Maribel Moreno Castro

Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
182/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Maribel Moreno Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el proveído de diez de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÒN I, INCISO C) NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Maribel Moreno Castro, mediante el cual desahoga la prevención que se le formuló por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo promovida contra actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 182/2023/V-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio ...Así las cosas, la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: 1. El acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario civil 55/2021-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se aperturó la sección de ejecución y se le requirió la desocupación del bien inmueble ubicado en calle Galicia, número diez, Fraccionamiento Real del Bosque Ánimas, con sede en esta ciudad y el desalojo del mismo. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro y texto siguientes:...INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso en estudio, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:...Lo dispuesto en el primer precepto legal transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede considerarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, establece que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos supuestos, a saber: 1. Cuando el peticionario del amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, 2. Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto al punto 2 (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, b) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Amparo en el que podrá reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:...Cabe precisar que se han establecido algunas excepciones al criterio general referido, como es el caso de los actos dictados después de concluido el juicio, que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ejemplo, dentro de éstos se encuentra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También constituye una excepción la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual forma, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. La amplitud de la norma contenida en la fracción V del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe considerarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV de dicho precepto, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Con base en el criterio anterior, se puede concluir que el juicio de amparo también procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Expuesta la anterior premisa legal, y antes de analizar lo relativo al acto que en esta vía reclama, resulta necesario destacar los antecedentes de dicho acto, con la finalidad de establecer un panorama que permita conocer los acontecimientos que dieron motivo a su emisión. 1. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, se radicó el juicio ordinario civil 55/2021-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, con motivo de la demanda promovida por Gabriela Mateos Contreras, contra la aquí promovente Maribel Moreno Castro y otra persona, por concepto de desocupación y entrega física de un bien inmueble, y pago de rentas vencidas derivado de una contrato de arrendamiento. 2. Posteriormente, mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda por parte de las demandadas Maribel Moreno Castro (aquí quejosa) y María del Carmen Contreras Izquierdo. 3. Seguida la secuela procesal del juicio ordinario civil 55/2021-I, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que entre otras cosas, se condenó a las demandadas Maribel Moreno Castro y María del Carmen Contreras Izquierdo, a la desocupación y entrega material a la parte actora, del inmueble ubicado en calle Galicia, número diez, Fraccionamiento Real del Bosque Ánimas, con sede en esta ciudad, así como a cubrir las rentas insolutas hasta la total desocupación y entrega de dicho inmueble. 4. Inconforme con la sentencia, Maribel Moreno Castro, interpuso recurso de apelación, radicándose el toca 1742/2021, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el cual fue admitido en ambos efectos; luego, por resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se confirma la sentencia impugnada y contra dicha determinación promovió amparo directo, negándose el amparo y protección de la justicia federal. 5. En mérito de lo anterior, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, ordenó remitir el asunto al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por lo que emitió el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 55/2021-I, de su índice, a través del cual aperturó la sección de ejecución y requirió a la promovente Maribel Moreno Castro, la desocupación del bien inmueble ubicado en calle Galicia, número diez, Fraccionamiento Real del Bosque Ánimas, con sede en esta ciudad y el desalojo del mismo. (Acto reclamado). En ese sentido, resulta inconcuso que el acto reclamado precisado con anterioridad, fue emitido dentro de la ejecución de la sentencia condenatoria, ya que como se observa en los antecedentes del acto reclamado, la emisión del acto reclamado es con la finalidad de que dé cumplimiento a la sentencia en la que fue condenada la aquí quejosa; por ende, se concluye que el citado acto reclamado, no constituye la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el acto impugnado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de ese controvertido, puesto que no es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, sino que se trata de actos procesales dentro de la citada sección de ejecución. Además de que no es un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. ...DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Notifíquese personalmente a la quejosa"

  4. Principal

    En Xalapa-Enríquez, Veracruz, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo 1008/2021/II-A, la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario con quien actúa, declaró abierta la misma sin la asistencia de las partes ni de sus autorizados... Al no existir pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta, la cual, a las once horas con cincuenta y cinco minutos de esta propia fecha, SE CIERRA, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1008/2021/II-A, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, turnado al siguiente día hábil a este Juzgado, *** promovió juicio de amparo, contra las siguientes autoridades: ... SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. REGISTRO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado registró la demanda de amparo bajo el número 1008/2021-II-A, la admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo como terceros interesados a la Fiscal Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, así como a ***, quienes fueron emplazados a juicio, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, respectivamente, éste último a través de su asesora jurídica. Asimismo, por acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, únicamente en relación a los conceptos de violación formulados respecto del acto reclamado. CUARTO. SENTENCIA, RECURSOS DE REVISÍÓN Y REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. El quince de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta respectiva. Luego, el doce de mayo de ese mismo año, se dictó la sentencia correspondiente en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante de amparo. Inconformes con dicha determinación, la quejosa *** y a la autoridad tercera interesada Fiscal Séptima Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, con residencia en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión contra dicha determinación, cuyo conocimiento correspondió por cuestión de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien en su momento informó que el medio de impugnación interpuesto por la quejosa había sido radicado bajo el amparo en revisión 250/2022, de su índice y que el diverso recurso de la autoridad tercera interesada fue desechado. Mediante ejecutoria de cinco de enero del año en curso, dictada en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ****, contra la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en este asunto, el Tribunal de alzada determinó revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenó reponer el procedimiento del juicio en que se actúa, en los términos puntualizados en el último considerando de dicha ejecutoria. Así, en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitido en este sumario, en cumplimiento a la aludida ejecutoria, se procedió a reponer el procedimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se comisionó al actuario de la adscripción, a fin de que llevara a cabo el emplazamiento de manera directa del tercero interesado ****, el cual, previo citatorio fue realizado por medio de lista de acuerdos el veintiséis de enero del actual. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos cuyos efectos jurídicos y materiales se surten dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que la impetrante de amparo reclama lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, en el proceso penal 284/2020, por su probable intervención en el hecho delictuoso de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 367 bis, fracción I y V, en relación con los artículos 34 y 38, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **. Su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, y Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, con sede en la localidad de Las Trancas, Veracruz, pues así lo admitieron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz para justificar sus actos, consistente en copia certificada de las actuaciones del proceso penal 284/2020, de su índice. Constancias que, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria plena, puesto que fueron expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias cuyos rubros y textos son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto que de su autoridad se le atribuye; sin embargo, toda vez que la autoridad ordenadora admitió la existencia del acto, se le tiene a éste de inminente ejecución y se desvirtúa su negativa, y por tanto, se le tiene por cierto el acto que se le reclama, para todos los efectos a que haya lugar. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni advertirse, de oficio la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. ESTUDIO. Por cuestión de método conviene puntualizar que la impetrante de amparo expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su transcripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo, que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por el Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante ello, los motivos de inconformidad expuestos en la demanda de amparo, en lo relativo a que el acto reclamado transgrede el artículo 16 de la Carta Magna, resultan esencialmente fundados y aptos para conceder la tutela constitucional impetrada, aunque para ello se supla la queja deficiente de los conceptos de violación planteados por la quejosa, dada su calidad de inculpada en el proceso de origen, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir una orden de aprehensión se requiere cumplir con diversos requisitos legales, los cuales constituyen formalidades esenciales del procedimiento que tutela el numeral 14 Constitucional para que todo acto de autoridad sea legal, entre los que destacan la existencia de datos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Adicionalmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un procedimiento específico en cuanto a la forma que debe solicitarse la orden de aprehensión. Debe puntualizarse que en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, existen diversas formas de conducir al imputado al proceso, a saber: I. Citatorio; II. Orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido); y, III. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Esas formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran previstas en el numeral 141, y tienen por objeto lograr que el imputado se encuentre presente ante el juez de control para el desarrollo de la audiencia inicial. Dicho de otro modo, tales formas tienen como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia frente a un juez de control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que permitan presuponer, razonablemente, que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del fiscal, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, contra el imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); y, orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III). El caso previsto en la fracción I del referido artículo 141, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo, y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso de que el involucrado no se encuentre retenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial, conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El supuesto contenido en la fracción II -orden de comparecencia-, se actualiza cuando el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado (por citatorio), por lo que el juez de control, a petición del Ministerio Público, determinará librar orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Asimismo, la forma de conducción del imputado al proceso consistente en la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo 141 citado, puede ser solicitada por el Ministerio Público al juez de control cuando advierta que existe necesidad de cautela. La necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial, en aras de evitar "abusos" por parte de las autoridades, al reducirse el estándar probatorio para el libramiento de una orden de aprehensión. La necesidad de cautela es, por tanto, un requisito que debe calificar el juez de control, y motivar por qué a su parecer en el caso sometido a su consideración se encuentra justificada por el fiscal. Para ello, el Ministerio Público debe convencerle, dado que constituye una carga para éste, que le obliga a justificar por qué el citatorio -como otra de las formas de conducción del imputado al proceso- es insuficiente para conducir al imputado ante el juez y que, por tanto, la orden de aprehensión es la única forma idónea para lograr dicho cometido y, con ello, estar en aptitud de formular la imputación respectiva, formalizar la investigación y continuar con la secuela procesal. De tal manera que el Ministerio Público, al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión por considerar que existe necesidad de cautela, debe exponer ante la autoridad judicial las razones y motivos que sustenten su pretensión, esto es, que esa forma especial de conducción al proceso es necesaria e idónea; para lo cual, debe explicar por qué es absolutamente indispensable la misma y no otra, para lograr el fin perseguido, es decir, llevar al proceso penal al involucrado e informarle que está siendo investigado -si es que lo desconoce-. Para ello, el Ministerio Público debe exponer que existen datos suficientes que permiten presuponer que: a. Existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia; b. Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos y/o la comunidad; o bien, c. Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Lo anterior, con la intención de que el juez de control evalúe si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela y, en consecuencia, se emita la orden de aprehensión solicitada por la autoridad ministerial contra aquella persona que se considera que ha intervenido en la comisión de un delito. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva del hecho de que la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado al proceso -que además restringe su libertad personal-, genera una molestia en grado mayor que un citatorio. Entonces, la orden de aprehensión contemplada en el numeral 16 de la Constitución Federal y en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse como una forma excepcional de conducción del imputado al proceso en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, la cual, además, en términos del primer precepto citado, debe estar debidamente fundada y motivada. Lo anterior atendiendo a que de los citados medios de conducción al proceso, se advierte que la orden de aprehensión es la más lesiva, lo que le da un carácter excepcional; por ello, su expedición sólo procede cuando el Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela. En la especie, el mandato de captura que se reclama, se sustenta en el hecho de que el veintinueve de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas, en el domicilio ubicado en calle *** , lugar donde se ubica la escuela de nombre ***, así como el domicilio de *** , ingresaron dos sujetos del sexo masculino, quienes amarraron al personal administrativo de dicha institución, y posteriormente se dirigieron al domicilio personal de la víctima; una vez estando en el mismo, se encontraron al esposo de aquella de nombre ****, a quien le preguntaron donde se encontraba la maestra, contestándoles que estaba en la recamara, por lo que uno de ellos de complexión baja y delgada, se subió; posteriormente, el diverso sujeto se quedó con el esposo y los hijos de éste apuntándoles con un arma, quitándole los teléfonos de la hija y el del esposo; pasaron de tres a cuatro minutos, cuando se escuchó una detonación y *** comenzó a gritarle a *** si se encontraba bien, y no le contestó; inmediatamente, salió el sujeto del cuarto, diciéndole al otro, "deja eso porque a eso no venimos", ya que el sujeto que se había quedado con ello quien vestía playera gris y gorra, estaba empacando las computadoras de los hijos; posteriormente, uno de ellos le dijo al otro que los amarrara, lo cual no hizo ya que ya no tenían cinta, por lo que al salir del lugar por la puerta de atrás, se llevaron consigo al hijo de la víctima; enseguida, *** subió a ver a su esposa *** , quien estaba tirada en el baño con un disparo aparentemente en la cabeza, volteo y vio que las cajas fuertes estaban abiertas, por lo que bajó a decirle a su hija que habían matado a su mamá. En su solicitud, la Fiscal referente a la necesidad de cautela, expuso de manera escrita: "se desprende que se hace necesario que se ejercite acción penal solicitando en términos del artículo 142 penúltimo párrafo del Código nacional de procedimientos penales se gire la correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN habiéndose dado cumplimiento a las exigencias del artículo 16 Constitucional, toda vez que de manera evidente existe la necesidad de dicha cautela, u aunado a ser hechos de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 constitucional párrafo segundo y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en este Distrito Judicial, ya que el delito de FEMINICIDIO es de aquellos considerados como GRAVES atendiendo al bien jurídico tutelado en este caso la vida de las personas por lo que al ser citados en libertad conociendo el hecho que se les pretende imputar, pudieran eludirse de la acción penal, por lo que resulta imposible citarlos en libertad para formularles imputación ante la magnitud del evento que nos ocupa, en el cual se podrán advertir actos tendientes a que no pudieran identificar a estos como participes del evento, aunado a que como ya se precisó el hecho amerita prisión preventiva oficios y de enterarse pretenderán sustraerse de la acción de la justicia como lo realizaron al momento de participar en el evento que nos ocupa, ya que estos inclusive *** no reside en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y lugares circunvecinos, puesto que derivados de los actos de investigación se pudo establecer que estos residen en la ciudad de México y se tiene la certeza que se trasladó en compañía de otros hasta el municipio de Emiliano Zapata; Veracruz con la finalidad de privar de la vida a la hoy agraviada, puesto que posterior a ejecutarlo de manera inmediata establecieron su ruta de escape entre las 09:02 hrs y las 09:20 horas del día 29 de junio del 2020 a bordo de un vehículo *** hacia la ciudad de México, esto tal y como se les había instruido de acuerdo al plan elaborado por la hermana y cuñado de la occisa, además del riesgo que representa hacia los testigos, ya que es visto a grandes luces que no le importó privar de la vida a su propia hermana y cuñada, y posterior hacer firmar al viudo un documento en donde él se niega a pedir parte de las propiedades intestadas para los niños que se quedan en estado de orfandad, así como la amenaza que le hiciera a su hermano *** , testimoniales que depusieron en su contra, ya que al conocer el señalamiento que les hacen pudiera causarles algún daño, existiendo la necesidad de cautela a que se refiere el artículo 141 fracción III del Código Procesal citado,". Por su parte, el Juez de Control responsable, al obsequiar la orden de aprehensión reclamada, al pronunciarse sobre si se encontraba o no actualizada la necesidad de cautela, refirió lo siguiente: "La solicitud del Ministerio Público para la emisión de orden de aprehensión en contra de ***, ***, y ****, deriva de que existe necesidad de cautela, en términos de la fracción III del mencionado artículo 141, de la Ley Procesal de materia, no solo porque amerite una prisión preventiva, en términos del artículo 19 constitucional párrafo segundo y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en este Distrito Judicial, ya que el delito de FEMINICIDIO es de aquellos consideramos (sic) como GRAVES atendiendo al bien jurídico tutelado en este caso la vida de las personas por lo que al ser citados en libertad conociendo el hecho que se les pretende imputar, pudieran eludirse de la acción penal, por lo que resulta imposible citarlos en libertad para formularles imputación ante la magnitud del evento, en el cual se podrán advertir actos tendientes a que no pudieran identificar a estos como participes del evento, razón por la cual se ha expuesto a su señoría que existen datos suficientes que permiten suponer que: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia; b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma, ya que como se ha establecido de enterarse pretenderán sustraerse de la acción de la justicia como lo realizaron al momento de participar en el evento que nos ocupa, ya que estos inclusive *** no reside en esta ciudad de Xalapa. Veracruz y lugares circunvecinos, puesto que derivados de los actos de investigación se pudo establecer que estos residen en la ciudad de México y se tiene la certeza que se trasladó en compañía de otros hasta el municipio de Emiliano Zapata; Veracruz con la finalidad de privar de la vida a la hoy agraviada, puesto que posterior a ejecutarlo de manera inmediata establecieron su ruta de escape entre las 09:02 hrs y las 09:20 horas del día 29 de junio del 2020 a bordo de un vehículo *** , hacia la ciudad de México, esto tal y como les había instruido al planeado, elaborado por la hermana y cuñado de la occisa, además del riesgo que representa hacia los testigos, ya que es visto a grandes luces que no le importó privar de la vida a su propia hermana y cuñada, y posterior hacer firmar al viudo un documento en donde él se niega a pedir parte de las propiedades intestadas para los niños que se quedaron en estado de orfandad, así como la amenaza que le hiciera a su hermano *** , testimoniales que depusieron en su contra, ya que al conocer el señalamiento que les hacen pudiera causarles algún daño, existiendo la necesidad de cautela a que se refiere el artículo 141 fracción III del Código Procesal citado" De lo anterior, quien esto resuelve advierte que el Juez responsable, no esgrimió argumento alguno fundado y motivado para explicar el por qué, a su consideración, las argumentaciones del Ministerio Público, demostraban de manera suficiente la necesidad de cautela que se requiere para la emisión de una orden de captura de esa naturaleza, ello de manera individualizada, ya que existen diversos investigados, máxime que de los hechos narrados, la intervención de cada uno de éstos fue diversa. Pues de lo que se aprecia de la parte conducente de la resolución emitida por el juez de control confrontado con lo expuesto por la Fiscal, se pone en evidencia que se limitó a reproducir lo expuesto por ésta en su solicitud de la orden de captura contra la aquí quejosa y otras personas. En efecto, el Juez de Control omitió exponer las razones particulares y causas inmediatas que tenía para concluir que esas circunstancias constituían datos objetivos que debían tomarse en cuenta para considerar que la investigada (aquí quejosa) no se presentaría voluntariamente en caso de ser citada, el riesgo que se sustrajera de la acción de la justicia; el riesgo de la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o la comunidad; o bien, que estuviera en peligro el desarrollo de la investigación misma. Afirmación que deriva de las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 20/2020, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553, materia penal, con registro 2021956, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." En efecto, aunque la legislación procesal penal no brinda mayores directrices para determinar la utilización de este medio de conducción al proceso, pues únicamente establece que el Ministerio Público investigador puede solicitarlo si advierte que existe la necesidad de la cautela (sin precisar los requisitos que se deben cumplir para acreditarla); lo cierto es que, conforme a las facultades que le concede el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede valerse de un sin número de actos de investigación para evidenciar objetivamente si por la situación personal del imputado y por la manera en la que sucedieron los hechos, puede presentarse alguna de las hipótesis que se señalan con anticipación o cualquier otra que pudiera impedir la continuación del procedimiento. Entonces, al no estar satisfecho dicho requisito por el juzgador (necesidad de cautela), el acto reclamado contraviene lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional en relación con el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el elemento de necesidad de cautela debe de ser justificado por el fiscal a partir de la explicación de las razones que lo llevaron a solicitar tal orden, así como que ello se funde y motive por el juez como presupuesto para su libramiento. Cabe señalar que la presente determinación no prejuzga sobre la actualización del delito ni la responsabilidad de la quejosa en relación con los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía responsable, pues el motivo que sustenta la concesión del amparo radica en que la juez responsable omitió pronunciarse sobre si se encontraba o no actualizada la necesidad de la cautela, considerando los argumentos que al efecto expuso el Ministerio Público. Así, al resultar fundado uno de los conceptos de violación, suplidos en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, a efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz: 1. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, sólo respecto de la aquí quejosa, dictada en el proceso penal 284/2020; y 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivadamente, a partir de los lineamientos planteados en esta sentencia y solo a partir de lo que ya expuso la fiscal, determine si se actualiza o no la necesidad de cautela para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda; en la inteligencia de que en caso de que considere no actualizarse dicha necesidad, la orden de aprehensión deberá ser negada. Dado la concesión del amparo en los términos establecidos, se considera innecesario estudiar los restantes conceptos de violación planteados en la demanda, pues no se modificaría el sentido de la presente sentencia, aunado que para el caso de que la autoridad responsable reiterara la emisión de la orden de captura, dichos agravios deberán ser analizados a través de un nuevo juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, en la parte relativa, la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala del más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, del título y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, con sede en la localidad de Las Trancas, Veracruz y al Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, con sede en esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de captura; por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o.J/12 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se cita enseguida: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese por lista a la quejosa, así como a los terceros interesados; mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a las autoridades responsables y fiscalía tercera interesada.

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