MARIELA MORA HUIDOBRO y Otros.
Expediente 2148/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2148/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- MARIELA MORA HUIDOBRO y Otros.
- Sindicato Auténtico de Trabajadores Administrativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de diecisiete de diciembre del año en curso. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Finalmente, se fijan para su celebración las once horas del ocho de enero de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese el oficio de la presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Formación de anexo. Finalmente, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante.
- Principal
Visto el oficio de cuenta del Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el siete de noviembre del dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 173/2019 de su índice, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 366/2019. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos, tómese nota para los efectos legales correspondientes, y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la resolución interlocutoria de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 366/2019. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a ***, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero y cuarto de la resolución recurrida. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva." Como lo solicita la superioridad acúsese de recibo del testimonio de la resolución y del original del incidente de suspensión. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del original del presente incidente de suspensión a la superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el cuaderno original, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve se reservó proveer respecto del archivo en el expediente principal hasta en tanto el Tercer Tribunal Colegiado mencionado informara la determinación que tomó en torno al medio de impugnación interpuesto en el incidente de suspensión, y a la fecha esto ya ocurrió, se levanta la reserva y se procede a acordar lo siguiente: Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Pronunciamiento respecto de incidente de suspensión. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copia certificada de diversas constancias. Asimismo, se indica a la parte quejosa que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
? Autoridad informa. Agréguese el oficio del Director General de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, por medio del cual, adjunta el oficio en el que informa y solicita al Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública la modificación del estatus del quejoso José Carlos Ricaño López en cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Por ende, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia que acredite la anotación del quejoso José Carlos Ricaño López, en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. ? Quejoso realiza manifestaciones respecto de la queja interpuesta en autos. Por otra parte, visto el escrito del quejoso José Carlos Ricaño López, mediante el cual señala las constancias que deben mandarse para la tramitación del recurso de queja promovido por el Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla; y realiza diversas manifestaciones en relación al mismo; al respecto remítase el escrito original de cuenta previa copia certificada que obre agregada al expediente, junto con el recurso de queja correspondiente, para que el tribunal a quien corresponda conocer del recurso provea lo conducente. ? Se remite queja. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante auto de seis de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes a fin de que señalaran las constancias que en copia certificada deberían enviarse a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable contra la interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve que resolvió el incidente de liquidación de sentencia promovido en el presente juicio. Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa desahogó la vista que se le dio en el proveído de referencia y que también la autoridad responsable señaló diversas constancias para enviar al Tribunal Colegiado que conocerá del presente recurso; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, en turno, el citado recurso de queja, para lo cual acompáñese copia certificada de las constancias señaladas por las partes. ? Inejecución de sentencia. Por otra parte, por lo que hace al segundo de los escritos del quejoso José Carlos Ricaño López, a través del cual solicita se proceda a la apertura del incidente de inejecución de sentencia dado que la autoridad responsable Presidente Municipal de Chignahuapan, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a pesar de los diversos requerimientos realizados para ello. Al respecto, resulta conveniente citar el artículo 192 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, tenemos que disponen lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga" El precepto transcrito establece el procedimiento que debe seguirse para la ejecución de una sentencia, el cual se inicia con el requerimiento que se haga a la autoridad responsable, y en su caso, a su superior jerárquico para que den cumplimiento a la sentencia amparadora, y concluye con el auto a través del cual el Juez del conocimiento califica el cumplimiento dado por las responsables; y por otra parte, prevé el procedimiento que debe seguirse para el caso en que no se haya cumplida la sentencia -inejecución de sentencia-. Esto es, establece dos momentos o etapas, a saber: la primera, puede calificarse como el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que se requiere a la autoridad responsable o a sus superiores a fin de que acaten el fallo; y la segunda, en el que habiendo agotado esas gestiones, se concluye que es necesario remitir el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte -según el caso- para seguir el procedimiento de inejecución. Lo anterior pone de manifiesto que será hasta que se emita el auto en el que se califique el incumplimiento de la sentencia y se remitan los autos al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte, cuando propiamente se inicie el incidente de inejecución, abriéndose el expediente respectivo. ...Con base en lo anterior, es evidente que para iniciar el incidente de inejecución de sentencia, de oficio o a petición de parte, resulta necesario calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable, lo que deberá realizarse una vez que se hayan agotado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la sentencia. En esas condiciones, por el momento, resulta improcedente la apertura del incidente de inejecución que pretende la parte quejosa, ya que en el presente caso, no se han agotado las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ni se ha emitido el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la sentencia, por haberse desahogado el incidente de liquidación necesario para que pueda cumplirse la sentencia, cuya resolución aún no se encuentra firme. Se afirma lo anterior, ya que en la ejecutoria emitida el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se precisaron los efectos siguientes: ... Atento a lo anterior, dado que en el caso en concreto los efectos de la concesión del amparo comprenden el pago de prestaciones en cantidad liquida resulta necesario cuantificarlas de manera previa a requerir su cumplimiento , y que dicha liquidación se encuentre firme, lo que no ocurre en el presente caso, pues aun cuando ya se resolvió el incidente de liquidación correspondiente, éste fue impugnado por la autoridad responsable. Por tanto, dado que aún no se ha requerido el cumplimiento de la sentencia, en lo relativo al pago de las prestaciones en cantidad líquida, tampoco puede emitirse la calificación del cumplimiento y, por ende, debe desecharse el incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
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