Maricela Renteral Domínguez
Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Maricela Renteral Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, este expediente es destruible. Así una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se negó la medida cautelar, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento; en consecuencia, es destruible. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite el quejoso, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc la copia certificada del expediente 598/2022 de su índice, misma que adjuntó al rendir su informe justificado. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, este expediente es destruible. Así una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se negó la medida cautelar, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento; en consecuencia, es destruible. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite el quejoso, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc la copia certificada del expediente ******************** de su índice, misma que adjuntó al rendir su informe justificado. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, ********************, siendo las diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 591/2023-I, promovido por********************, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de ********************, con sede en Apizaco, asistida de Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1. Demanda de amparo presentada por ********************; 2. Auto admisorio de ocho de mayo de dos mil veintitrés; 3. Informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y 4. Escrito con registro 10800 de los terceros interesados ******************** y ********************, por el cual se apersonan al presente juicio. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la parte tercero interesada Maria de la Fe Tamayo Cano y ********************, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercero interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la quejosa mediante escrito 8404, ofreció como medios de prueba: 1. Copia certificada de instrumento notarial ********************, libro ********************, de once de septiembre de dos mil ocho; 2. Copia certificada de certificado de gravamen ********************, expedido por el Director de Notarías y Registros Públicos de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés; 3. Copia certificada de manifestación catastral a nombre de ********************, expedido por el Municipio de ******************** de ********************, ********************, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés; 4. Copia certificada de comprobante fiscal digital con folio ********************, expedido por el Municipio de ******************** de ********************, ********************, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés; 5. La presuncional legal y humana; y 6. La instrumental de actuaciones. Por su parte el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de ********************, mediante oficio DRP/4765/2023, ofreció como prueba el documento electrónico sello registral número ********************. Asimismo, la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada del expediente ********************. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta a la Juez con los formulados por los terceros interesados ******************** y ********************, mediante escrito registrado con el número 10800 y se hace constar que el fiscal federal adscrito no presentó pedimento. Atento a lo anterior, la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de cuenta, sin que el Agente de Ministerio Público Federal adscrito haya presentado pedimento, por lo que se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, para resolver en sentencia, los autos, del juicio de amparo indirecto número********************, promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otras autoridades; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de ********************, con residencia en Apizaco, y turnado el día siguiente a este Juzgado de Distrito,********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de ********************. ACTO RECLAMADO: El emplazamiento efectuado a********************, aquí quejosa, el catorce de abril de dos mil veintitrés dentro del juicio de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos, el cual se registró bajo el número ******************** del índice del Juez responsable. El auto de once de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos ********************, en el que se ordenó la anotación marginal respecto de la tercera fracción del bien inmueble denominado "********************", ubicado en la calle ******************** de ********************, sección ********************, del Municipio de ******************** de ********************, ********************, así como su ejecución. SEGUNDO. Trámite del Juicio Constitucional. En proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercera interesada; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de ******************** es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque las autoridades a quien se les reprocha tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El emplazamiento efectuado a********************, aquí quejosa, el catorce de abril de dos mil veintitrés dentro del juicio de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos, el cual se registró bajo el número ******************** del índice del Juez responsable. El auto de once de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos ********************, en el que se ordenó la anotación marginal respecto de la tercera fracción del bien inmueble denominado "********************", ubicado en la calle ******************** de ********************, sección ********************, del Municipio de ******************** de ********************, ********************, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado manifestaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con la copia certificada del juicio ordinario civil ********************. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser emitida por un funcionario con fe pública. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una breve relación de los antecedentes de los actos reclamados. 1.- En proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio ordinario civil de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos que instó ******************** y ******************** en contra de******************** y otros, el cual se registró bajo el número ******************** (fojas 103 a 106 del tomo de pruebas). 2.- Asimismo, el once de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable ordenó girar oficio a la Dirección de Notarias y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, a fin de que los bienes motivo del litigio se les realizara una anotación marginal (fojas 104 a 106 ídem). 3.- El catorce de abril de dos mil veintitrés, el Diligenciario adscrito al Juzgado responsable efectuó el emplazamiento correspondiente a********************, quien, mediante escrito de veintiocho de abril del año en curso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 123, 136 a 161 del tomo de pruebas). 4.- Motivo por el cual, por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Juez natural tuvo a********************, dando contestación a la demanda en tiempo y forma, por hechas las manifestaciones y por opuestas las excepciones que hizo valer (fojas 251 a 254 del tomo de pruebas); ello, sin que de las constancias se advierte que se haya emitido sentencia en dicho procedimiento. Antecedentes que derivan del acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Esta Juzgadora Federal considera que se actualizan diversas causas de improcedencia respecto a cada uno de los actos que se reclaman en el presente asunto, los cuales se analizaran por separados. a) Por lo que respecta al emplazamiento efectuado a********************, aquí quejosa, el catorce de abril de dos mil veintitrés. En relación con el acto en estudio, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que, por tal acto debe sobreseerse en el juicio de amparo. En ese sentido, la fracción en comento, establece la improcedencia del juicio de amparo que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la inejercitabilidad de la acción constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras que surjan de la propia ley, como la que deriva de interpretar el citado precepto sistemáticamente con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Así, el precepto 107, fracción VI, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste; por ende, interpretado en sentido contrario, se entiende que si los actos son reclamados por una persona ostentándose como tercera extraña a una controversia en la que no tenga esa calidad, el juicio de amparo será improcedente. Para demostrar la actualización de la causa de improcedencia referida, existen dos supuestos en que las personas pueden considerarse terceras extrañas: 1) Terceros extraños en sentido estricto: cuando no son llamados a juicio (persona diversa a los sujetos que forman parte de una controversia); o, 2) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: por no haber sido emplazados a juicio, o haber sido emplazados en forma diversa a la prevista por la ley. Este último supuesto, el cual se considera se actualiza en el caso, prevé las siguientes modalidades: Primera: Simple, que es el sujeto que forma parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; Segundo: Por litisconsorcio, que a su vez se manifiesta de dos formas: I) quien no fue señalado como demandado en el juicio y sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el procedimiento, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia (litisconsorte pasivo necesario); y, II) la persona que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio. Ahora, la finalidad del emplazamiento es que la persona a quien se dirija tenga conocimiento pleno del asunto de que se trata, a efecto de que tenga la oportunidad de oponer excepciones y defensas. Y en esa línea, en los procedimientos jurisdiccionales en donde aún no se dicta la sentencia respectiva, no puede reclamarse a través del amparo la falta o ilegal emplazamiento por una persona quien se ostenta como tercera extraña, precisamente porque al no estar afectado sus derechos por una resolución que le ponga fin al juicio, está en posibilidad de hacer valer los medios ordinarios para defender sus intereses. Lo anterior es así, porque no se ha vulnerado su derecho de audiencia, al poder concurrir a la sede ordinaria a promover los medios legales que estime correspondientes para defender sus intereses. Por las razones que la invocan, se cita la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, consultable en la página 1627, Materias(s): Común, Constitucional, de rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Conforme lo anterior, y, en el caso en estudio, se recuerda que la parte quejosa se ostenta como persona tercera extraña a juicio, en virtud de ser parte demandada en el juicio ********************, relativo al juicio de declaración de nulidad e inexistencia de escritura del contrato de cesión de derechos, de la estadística del Juzgado señalado como responsable, de la cual reclama la ilegal notificación, y el emplazamiento en el mismo. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el catorce de abril de dos mil veintitrés, se efectuó el emplazamiento de la demandada********************, quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que en auto de diecinueve de mayo del año en curso, se le tuvo por oponiendo las excepciones que hizo valer. De lo anterior, se logra deducir que al día de hoy, no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio de origen, por tanto, es que como se adelantó, se considera que la ahora quejosa, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio puesto, que, al no haberse dictado aun sentencia en aquéllos autos, puede acudir a defender sus intereses, lo cual realizó. Por tanto, si a la fecha en que esta determinación se adopta, no se ha resuelto el juicio de donde deriva el motivo de reclamo, y al tener conocimiento la parte quejosa, de su existencia, al haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, la misma tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos en el juicio de origen, pues se insiste, se encuentra en aptitud, de acudir a hacer valer los recursos o medios de defensa que tenga a su alcance, si así lo considera pertinente. Se cita por analogía la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo I, agosto de dos mil trece, visible en la página setecientos veintinueve, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." De ahí que se decrete sobreseer en el juicio de amparo intentado por el acto reclamado y que fue precisado con anticipación. b) En relación con el diverso acto reclamado consistente en el auto de once de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario civil ********************. Por cuanto hace al presente acto, se aprecia que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Sirve de sustento, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en el registro digital 187016, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito página 902, Tomo XV, mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Asimismo, cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI.1oJ/85 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Visible en la página 51, Tomo XVII, julio de 1993, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215770 que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En la especie, como se adelantó, la aquí quejosa reclama el auto de once de noviembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, en la cual el Juez responsable ordenó la anotación marginal respecto de la tercera fracción del bien inmueble denominado "********************", ubicado en la calle ******************** de ********************, sección ********************, del Municipio de ******************** de ********************, ********************. En el caso sometido en estudio, se tiene que los artículos 86 y 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de ********************, establece que las resoluciones judiciales podrán ser autos, y que en contra de los autos que se emitan procede el recurso de revocación. Por su parte los diversos numerales 505 y 506, del citado código establecen que el recurso de revocación puede hacerse valer dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que se combate, con el que se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De modo que ese recurso ordinario -en los casos que resulte procedente-, debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. Ahora, como se precisó la parte quejosa reclama el auto de once de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se ordenó la anotación marginal respecto de la tercera fracción del bien inmueble de la aquí quejosa. Por tanto como se adelantó, el citado proveído puede ser combatido a través del medio de defensa que contempla la ley del acto; esto es, por medio del recurso de revocación, medio de defensa a través del cual el auto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que dicha determinación puede considerarse un acto que afecte derechos sustantivos y sea de imposible reparación; sin embargo, dicho motivo es insuficiente para poder acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso ordinario. Ello es así, ya que el hecho de que se considerara al acto reclamado como de ejecución irreparable, de cualquier forma subsistiría la inviabilidad del juicio de amparo, habida cuenta que cobra preeminencia la observancia del principio de definitividad en estudio, análisis que fue motivo de estudio por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015. De tal contradicción de tesis se emitió la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro digital 2017117, bajo el rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Además, no se observa actualizada alguna de las excepciones al principio de definitividad, que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida, o actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; además, el acto no afecta la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal, ni se afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Asimismo, de que no se trata del auto de vinculación a proceso, ni tampoco se actualiza el supuesto de que el medio de defensa se sujete a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, habida cuenta que se encuentra expresamente previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de ********************. En ese orden de ideas, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra del acto aquí reclamado, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de la materia. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que únicamente los terceros interesados manifestaron su oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, por propio derecho, en términos del considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que únicamente los terceros interesados manifestaron su oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Apizaco, ********************, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, pues transcurre el plazo establecido en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que los terceros interesados María de la Fe Tamayo Cano y José Luis Hernández Xolocotzi, se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, toda vez que fueron emplazados a juicio el siete de junio de dos mil veintitrés, tal como se advierte de las constancias respectivas. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, a fin de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
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