Maricela Centeno Gyolarte

Expediente 1160/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1160/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Maricela Centeno Gyolarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se declara cumplida la sentencia de amparo y se ordena el archivo del asunto como concluido. Se hace saber a las partes que quedan a disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado, con el apercibimiento que de no presentarse a recogerlos podrán ser destruidos

  2. Principal

    Se da vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Presidente de la Junta responsable mediante el cual informa acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Marco Antonio Magadán Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de treinta y cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Conviene señalar que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal y atiende a la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral de origen, así como a los términos establecidos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Además, a que es un hecho notorio para el suscrito las condiciones en que labora dicha autoridad, como lo es la falta de presupuesto, de personal y, desde luego, las altas cargas laborales. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2005325, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." No obstante lo anterior, se apercibe a Marco Antonio Magadán Ocampo, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual solicita se le aplique a la responsable una medida de apremio a efecto de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo; atento a su contenido, dígase al promovente que se esté a lo acordado anteriormente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1160/2018, promovido por Maricela Centeno Gyolarte y/o Maricela Centeno Goyolarte, por conducto de su apoderado, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pese a que el informe justificado de la autoridad responsable no se rindió con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia, puesto que implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en perjuicio de la quejosa, en virtud de que la impetrante reclama de la Junta responsable la violación del artículo 17 constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que conoce los antecedentes del acto reclamado. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y documental ofrecidas por la parte quejosa, así como la documental remitida por la Junta responsable; las que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; tampoco la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó intervención ministerial alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1160/2018. RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y recibido el día siguiente hábil en este Juzgado, Maricela Centeno Gyolarte, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en: ".La omisión de la Responsable de emitir el Laudo correspondiente en los términos y plazos que señala la Ley Federal del Trabajo." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 17, 123 apartado "A" de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda de amparo pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral, en el que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dictar laudo en el juicio laboral 01/775/17, dentro de los plazos precisados en la Ley Federal del Trabajo. III. Acto reclamado existente. Es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, puesto que así lo manifestó al rendir su informe justificado, remitiendo para acreditarlo copia certificada de constancias que obra en el juicio de origen, a las que se le confiere pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la quejosa reclamó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 01/775/17, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Procedencia del juicio de amparo. El presente juicio es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, pues en el caso se reclama la omisión de dictar el laudo dentro de un juicio laboral. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 8/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 182160, de rubro y texto siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Así, como las partes no hacen valer ninguna causal de improcedencia, ni este juzgado las advierte de oficio, tal y como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, por lo que se debe otorgar el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. La quejosa aduce que la responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que hasta la fecha de la presentación de su escrito de demanda de amparo, no había dictado el laudo correspondiente al expediente laboral 01/775/17, siendo que ya había transcurrido el término establecido en la Ley Federal del Trabajo para ello. Y tiene razón, pues la Junta responsable ha excedido los términos establecidos en dicha Ley laboral para el dictado del laudo respectivo, lo cual constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Disposiciones normativas de las que se desprende que corresponde al legislador ordinario establecer los plazos y términos tanto para que los gobernados acudan a los órganos jurisdiccionales como para que éstos sustancien y resuelvan los negocios puestos a su conocimiento, con la única limitante de que garantice que tales instancias encargadas de impartir justicia se constituyan como un mecanismo real, expedito y eficiente para la defensa de los derechos, pues una demora prolongada en su actuar, puede constituir, por sí misma, una denegación de justicia y, por ende, la violación de ese derecho humano. Aunado a lo anterior, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que una vez cerrada la etapa de instrucción, el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá entregarse copia del mismo a cada miembro de la Junta, quienes dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que lo hubieran recibido podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que deberán llevarse a cabo en los ocho días subsecuentes y, que transcurrido dicho término, en un plazo no mayor de diez días el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del proyecto, el que en caso de ser aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y firmará de inmediato. Contexto jurídico del que se desprende que el legislador ordinario consideró razonable que una vez cerrado el periodo de instrucción, el plazo máximo para el dictado del laudo correspondiente sería de veinticinco días si los miembros de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva consideraban que no era necesario realizar ninguna diligencia adicional a las ya llevadas a cabo al momento de que se les entregó la copia del proyecto de laudo y de treinta y tres si así fuera. Así, sobre la base de tales fundamentos normativos, es dable concluir que si alguna Junta de Conciliación y Arbitraje se excede de dichos plazos -los cuales gozan de la presunción de ser razonables- para dictar el laudo correspondiente una vez que decretó el cierre de instrucción en el proceso laboral de que se trate, tal actuación constituiría una denegación de justicia y, por consiguiente, una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición, en la medida en la que prolongaría la indeterminación de los derechos laborales en disputa. De modo tal que, si en el caso, la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente, no obstante de haber transcurrido, desde la fecha en que ordenó turnar los autos al auxiliar proyectista -dos de mayo de dos mil dieciocho- a la fecha de presentación de demanda de amparo, más de dos meses, entonces, es claro que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, en su vertiente de pronta impartición y, por ende, debe concederse la protección constitucional solicitada para subsanar dicha afectación. Sin que obste que la Junta responsable, haya manifestado que su proceder no es por negligencia sino debido a la excesiva carga de trabajo que impera en ese órgano materialmente jurisdiccional; sin embargo, por más plausible que sea ese argumento, la quejosa ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación procede otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitados, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión consiste en que una vez que cause ejecutoria este fallo, la Junta responsable dicte el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/775/17, y lo notifique a las partes. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Por tanto, la sentencia tiene por efecto que la autoridad con libertad de jurisdicción dicte de inmediato el laudo y lo notifique, sin poder darle alcances más allá de esto -como lo pretende la quejosa-, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos futuros y dar por sentado que incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. VIII. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Maricela Centeno Gyolarte y/o Maricela Centeno Goyolarte, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena el envío y captura de este fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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