Maricela Encinas Moreno
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Maricela Encinas Moreno
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintitrés. Incorporación de oficio. Glósese a los autos el oficio remitido por la secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, remítanse mediante oficio las copias certificadas que solicita en la misiva de mérito. Notifíquese; y mediante oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por su homólogo Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Los Mochis, Sinaloa, de la que se advierte que en la materia de la revisión administrativa del amparo en revisión 374/2021 (cuaderno auxiliar 253/2022), el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.]PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo [.] [.]SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARICELA ENCINAS MORENO, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo No. 5.1-2020 SE-705 de quince de julio de dos mil veinte, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión administrativa 374/2021, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 176/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Finalmente, se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 18 del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y al órgano colegiado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de mayo de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y tres minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, , en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendidos por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales señaladas en proveído de seis de abril del año en curso. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido a la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Mediante oficio presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto reclamado que más adelante se precisará. En cinco de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Acuerdo ********************, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil veinte. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la junta directiva del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo relevante es que su certeza se advierte con las constancias que referidas en proveído de seis de abril del año en curso, consistentes en el acuerdo reclamado; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate el acuerdo ********************, adoptado por la junta directiva del ISSSTESON, durante la sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil veinte. En efecto, del contenido de dicha demanda se advierte que la parte quejosa señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, los siguientes: Que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (acta 686), ordenó en un principio que ese incremento fuera por un 4% (cuatro por ciento), para lo cual aplicó el parámetro del aumento salarial pactado con los trabajadores estatales. Luego, a mediados del dos mil diecinueve, aplicó un 0.40% (punto cuarenta por ciento) adicional, por virtud de los acuerdos concretados entre las dirigencias del SNTE y el Gobierno Federal y el Estatal. Finalmente, el quince de julio de dos mil veinte (acta 705), ordenó corregir lo ordenado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Ahora bien, como lo refiere la autoridad responsable, mediante acta 708, aprobada en sesión ordinaria de treinta de septiembre de dos mil veinte, se emitió el acuerdo ********************, en el que se autorizó el pago del .55% (punto cincuenta y cinco por ciento) de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del 1% (uno por ciento) de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, que se encuentra corroborado con las copias certificadas del mismo que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, y que fueron valoradas en el apartado precedente. En esa virtud, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante la citada acta 708, de treinta de septiembre de dos mil veinte, se aprobó por unanimidad el acuerdo ********************, relacionado anteriormente, por lo que con tal actuación sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para el quejoso ante la autoridad responsable. Por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituido el acuerdo ********************, por el diverso acuerdo ********************, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, la improcedencia de este juicio de derechos. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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