Mariela Silva Salazar
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mariela Silva Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno del incidente de suspensión, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 572/2023-I-A, promovido por M***; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el trece de abril de dos mil veintitrés, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día siguiente; y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Mariela Silva Salazar, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán Con sede en Mérida EJECUTORAS: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán. Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán Jefe del Departamento de Investigación, Mandamientos, Traslados y Sectores de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Director de la Policía Municipal de Mérida Fiscal General del Estado de Yucatán Vicefiscalía de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. Con sede en esta ciudad SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia y/o citación dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (número de promoción 6042) Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (número de promoción 5921) Con sede en Mérida EJECUTORAS: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (número de promoción 6008) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán (número de promoción 6086) Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (número de promoción 6008) Director de la Policía Municipal de Mérida (número de promoción 5967) Fiscal General del Estado de Yucatán (número de promoción 6150) Vicefiscalía de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado (número de promoción 6152) Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (número de promoción 6183) Con sede en esta ciudad Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. El Jefe del Departamento de Investigación, Mandamientos, Traslados y Sectores de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a quien se señaló expresamente como autoridad ejecutora, a la fecha no se tiene conocimiento de que hubiere rendido su informe previo. Sin embargo, no es el caso arribar a la presunción de certeza del acto de ejecución del acto que se le reclama, en atención a que si las autoridades ordenadoras negaron los actos reclamados, es incuestionable que la aludida omisa no puede tener para su cumplimiento una orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia y/o citación que no existe. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución, y por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el escrito de ARTURO GARRIDO SANCHEZ, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, mediante el cual solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica por medio del usuario que indica. Al efecto, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que en el particular, en su carácter de autorizado, aún en términos amplios, no está facultado para efectuar dicha petición, ya que no fue autorizado expresamente en esos términos, tal y como se dispone de la interpretación integral de los numerales 6, 35, 36, tercer párrafo, 37 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado. Pues de dichos preceptos claramente se establece que para el acceso y consulta del expediente electrónico, así como para las notificaciones electrónicas, los titulares de los órganos certificarán que sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar la autorización de terceras personas para el ingreso al expediente electrónico, y sólo por excepción, lo podrán llevar a cabo los autorizados en amplios términos, cuando así hayan sido autorizados expresamente. Situación que no se actualiza en la especie, ya que el autorizado de referencia no fue facultado en esos términos; por lo que de conformidad con los numerales 36, 37 y 40 citados, resulta improcedente su petición por cuanto hace a la solicitud para el usuario que señala. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.118 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2027, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2014379, que establece: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes." En efecto, la autorización contemplada en el numeral 12, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) en la litis constitucional para la realización de actos procesales, pero sin incluir la representación de los intereses del autorizante. Lo que se corrobora con la prohibición expresa del mencionado artículo 12, párrafo primero, atinente a que el autorizado no puede sustituir o delegar dicha autorización para sí o a un tercero. Bajo el contexto anterior, se reitera que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo que se insiste no se cumple en la especie, no obstante lo anterior, requiérase al ocursante para que en el término de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, si existe un impedimento para que el directo quejoso realice la solicitud instada en el escrito que en esta fecha se provee; a fin de que, atendiendo a la información que en su caso proporcione, este Juzgado Federal examine si en el particular, se está ante un caso de excepción y proceder a la habilitación. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con lo informado por la Secretaria con la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha el quejoso no desahogó la vista que se le diera por acuerdo de once de abril del presente año, con respecto a la renuncia hecha por ********************, ******************** y ******************** a su carácter de autorizados en términos amplios, al efecto se acuerda: En ese sentido, se deja de tener con el carácter de autorizados de la parte quejosa a ********************, ******************** y ********************, para los efectos legales a los que haya lugar. Proceda la Secretaría a realizar las gestiones correspondientes, a fin de dar de baja a los usuarios "********************" y "********************"; en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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