Maricela Jimenez Armendariz
Expediente 1524/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1524/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maricela Jimenez Armendariz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de noviembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por tanto se provee lo siguiente. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo. La parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de reconocer y registrar a la quejosa como Coordinadora del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Ahora, de la lectura de la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, y es el último de los supuestos jurídicos en mención lo que en el caso interesa. Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. Del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se colige que el acto reclamado por la quejosa, se hace consistir esencialmente en la omisión de reconocer y registrar a la quejosa como Coordinadora Operativa del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Al respecto, es necesario traer a colación el contenido del artículo 40, fracciones II y LXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que establece: "ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: [.] II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración Interior del Estado [.] XLV.-Dictar las resoluciones o acuerdos económicos que estima pertinentes, relativos a su régimen interior; [.] . Lo anterior implica la facultad del Congreso local para expedir las leyes, decretos o acuerdos que habrán de regir la vida jurídica del Estado de Morelos, y entre ellas su Ley Orgánica y Reglamento, instrumentos legales que regulan los procedimientos a seguir en caso de controversias soberanas que solo le son atribuibles al propio órgano legislativo. Con base en lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones tomadas en declaración de procedencia y en juicio político, así como las inherentes a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, tomadas por el Congreso Federal, sus Cámaras o las Legislaturas de los Estados incluyendo sus Comisiones o Diputaciones Permanentes. Supuesto que deberá considerarse aplicable a los actos de carácter soberano que se reclamen de la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, o bien, a alguna de sus comisiones. Y la inimpugnabilidad de tales actos estriba en las facultades y atribuciones de carácter soberano, conferidas a esos órganos en la Constitución Federal y en las locales, para resolver en ese sentido, dada su connotación política, lo que a su vez hace improcedente la demanda de amparo que se intente contra ese tipo de actos. Tiene aplicación al respecto, la tesis CXXVII/2018 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época, página 601, con número de registro 2018678, cuyo texto y rubro dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se promueve resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado que señalado por la quejosa se aprecia la improcedencia del acto reclamado. Sin que obste el hecho que la parte quejosa en su escrito de demanda reclame un derecho de petición, ello en razón que dicha petición va a encaminada hacia el reconocimiento como Coordinadora del Grupo Parlamentario que refiere, ya que para que se determine dicha designación, debe de cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso y Reglamento correspondientes, y ello constituye actos soberanos del Congreso Local que no pueden ser revisados en el juicio de amparo. 3).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de amparo, a las personas que refiere. 4).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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