Mariela Trinidad Torres Zapata

Expediente 725/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
725/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Mariela Trinidad Torres Zapata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el requerimiento efectuado por acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, respecto de la tarjeta postal relativa al oficio 34082/2019, comunicando que por error administrativo, fue entregado a la actuaria de la adscripción el formato de control relativo a esa oficina; siendo que dicha pieza postal se encuentra en proceso de entrega a la oficina destinataria. Asimismo, solicita se le conceda una prórroga de diez días para devolver el acuse de recibo debidamente sellado y firmado por la autoridad responsable correspondiente. Por tanto, téngase por cumplido dicho requerimiento, quedando sin efectos el apercibimiento relativo; lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veintiocho de noviembre del año en curso, se tuvo por recibida la tarjeta postal que contenía la misiva de mérito debidamente sellada por la autoridad a la que iba dirigida, aunado a que por acuerdo de la misma fecha causó ejecutoria el presente asunto, ordenando su archivo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, siendo que en relación dicha autoridad, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues, por una parte se negó, y por la otra se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos la tarjeta de acuse relativa al oficio 34082/2019-VI-A de siete de noviembre del año en curso, dirigida al Titular del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Yucatán, en la cual no obra sello de recepción de la autoridad destinataria. En consecuencia, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal la aludida tarjeta de acuse, debidamente sellada de recibido por la autoridad a la que se le dirigió, o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. En ese sentido, se ordena adjuntar copia simple del documento de cuenta, a fin de que la autoridad postal realice una correcta identificación del mismo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 725/2019-VI-A, promovido por **********, contra el acto que reclama del Titular del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Yucatán, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció MARIELA TRINIDAD TORRES ZAPATA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Titular del Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Yucatán, residente en dicha localidad, que hizo consistir en: La orden verbal relativa a modificar el horario de prestación del servicio de renta por el uso de quince camastros tipo sombrilla, treinta mesas y noventa sillas de plástico, en el terreno ubicado en la calle sesenta y nueve (69), sin número, por Ochenta (80) y Ochenta y Dos (82), de la colonia Avenida Malecón, municipio de Progreso, Yucatán, según concesión número DGZF-743/2018 de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada a su favor. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se registró la demanda de que se trata con el número 725/2019-VI-A, y se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la entonces Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa MARIELA TRINIDAD TORRES ZAPATA, fundamentalmente, en: La orden verbal relativa a modificar el horario de prestación del servicio de renta por el uso de quince camastros tipo sombrilla, treinta mesas y noventa sillas de plástico, en el terreno ubicado en la calle sesenta y nueve (69), sin número, por Ochenta (80) y Ochenta y Dos (82), de la colonia Avenida Malecón, municipio de Progreso, Yucatán, según concesión número DGZF-743/2018 de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada a su favor. TERCERO. La autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza, pues adujo, que el dos de abril del año en curso, celebró una reunión con autoridades federales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente) y los concesionarios que tienen un espacio en las playas del malecón tradicional, en la que se estableció que si bien varios de los títulos de concesión no cuentan con un horario específico para el aprovechamiento de lo concesionado, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados del Mar, establece que deben mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, por lo que solicitó su colaboración para que no mantengan su mobiliario en forma permanente en su área concesionada, esto es, que al término de sus labores retiren el mismo, para que pueda realizar los servicios de limpieza correspondientes; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional sea la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías y derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona, no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Así, para arribar a la conclusión antes apuntada, es menester dejar sentado que en el caso concreto, la peticionaria señaló como acto reclamado la orden verbal relativa a modificar el horario de prestación del servicio de renta por el uso de quince camastros tipo sombrilla, treinta mesas y noventa sillas de plástico, en el terreno ubicado en la calle sesenta y nueve (69), sin número, por Ochenta (80) y Ochenta y Dos (82), de la colonia Avenida Malecón, municipio de Progreso, Yucatán, según concesión número DGZF-743/2018 de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, otorgada a su favor. Sin embargo, la aquí quejosa no exhibió prueba alguna tendiente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para impetrar el presente juicio de amparo, es decir, no acreditó su interés jurídico en el presente asunto, en virtud de que no aportó como prueba constancia alguna con la que acreditara ser propietaria de la concesión de que se trata. Cuenta habida, que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, han sostenido que la parte quejosa debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la ahora impetrante del amparo, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, cobrando aplicación la jurisprudencia número 321, de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Sin que sea óbice para resolver en este sentido, que la quejosa exhibiera con su escrito de demanda como pruebas de su parte, diversas documentales a fin de acreditar su interés jurídico, pues las mismas se tratan de copias simples, las cuáles carecen de valor probatorio alguno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que para que pueda hablarse de la existencia de una copia y de la certeza de que existe un original de la misma, es menester que la copia tenga la fuerza probatoria suficiente como para establecer la correlativa existencia de un original, pero para que esto suceda, es necesario que la copia sea certificada y con ello pruebe la existencia de su original, de ahí que las mismas no puedan tomarse en consideración en cuanto a su contenido. En efecto, tales documentos exhibidos en copia fotostáticas simples, resultan insuficientes para demostrar el correspondiente interés jurídico que aduce tener la parte quejosa, toda vez que los referidos documentos por sí mismos carecen de valor probatorio pleno, ya que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, por lo que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer parecer. En apoyo de esta convicción se cita la jurisprudencia 3a./J. 1/89 de la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 379, del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Tampoco es obstáculo, que se haya tenido por cierto el acto reclamado, puesto que ello sólo demuestra la existencia del mismo, más no así la titularidad del derecho reclamado, esto es, que dichos actos afecten la esfera jurídica de la parte quejosa; por tanto, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que con la emisión y ejecución de los actos se afecta su interés jurídico y la inconstitucionalidad de éstos, de conformidad con las jurisprudencias número 325 y 853, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en las páginas 218 y 581, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden establecen: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías."; e, "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deber observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguir siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Además, se cita la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 541, Tomo XIII, mayo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS, NO LO INFRINGE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UNA PARTE SE TENGA POR ACREDITADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y, EN OTRA, SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS POR NO AFECTAR DICHO ACTO LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. La circunstancia de que el juez de Distrito en una parte de la sentencia que se revisa tenga por acreditada la existencia del acto reclamado y, en otra, determine la falta de interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo, no implica, como lo pretende el agraviado, que el citado resolutor federal haya incurrido en su fallo en contradicción alguna; habida cuenta que el sólo hecho de que en el juicio de garantías se haya demostrado la existencia del acto reclamado, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni menos aún prueba la inconstitucionalidad del aludido acto reclamado, situaciones las dos últimas que corresponde demostrar fehacientemente al peticionario de garantías, lo cual omitió; en tal virtud, se encuentra apegada a derecho la sentencia del a quo en la que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo." En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así como la diversa número 414, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 356, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, al Semanario Judicial de la Federación, registro 917,948, que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********, en contra de los actos que reclama al Titular del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, con residencia en dicha localidad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese en términos de ley.

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