Maribel Valdez Hernández

Expediente 326/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
326/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2019

Partes del expediente

  • Maribel Valdez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Maribel Valdez Hernández, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 326/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Al respecto, el suscrito considera que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.). El primer precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. El segundo numeral señala que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, de lo transcrito así como de la lectura integral de la presente demanda, se aprecia que la omisión que reclaman a la autoridad responsable lo hacen de manera genérica, es decir, expresa únicamente que se han efectuado diversas actuaciones dentro del procedimiento de ejecución del laudo pero que no se ha podido ejecutar, sin embargo, no reclama en específico alguna actuación en particular. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece: Articulo 224.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. El citado precepto prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el libro 63, tomo II, página 1469, materia común, con número de registro 2019185, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." En esta tesitura, se concluye que la demanda que se provee es notoriamente improcedente, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), publicada en la página 2771, Tomo 4, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 2011, determinó: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Asimismo, por sus consideraciones es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), Época: Décima Época Instancia: Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página 844; de rubro y contenido: AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Asimismo, el suscrito juzgador considera que se actualiza una diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)". En el caso concreto, de la demanda de garantías que ocupa la atención, se advierte que la quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: ? La omisión de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado a favor de Maribel Valdez Hernández en el juicio laboral 932/2018-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Por tanto, se debe desechar de plano, toda vez que el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por la quejosa con idéntico objetivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1532, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA." Se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La acepción gramatical que el legislador empleó de "materia de una ejecutoria", se refiere a juicios completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. En efecto, este principio impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo e incluso, puede aplicar a sobreseimientos respecto de los que, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación, porque aun en ese caso, si bien, el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada; cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de inejercitabilidad, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovida por la misma quejosa, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Cierto, en el juicio de amparo la cosa juzgada material no es la sentencia misma, sino la decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados; su ratio es preservar la seguridad jurídica, la paz social y el estado de certidumbre, creando o estableciendo situaciones jurídicas, definitivas y concretas; es clausurar, en forma definitiva, toda discusión, o la posibilidad de reabrirla o reiniciarla, mediante acto irrevocable (cosa juzgada formal o irrecurribilidad del acto) de autoridad judicial federal que haga indiscutible (cosa juzgada material, indiscutibilidad o non bis in idem) la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos específicamente reclamados, a través de los límites de:  Identidad subjetiva, de sujetos o partes: mismo agraviado, misma autoridad responsable y, en su caso, mismo tercero perjudicado; además,  Identidad objetiva: mismo acto reclamado. La cosa juzgada debe entenderse como el pronunciamiento realizado con anterioridad y en definitiva, por un órgano jurisdiccional, respecto de las mismas partes, sobre idénticas acciones, el mismo objeto y la misma causa de pedir, de manera tal que, una vez realizado tal pronunciamiento, éste constituye la verdad legal al ser irrecurrible e inmodificable; por tanto, no pueden ser objeto de nuevo análisis en un nuevo juicio de amparo, pues, dicha determinación ya fue materia de estudio en diverso juicio de garantías. En esa tesitura, tal y como consta en la certificación de cuenta, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, anexó al presente asunto como antecedente, la papeleta de turno de la que se advierte que ante este Juzgado se tramitó juicio de amparo 212/2018; asimismo, de la información obtenida respecto a dicho expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual se invoca como hecho notorio y se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 79, 80 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aprecia que: 1. Fue promovido por Maribel Valdez Hernández, en el que señaló como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y reclamó de éste la omisión de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado a su favor en el juicio laboral 932/2008-IV del índice del índice de la responsable. 2. En sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a favor de la aquí quejosa para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de inmediato ordene la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 932/2008-IV, de su índice. 3. Mediante proveído de veinticinco de septiembre del año próximo pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en ese asunto, por lo que se requirió al Tribunal responsable el cumplimiento a la sentencia amparadora. 4. Así, mediante auto de veintidós de marzo de este año, se tuvo a la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, informando las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en ese asunto. Sobre el hecho notorio, se cita la tesis P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, tomo I, página 10, junio de 2018, décima época, con número de registro digital 2017123, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Asimismo, la tesis I.1o.A.14 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el libro 4, tomo II, página 1946, Marzo de 2014, número de registro 2006082, de rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." Ahora bien, de lo sintetizado en líneas anteriores, se advierte que el juicio de amparo 212/2018, de esta estadística, se encuentra en vías de cumplimiento. Por tanto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que si en la demanda de garantías que nos ocupa, la ahora quejosa pretende combatir el mismo acto reclamado, señalando a la misma autoridad responsable, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio; considerando que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este Juzgador un medio de defensa legal, consistente en el amparo indirecto, promovido por la propia quejosa, contra la misma autoridad responsable y respecto del mismo acto reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. Máxime, que luego será un desatino jurídico emprender un nuevo análisis de una resolución que alcanzó la calidad de cosa juzgada, pues se trastocaría la garantía de seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, volumen XCIX, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con número de registro 257752, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE." En consecuencia al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ruiz, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Rubén Zárate Platas, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano