daños a la administración pública. Al respecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 39, Febrero de 2017, Tomo I. Tesis: P./J. 2/2017 (10a.). Página: 7.) "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 39, Febrero de 2017, Tomo I. Tesis: P./J. 3/2017 (10a.). Página: 8.) Además de ello, contrario a lo alegado por la parte quejosa sí está fundado y motivado el proveído mediante el cual se solicita el inicio del procedimiento relativo. Basta imponerse de los actos de que se trata, para fácilmente advertir que sí se hallan fundados y motivados tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues, aparte de que se señalaron los fundamentos de derecho, es decir, la autoridad se apoyó en los numerales que permiten su expedición y que prevén las hipótesis que generan su emisión, también expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, no existe el vicio formal propuesto por la parte quejosa, pues, adverso a lo sostenido, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos sesenta y seis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos treinta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte-SCJN Décima Tercera Sección, que dice así: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así las cosas, se colige que la competencia de la autoridad emisora se encuentra plena y jurídicamente justificada con la normatividad de la materia y que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado por la responsable; por lo cual, desde luego, no hay razón para estimarlo violatorio de derechos, de ahí que, sin duda, lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación respectivos. De igual forma, son infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa relativos a la competencia del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La parte quejosa aduce que otro motivo para considerar ilegal el acto reclamado, lo es que el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, carece de facultades para iniciarle un procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción II, del Reglamento Orgánico de la Administración Publica del Municipio, que reza: Artículo 49.- Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos: . II. Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por y ante la Secretaría, con excepción de las presentadas en contra del personal de la propia Secretaría; Atento ello, del citado precepto legal, se desprende que Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, carece de facultades para registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por y ante la Secretaría, en contra del personal de la propia Secretaría. Sin embargo, del análisis integral del acto reclamado se desprende que la participación del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, consistió únicamente en hacer del conocimiento de la Dirección de Responsabilidades, la detención de la quejosa y puesta a disposición ante la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito en la Zona Norte, lo cual no ocasiona perjuicio a la quejosa, pues se trata de una simple comunicación entre autoridades que no incide en su esfera jurídica, siendo el acuerdo reclamado el que sí tiene esos efectos y del cual se analiza su constitucionalidad. Además, el citado numeral artículo 49, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio en la fracción tercera, contempla lo siguiente: . III. Presentar querellas y denuncias ante la autoridad competente cuando exista algún motivo o hecho que lo amerite . Por tanto, del precepto normativo transcrito con antelación se evidencia que son atribuciones del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, presentar querellas y denuncias ante la autoridad competente, como en el caso, ante la Dirección de Responsabilidades. Además de lo anterior, debe decirse que resulta intrascendente quien haya presentado la denuncia y/o puesta en conocimiento de los hechos con lo que dio inicio el procedimiento de investigación, pues fue al Director de Responsabilidades a quien le correspondió calificarla y determinar la suspensión de la quejosa, siendo la legalidad de este acto la que aquí se analiza a la luz de los conceptos de violación; por ende, lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación respectivos De igual forma, son infundados los conceptos de violación relativos que aducen la conculcación del derecho de audiencia, pues se pierde de vista que esa medida cautelar que no trae consigo una privación definitiva de sus derechos, por lo cual para su emisión no rige el derecho de previa audiencia. Para explicar lo anterior, conviene destacar que el derecho de audiencia que la parte quejosa manifiesta como infringido por la responsable, es el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones, y está consagrado en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución General de la República. Ese precepto constitucional dice así: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El acto de privación regido por el artículo 14 constitucional, es aquel que es un fin por sí mismo con existencia independiente, y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el objeto perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo. En cambio, en el segundo la privación no es la intención teleológica del acto, sino una medida de carácter provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional, pues, atento a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, sino sólo un conducto para lograr un propósito diverso, es innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Luego, si esa afectación tiene como fin privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, consistente en la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto el derecho de audiencia. En cambio, cuando el fin del acto no estriba en dicha privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto el derecho de audiencia. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y dicha diferenciación deriva de la naturaleza propia del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 de la Constitución General de la República, como aquellos a que se contrae el numeral 16 constitucional, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una privación en la esfera jurídica del gobernado al causarle una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, o por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que cumplir o soportar, de ahí que si se atendiera solamente a los efectos del acto, sería carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, pues ambos pueden generar esa privación y, en dicha medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera legal o jurídica de un gobernado no podría realizarse sin el previo derecho de audiencia, motivo por el cual, se insiste, la distinción establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales deriva de la naturaleza del acto y no, en primer término, de los efectos a que pueden dar lugar. Importa acotar que los perjuicios al gobernado -en sentido amplio- que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 constitucional, como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de dicho ordenamiento, constituyen el efecto del acto, y no pueden servir de base para diferenciarlos, pues ese efecto -perjuicios- puede presentarse en ambos actos. Tampoco puede estimarse que la distinción entre esos actos está constituida por su mayor o menor reparabilidad, debido a que esta condición también puede actualizarse en los dos citados casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos del propio acto reclamado tiene como punto de partida la naturaleza de éste, y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre su propia juridicidad, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado el derecho de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, para determinar si un acto está o no regido por el numeral 14 constitucional, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, por lo cual es claro que dicha causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento del derecho de audiencia previa, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, para concluir si un acto queda sujeto a lo previsto por el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 81, Tercera Parte. Página: 15.) "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso. Tesis: 174. Página: 1110.) En el caso, debe recordarse que los actos reclamados en el juicio que nos ocupa, como son la medida cautelar relativa, junto con sus efectos y ejecución, que radican en la suspensión del cargo y la reducción de los haberes condignos, por su naturaleza legal, contenido y alcance, tienen como propósito facilitar el curso, así como la conducción y continuación del procedimiento respectivo, ya sea de investigación y de responsabilidad administrativa, con lo que se busca proteger y preservar los intereses públicos atinentes a la función, incluido su adecuado desarrollo y, en su caso, prevenir la generación de mayores daños a la administración pública. Sobre el particular, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, que dice así: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." En tal virtud, es indudable que los actos reclamados de que se trata, por sí, no producen privación en los derechos previstos en el artículo 14 de la carta magna, por lo que su constitucionalidad no depende de que aisladamente se cumpla, en los propios actos, con la exigencia del derecho de previa audiencia al gobernado. No está por demás mencionar que tratándose de medidas cautelares, la propia carta magna autoriza que se actúe en contra de un gobernado aún antes de oírlo en su defensa, como sucede en materia civil en que se han aceptado procedimientos ejecutivos en los cuales el afectado es lesionado en sus derechos en forma cautelar, antes de ser oído, lo cual también sucede en la materia fiscal, en donde la audiencia, por regla general, es posterior al acto de autoridad y que, por cierto, igualmente es aplicable en materia penal, por ejemplo, con las órdenes de cateo, entre otras técnicas de investigación que, a la par, son providencias precautorias, como la que nos ocupa. Por lo anterior, aunque la medida cautelar evidentemente es un acto de molestia al gobernado, su emisión no viola lo previsto por el artículo 14 constitucional, por lo cual carece de sustento legal y jurídico lo alegado por la quejosa al efecto, de ahí que en el caso lo conducente es desestimar, por infundado, el concepto de violación respectivo No escapa a la consideración de este juzgador que es cierto, como lo manifiesta la quejosa, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011, implicó la modificación de nuestro sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.). Página: 799.) "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) Finalmente, se tiene que no beneficia a la parte quejosa los criterios aislados y jurisprudenciales citados en el juicio, pues involucran los temas materia de sus conceptos de violación, los cuales ya se abordaron y desestimaron, de ahí que, sin duda, también adolece de sustento jurídico su pretensión al efecto. En esas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente en este asunto es negar la protección constitucional demandada en este juicio, lo cual abarca los actos de ejecución relativos, por no combatirse vicios propios al efecto. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia noventa y uno, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página setenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que dice así: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************, en contra de las autoridades y por los actos analizados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********, hasta el día de hoy, catorce de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. *

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de abril de esta anualidad. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes justificados que rinden rendido la Contralora Municipal del Municipio de Juárez y Director de Responsabilidades del Municipio de Juárez; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, respecto a las documentales recibidas en sobre cerrado, apérturese por separado cuadernillo en el que se agreguen las mismas, para su protección y resguardo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 11, fracción VI, 106 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refieren en sus informes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables Dirección de Responsabilidades del Municipio de Juárez y Director de Contraloría del Municipio de Juárez, mediante proveído de treinta y uno de enero del actual, a fin de que rindieran su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.cnv*

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