Maricruz Roque Bustamante
Expediente 175/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Maricruz Roque Bustamante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32), por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; es decir, notificar a la parte quejosa Maricruz Roque Bustamante, por las razones que en la misma expone. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo; el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes, por medio de lista. Notifíquese. ACUERDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio con anexo, signado por el Magistrado representante del Estado y por la Magistrada representante de los Trabajadores, ambos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Cabe indicar que la constancia remitida tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la falta de emitir acuerdo respecto de la demanda presentada el diez de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: En auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda laboral promovida por ***, a través de su apoderada legal ***, con el número de expediente D-207/2018, asimismo, en la parte que interesa, se le requirió para que en el término de tres días, precisara el nombre y domicilio de los demandados responsables de la relación laboral. El catorce de febrero de dos mil diecinueve, previo citatorio, se notificó a ***, por medio de instructivo que se fijó en la puerta del domicilio ubicado en ***, en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, precisado lo anterior, de oficio se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión o la falta de emitir acuerdo respecto de la demanda presentada el diez de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -treinta de enero de dos mil diecinueve-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la demanda presentada el diez agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual ****, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en el que el Tribunal responsable, determinó radicar el escrito referido, requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que precisará el nombre y domicilio de los demandados que señaló como responsables de la relación laboral y tuvo por acreditada la personalidad de la parte actora en el referido juicio. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa, no obstante, se realizó un requerimiento; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio burocrático de origen, que consiste en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, en el expediente laboral D-207/2018, del índice de la responsable. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda- y la situación jurídica que se originó en auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la parte quejosa a efecto de que precise el nombre y domicilio del o los demandados que señale como responsables de la relación laboral. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda laboral, bajo el sólo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Máxime que dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil diecinueve, previo citatorio, por medio de instructivo que se fijó en la puerta del domicilio ubicado en ***. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del auto de radicación de la demanda, emitido en el juicio laboral burocrático D-207/2018".
- Principal
Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio con anexo, signado por el Magistrado representante del Estado y por la Magistrada representante de los Trabajadores, ambos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Cabe indicar que la constancia remitida tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la falta de emitir acuerdo respecto de la demanda presentada el diez de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: En auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda laboral promovida por ***, a través de su apoderada legal ***, con el número de expediente D-207/2018, asimismo, en la parte que interesa, se le requirió para que en el término de tres días, precisara el nombre y domicilio de los demandados responsables de la relación laboral. El catorce de febrero de dos mil diecinueve, previo citatorio, se notificó a ***, por medio de instructivo que se fijó en la puerta del domicilio ubicado en ***. En consecuencia, precisado lo anterior, de oficio se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión o la falta de emitir acuerdo respecto de la demanda presentada el diez de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -treinta de enero de dos mil diecinueve-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la demanda presentada el diez agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual ****, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en el que el Tribunal responsable, determinó radicar el escrito referido, requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que precisará el nombre y domicilio de los demandados que señaló como responsables de la relación laboral y tuvo por acreditada la personalidad de la parte actora en el referido juicio. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa, no obstante, se realizó un requerimiento; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio burocrático de origen, que consiste en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, en el expediente laboral D-207/2018, del índice de la responsable. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda- y la situación jurídica que se originó en auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la parte quejosa a efecto de que precise el nombre y domicilio del o los demandados que señale como responsables de la relación laboral. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda laboral, bajo el sólo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Máxime que dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil diecinueve, previo citatorio, por medio de instructivo que se fijó en la puerta del domicilio ubicado en ***. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del auto de radicación de la demanda, emitido en el juicio laboral burocrático D-207/2018.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por los Magistrados representantes del Estado y de los Trabajadores, respectivamente, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; mediante el cual solicitan copia de la demanda de amparo del presente juicio; por tanto, remítase a la autoridad responsable la constancia que se solicita para que esté en aptitud de rendir el informe justificado que le fue solicitado en proveído de treinta y uno de enero de este año. Notifíquese.
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