Maricela Espinosa Gómez
Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2021
Partes del expediente
- Maricela Espinosa Gómez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ----------, sin que la quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Maricela Espinosa Gómez, contra actos de la Secretaria Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Sala Oral 2 y otras autoridades, regístrese bajo el número 376/2021. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tal base, debe decirse que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado en la audiencia incidental de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Sala Oral 2, en el juicio laboral de origen 728/2018, mediante el cual desechó el incidente innominado, pues lo que se pretendía acreditar en el mismo sería motivo de valoración al emitirse el laudo respectivo y ordenó la continuación del procedimiento laboral, a efecto de que las partes ofrecieran pruebas. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo dictado por la autoridad responsable, relativo al incidente innominado dentro del juicio natural, constituye un acto intraprocesal; y, por regla general, dicha violación puede hacerse valer cuando transciende en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la ley de la materia. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento relacionado la improcedencia de un incidente innominado hecho valer dentro del trámite del juicio natural. Luego, por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo correspondiente, si es contrario a los intereses de la hoy impetrante del amparo. Por tanto, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, dado que es de aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. Con esa decisión, para la parte quejosa el acto reclamado sólo incide en derechos adjetivos y no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal. Es cierto que por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó a la quejosa. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es el acuerdo dictado en la audiencia incidental de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Sala Oral 2, en el juicio laboral de origen 728/2018, mediante el cual desechó el incidente innominado, lo cierto es que éste no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente, es decir, no le impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia: I.6o.T. J/84, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2403, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." De igual forma, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 772, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de enero - junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, con número de registro 231932, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA. En la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, el afectado debe combatir las violaciones a las normas del procedimiento junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114, del mismo ordenamiento." En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ***, contra actos de la Secretaria Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Sala Oral 2 y otras autoridades. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que tiene el carácter de trabajadora en el juicio laboral de origen 728/2018. Ahora bien, dado que la promovente no señala un usuario electrónico en términos del Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica, se le conmina para que regularice el uso de la misma, para efectos de lo previsto en el artículo 30 fracción segunda, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que de manera previa, con fundamento en el artículo 22 del diverso acuerdo 21/2020, se tiene como correo electrónico artesapro@hotmail.com, mediante el cual, en casos excepcionales, se le hará del conocimiento el dictado de algún trámite en el presente juicio y se cumplan las formalidades que corresponden. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
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