Maricela Espinosa Gómez
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
Partes del expediente
- Maricela Espinosa Gómez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que la quejosa, lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por *****, contra actos de la Secretaria Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Sala Oral 2 y otras autoridades, regístrese bajo el número 121/2021. Desechamiento de la demanda. Atento a lo anterior y al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que, en la especie, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo análisis debe efectuarse de oficio, por ser una cuestión de orden público y preferente. Del contenido de la demanda se advierte que se señaló como los actos reclamados los siguientes: I. Los acuerdos y resoluciones dictados en la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas, en la Sala Oral 2 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; audiencia en la que las responsables omitieron hacer efectivo el apercibimiento en contra de la demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por no haberse presentado a la audiencia el apoderado de dicha institución, a pesar de estar legalmente notificado y apercibido en caso de inasistencia desde la audiencia anterior, celebrada el doce de agosto de dos mil veinte, en el expediente *****. II. Omisión de resolver de plano el incidente promovido por la quejosa, antes del inicio de la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para obtener de la autoridad responsable las declaraciones planteadas en dicho incidente. III. La comunicación telefónica sostenida por las responsables en la fecha y hora señaladas para la audiencia, con Francisco Miguel Flores López, apoderado de la demandada, quien no se presentó a la audiencia, ello con la finalidad de convencer a la parte quejosa se difiriera la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas. IV.- Los acuerdos y resoluciones dictados en la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas, en la Sala Oral 2 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; audiencia en la que las responsables omitieron hacer efectivo el apercibimiento en contra de la demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por no haberse presentado a la audiencia el apoderado de dicha institución, a pesar de estar legalmente notificado y apercibido en caso de inasistencia desde la audiencia anterior, celebrada el doce de agosto de dos mil veinte, en el expediente *****. V.- Omisión de resolver de plano el incidente promovido por la quejosa, antes del inicio de la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para obtener de la autoridad responsable las declaraciones planteadas en dicho incidente. VI.- La comunicación telefónica sostenida por las responsables en la fecha y hora señaladas para la audiencia, con Francisco Miguel Flores López, apoderado de la demandada, quien no se presentó a la audiencia, ello con la finalidad de convencer a la parte quejosa se difiriera la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas. Ahora bien, respecto a los actos reclamados marcados en los numerales I, II y III, antes indicados consistentes en: I. Los acuerdos y resoluciones dictados en la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas, en la Sala Oral 2 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; audiencia en la que las responsables omitieron hacer efectivo el apercibimiento en contra de la demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por no haberse presentado a la audiencia el apoderado de dicha institución, a pesar de estar legalmente notificado y apercibido en caso de inasistencia desde la audiencia anterior, celebrada el doce de agosto de dos mil veinte, en el expediente *****. II. Omisión de resolver de plano el incidente promovido por la quejosa, antes del inicio de la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, para obtener de la autoridad responsable las declaraciones planteadas en dicho incidente. III. La comunicación telefónica sostenida por las responsables en la fecha y hora señaladas para la audiencia, con Francisco Miguel Flores López, apoderado de la demandada, quien no se presentó a la audiencia, ello con la finalidad de convencer a la parte quejosa se difiriera la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Al respecto, es pertinente conocer el contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución." De igual forma, lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ." De la lectura del artículo 18 de la Ley de Amparo, se arriba al conocimiento de que el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, para tenerla como oportunamente recibida. El precepto invocado establece tres momentos, a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca de la demanda. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia son: 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. Tratándose de la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a dudas, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso tenga conocimiento pleno del acto reclamado. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por parte del afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para promover la demanda es de quince días, con las excepciones que allí se prevén. Ahora bien, de la presente demanda se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señaló que el dos de diciembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento de dichos actos reclamados; por tanto, el plazo de quince días inició al día siguiente en que surtió sus efectos, esto es el cuatro de ese mes y año, interrumpiéndose el mismo el dieciocho siguiente y reanudándose el dieciocho de febrero de este año, en que se reiniciaron las labores de este Juzgado, concluyendo el veintitrés de febrero del año en curso; por lo que si la demanda de amparo que aquí se estudia fue presentada hasta el uno de marzo de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resulta irrebatible que se promovió en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, ya que el término para promoverla se computa a partir del día hábil siguiente al en que refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado. En ese orden, conforme a la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda por lo que respecta a dichos actos reclamados. En relación a los diverso actos reclamados señalados en los numerales IV y V consistentes en: La orden de notificación personal a la demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), de la nueva fecha de la audiencia. El acuerdo dictado el cinco de febrero de dos mil veintiuno, que señala fecha para audiencia innominada a las doce horas con treinta minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en los términos establecidos en la audiencia celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese sentido, los actos combatidos no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la orden de notificación personal a la demandada Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), de la nueva fecha de la audiencia y el acuerdo dictado el cinco de febrero de dos mil veintiuno, que señala fecha para audiencia innominada, constituyen actos intraprocesales; y, por regla general, dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transciende en el resultado del laudo que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 17, fracción XII, de la ley de la materia. En ese sentido, los actos combatidos no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con la orden de notificación a una de las partes y el señalamiento de una audiencia inominada y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo. Por tanto, los actos reclamados no pueden ser considerados como de imposible reparación, dado que son de aquéllos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. Con esa decisión, para la parte quejosa el acto reclamado sólo incide en derechos adjetivos y no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal. Es cierto que por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es el diferimiento de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisiones de pruebas, lo cierto es que ésta no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente, es decir, no les impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de los actos reclamados en cita. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, *****, *****, ***** y *****. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo electrónico artesapro@hotmail.com y los números telefónicos *****, ***** y *****, que señala la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Notifíquese.
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