Maricela Melo Rojas
Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maricela Melo Rojas
Actuaciones
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO...de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, por su propio derecho y en su carácter de ********************, por medio del cual desahoga el requerimiento que se le hizo el veintitrés de este mes. Atento a lo anterior, se provee: Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia, ya que no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto la parte quejosa reclama esencialmente: Cómo se había adelantado, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los preceptos legales citados establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "5°. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. --- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Página: 1008, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional.". Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora bien, en el caso, la quejosa se duele de actos relacionados con el cobro de adeudos del suministro de energía eléctrica, que evidentemente no son considerados como actos de autoridad. Lo anterior, obedece al criterio contenido en la jurisprudencia 71/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales.". La Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 4° y 45, así como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, numerales 2°, 3°, 5°, fracción III, 7° y 118 disponen: Ley de la Industria Eléctrica "4°. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.". "45. La comercialización comprende una o más de las siguientes actividades: --- I. Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales; --- II. Representar a los Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista; --- III. Realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, en el Mercado Eléctrico Mayorista; --- IV. Celebrar los contratos referidos en el artículo 97 de esta Ley, con los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado; --- V. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las Tarifas Reguladas; - -- VI. Adquirir y enajenar los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico, con la intermediación del CENACE, y --- VII. Las demás que determine la CRE (Comisión Reguladora de Energía).". Ley de la Comisión Federal de Electricidad "2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. -- La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.". "3°. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. --- Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. --- En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.". "5°. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. --- III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto.". "7°. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. --- Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda.". "118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. -- Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. --- Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.". Del análisis sistemático de los preceptos legales citados se colige que el suministro eléctrico es un servicio de interés público cuya generación y comercialización se prestan en un régimen de libre competencia; entre las actividades que comprende la comercialización está la prestación del servicio a los usuarios finales. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad tiene la naturaleza jurídica de una empresa productiva del Estado propiedad del Gobierno Federal, con los atributos de tener personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, se rige por la ley que lleva su denominación, por su reglamento; además, el derecho mercantil y civil son las normas supletorias. Igualmente, se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica para lo cual cuenta con la capacidad jurídica de celebrar con el gobierno Federal, personas morales o físicas toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito, por mencionar algunos, pudiendo incluir en ellos cualquiera de los términos previstos por la legislación mercantil; por último, es importante destacar que las controversias en que sea parte la Comisión y se susciten al interior de la Nación, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales de la Federación cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de ellos los jueces y tribunales del orden común, con independencia de que se resuelvan por medios alternos de solución de controversias conforme a la legislación mercantil y tratados internaciones en que sea parte el Estado mexicano. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado sujeta a la ley especial que la regula y en segundo orden, al derecho mercantil y civil; de manera que para cumplir con su objeto de comercializar energía eléctrica, -por ser el que interesa al caso- debe celebrar los actos jurídicos necesarios como contratos, suscripción de títulos de crédito, entre otros; por ende, las controversias que se susciten con motivo de aquéllos se deben ventilar en juicio ordinarios ante la potestad federal competente. Conforme a lo anterior la relación que existe entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad nace de un contrato mercantil, en el seno de una relación de coordinación, como particulares; por consiguiente, dicho organismo no actúa en un plano superior ya que no modifica, crea o extingue por sí y ante sí una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución coercitiva de esa decisión, o bien por ambas; esto es, no constituye un acto de autoridad propiamente dicho, al no tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En ese sentido, los actos reclamados que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, carecen del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su actuar no se basa en una relación de supra a subordinación con la demandante del amparo, sino que se trata de una relación de coordinación entre particulares para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuyo origen es un contrato celebrado entre ellos, en el que como refiere asumió derechos y obligaciones. En ese contexto, la solución de una controversia derivada de la comercialización del servicio de energía eléctrica, como lo es, el cobro de adeudos por el servicio de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, debe resolverse mediante la vía mercantil correspondiente ante los tribunales competentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Página: 336, publicada de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". También cobra aplicación al caso la tesis PC.XVI.A.J/4K(10ª) sustentada por los Plenos en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 11, Octubre de 2014, Página 1338, Decima Época, de rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)].El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas.". Asimismo, resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia V.3o. P.A.J/8 (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Decima Época, página 1796, cuyo rubro y texto es: "ACCESO A LA JUSTICIA. EL HECHO DE QUE LAS LEYES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NI SUS REGLAMENTOS, PREVEAN UN RECURSO, JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PARA IMPUGNAR CUESTIONES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO ORIGINA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO RELATIVO. El hecho de que la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ni sus reglamentos, prevean un recurso, juicio o medio de defensa para impugnar cuestiones inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como el cobro del concepto de "demanda máxima" o "demanda facturable" en el aviso recibo que expide dicha empresa estatal, esa circunstancia no origina una violación al derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aquéllas pueden controvertirse a través del juicio ordinario mercantil ante un Juez de Distrito, en términos del artículo 104, fracción II, constitucional, en relación con el diverso 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o ante un Juez del orden común, a elección del actor, conforme a la legislación de la entidad federativa de que se trate. Lo anterior, en virtud de que para considerar la inconstitucionalidad señalada, no basta que determinado cuerpo normativo no establezca un medio de defensa, si lo contienen otras disposiciones.". De lo expuesto, es dable concluir que los actos exclusivamente relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Comisión Federal de Electricidad en el usuario de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues el señalado organismo no obra con imperio, característica de los actos de autoridad. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo.
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