Maricela Encinas Moreno
Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 28 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Maricela Encinas Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de agosto de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la directora de Gestión de Viáticos y Peritos adscrita a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el que devuelve el oficio 14175/2022 a efecto de que su contenido le sea hecho del conocimiento a la unidad administrativa correspondiente, asimismo informa que consideró y realizó la previsión respectiva, relativa al monto señalado por el diestro Jorge Armando Cruz Méndez, por concepto de honorarios. Se agrega escrito y se recibe comprobante fiscal. Téngase por recibido el escrito presentado por Jorge Armando Cruz Méndez, perito designado en autos, mediante el cual remite factura de honorarios con motivo del desahogo de la prueba pericial en contabilidad a su cargo, ofrecida por la parte quejosa. En esa virtud, conforme al artículo 9, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órgano del Poder Judicial de la Federación; remítase a la Administración Regional con sede en esta ciudad, el referido comprobante fiscal (archivos XML y PDF) por el monto relativo a los honorarios establecidos por el perito en la materia de contabilidad, valioso por $5,967.00 (cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), copia de la cotización presentada por el citado experto, del dictamen presentado y su ratificación, lo anterior, a efecto de que dicha unidad administrativa realice la provisión de recursos respectiva, y consiguiente programación de pago. Notifíquese; y por oficio a la Administración Regional con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dos minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de amparo declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa y fiscal federal adscrita-, la demanda de derechos y su ampliación, así como los informes justificados rendidos por el jefe y el encargado de despacho, ambos de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de la junta directiva de ese Instituto, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado y tomaron conocimiento de la ampliación de demanda por conceptos de violación. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa, así como las páginas de internet y publicaciones del Diario Oficial de la Federación, las pruebas de inspección judicial y la pericial en materia de cálculo y contabilidad, ofrecidas en su escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se tienen por admitidas y desahogadas la prueba de inspección judicial y la prueba pericial en materia de cálculo y contabilidad ofrecidas por la parte quejosa, ésta última al tenor del dictamen rendido por el perito en contabilidad Jorge Armando Cruz Méndez. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Maricela Encinas Moreno, contra el acto atribuido a la junta directiva del ISSSTESON, con sede esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por oficio 10108/2020 de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se remitió a la Oficial de Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo promovida por Maricela Encinas Moreno y otros. Lo anterior, toda vez que en el juicio de amparo 440/2020, del propio índice, se puso de relieve la necesidad de conocer por separado el asunto particular de cada promovente, en razón de que cuentan expediente propio respecto de la pensión que a cada uno les corresponde; por ello, ante una posible concesión del amparo, dicha prestación debería analizarse de manera particular. Por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo, razón por la que con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, este juzgado de Distrito ordenó la separación de autos, por lo que se remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. Se admite demanda. Con motivo de lo expuesto, por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, este juzgado tuvo por recibida la demanda remitida por la citada Oficina de Correspondencia Común, y la admitió por lo que hace a Maricela Encinas Moreno, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se reservó proveer respecto las pruebas de inspección judicial y pericial en materia de cálculo y contabilidad, ofertadas por la parte quejosa. Posteriormente, por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa amplió su demanda; sin embargo, el órgano estimó una no vinculación del acto reclamado materia de ampliación, en proveído de cinco de enero de ese año, se ordenó remitir el escrito original de ampliación de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente; avocándose a su conocimiento y trámite este juzgado de Distrito a través del juicio de derechos registrado como 176/2021. La parte quejosa promovió recurso de queja en contra de la citada determinación e hizo valer diversos motivos de disenso, los cuales una vez analizados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, dentro del recurso de queja administrativo 100/2021, fueron declarados fundados y se ordenó al órgano admitir a trámite la ampliación de demanda por un nuevo acto reclamado, a saber, el acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el quince de julio de dos mil vente. No obstante, el órgano asentó que, anterior a la data en que el referido recurso de queja fue dictaminado, se sobreseyó en el juicio de amparo 176/2021, del propio índice, en que se conoció del referido acto reclamado. Bajo esa premisa, únicamente se tuvo por ampliada la demanda respecto a las manifestaciones o conceptos de violación atinentes al acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el quince de julio de dos mil vente, y posteriormente se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto cuya ejecución se verifica dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que la quejosa formuló a la autoridad responsable, mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la junta directiva del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de sus informes justificados, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que al efecto allegó la parte quejosa y la autoridad responsable; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, dado que el solicitante del amparo controvierte una presunción, y dicha figura jurídica no es impugnable en el juicio de amparo indirecto. En efecto, los numerales referidos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Como se ve, el numeral transcrito no prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de presunciones, ni en contra de la negativa ficta reclamada por el peticionario de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa Maricela Encinas Moreno señala como acto reclamado la negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que formuló a la junta directiva del ISSSTESON, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte. Lo que reitera a lo largo de la demanda de amparo, pues tanto en la narrativa de los hechos, en la expresión de los conceptos de violación y en la petición de los efectos de la posible concesión de la protección de la Justicia Federal, la quejosa pone de manifiesto que a través de este juicio de derechos controvierte la constitucionalidad de la negativa ficta antes referida o como expresamente la denomina una ficción jurídica, argumentando cuestiones de fondo, por estimar que la autoridad responsable actuó incorrectamente al no incrementar su pensión en los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, en términos de las disposiciones legales conducentes, por lo que solicita que el amparo se conceda para el efecto de que dicha autoridad emita una resolución en la que realice tal incremento, pague las diferencias de pensión respectivas y las diferencias de las prestaciones consecuentes. Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia examinada, es necesario precisar la naturaleza jurídica de la negativa ficta, para lo cual, procede reproducir lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictada con motivo de la contradicción de tesis 18/98, en la que se precisó lo siguiente: "La administración pública es el conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo en el cumplimiento de sus atribuciones, que entre otras, comprende la administración de los recursos públicos para satisfacer los intereses generales. En el desarrollo de su actividad, la administración pública establece diversas relaciones con otros órganos del Estado, por ejemplo con el Legislativo, al presentar un proyecto de presupuesto de egresos para determinar la suma de dinero que debe destinarse a cada uno de los sectores de la sociedad o, bien, con el Judicial, si los actos que realiza son sometidos a la jurisdicción de éste. Además, la actividad administrativa del Estado lo lleva a relacionarse con los gobernados, con quienes surge una serie de derechos y obligaciones recíprocos, que debe protegerse por el orden jurídico con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica. Uno de los medios por los cuales se garantiza que las relaciones entre la administración pública y los gobernados se conduzcan dentro del marco de legalidad lo constituye el 'derecho de petición', consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 8o., y que consiste en el derecho fundamental de toda persona a obtener respuesta a las peticiones que formule por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a las autoridades públicas. (.) El silencio de la administración pública implica, como su propio nombre lo indica, la actitud omisa que guarda una autoridad administrativa ante una solicitud o petición que le hizo un particular. 'En ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo.' (García de Enterría, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1996). (.) El Derecho positivo mexicano prevé que el silencio administrativo, según sea el caso, produzca una respuesta afirmativa o negativa; por ejemplo, el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, párrafo primero, establece: (.) El artículo 17, párrafo primer de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone: (.) El artículo 62 del Código Financiero del Distrito Federal establece: (.) Todos los preceptos transcritos regulan el silencio de las autoridades administrativas, atribuyéndole una consecuencia jurídica, a saber, la respuesta presunta en forma negativa o afirmativa, según sea el caso." De esta manera, tanto la negativa ficta como la afirmativa ficta se encuentran en el ámbito de las relaciones administrativas que surgen entre los gobernados y algunos órganos de la administración pública, las cuales por disposición del ordenamiento legal consisten en que al silencio administrativo, es decir, a la conducta omisa en que incurre una autoridad administrativa cuando no contesta una petición que le formulan los administrados se le atribuye una resolución en cierto sentido, lo que permite su impugnación en los términos legales conducentes mediante los medios de defensa ordinarios al efecto establecidos. Por tanto, la negativa ficta es la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, cuando la autoridad no la contesta o no resuelve en el plazo que la propia ley dispone. Así, la negativa ficta constituye una presunción legal, en términos de lo previsto por la fracción I del artículo 190 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoriamente a la Ley de Amparo que la parte que la alegue sólo debe probar los supuestos que establece la ley para su actualización, sin que le interese la prueba de su contenido, mientras que la parte que la niegue debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquélla, según se advierte de los numerales 191, 192 y 193 de esa legislación. En estas condiciones, la presunción es la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido y se clasifica en legal y humana. La presunción es legal cuando la ley la establece expresamente o cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley, y es humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. En la especie, es claro que la negativa ficta es una presunción legal, ya que para que exista dicha figura jurídica es necesario que la propia ley señale expresamente que la omisión de la autoridad de atender la petición o solicitud en el plazo que la propia norma dispone debe considerarse contestada en sentido negativo o de manera perjudicial a la parte promovente. Debe destacarse también que un aspecto es la omisión en que incurre la autoridad al no atender la petición o la solicitud y un tópico distinto es el que la ley establezca de manera expresa la negativa ficta al señalar en su texto que esa abstención implica que la petición o solicitud fue negada en caso de que haya transcurrido el término previsto por la propia norma; de ahí que la negativa ficta se refiera al sentido que la ley presume al silencio de la autoridad, lo que impacta en el aspecto sustantivo, de fondo o de contenido material de la pretensión perseguida por el administrado en su petición o solicitud al imprimirle un resolutivo denegatorio. Luego entonces, la negativa ficta no puede entenderse de manera limitada como la sola abstención de la autoridad de atender la petición o solicitud del administrado -lo que puede ser materia del derecho de petición-, sino como la presunción legal de sentido denegatorio que el legislador establece expresamente a dicho silencio en caso de que haya transcurrido el término que la propia norma prevé para ello hace manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, debido a que, se reitera, en la demanda de amparo se señala como acto reclamado y se controvierte una presunción legal, no obstante que esa figura jurídica no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, por no ubicarse en las hipótesis del numeral 107 de la Ley de Amparo. Ello, pues en este caso no rige el principio de litis abierta que se admite en la vía contenciosa administrativa, sino que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en el juicio de amparo no pueden aducirse aspectos no planteados ante la autoridad ni es posible exigir a la autoridad administrativa que produzca la resolución expresa para incorporarla a la litis. Es ilustrativa a lo anterior, por las consideraciones que la contienen, la tesis VI.3o.A.59 A (10a.), de rubro y texto: "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, AL NO OPERAR EN ESTE EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, el principio de litis abierta es una institución que permite la libre expresión de argumentos en el juicio contencioso administrativo, inclusive de los no planteados en el recurso administrativo, lo que implica, además, que pueda señalarse como acto impugnado, simultáneamente a la resolución recaída al recurso, la recurrida en sede administrativa. Por tanto, cuando se reclama una negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que en el amparo no cabe aplicar el principio de litis abierta, pues de su regulación se advierte que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en este medio de control constitucional no pueden hacerse valer cuestiones no planteadas ante la responsable y, por ende, no es posible esgrimir conceptos de violación directamente contra la resolución recurrida en sede administrativa, ya que la materia de la litis en el amparo lo es únicamente la resolución recaída al recurso administrativo, no así la impugnada en este, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de nulidad, donde dicho principio sí opera; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo." Debe destacarse que similares consideraciones adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver los recursos de queja 128/2020, 145/2020, 190/2020 y 143/2020, en sesiones celebradas el cinco de enero, nueve y veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente. Por último, la presente sentencia no abordará las manifestaciones o conceptos de violación atinentes al acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el quince de julio de dos mil vente. Toda vez que en el juicio de amparo 176/2021, del propio índice, se conoció del referido acto reclamado y se sobreseyó respecto al mismo, lo que constituye un obstáculo para examinar planteamientos que hayan sido materia de estudio en diverso juicio. Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, procede sobreseer en el presente juicio de derechos en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Maricela Encinas Moreno contra el acto precisado en el apartado II, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA AL PERITO EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE REQUIERE A PERITO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el dictamen emitido por el perito en contabilidad Jorge Armando Cruz Méndez, y a fin de que surta los efectos legales correspondientes, requiérase al perito para que se constituya en las instanciaciones de este órgano jurisdiccional a las nueve horas del cuatro de julio de dos mil veintidós, debidamente identificado con su identificación vigente, con código QR -el que le será entregado por conducto del actuario adscrito- a fin de que ante la presencia judicial ratifique el contenido y firma del mismo. Diferimiento audiencia constitucional. Visto lo anterior y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, en virtud de que se encuentra pendiente la ratificación del dictamen de contabilidad agregado en esta fecha; en consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se fijan las diez horas con dos minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese personalmente al citado perito y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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