Mariel Jácome Beltrán

Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Mariel Jácome Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado Veracruz, con sede en Villa Aldama, en atención a su contendido, hágase de conocimiento que el juicio de amparo 689/2019 de éste índice, fue promovido por ***************************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y, no así como lo advierte el homólogo federal por su quejoso *****************************************. Lo anterior, a fin de que surta los efectos legales conducentes dentro de los autos del juicio de amparo 83/2021-IV del índice del juzgado ocursante. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Acuario Judicial Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo, con sede en esta ciudad, informa que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Parte quejosa interpone recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 689/2019. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el consistente en: ".El inconstitucional actuar de la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, al dictar el acuerdo de fecha cuatro de julio del año en curso, en el que le niega a la quejosa el derecho de ser reinstalada, tal y como más adelante se detallará, así como el proveído dictado en fecha 28 de mayo de 2019, en el que niega el derecho a llevar a cabo la ejecución del Laudo de fecha 24 de octubre de 2016." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el segundo de tales preceptos establece que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esa etapa, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso, asimismo precisa que tratándose de procedimientos de ejecución, el amparo solo será procedente contra "la última resolución". Así las cosas, por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, la que se pueda impugnar a través del juicio de amparo y no las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, máxime que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público o pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período hubieran dejado sin defensa al quejoso. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la tesis número 2a. XLIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 367, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA." Una vez establecida la premisa normativa y jurisprudencial que antecede, se puede derivar válidamente que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia únicamente puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio biinstancial, en el caso de que el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tenga autonomía propia y no como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sentado lo anterior, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos: a) Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional. b) Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, ello acorde a lo estipulado en el mencionado artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, debe surtirse alguna de dichas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto no acontece. Asimismo, se establece la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos del quejoso. Por lo que, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que sí es procedente el amparo indirecto, cuando el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 6, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En el caso, los actos reclamados consisten en los acuerdos de veintiocho de mayo y cuatro de julio del actual, dictados por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en el expediente laboral ********* de su índice, no afectan de manera inmediata derechos sustantivos del impetrante de amparo. Se dice lo anterior, toda vez que de lo manifestado por el peticionario de amparo, así como del análisis efectuado a su escrito de demanda, se desprende que el primero de los acuerdos reclamados de veintiocho de mayo de la anualidad que transcurre, únicamente hace del conocimiento de la parte actora la imposibilidad que tiene la entidad demandada para dar cumplimiento al laudo en el que fue condenada a la reinstalación de la aquí quejosa a su centro de trabajo; asimismo, le informa que en atención a ello, deja a salvo sus derechos para que promueva lo que conforme a su interés legal convenga. Por su parte, en el diverso acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve, la Junta responsable en respuesta a la petición de la quejosa de que fuera señalada nueva fecha y hora para la reinstalación de la misma, determinó improcedente dicha solicitud, dado que tal requerimiento ya se había efectuado y expuesto el motivo de incumplimiento de la parte demandada. De ahí que, se advierta que los proveídos de referencia, fueron emitidos dictados en la etapa de ejecución del juicio laboral de origen y en nada afectan derechos sustantivos de la impetrante, pues como se expuso, en uno se le informa la imposibilidad de hacer cumplir el laudo y en el otro, se acuerda que lo solicitado por la quejosa ya fue llevado acabo y por ende, declara improcedente su petición, circunstancias que, sin prejuzgar sobre su legalidad o ilegalidad, no trastocan sus propiedades, posesiones o derechos. Por lo que, tal acto de autoridad no es autónomo del procedimiento de ejecución, dado que su origen radica en éste, pues tiene por objeto lograr el cumplimiento del laudo condenatorio al informar a la actora la imposibilidad que manifiesta la parte demandada respecto a su reinstalación y deja a salvo sus derechos para promover lo que conforme a derecho corresponda para hacer cumplir el laudo en cuestión. En ese sentido, los acuerdos reclamados, carecen de las características enunciadas por la ley reglamentaria para ser considerados como la resolución que pone fin al procedimiento de ejecución, pues no se trata de la aprobación del cumplimiento total del laudo, ni declaran la imposibilidad material o jurídica para ello, y tampoco transgreden derechos fundamentales por sí mismos. Asimismo, tampoco se actualiza la hipótesis de excepción, consistente en que el acto reclamado afecte derechos sustantivos de manera inmediata ajenos al procedimiento de ejecución. Tiene aplicación la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 230, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, de rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." También apoya lo anterior la tesis II.2o.C.389C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1721, Tomo VII, Novena Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por resultar notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte moral quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ivonne Anieva Ladrón de Guevara, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable... "

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