Mariem Zamudio Castellanos

Expediente 1123/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1123/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Mariem Zamudio Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de doce de diciembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda propuesta, interpusiera el recurso de queja en su contra, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda propuesta por la parte quejosa, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con posterioridad al VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la diligencia de ratificación de siete de diciembre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que Mariem Zamudio Castellanos, compareció en las instalaciones de este recinto judicial y ratificó el escrito recibido en este juzgado el tres de diciembre del año que transcurre, en el que desahogó la prevención que se le efectuó el catorce de noviembre pasado. En ese sentido, visto de nueva cuenta el escrito aclaratorio de mérito, se tiene por cumplida la prevención efectuada en el juicio de amparo 1123/2018 y se procede a analizar la demanda promovida por Mariem Zamudio Castellanos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La resolución interlocutoria de veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 99/2018/I, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, que redujo la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa del 60% al 20%, del sueldo y demás prestaciones que percibe Omar Nieto Castro, en su fuente de trabajo. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En este contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En la especie, la promovente reclama la resolución interlocutoria de veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 99/2018/I, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, que redujo la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa del 60% al 20%, del sueldo y demás prestaciones que percibe Omar Nieto Castro, en su fuente de trabajo, entonces debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de apelación que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. A fin de corroborar lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en el precepto legal citado el cual establece: "ARTICULO 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." Del artículo transcrito se deriva que el recurso de apelación tiene por efecto que la autoridad de segunda instancia confirme, modifique o revoque una resolución inferior, así como que dicho medio de impugnación procede contra las determinaciones que causan daño irreparable en la sentencia, procede el recurso de apelación. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se resaltan los siguientes acontecimientos: Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil dieciocho, Mariem Zamudio Castellanos por propio derecho y en representación de sus menores hijos, demandó en la vía ordinaria civil a Omar Nieto Castro, el pago de una pensión alimenticia, así como la guarda y custodia definitiva de dichos menores. Mediante auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda formulada por la aquí quejosa, radicándose el juicio ordinario civil 99/2018/I, del índice del Juzgado responsable, fijando una pensión alimenticia provisional. Por escrito de uno de febrero de este mismo año, la parte demandada en el juicio natural, dio contestación a la demanda instaurada en su contra e interpuso recurso de reclamación contra la pensión alimenticia provisional decretada. El dos de abril de dos mil dieciocho, se confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional, lo que recurrió la parte demandada mediante el juicio de amparo, en el que se le negó la protección de la justicia federal. Posteriormente, el demandado en el juicio natural solicita al juez responsable que le conceda la custodia provisional de sus menores hijas, así como que se le redujera la pensión alimenticia decretada en su contra, y en acatamiento a la suspensión provisional decretada en el juicio de amparo que interpuso dicho demandado, el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, de esta ciudad, mediante interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictó la resolución correspondiente, negando al aquí tercero interesado, la custodia provisional y reduciendo la pensión alimenticia. En ese orden de ideas, resulta evidente que contra la resolución interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, conforme al artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, procede el recurso de apelación, medio de impugnación que tiene como efecto confirmar, modificar o revocar la determinación adoptada por el Juez responsable, pues se trata de un acto que tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos de la quejosa, al existir la imposibilidad legal de que sea analizado al momento de emitir la sentencia en el juicio de origen, por lo que, sus consecuencia jurídicas no podrán ser enmendadas al momento de emitir el fallo correspondiente. En este orden de ideas, si el auto reclamado es de aquellos que causan un daño irreparable en la sentencia, y no se agotó el medio de defensa que contempla la legislación que regula el juicio de origen, es manifiesto que no se cumple con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, tomando primordialmente en consideración que la resolución que se reclama, puede ser impugnada a través del recurso de apelación, el cual debió agotar la aludida parte quejosa, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de confirmar, modificar o revocar los actos que se reclama en la demanda de amparo y, por ende, sus consecuencias; en esa tesitura, es patente que la solicitante de amparo no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ello lo que procede es desechar la demanda de amparo en cuestión. En lo conducente es aplicable la Jurisprudencia en Materia Común, número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis Sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que contempla: "RECURSOS. LA CERTEZA DE SU PROCEDENCIA CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO (INTELECCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 241, OCTAVA PARTE, DE LA COMPILACION 1917-1985). - No es verdad que la jurisprudencia 241, Octava Parte, de la Compilación 1917-1985, identificable con el rubro: "Demanda de amparo. La posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitirla", sirva de base para considerar, que una demanda de amparo no debe ser desechada, aun cuando se encuentre como motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, la causal prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El texto de la jurisprudencia en comento no alude a tal situación, sino que acorde con el artículo 145 del ordenamiento citado, se refiere a la circunstancia de que en el caso concreto, la existencia de un recurso ordinario, susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, no aparezca de manera manifiesta e indudable, sino que la procedencia de tal medio de impugnación se muestre ante la autoridad de amparo como una mera posibilidad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se cuente con la información suficiente para determinar, si el juicio de donde proviene el acto reclamado es de mayor o menor cuantía, situación de la que dependería que el acto reclamado fuera apelable o no; pero la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación alguna, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia, del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues en este supuesto, la demanda debe desecharse, al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así mismo, es de invocar la jurisprudencia 1.6º.C.43K, Sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA en consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito aparentemente signado por la quejosa Mariem Zamudio Castellanos, a través del cual pretende desahogar la prevención que se le efectuó mediante acuerdo de catorce de noviembre de la presente anualidad. Ahora bien, se advierte que la firma que calza el escrito de cuenta difiere notoriamente de aquella que estampó en el escrito inicial de demanda, como puede observarse en las siguientes imágenes: Firma plasmada en el escrito de demanda Firma plasmada en el escrito de desahogo de prevención En consecuencia, resérvese de acordar lo conducente y requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que reconozca la firma que calza el ocurso que se provee, hecho lo anterior, vista la diligencia de reconocimiento de firma, se acordará lo que en derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, del Apéndice de 1995, de rubro y contenido siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo Vista la demanda de amparo promovida por Mariem Zamudio Castellanos contra actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1123/2018. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. De la interpretación armónica de los artículos 108, 113 y 114, todos de la Ley de Amparo, se advierte en primer término que, al inicio del juicio de amparo se presentan distintas situaciones a resolver por parte del Juez de Distrito, atendiendo al caso concreto que se presenta ante su jurisdicción. Entre esas situaciones, está el caso de que si se advierte alguna irregularidad en el referido ocurso de demanda, o bien, se hubiera omitido en ella alguno de los requisitos a que se refieren los artículos 108, 110 y 114 de la ley de la materia, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el quejoso pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda el apercibimiento de ley, ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que la promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. Del análisis íntegro de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa reclama: "La ilegal resolución interlocutoria de 23 de octubre del año 2018, que provee reducir la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa del 60% al 20%, del sueldo y demás prestaciones que percibe el C. Omar Nieto Castro, en su fuente de trabajo, lo que desde luego resulta totalmente violatorio de mis derechos públicos subjetivos y fundamentales, ya que el juzgador se basa en meras presunciones sin tener la certeza con los informes legales respectivos, lo que desde luego trae incertidumbre a la esfera jurídica de la aquí promovente. Resolución que fue dictada en el juicio ordinario civil número 99/2017/I, del índice de la autoridad responsable ordenadora." Por otra parte, la promovente señala en su demanda como autoridad responsable al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Sin embargo, el suscrito determina que resulta necesario que la quejosa aclare las imprecisiones advertidas al dar lectura de la demanda, como lo son: En primer lugar, del proemio de la demanda se advierte que ésta la promueve Mariem Zamudio Castellanos, quien al señalar el acto que reclama manifiesta que este proviene del juicio ordinario civil 99/2017/I del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y que viola sus derechos subjetivos y fundamentales; empero, al narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, específicamente, los puntos 1 y 5, refiere que el acto combatido por esta vía constitucional deriva del número de expediente 99/2018/I, de la estadística del referido órgano jurisdiccional; que paralelamente al juicio civil se seguía el trámite de la denuncia por el delito de sustracción de menores ante la Fiscal Cuarta Especializada en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia, de esta ciudad, en donde se han decretado medidas de protección; y que la resolución que reclama resulta violatoria de sus derechos públicos y subjetivos y de sus menores hijas, al haber reducido o cancelado el 40% de la pensión alimenticia que provisionalmente decretó a favor de éstas, dejando sólo el porcentaje del 20% decretado a su favor por ser cónyuge del deudor alimentario. Por otro lado, al formular sus conceptos de violación, la quejosa manifiesta que el juez natural refirió no saber quién tiene la guarda y custodia de sus menores hijas; luego, de la transcripción que la quejosa hace de la resolución que reclama, se menciona que las menores de edad no se encuentran con su progenitora sino de manera provisional a favor de la progenitora de Omar Nieto Castro. Asimismo, la promovente expresa que la parte demandada en el juicio natural al dar contestación de la demanda promovió la reclamación contra el monto de la pensión alimenticia provisional decretada por el juez responsable, pero que ésta fue confirmada, que posteriormente se fijó la convivencia provisional entre las menores y su progenitor; y después el demandado en el juicio civil solicitó que se le otorgara custodia provisional de las infantes, así como la reducción de la pensión alimenticia provisional. De igual forma, la promovente manifiesta que no existe tercero interesado; sin embargo, de la lectura de la demanda se aprecia que el acto reclamado deriva de un juicio ordinario civil en donde ella es la parte actora; es decir, ella demandó pensión alimenticia al deudor alimentario, de lo que se colige que tiene una contraparte en dicho controvertido. Lo anterior, crea incertidumbre para el suscrito en relación a si la promovente insta el juicio de amparo por derecho propio o en representación de sus menores hijas; así cómo, cuál es el número de juicio de dónde deriva la resolución reclamada; cuál es relación que existe entre la carpeta de investigación que aduce la quejosa con el juicio ordinario civil de donde emana el acto reclamado, y específicamente con la resolución combatida; quién tiene la guarda y custodia de las menores de que habla aun cuando ésta se esté ejerciendo únicamente de hecho; cuál es el origen de la resolución que combate y el procedimiento judicial que se llevó para emitirse ésta; y a quién le asiste el carácter de tercero interesado en el presente asunto. Consecuentemente, previo a acordar respecto a la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, por escrito con cinco copias del mismo, en razón de que una es para correr traslado a la autoridad señalada como responsable, una más para quien le asista el carácter de tercero interesado, una para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y dos más para formar el incidente de suspensión que se solicita, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un acto personalísimo, cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Manifieste en qué carácter promueve su demanda de amparo; es decir, por derecho propio o en representación de sus menores hijas, esto es, quién ejerce físicamente y de hecho tal guarda y custodia. SEGUNDO: Aclare cuál es el número de juicio del que deriva el acto que reclama; es decir, el juicio ordinario civil 99/2017/I ó 99/2018/I. TERCERO. Manifieste a cargo de quién está la actualmente la guarda y custodia de sus menores hijas. CUARTO. Indique cuál es relación que existe entre la carpeta de investigación que dice está radicada en la Fiscalía Cuarta Especializada en delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia, de esta ciudad, con el juicio ordinario civil de donde emana el acto reclamado, y específicamente con la resolución combatida. QUINTO. Deberá indicar a quién le asiste el carácter de tercero interesado; y el domicilio en dónde éste puede ser emplazado a juicio, toda vez que como ya se refirió la promovente tiene pleno conocimiento del juicio civil del cual deriva la resolución combatida por esta vía constitucional, pues es la parte actora; esto es, tiene conocimiento de quiénes son las partes que intervienen el mismo. SEXTO. Amplíe los antecedentes relacionados directamente con el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, esto es, el origen de la resolución que combate y el procedimiento judicial que se llevó para emitirse ésta; así como cualquier otro dato que considere conveniente y relevante para dilucidar la esencia y origen de la resolución que reclama. Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la lectura que se hizo a la demanda con que se da cuenta, no son precisos los datos requeridos, además de que no se cumplen con los requisitos legales ya analizados, por lo que resulta necesario para el suscrito, que estos sean subsanados y aclarados, a fin de acordar lo procedente respecto a la demanda intentada. Apoya a lo anterior, la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, consérvese en la secretaría de este juzgado, las seis copias de la demanda que se provee, para un mejor manejo del presente expediente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roly Domínguez Romero, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 102755, y con las restricciones que impone dicho precepto legal a Flor de Dalia Martínez Molina, toda vez que así lo solicita la quejosa, además que en el referido sistema no aparece su registro. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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