Maricruz Perez Suarez

Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Maricruz Perez Suarez
  • MARICRUZ PEREZ SUAREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el veintidós de septiembre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintitrés de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) veinticinco y veintiséis de septiembre, así como dos, tres, nueve y diez de octubre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) doce de octubre, también inhábil con fundamento en dicho numeral. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo en segunda instancia, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebrada el catorce de abril de dos mil veinte y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN; y, ( Copia certificada de diversos registros que obran dentro de la aludida causa penal, con las cuales se formaron el anexo I. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (registro 10349 de 2020); por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza de control responsable.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 15 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el veintidós de septiembre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintitrés de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) veinticinco y veintiséis de septiembre, así como dos, tres, nueve y diez de octubre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) doce de octubre, también inhábil con fundamento en dicho numeral. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo en segunda instancia, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebrada el catorce de abril de dos mil veinte y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN; y, ( Copia certificada de diversos registros que obran dentro de la aludida causa penal, con las cuales se formaron el anexo I. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas o sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (registro 10349 de 2020); por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza de control responsable.

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 13 DE septiembre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "13-09-2021Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, la cual, únicamente fue desahogada por los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, respecto a las determinaciones de i) vincularlos a proceso y de ii) imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en audiencia oral de catorce de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, asimismo, por cuanto a la ficha signalética reclamada al Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo de la sentencia. Inconformes con dicha determinación, los referidos quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-140/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno revocó, por mayoría de votos contra uno particular, la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado. En ese tenor, por acuerdo emitido el veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la citada autoridad responsable, por el cual, comunicó que dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, fijó las once horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de dos de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo un oficio por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se declaró constitucional que la jueza de control, en audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, haya vinculado a proceso a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán y les haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado. Asimismo, se estimó constitucional la ficha signalética o identificación administrativa de los quejosos efectuada por el Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, con motivo de las resoluciones emitidas en audiencia inicial. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional competente, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii. Que la jueza de control veló por el derecho de los quejosos de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que sus defensores privados, intervinientes en la audiencia inicial, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso a los aquí quejosos y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. D. Que con la información vertida en la audiencia inicial, se pudo considerar que la intromisión al domicilio de los quejosos se encuentra ajustada al artículo 16 Constitucional, al realizarse en un supuesto de flagrancia no desvirtuado por la defensa y, por ende, no era procedente la anulación de los indicios obtenidos a través de dicho allanamiento. E. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de homicidio calificado. F. Que dichos datos de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad de los ahora quejosos en su participación o intervención, gracias al uso de la prueba circunstancial. G. Que se encontraba convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados a los ahora quejosos. H. Que la identificación administrativa reclamada no era una pena infamante y trascendental y que -contrario a lo argumentado por los quejosos- de su sola revisión se apreciaba, entre otros datos, que fueron identificados administrativamente como procesados en la causa penal de origen, del cual derivan tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamadas. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-140/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó, por mayoría de votos en contra de uno particular, la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso; ello, con base en las siguientes consideraciones: ( Que la inviolabilidad del domicilio a que alude el artículo 16 de nuestra Constitución Federal -también reconocida en los numerales 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , así como 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, constituía una manifestación del derecho a la intimidad y, por otra, que éste no era absoluto. ( Que, en el caso en concreto, no se apreciaba que para ingresar al domicilio de Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán -ahora quejosos- existiera previamente una orden judicial de cateo; no se trataba de la comisión de un delito en flagrancia; y menos se había contado con la autorización del ocupante. ( Que, aunado a lo anterior, tampoco se justificaba la urgencia a que hizo referencia la jueza responsable, a fin de salvaguardar la vida o la integridad de personas, pues en la especie, no existían datos objetivos para poder establecer que los recurrentes habían cometido un delito o bien que se estaba cometiendo. ( Que, se afirma lo último, porque no era verdad que los agentes investigadores tuvieron indicios razonables y suficientes para ingresar a la vivienda de los quejosos, porque solo se advertía que existió la llamada telefónica por parte del testigo Jorge Chávez Flores en el sentido de que del domicilio de sus vecinos emanaba un olor fétido como el de un cadáver en descomposición, que se encontraba abierta la puerta de ese domicilio y que tenía días que no veía a aquéllos, lo cual le generaba suspicacia y preocupación. Lo que inclusive corroboró Pedro Fierro Ramírez, Policía de Investigación adscrito al Grupo de Huejotzingo, de la Agencia Estatal de Investigación en calidad de Primer Respondiente al arribar al lugar, puesto que se percató que del domicilio de los imputados emanaba un hedor parecido al de un cadáver en descomposición y que se encontraba abierta la puerta del inmueble, por lo que dio vista al ministerio público quien únicamente le ordenó realizara una inspección del lugar. ( Que, sin embargo, esas circunstancias no justificaban el ingreso al domicilio, pues se trataban de cuestiones irrelevantes que no ponían de manifiesto la comisión de un delito o que se estaba cometiendo algún ilícito que permitieran determinar el ingreso al inmueble; aunado a que resultaba completamente subjetivo estimar que por el hedor que imperaba en el lugar se trataba de un cadáver, mucho menos que una persona había sido privada de la vida. ( Que, igualmente, el hecho que aseveró el testigo aludido en el sentido de que tenía varios días que no había visto a sus vecinos -los quejosos-, también constituía una cuestión subjetiva, meramente sospechosa sobre la ausencia de un individuo que no patentizaba la existencia o posible comisión de un delito; en todo caso, de presumirse una desaparición de personas, lo correspondiente era dar parte al representante social a través de la denuncia correspondiente, a fin de que éste ordenara y realizara las diligencias correspondientes. ( Que, asimismo, aun cuando el portón de la entrada principal del domicilio se encontrara entreabierto, esto no facultaba a los policías a ingresar a la vivienda, sin tocar y sin permiso de sus moradores, máxime que no se desprendía que tocaran, o que mediante la voz preguntaran si se encontraban sus habitantes, con la finalidad de cuestionarlos o de pedirles su autorización para ingresar; los elementos policiacos sin mayor reparo, sin algún dato objetivo que les hiciera advertir la comisión de un delito, determinaron ingresar, allanando la morada de los quejosos. ( Que, inclusive, el primer respondiente aseveró que ingresaron al lugar y se percató que dos personas realizaban labores de limpieza sobre un piso que tenía manchas con apariencia hemática, en específico en el área destinada para sala, así como un bulto contenido en una bolsa negra con forma de un cuerpo humano y supuestamente aquéllos le manifestaron "nosotros no lo matamos"; lo que revelaba que dicho policía no sólo cruzó el portón de la entrada principal, sino también la puerta de la sala, sin la autorización de los habitantes del domicilio. ( Que, en efecto, del acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de abril de dos mil veinte, se advertía que el inmueble era de un nivel, con zaguán metálico y una puerta para acceso peatonal, la cual se encontraba abierta, que cuenta con un área de patio, donde se observaron diversos objetos, entre ellos bolsas de basura con ropa, también una puerta metálica que conduce a un pasillo y una puerta de color beige, que al ingreso se encuentra un área destinada para sala, en donde se apreció, a nivel de piso, un envoltorio de plástico color negro, con cinta adhesiva color blanco, la cual mide aproximadamente dos metros de largo con características antropométricas. Lo que patentizaba que no sólo ingresaron al área general de la vivienda, sino que además, sin que mediara autorización, abrieron y cruzaron las puertas del área peatonal y de la sala, para de esa manera arribar al interior del domicilio donde estaban los peticionaros, por ende, habían entrado al lugar de manera ilícita, sin autorización ni permiso de los moradores. ( Que la responsable justificaba la intromisión con apoyo en cuestiones subjetivas, inclusive, simples sospechas, lo que era violatorio de la Constitución Federal; con dicho razonamiento se daba a entender que el solo olor fétido y el no haber visto a los vecinos, per se, pudiera tener la connotación de delito. ( Que, por otra parte, respecto a la intromisión al domicilio relacionado con los hechos, como previamente se estableció, si bien la inviolabilidad al domicilio constituía un derecho fundamental, que no era absoluto y como excepción se autorizaba dicha intromisión sin mediar orden judicial, esto únicamente podía ocurrir ante la comisión de un delito en flagrancia, respecto del cual, debían tenerse datos ciertos que permitieran considerar, de manera razonable su posible perpetración, lo cual implicaba una percepción directa, aun respecto de los ilícitos de carácter permanente en orden a su comisión. Ahora bien, en el particular, como se había expuesto, resultó cuestionable que por el simple olor fétido, se llevara a cabo la intromisión al domicilio sin orden judicial. ( Que, ciertamente, ante el contexto normativo previamente expuesto y la particular mecánica de los hechos en análisis, no era jurídicamente correcto desvincular lo referente a la ilegal intromisión al domicilio de los hechos respecto de lo ocurrido ya al interior del mismo, pues finalmente eso determinó la convalidación de esa ilegal actuación, al afirmar que ya al estar dentro del inmueble, ante lo advertido por los policías referente a la limpieza de manchas hemáticas, a la presencia de un bulto con forma de cuerpo humano y a la referencia que hicieron los quejosos "nosotros no lo matamos", se consideró que ante la probable comisión de delitos se justificó la detención de los peticionarios. ( Que, ello, porque precisamente conforme a nuestro Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, la intromisión al domicilio se justificaba únicamente ante la comisión de un delito en flagrancia, respecto del cual, ex ante, habría de contarse con datos ciertos y objetivos, solo en tal supuesto se permitía tal afectación al aludido derecho fundamental. ( Que, de esa manera, conforme a los datos expuestos ante la jueza de control se tenía que la intromisión al domicilio se justificó con base en unas simples sospechas, derivadas de la presencia de un olor fétido, lo cual, era violatorio de la Constitución Federal. ( Que, así, en el particular, conforme a las circunstancias en que se tuvo conocimiento de la probable comisión de un hecho que la ley señala como el delito, es decir, ante la información proporcionada por el testigo corroborada por el primer respondiente, consistente en el olor fétido, e inclusive, la desaparición de sus vecinos -los quejosos-, eso implicó la aptitud de la autoridad investigadora, para que en su caso, solicitara la orden judicial respectiva que le permitiera la intromisión al domicilio. ( Que, no obstaba precisar que efectivamente, los hechos que advirtieron los policías relativos a que dos personas realizaban labores de limpieza sobre un piso que tenía manchas con apariencia hemática, en específico en el área destinada para sala, así como un bulto contenido en una bolsa negra con forma de un cuerpo humano y supuestamente aquéllos le manifestaron "nosotros no lo matamos"; pues si bien éstos constituían datos objetivos de que posiblemente se cometió un delito, concretamente un homicidio; lo cierto es que estas circunstancias se concretaron cuando los policías ya se encontraban en el interior del domicilio, por ende, no permitían justificar la intromisión a dicho lugar. ( Que cabía señalar que era verdad que si los elementos de seguridad no hubieran tenido ese proceder, era muy probable que los indicios encontrados se hubieran destruido o desaparecido, entre ellos el cuerpo del occiso, y/o que los ahora imputados se hubieran sustraído de la acción de la justicia, existiendo un peligro en la demora de su detención. Empero, constitucionalmente la excepción al derecho fundamental a la inviolabilidad al domicilio, únicamente se sustentaba en la existencia de datos ciertos y objetivos que razonablemente permitieran inferir la comisión de un delito en flagrancia, de manera que lo determinante será la urgencia del caso, de modo que se tornara inaplazable la intervención, ya sea para evitar la consumación de un delito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida del responsable, lo que encontraba sentido, dado que nuestro sistema jurídico prevé tal intromisión al domicilio con orden judicial -cateo-, así como la restricción a la libertad personal con la orden de aprehensión. ( Que, en consecuencia, a diferencia de lo que se había aseverado en la sentencia de amparo, los datos que motivaron el ingreso y la injerencia total de los agentes investigadores al domicilio de los quejosos, resultaban insuficientes para evidenciar una urgencia que justificara la intromisión al domicilio de los quejosos. En esa virtud, resultaba inconcuso que eran ilícitos los datos de prueba obtenidos al momento del ingreso ilegal al domicilio y, por ende, se consideraba que los mismos debían excluirse. ( Que el artículo 2 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública -citado por la jueza responsable en su resolución- no contenía una previsión expresa que justificara la intromisión de las fuerzas de seguridad pública en bienes inmuebles, simplemente refería cuáles era las finalidades de la seguridad pública, por ello, tal precepto no podía servir como fundamento para justificar una intromisión en los inmuebles de los ciudadanos del país. ( Que, por su parte el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales -también citado por la jueza de control- justificaba la intromisión a inmuebles cerrados cuando se repelía una agresión real, actual o inminente; al respecto, la existencia de un olor fétido no podía considerarse como una agresión real, actual o inminente en contra de los elementos policiales que se introdujeron al bien inmueble de los quejosos o de alguna persona. Por tanto, tal porción normativa tampoco justificó el indebido actuar de los primeros respondientes. ( Que, finalmente, el hecho de que la existencia de un olor fétido pudiese ser un indicio de la existencia de un cadáver (tal vez víctima de un delito), la fiscalía pudo haber solicitado una orden de cateo para introducirse en el domicilio una vez corroborada esta situación por los policías. ( Que el tiempo que se pudiera tardar la autoridad judicial en librar este mandato no era excusa para no acatar las disposiciones constitucionales y legales que regulan el cateo. ( Que, en efecto, el artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que el ministerio público podía disponer de medidas de vigilancia, u otras que no requerían control judicial, para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo, durante el tiempo que el juez resolviera dicha medida. Lo cual no había acontecido en el caso en concreto. En mérito de lo anterior, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para los efectos siguientes de que la jueza responsable realizara lo siguiente: A. Dejara insubsistente la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados. B. En su lugar, señalara fecha y hora para una nueva audiencia, en la cual, acorde con las consideraciones expuestas en la ejecutoria, determinara que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán; por tanto, con plenitud de jurisdicción excluyera los datos de pruebas que derivaron de ella. C. Con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera en torno a la vinculación a proceso y medida cautelar solicitadas por el ministerio público, así como la identificación administrativa de los quejosos. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, mediante acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dejó sin efectos insubsistente la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los quejosos -actos reclamados-; asimismo, señaló las once horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto siguiente para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, en audiencia oral celebrada el treinta y uno de agosto del año en curso, resolvió -esencialmente y en lo que interesa- lo siguiente: A. Reiteró la insubsistencia de la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los quejosos -actos reclamados-. B. Acorde con las consideraciones expuestas en la ejecutoria del Tribunal Colegiado, determinó que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán. C. Con la plenitud de jurisdicción concedida por el Tribunal Colegiado, excluyó únicamente el dato de prueba que consistió en la entrevista recabada al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez, de diez de abril de dos mil veinte, en la que -en esencia- se narró la intromisión al domicilio de los quejosos, la manera en que se encontró a éstos en su interior realizando labores de limpieza de manchas hemáticas encontradas en el piso con el cuerpo de una persona sin vida en el interior de una bolsa y cómo éstos dijeron "nosotros no lo matamos". D. Dejó intocado el resto de los datos de prueba narrados por la fiscalía, incluso, aquellos que derivaron de la intromisión del domicilio, que radicaron en: i) el informe pericial número 158/2020 de once de abril de dos mil veinte, emitido por Abigail Rojas Cruz, perito criminalista de campo adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; ii) el acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de abril de dos mil veinte, realizada y signada por Pedro Fierro Ramírez, agente Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia de Huejotzingo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, iii) el dictamen médico legal de necropsia número 488 de diez de abril de dos mil veinte, emitido por Fátima Ivonne Armas Valdivia, médico legista y forense adscrita a la Dirección de la Institución Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla. E. Lo anterior, porque consideró -sustancialmente- que era inevitable el descubrimiento de los indicios ubicados en el domicilio de los quejosos, el cual se erigía propiamente en una modalidad de la diversa de fuente independiente, en tanto que se demostraba que existía otra línea de investigación abierta, distintas de la que generó la obtención ilícita de la evidencia (la intromisión ilegal del domicilio), que hubiera conducido al mismo resultado probatorio de forma inevitable, tomando en consideración que el fiscal pudo haber actuado en términos del artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, implementar las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiriera control judicial, que estimara conveniente para evitar la fuga de los imputados o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de los indicios encontrados, especialmente del cuerpo de la víctima y de las manchas hemáticas, mientras el juez de control resolviera la procedencia de una solicitud de una orden del cateo en el bien inmueble, con la que se hubieran encontrado tanto a los quejosos en el lugar como tales indicios. F. Para tal decisión, se apoyó en la tesis aislada (II Región) 1o.6 P (10a.) de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN PROBATORIA VINCULADA CON PRUEBA ILÍCITA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO QUE ATAÑE AL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE, CUANDO SE PONE DE MANIFIESTO, DE FORMA SUFICIENTE, QUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN, OBTENIDO ILÍCITAMENTE, SE HUBIERE RECABADO INELUDIBLEMENTE POR MEDIOS LEGALES INDEPENDIENTES.". G. Posteriormente, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, vinculó nuevamente a proceso a los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, al encontrar datos de prueba suficientes para establecer la existencia del hecho con apariencia ilícita y la citada probable responsabilidad, a pesar de la exclusión del dato de prueba mencionado anteriormente. H. Asimismo, con la misma libertad, les impuso nuevamente la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados. I. Respecto a la identificación administrativa, indicó que ésta no fue encomendada en el acto reclamado y agregó que en el auto de vinculación a proceso no se ordena a realizar como sucede con el auto de vinculación a proceso. 4. Desahogo a la vista otorgada. Los quejosos de Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, desahogaron la vista concedida por auto de dos de septiembre del año en curso, en el sentido de que la autoridad responsable no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que, no obstante de haber determinado que fue ilegal la intromisión a su domicilio, de nueva cuenta tomó en consideración datos de prueba que fueron recabados en dicha intromisión. 5. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la audiencia de catorce de abril de dos mil veinte, en la que se dictaron las resoluciones reclamadas (vinculación a proceso e imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar); ii) determinó que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán y, con la libertad de jurisdicción concedida por el Tribunal Colegiado, excluyó sólo un dato de prueba que derivó de la misma; y, iii) con esa plenitud de jurisdicción, resolvió lo relativo a la vinculación a proceso y medida cautelar solicitadas por el ministerio público, así como a la identificación administrativa de los quejosos. Ahora bien, es infundado el motivo por el cual los quejosos consideran que la ejecutoria de amparo no se cumplió cabalmente, cuenta habida que si bien es cierto el Tribunal Colegiado determinó que la intromisión al domicilio fue ilegal, también lo que es que señaló que la autoridad responsable contaba con plenitud de jurisdicción para realizar la exclusión probatoria derivada de dicho acto violatorio a la intimidad -consagrado en el artículo 16 Constitucional- y, por ende, se encontraba facultada para decidir qué datos de prueba debían o no subsistir para resolver la situación jurídica de los quejosos. Aunado a lo anterior, el Tribunal Colegiado textualmente expresó en la parte considerativa de su sentencia lo siguiente: "En esa virtud, resulta inconcuso que son ilícitos los datos de prueba obtenidos al momento del ingreso ilegal al domicilio de los quejosos; por tanto, este tribunal colegiado considera que los mismos deben excluirse.". (Lo destacado es propio). Lo cual, significa que el único dato de prueba que debía excluirse sin objeción alguna era la entrevista al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez, de diez de abril de dos mil veinte -lo que sí fue realizado por la jueza de control-, ya que la información que derivó de ese dato fue la única obtenida en el momento exacto del ilegal ingreso al domicilio; lo que, a su vez, conlleva que el resto de los datos de prueba serían materia de esa libertad de jurisdicción otorgada. Sino fuera de esa manera, el Tribunal Colegiado hubiera establecido expresamente todos aquellos datos de prueba que debían excluirse por la ilegal intromisión al domicilio -por ser evidente cuales eran éstos- y no hubiera otorgado la libertad de jurisdicción para tales efectos. En efecto, para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (registro 10349 de 2020); y, por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..."

  4. Principal

    13-09-2021Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, la cual, únicamente fue desahogada por los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se negó el amparo a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, respecto a las determinaciones de i) vincularlos a proceso y de ii) imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en audiencia oral de catorce de abril de dos mil veinte, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, asimismo, por cuanto a la ficha signalética reclamada al Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo de la sentencia. Inconformes con dicha determinación, los referidos quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-140/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno revocó, por mayoría de votos contra uno particular, la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado. En ese tenor, por acuerdo emitido el veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la citada autoridad responsable, por el cual, comunicó que dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, fijó las once horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del presente año, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Luego, por acuerdo de dos de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo un oficio por el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco versátil digital en el que obra la audiencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 75/2020/SANMARTÍN. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se declaró constitucional que la jueza de control, en audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, haya vinculado a proceso a los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán y les haya impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado. Asimismo, se estimó constitucional la ficha signalética o identificación administrativa de los quejosos efectuada por el Director del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, con motivo de las resoluciones emitidas en audiencia inicial. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: i. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional competente, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. ii. Que la jueza de control veló por el derecho de los quejosos de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que sus defensores privados, intervinientes en la audiencia inicial, fueran licenciados en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso a los aquí quejosos y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. D. Que con la información vertida en la audiencia inicial, se pudo considerar que la intromisión al domicilio de los quejosos se encuentra ajustada al artículo 16 Constitucional, al realizarse en un supuesto de flagrancia no desvirtuado por la defensa y, por ende, no era procedente la anulación de los indicios obtenidos a través de dicho allanamiento. E. Que existieron datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de homicidio calificado. F. Que dichos datos de prueba también eran suficientes para establecer la probable responsabilidad de los ahora quejosos en su participación o intervención, gracias al uso de la prueba circunstancial. G. Que se encontraba convencional, constitucional y legalmente justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados a los ahora quejosos. H. Que la identificación administrativa reclamada no era una pena infamante y trascendental y que -contrario a lo argumentado por los quejosos- de su sola revisión se apreciaba, entre otros datos, que fueron identificados administrativamente como procesados en la causa penal de origen, del cual derivan tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamadas. Sin embargo, mediante ejecutoria dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-140/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó, por mayoría de votos en contra de uno particular, la sentencia de este órgano jurisdiccional y declaró inconstitucional el referido auto de vinculación a proceso; ello, con base en las siguientes consideraciones: ( Que la inviolabilidad del domicilio a que alude el artículo 16 de nuestra Constitución Federal -también reconocida en los numerales 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , así como 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, constituía una manifestación del derecho a la intimidad y, por otra, que éste no era absoluto. ( Que, en el caso en concreto, no se apreciaba que para ingresar al domicilio de Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán -ahora quejosos- existiera previamente una orden judicial de cateo; no se trataba de la comisión de un delito en flagrancia; y menos se había contado con la autorización del ocupante. ( Que, aunado a lo anterior, tampoco se justificaba la urgencia a que hizo referencia la jueza responsable, a fin de salvaguardar la vida o la integridad de personas, pues en la especie, no existían datos objetivos para poder establecer que los recurrentes habían cometido un delito o bien que se estaba cometiendo. ( Que, se afirma lo último, porque no era verdad que los agentes investigadores tuvieron indicios razonables y suficientes para ingresar a la vivienda de los quejosos, porque solo se advertía que existió la llamada telefónica por parte del testigo Jorge Chávez Flores en el sentido de que del domicilio de sus vecinos emanaba un olor fétido como el de un cadáver en descomposición, que se encontraba abierta la puerta de ese domicilio y que tenía días que no veía a aquéllos, lo cual le generaba suspicacia y preocupación. Lo que inclusive corroboró Pedro Fierro Ramírez, Policía de Investigación adscrito al Grupo de Huejotzingo, de la Agencia Estatal de Investigación en calidad de Primer Respondiente al arribar al lugar, puesto que se percató que del domicilio de los imputados emanaba un hedor parecido al de un cadáver en descomposición y que se encontraba abierta la puerta del inmueble, por lo que dio vista al ministerio público quien únicamente le ordenó realizara una inspección del lugar. ( Que, sin embargo, esas circunstancias no justificaban el ingreso al domicilio, pues se trataban de cuestiones irrelevantes que no ponían de manifiesto la comisión de un delito o que se estaba cometiendo algún ilícito que permitieran determinar el ingreso al inmueble; aunado a que resultaba completamente subjetivo estimar que por el hedor que imperaba en el lugar se trataba de un cadáver, mucho menos que una persona había sido privada de la vida. ( Que, igualmente, el hecho que aseveró el testigo aludido en el sentido de que tenía varios días que no había visto a sus vecinos -los quejosos-, también constituía una cuestión subjetiva, meramente sospechosa sobre la ausencia de un individuo que no patentizaba la existencia o posible comisión de un delito; en todo caso, de presumirse una desaparición de personas, lo correspondiente era dar parte al representante social a través de la denuncia correspondiente, a fin de que éste ordenara y realizara las diligencias correspondientes. ( Que, asimismo, aun cuando el portón de la entrada principal del domicilio se encontrara entreabierto, esto no facultaba a los policías a ingresar a la vivienda, sin tocar y sin permiso de sus moradores, máxime que no se desprendía que tocaran, o que mediante la voz preguntaran si se encontraban sus habitantes, con la finalidad de cuestionarlos o de pedirles su autorización para ingresar; los elementos policiacos sin mayor reparo, sin algún dato objetivo que les hiciera advertir la comisión de un delito, determinaron ingresar, allanando la morada de los quejosos. ( Que, inclusive, el primer respondiente aseveró que ingresaron al lugar y se percató que dos personas realizaban labores de limpieza sobre un piso que tenía manchas con apariencia hemática, en específico en el área destinada para sala, así como un bulto contenido en una bolsa negra con forma de un cuerpo humano y supuestamente aquéllos le manifestaron "nosotros no lo matamos"; lo que revelaba que dicho policía no sólo cruzó el portón de la entrada principal, sino también la puerta de la sala, sin la autorización de los habitantes del domicilio. ( Que, en efecto, del acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de abril de dos mil veinte, se advertía que el inmueble era de un nivel, con zaguán metálico y una puerta para acceso peatonal, la cual se encontraba abierta, que cuenta con un área de patio, donde se observaron diversos objetos, entre ellos bolsas de basura con ropa, también una puerta metálica que conduce a un pasillo y una puerta de color beige, que al ingreso se encuentra un área destinada para sala, en donde se apreció, a nivel de piso, un envoltorio de plástico color negro, con cinta adhesiva color blanco, la cual mide aproximadamente dos metros de largo con características antropométricas. Lo que patentizaba que no sólo ingresaron al área general de la vivienda, sino que además, sin que mediara autorización, abrieron y cruzaron las puertas del área peatonal y de la sala, para de esa manera arribar al interior del domicilio donde estaban los peticionaros, por ende, habían entrado al lugar de manera ilícita, sin autorización ni permiso de los moradores. ( Que la responsable justificaba la intromisión con apoyo en cuestiones subjetivas, inclusive, simples sospechas, lo que era violatorio de la Constitución Federal; con dicho razonamiento se daba a entender que el solo olor fétido y el no haber visto a los vecinos, per se, pudiera tener la connotación de delito. ( Que, por otra parte, respecto a la intromisión al domicilio relacionado con los hechos, como previamente se estableció, si bien la inviolabilidad al domicilio constituía un derecho fundamental, que no era absoluto y como excepción se autorizaba dicha intromisión sin mediar orden judicial, esto únicamente podía ocurrir ante la comisión de un delito en flagrancia, respecto del cual, debían tenerse datos ciertos que permitieran considerar, de manera razonable su posible perpetración, lo cual implicaba una percepción directa, aun respecto de los ilícitos de carácter permanente en orden a su comisión. Ahora bien, en el particular, como se había expuesto, resultó cuestionable que por el simple olor fétido, se llevara a cabo la intromisión al domicilio sin orden judicial. ( Que, ciertamente, ante el contexto normativo previamente expuesto y la particular mecánica de los hechos en análisis, no era jurídicamente correcto desvincular lo referente a la ilegal intromisión al domicilio de los hechos respecto de lo ocurrido ya al interior del mismo, pues finalmente eso determinó la convalidación de esa ilegal actuación, al afirmar que ya al estar dentro del inmueble, ante lo advertido por los policías referente a la limpieza de manchas hemáticas, a la presencia de un bulto con forma de cuerpo humano y a la referencia que hicieron los quejosos "nosotros no lo matamos", se consideró que ante la probable comisión de delitos se justificó la detención de los peticionarios. ( Que, ello, porque precisamente conforme a nuestro Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, la intromisión al domicilio se justificaba únicamente ante la comisión de un delito en flagrancia, respecto del cual, ex ante, habría de contarse con datos ciertos y objetivos, solo en tal supuesto se permitía tal afectación al aludido derecho fundamental. ( Que, de esa manera, conforme a los datos expuestos ante la jueza de control se tenía que la intromisión al domicilio se justificó con base en unas simples sospechas, derivadas de la presencia de un olor fétido, lo cual, era violatorio de la Constitución Federal. ( Que, así, en el particular, conforme a las circunstancias en que se tuvo conocimiento de la probable comisión de un hecho que la ley señala como el delito, es decir, ante la información proporcionada por el testigo corroborada por el primer respondiente, consistente en el olor fétido, e inclusive, la desaparición de sus vecinos -los quejosos-, eso implicó la aptitud de la autoridad investigadora, para que en su caso, solicitara la orden judicial respectiva que le permitiera la intromisión al domicilio. ( Que, no obstaba precisar que efectivamente, los hechos que advirtieron los policías relativos a que dos personas realizaban labores de limpieza sobre un piso que tenía manchas con apariencia hemática, en específico en el área destinada para sala, así como un bulto contenido en una bolsa negra con forma de un cuerpo humano y supuestamente aquéllos le manifestaron "nosotros no lo matamos"; pues si bien éstos constituían datos objetivos de que posiblemente se cometió un delito, concretamente un homicidio; lo cierto es que estas circunstancias se concretaron cuando los policías ya se encontraban en el interior del domicilio, por ende, no permitían justificar la intromisión a dicho lugar. ( Que cabía señalar que era verdad que si los elementos de seguridad no hubieran tenido ese proceder, era muy probable que los indicios encontrados se hubieran destruido o desaparecido, entre ellos el cuerpo del occiso, y/o que los ahora imputados se hubieran sustraído de la acción de la justicia, existiendo un peligro en la demora de su detención. Empero, constitucionalmente la excepción al derecho fundamental a la inviolabilidad al domicilio, únicamente se sustentaba en la existencia de datos ciertos y objetivos que razonablemente permitieran inferir la comisión de un delito en flagrancia, de manera que lo determinante será la urgencia del caso, de modo que se tornara inaplazable la intervención, ya sea para evitar la consumación de un delito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida del responsable, lo que encontraba sentido, dado que nuestro sistema jurídico prevé tal intromisión al domicilio con orden judicial -cateo-, así como la restricción a la libertad personal con la orden de aprehensión. ( Que, en consecuencia, a diferencia de lo que se había aseverado en la sentencia de amparo, los datos que motivaron el ingreso y la injerencia total de los agentes investigadores al domicilio de los quejosos, resultaban insuficientes para evidenciar una urgencia que justificara la intromisión al domicilio de los quejosos. En esa virtud, resultaba inconcuso que eran ilícitos los datos de prueba obtenidos al momento del ingreso ilegal al domicilio y, por ende, se consideraba que los mismos debían excluirse. ( Que el artículo 2 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública -citado por la jueza responsable en su resolución- no contenía una previsión expresa que justificara la intromisión de las fuerzas de seguridad pública en bienes inmuebles, simplemente refería cuáles era las finalidades de la seguridad pública, por ello, tal precepto no podía servir como fundamento para justificar una intromisión en los inmuebles de los ciudadanos del país. ( Que, por su parte el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales -también citado por la jueza de control- justificaba la intromisión a inmuebles cerrados cuando se repelía una agresión real, actual o inminente; al respecto, la existencia de un olor fétido no podía considerarse como una agresión real, actual o inminente en contra de los elementos policiales que se introdujeron al bien inmueble de los quejosos o de alguna persona. Por tanto, tal porción normativa tampoco justificó el indebido actuar de los primeros respondientes. ( Que, finalmente, el hecho de que la existencia de un olor fétido pudiese ser un indicio de la existencia de un cadáver (tal vez víctima de un delito), la fiscalía pudo haber solicitado una orden de cateo para introducirse en el domicilio una vez corroborada esta situación por los policías. ( Que el tiempo que se pudiera tardar la autoridad judicial en librar este mandato no era excusa para no acatar las disposiciones constitucionales y legales que regulan el cateo. ( Que, en efecto, el artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que el ministerio público podía disponer de medidas de vigilancia, u otras que no requerían control judicial, para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo, durante el tiempo que el juez resolviera dicha medida. Lo cual no había acontecido en el caso en concreto. En mérito de lo anterior, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para los efectos siguientes de que la jueza responsable realizara lo siguiente: A. Dejara insubsistente la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados. B. En su lugar, señalara fecha y hora para una nueva audiencia, en la cual, acorde con las consideraciones expuestas en la ejecutoria, determinara que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán; por tanto, con plenitud de jurisdicción excluyera los datos de pruebas que derivaron de ella. C. Con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera en torno a la vinculación a proceso y medida cautelar solicitadas por el ministerio público, así como la identificación administrativa de los quejosos. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Karla Patricia Ambrocio Vargas, Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Martín Texmelucan, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y dentro de la causa penal 75/2020/SANMARTÍN, mediante acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dejó sin efectos insubsistente la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los quejosos -actos reclamados-; asimismo, señaló las once horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto siguiente para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, en audiencia oral celebrada el treinta y uno de agosto del año en curso, resolvió -esencialmente y en lo que interesa- lo siguiente: A. Reiteró la insubsistencia de la audiencia celebrada el catorce de abril de dos mil veinte, en la cual dictó auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los quejosos -actos reclamados-. B. Acorde con las consideraciones expuestas en la ejecutoria del Tribunal Colegiado, determinó que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán. C. Con la plenitud de jurisdicción concedida por el Tribunal Colegiado, excluyó únicamente el dato de prueba que consistió en la entrevista recabada al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez, de diez de abril de dos mil veinte, en la que -en esencia- se narró la intromisión al domicilio de los quejosos, la manera en que se encontró a éstos en su interior realizando labores de limpieza de manchas hemáticas encontradas en el piso con el cuerpo de una persona sin vida en el interior de una bolsa y cómo éstos dijeron "nosotros no lo matamos". D. Dejó intocado el resto de los datos de prueba narrados por la fiscalía, incluso, aquellos que derivaron de la intromisión del domicilio, que radicaron en: i) el informe pericial número 158/2020 de once de abril de dos mil veinte, emitido por Abigail Rojas Cruz, perito criminalista de campo adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla; ii) el acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver de nueve de abril de dos mil veinte, realizada y signada por Pedro Fierro Ramírez, agente Estatal de Investigación adscrito a la Comandancia de Huejotzingo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, iii) el dictamen médico legal de necropsia número 488 de diez de abril de dos mil veinte, emitido por Fátima Ivonne Armas Valdivia, médico legista y forense adscrita a la Dirección de la Institución Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla. E. Lo anterior, porque consideró -sustancialmente- que era inevitable el descubrimiento de los indicios ubicados en el domicilio de los quejosos, el cual se erigía propiamente en una modalidad de la diversa de fuente independiente, en tanto que se demostraba que existía otra línea de investigación abierta, distintas de la que generó la obtención ilícita de la evidencia (la intromisión ilegal del domicilio), que hubiera conducido al mismo resultado probatorio de forma inevitable, tomando en consideración que el fiscal pudo haber actuado en términos del artículo 285 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, implementar las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiriera control judicial, que estimara conveniente para evitar la fuga de los imputados o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de los indicios encontrados, especialmente del cuerpo de la víctima y de las manchas hemáticas, mientras el juez de control resolviera la procedencia de una solicitud de una orden del cateo en el bien inmueble, con la que se hubieran encontrado tanto a los quejosos en el lugar como tales indicios. F. Para tal decisión, se apoyó en la tesis aislada (II Región) 1o.6 P (10a.) de rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN PROBATORIA VINCULADA CON PRUEBA ILÍCITA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO QUE ATAÑE AL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE, CUANDO SE PONE DE MANIFIESTO, DE FORMA SUFICIENTE, QUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN, OBTENIDO ILÍCITAMENTE, SE HUBIERE RECABADO INELUDIBLEMENTE POR MEDIOS LEGALES INDEPENDIENTES.". G. Posteriormente, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, vinculó nuevamente a proceso a los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, al encontrar datos de prueba suficientes para establecer la existencia del hecho con apariencia ilícita y la citada probable responsabilidad, a pesar de la exclusión del dato de prueba mencionado anteriormente. H. Asimismo, con la misma libertad, les impuso nuevamente la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, atendiendo a la clasificación y naturaleza de los hechos imputados. I. Respecto a la identificación administrativa, indicó que ésta no fue encomendada en el acto reclamado y agregó que en el auto de vinculación a proceso no se ordena a realizar como sucede con el auto de vinculación a proceso. 4. Desahogo a la vista otorgada. Los quejosos de Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán, mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, desahogaron la vista concedida por auto de dos de septiembre del año en curso, en el sentido de que la autoridad responsable no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que, no obstante de haber determinado que fue ilegal la intromisión a su domicilio, de nueva cuenta tomó en consideración datos de prueba que fueron recabados en dicha intromisión. 5. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la audiencia de catorce de abril de dos mil veinte, en la que se dictaron las resoluciones reclamadas (vinculación a proceso e imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar); ii) determinó que existió una ilegal intromisión en el domicilio de los quejosos Maricruz Pérez Suárez y Gerardo Galindo Durán y, con la libertad de jurisdicción concedida por el Tribunal Colegiado, excluyó sólo un dato de prueba que derivó de la misma; y, iii) con esa plenitud de jurisdicción, resolvió lo relativo a la vinculación a proceso y medida cautelar solicitadas por el ministerio público, así como a la identificación administrativa de los quejosos. Ahora bien, es infundado el motivo por el cual los quejosos consideran que la ejecutoria de amparo no se cumplió cabalmente, cuenta habida que si bien es cierto el Tribunal Colegiado determinó que la intromisión al domicilio fue ilegal, también lo que es que señaló que la autoridad responsable contaba con plenitud de jurisdicción para realizar la exclusión probatoria derivada de dicho acto violatorio a la intimidad -consagrado en el artículo 16 Constitucional- y, por ende, se encontraba facultada para decidir qué datos de prueba debían o no subsistir para resolver la situación jurídica de los quejosos. Aunado a lo anterior, el Tribunal Colegiado textualmente expresó en la parte considerativa de su sentencia lo siguiente: "En esa virtud, resulta inconcuso que son ilícitos los datos de prueba obtenidos al momento del ingreso ilegal al domicilio de los quejosos; por tanto, este tribunal colegiado considera que los mismos deben excluirse.". (Lo destacado es propio). Lo cual, significa que el único dato de prueba que debía excluirse sin objeción alguna era la entrevista al agente de investigación Pedro Fierros Ramírez, de diez de abril de dos mil veinte -lo que sí fue realizado por la jueza de control-, ya que la información que derivó de ese dato fue la única obtenida en el momento exacto del ilegal ingreso al domicilio; lo que, a su vez, conlleva que el resto de los datos de prueba serían materia de esa libertad de jurisdicción otorgada. Sino fuera de esa manera, el Tribunal Colegiado hubiera establecido expresamente todos aquellos datos de prueba que debían excluirse por la ilegal intromisión al domicilio -por ser evidente cuales eran éstos- y no hubiera otorgado la libertad de jurisdicción para tales efectos. En efecto, para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (registro 10349 de 2020); y, por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano