Maricruz Rodriguez Cortes

Expediente 338/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
338/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • Maricruz Rodriguez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 338/2018-D. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la promovente Maricruz Rodríguez Cortes, al 1. Juez Tercero de lo Penal, y otras autoridades; son los siguientes: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es la NO ADMISION DEL INCIDENTE DE NULIDAD, por parte de la Autoridad Ordenadora y a su vez notificada por parte de la Autoridad Ejecutora, mediante el cual señalan la Negativa de la Admisión del Incidente de Nulidad presentada el Veintitrés de Febrero de Dos mil Dieciocho y notificada el Veintidós de Marzo de Dos mil Dieciocho, dentro del proceso 05/2011del índice del Juzgado Tercero de lo Penal, en razón de la supuesta notificación personal realizada a la suscrita en su calidad de AGRAVIADA de la Sentencia Definitiva con fecha veintisiete de Diciembre de Dos mil Diecisiete, el cual tuve conocimiento mediante el informe justificado que rindió el Juzgado Tercero Penal como autoridades responsables en el amparo indirecto 96/2018 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito Penal de fecha Veinte de Febrero de Dos mil Dieciocho." Por su parte, el quejoso señala bajo protesta de decir verdad los siguientes hechos: 1.- Que, con fecha Trece de Diciembre de Dos mil Diez, el señor JAVIER MARTIN SERRANO ARIAS, me ocasiono lesiones a TITULO DE CULPA, ocasionándome inmovilidad de la cintura hacia abajo, dependiendo directamente de alguien más para trasladarme, ilícito previsto y sancionado por los articulas 307, 308 fracción IV inciso b) y e), en relación con los diversos 14, 21 fracción 1, 83 Y 87 fracción IV del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. 2.- Que, con fecha Treinta y uno de Enero de Dos mil Dieciocho, solicitado el Amparo y Protección de la Justicia Federal, ante los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal bajo expediente número 96/2018 en contra de la Negativa de DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA por parte del Juzgado Tercero de lo Penal de esta Ciudad de Puebla. Sin embargo, al ser admitido mi demanda y dando cause al procedimiento, con fecha Veinte de Febrero de Dos mil Dieciocho, certifican y me notifican por lista el Informe Justificado de las autoridades responsables, el cual al tener acceso a dichos informes, me entero que existe un sello el cual hace constar que con fecha Veintisiete de Diciembre de dos mil Diecisiete, fui notificada de la Sentencia de manera directa y personal, siendo esto totalmente falso y dando por consecuencia jurídica el sobreseimiento a mi demanda de Amparo. 3.- Por tal razón, con fecha Veintitrés de Febrero de Dos mil Dieciocho, presento INCIDENTE DE NULIDAD, por la supuesta notificación directa y personal realizada a la suscrita en su calidad de AGRAVIADA, acto que nunca se realizó, no obstante de que en actuaciones consta mi domicilio particular así como mi domicilio convencional para recibir todo tipo de notificaciones y las personas autorizadas para recibirlas, aunado que como ya lo manifesté dependo de un tercero para trasladarme o moverme de un lugar a otro debido a mi invalidez. 4.- Sin embargo, con fecha Veintidós de Marzo de Dos mil Dieciocho, me notifican a través de mi Defensora Particular y parte coadyuvante del "Ministerio Público quien debe representar mis interés como parte agraviada" el auto de fecha Veintisiete de Febrero de Dos mil Dieciocho, mediante el cual me notifican que a la letra dice.... "digasele a la promovente que no ha lugar por admitido el incidente de nulidad que señala en su escrito de cuenta, en atención de que del contenido del mismo se aprecia que la propia interesada reconoce haber tenido conocimiento de la notificación cuya nulidad pretende el día 31 treinta y uno de enero de este año (2018), de ahí que a la fecha de presentación de la incidencia ha transcurrido en exceso el termino de tres días para presentar su incidencia.----------- NOTIFIQUESE y CUMPLASE." Sin que esta tenga razón de ser, puesto que como consta en actuaciones, en el segundo punto de hechos de mi Incidente de Nulidad únicamente señale la fecha en la que presente mi demanda de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, en contra de la NEGATIVA A DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA por la Autoridad Responsable o de Origen, la cual corresponde a fecha Treinta y uno de Enero de Dos mil Dieciocho; es decir con fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, solicite amparo por la no dictadura de la sentencia definitiva, ya que se había retardado la misma, más en ningún momento refiero que con esa fecha haya tenido conocimiento de la notificación "personal de la sentencia definitiva" de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, ya que como le he venido haciendo valer no fui notificada de la sentencia definitiva para poderla hacerla valer por encontrarla violatoria de mis derechos y aunado a ello estar en tiempo y forma legal de poder presentar RECURSO DE APELACIÓN." De lo anterior se advierte que la ahora quejosa promueve esta instancia constitucional para reclamar el auto de veintisiete de febrero del año en curso, en el que el Juez responsable no admitió a trámite el incidente de nulidad signado por la peticionaria de amparo el veintitrés de febrero del propio año, en contra de la notificación de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el proceso 05/2011, y que la quejosa sostiene resulta violatorio de sus derechos, en virtud que dicha notificación no se le practicó en el domicilio particular o en el señalado para oír y recibir notificaciones. Así del análisis de lo que reclama el peticionario de amparo es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar el auto de veintisiete de febrero del año en curso, en el que el Juez responsable no admitió a trámite el incidente de nulidad signado por la peticionaria de amparo el veintitrés de febrero del propio año, en contra de la notificación de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el proceso 05/2011. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En ese sentido, el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del auto que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que la accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser agraviada, lo que implica que se encuentra facultada para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Máxime, que en dicho medio ordinario de defensa podrá formular como agravio que el Juez responsable no admitió a trámite el incidente de nulidad en contra de la notificación de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por haber sido extemporáneo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda, sito en Avenida Catorce Sur, número cuatro mil trescientos veintisiete, segundo piso, despacho seis, Colonia Anzures de esta Ciudad de Puebla. AUTORIZADOS. Y, por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, pues la parte quejosa, no proporcionó datos de sus cédulas profesionales, a fin de corroborar que las mismas se encuentran registradas ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Orienta lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizado en los términos planteados. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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