Maricela Jiménez Luna

Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
775/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Maricela Jiménez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    ...se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. NOTIFÍQUESE; Y POR LISTAS A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ****************************** por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 775/2020-B; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Análisis de procedencia del amparo. Por ser una cuestión orden público y estudio preferente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza en principio, si en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia; pues de acontecer esto, la demanda se desechará de plano. El mencionado precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. De la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México: El auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte dictado dentro de los autos del juicio ordinario civil, usucapión 955/2018, promovido por la aquí quejosa en contra de Alberto Vázquez López y Jorge Ruíz Pérez, en el que concluye que el emplazamiento realizado al demandado Alberto Vázquez López es defectuoso, por ende, deja insubsistente lo actuado en el juicio de origen y ordena la reposición del procedimiento. Respecto del acto antes precisado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en su contra procede el recurso de revocación previsto en el numerales 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al presente juicio. En efecto, el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el Juez o tribunal que los dictó." En efecto, del precepto transcrito se advierte, en lo que interesa, que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos serán revocables por el Juez o tribunal que los dictó. En consecuencia, de conformidad con el principio de definitividad que rige al amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debió agotar el recurso de revocación previamente a la promoción del presente juicio, pues el citado recurso constituye un medio idóneo y eficaz para lograr la anulación del acto reclamado en instancia ordinaria, por lo que al no hacerlo valer, resulta improcedente este amparo en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, registro 2017117, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Resta destacar, que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente el auto emitido por el a quo en el que deja sin efectos lo actuado y ordena reponer el procedimiento, no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco es un acto emitido en algún procedimiento penal que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni se trata del auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia descrita respecto al auto reclamado de forma manifiesta e indudable, lo procedente es desechar la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones (lista). Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamente en el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Reproducción de constancias. De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a la parte quejosa que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Notifíquese personalmente.

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