Maricela Martínez Pérez

Expediente 1477/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1477/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Maricela Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Asimismo, se hace constar que tal como se precisó en la certificación que antecede, en el presente asunto no obran documentos considerados como originales y no originales exhibidos por la parte quejosa. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Maricela Martínez Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1477/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, a través de la cual el Juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, determinó que la aquí quejosa deberá depositar de manera semanal la cantidad de setecientos pesos a la cuenta bancaria de la señora Amaranta Guzmán Torres; lo anterior, con motivo de los alimentos decretados dentro del expediente 1353/2022, del índice de dicho Juzgado. Al respecto, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del auto que ahora reclama. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecido. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que la revocación procede contra los autos dictados por el juez de primera instancia. Así, conforme al precepto legal ante invocado, se llega a la conclusión de que el acuerdo aquí reclamado, en tanto que se trata de un auto, es impugnable a través del recurso de revocación. Sobre todo, que el apartado relativo a la procedencia del citado recurso, no excluye la procedencia del aludido medio de impugnación. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2017117 Décima Época Materias(s): Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer término, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable y menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente porque se trata de una actuación jurisdiccional que se hizo del conocimiento de la quejosa y sus efectos solo inciden sobre sus derechos. En segundo término, porque la quejosa es parte del procedimiento y no puede considerársele como tercero extraño, por tal circunstancia, estuvo en aptitud de acudir oportuna y directamente ante el juez del conocimiento a hacer valer sus derechos. Finalmente, porque la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se vio, la intelección del numeral 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, permite advertir claramente la procedencia del recurso de revocación en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa el aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara el acuerdo recurrido. Al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional; en consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar por notoriamente improcedente la demanda en estudio. DOMICILIO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones subsecuentes, incluso las personales, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Carlos Espinoza Meza, Alejandro Tenahua Apango y Gustavo Tizamitl Contreras, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase a las partes para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcionen un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Asimismo, se les invita a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio del suscrito por la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de nueve de diciembre del presente año, esto es, manifiesta dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo del expediente en que se actúa; y a efecto de demostrar dicho cumplimiento, remite copia certificada de la resolución de catorce de diciembre del año en curso, mediante el cual deja insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil veinte; así como las diversas de dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veinte, respecto del recurso de revisión tramitado dentro el expediente laboral C.D.T. 311/2008-2. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

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