Maricela Carrillo Nieves
Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/12/2022
Partes del expediente
- Maricela Carrillo Nieves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 26 DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se otorgó el amparo solicitado. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo, y 7.1.1 apartado 2, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración toda vez que se concedió la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Vista documento Como en el presente asunto obran documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, requiérase para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintidós -fojas 52 a 70-, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado por la quejosa Maricela Carillo Nieves para los efectos siguientes: a) Dejen sin efectos el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se readscribió a la quejosa a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con efectos a partir del dieciséis de agosto siguiente. b) De estimarlo procedente, emitan otro en el que con plenitud de ejercicio de sus facultades discrecionales, motiven las circunstancias o condiciones por las cuales se justifican las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción de la aquí quejosa, en el entendido de que deberán de justificar que aún y cuando conforme a sus circunstancias particulares expuestas en este fallo, dicho cambio de adscripción resulta indispensable para lograr la eficiencia y calidad en la prestación del servicio, asimismo, deberán exponer por qué es necesario que la quejosa sea quien deba ser readscrita a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México y no diverso servidor público, como pudiera ser un hombre.. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Por auto de veinticuatro de octubre del año en curso se recibió la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 144/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, que confirmó la sentencia recurrida; por tanto, se requirió a las responsables a fin de que dieran cumplimento a la misma. Así, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio por el que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, remitió copia certificada del diverso ***de veintisiete de octubre del año en curso, por medio del cual, se advierte que dejó sin efectos la comunicación de trece de agosto de dos mil veintiuno y en su lugar emitió otra en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, del examen de dichas constancias, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2, tienen valor probatorio pleno; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector. Lo anterior es así, ya que de la ejecutoria de amparo se advierte que los motivos de la dicha concesoria son los siguientes: Ahora bien, este Juzgador nota que en el presente asunto la quejosa se encuentra en una situación que la coloca en una situación de desventaja por razón de su género y las circunstancias que hoy en día imperan en su vida diaria para poder desempeñar sus actividades laborales de manera adecuada que obligan a analizar su condición frente a la emisión del acto reclamado. Se estima que si bien la autoridad responsable expuso de manera genérica que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe ser reforzada en la prestación del servicio púbico en materia de procuración de justicia, así como en su funcionamiento y la operatividad de los servidores públicos de tal dependencia, era dable cambiarla de adscripción de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca, Estado de México a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México; no menos verídico es que, acorde con las características particulares del asunto, la quejosa se encuentra en una situación de desventaja que se traduce en una discriminacio´n por razón de ge´nero, ello porque en su calidad de mujer, así como de las condiciones que imperan en su vida por encontrarse al cuidado de su madre. El acto reclamado resulta violatorio de derechos fundamentales, dado que en el presente caso, existe una situacio´n de desequilibrio y desigualdad hacía la promovente de este juicio de control constitucional, razón por la cual debe romperse con dicha situación asimétrica contra la quejosa por razón de su género, así como del rol que desempeña en la sociedad -al ser quien se encarga de proveer el sustento de su casa-, así como por ser mujer y tener bajo su cuidado a su madre quien debe ser atendida médicamente, con la finalidad de que no sea discriminada ni afectada tanto en el ámbito profesional como personal, para que pueda acceder a condiciones de igualdad como servidora pública de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cabe hacer la aclaración, que en este juicio de amparo no se dilucida si la autoridad responsable tiene atribuciones o no para readscribir a los elementos de sus instituciones; sino a dilucidar el derecho humano de legalidad de la quejosa para tener conocimiento de las razones por las cuales se le esta´ cambiando de adscripción y que implican una situación de desvenja conforme a sus condiciones personales, en concordancia con los derechos fundamentales de la quejosa previstos en el artículo 1º constitucional. Lo anterior, habida cuenta que, por mandato constitucional la actuación de la seguridad pública se encuentra regida por el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos, lo cual implica la observancia de éstos también frente a sus integrantes; y no se advierte algún parámetro de razonabilidad previsto en la Carta Magna o en algu´n tratado internacional que justifique que se les deba disminuir el derecho de conocer los motivos y circunstancias que dan lugar a un cambio de adscripcio´n por el hecho de formar parte de una institucio´n policiaca. Máxime, que de las constancias remitidas por las autoridades responsables tampoco se advierte si con el cambio de adscripcio´n reclamado habra´ o no una variacio´n en las funciones y percepciones que puedan afectar los derechos de la quejosa; lo cual abona a que sea indispensable que las responsables hagan de su conocimiento las razones de su decisión, así como si dicho cambio altera o no esencialmente sus funciones y condiciones anteriores. Al no justificarse la causa legal de su proceder, ya que no motivaron su actuacio´n para que la peticionaria de amparo estuviera en posibilidad de conocer los motivos en los que se apoyó tal acto y tener en su caso, acceso a una efectiva defensa de sus intereses, lo cual debieron realizar frente a la exigencia del arti´culo 16 constitucional a fin de otorgar certeza respecto de las razones precisas en que se apoyaron para ordenar el cambio de adscripción que en esta vía reclama y esté en aptitud de hacer valer lo que a su intere´s legal convenga. Ahora bien, del oficio *** de veintisiete de octubre del año en curso, se advierte que la autoridad responsable, atendiendo a sus atribuciones dejó sin efectos el diverso de trece de agosto de dos mil veintiuno y en su lugar se emitió diverso del que se advierte realizó lo siguiente: Ordenó que a partir de los tres días hábiles siguientes a su notificación, su cambio de adscripción a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, lo cual determinó bajo los argumentos siguientes: -Que el artículo 123, Aparatado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y los municipios tienen régimen jurídico especial, ya que por las características peculiares de los servidores públicos, requieren de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos. -Que el artículo 55, fracción V de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala como requisito de permanencia de los Agentes del Ministerio Público, cumplir con las órdenes de rotación. -Que el artículo 100, apartado B, fracción I, inciso z) de la Ley de Seguridad del Estado de México, dispone como una obligación de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, cumplir diligentemente los cambios de adscripción. -Que el artículo 16, fracción IX de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que señala como requisito para la permanencia del personal operativo, cumplir con sus atribuciones, además de las órdenes de cambio de adscripción, rotación y comisiones que se le encomienden. -Que la quejosa tiene nombramiento de Agente de Ministerio Público Habilitado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cargo que le fue conferido para desempeñar funciones en términos de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. - Que atendiendo a las razones por la que se instruyó su cambio de adscripción y no de un diverso servidor púbico, que en su caso pudiera ser hombre, lo fue por razones de igualdad jurídica, lo que fundamento en los numerales 4° y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -Que las mujeres en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se desempeñan en los mismos cargos que los varones, recibiendo el mismo trato y remuneración. -Que del expediente laboral de la quejosa, se advierte que cuando solicitó su ingreso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, afirmó que contaba con disponibilidad de horario y de cambiar de residencia. - Que aplicar la rotación sobre los varones sería discriminatorio, infringiendo con ello el artículo 4 de la Constitución General, que establece una prohibición en razón de género. Por lo que se advierte, que el oficio de referencia la autoridad responsable funda y motiva su determinación de cambio de adscripción de la quejosa. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que la responsable acató los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de los cuales se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 24 DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. De inicio se precisa, por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintidós -fojas 52 a 70-, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado por la quejosa Maricela Carillo Nieves para los efectos siguientes: a) Dejen sin efectos el oficio de trece de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se readscribió a la quejosa a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, con efectos a partir del dieciséis de agosto siguiente. b) De estimarlo procedente, emitan otro en el que con plenitud de ejercicio de sus facultades discrecionales, motiven las circunstancias o condiciones por las cuales se justifican las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción de la aquí quejosa, en el entendido de que deberán de justificar que aún y cuando conforme a sus circunstancias particulares expuestas en este fallo, dicho cambio de adscripción resulta indispensable para lograr la eficiencia y calidad en la prestación del servicio, asimismo, deberán exponer por qué es necesario que la quejosa sea quien deba ser readscrita a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México y no diverso servidor público, como pudiera ser un hombre.. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Por auto de veinticuatro de octubre del año en curso se recibió la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 144/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, que confirmó la sentencia recurrida; por tanto, se requirió a las responsables a fin de que dieran cumplimento a la misma. Así, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio por el que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, remitió copia certificada del diverso ***de veintisiete de octubre del año en curso, por medio del cual, se advierte que dejó sin efectos la comunicación de trece de agosto de dos mil veintiuno y en su lugar emitió otra en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, del examen de dichas constancias, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2, tienen valor probatorio pleno; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector. Lo anterior es así, ya que de la ejecutoria de amparo se advierte que los motivos de la dicha concesoria son los siguientes: Ahora bien, este Juzgador nota que en el presente asunto la quejosa se encuentra en una situación que la coloca en una situación de desventaja por razón de su género y las circunstancias que hoy en día imperan en su vida diaria para poder desempeñar sus actividades laborales de manera adecuada que obligan a analizar su condición frente a la emisión del acto reclamado. Se estima que si bien la autoridad responsable expuso de manera genérica que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe ser reforzada en la prestación del servicio púbico en materia de procuración de justicia, así como en su funcionamiento y la operatividad de los servidores públicos de tal dependencia, era dable cambiarla de adscripción de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca, Estado de México a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México; no menos verídico es que, acorde con las características particulares del asunto, la quejosa se encuentra en una situación de desventaja que se traduce en una discriminacio´n por razón de ge´nero, ello porque en su calidad de mujer, así como de las condiciones que imperan en su vida por encontrarse al cuidado de su madre. El acto reclamado resulta violatorio de derechos fundamentales, dado que en el presente caso, existe una situacio´n de desequilibrio y desigualdad hacía la promovente de este juicio de control constitucional, razón por la cual debe romperse con dicha situación asimétrica contra la quejosa por razón de su género, así como del rol que desempeña en la sociedad -al ser quien se encarga de proveer el sustento de su casa-, así como por ser mujer y tener bajo su cuidado a su madre quien debe ser atendida médicamente, con la finalidad de que no sea discriminada ni afectada tanto en el ámbito profesional como personal, para que pueda acceder a condiciones de igualdad como servidora pública de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cabe hacer la aclaración, que en este juicio de amparo no se dilucida si la autoridad responsable tiene atribuciones o no para readscribir a los elementos de sus instituciones; sino a dilucidar el derecho humano de legalidad de la quejosa para tener conocimiento de las razones por las cuales se le esta´ cambiando de adscripción y que implican una situación de desvenja conforme a sus condiciones personales, en concordancia con los derechos fundamentales de la quejosa previstos en el artículo 1º constitucional. Lo anterior, habida cuenta que, por mandato constitucional la actuación de la seguridad pública se encuentra regida por el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos, lo cual implica la observancia de éstos también frente a sus integrantes; y no se advierte algún parámetro de razonabilidad previsto en la Carta Magna o en algu´n tratado internacional que justifique que se les deba disminuir el derecho de conocer los motivos y circunstancias que dan lugar a un cambio de adscripcio´n por el hecho de formar parte de una institucio´n policiaca. Máxime, que de las constancias remitidas por las autoridades responsables tampoco se advierte si con el cambio de adscripcio´n reclamado habra´ o no una variacio´n en las funciones y percepciones que puedan afectar los derechos de la quejosa; lo cual abona a que sea indispensable que las responsables hagan de su conocimiento las razones de su decisión, así como si dicho cambio altera o no esencialmente sus funciones y condiciones anteriores. Al no justificarse la causa legal de su proceder, ya que no motivaron su actuacio´n para que la peticionaria de amparo estuviera en posibilidad de conocer los motivos en los que se apoyó tal acto y tener en su caso, acceso a una efectiva defensa de sus intereses, lo cual debieron realizar frente a la exigencia del arti´culo 16 constitucional a fin de otorgar certeza respecto de las razones precisas en que se apoyaron para ordenar el cambio de adscripción que en esta vía reclama y esté en aptitud de hacer valer lo que a su intere´s legal convenga. Ahora bien, del oficio *** de veintisiete de octubre del año en curso, se advierte que la autoridad responsable, atendiendo a sus atribuciones dejó sin efectos el diverso de trece de agosto de dos mil veintiuno y en su lugar se emitió diverso del que se advierte realizó lo siguiente: Ordenó que a partir de los tres días hábiles siguientes a su notificación, su cambio de adscripción a la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, lo cual determinó bajo los argumentos siguientes: -Que el artículo 123, Aparatado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y los municipios tienen régimen jurídico especial, ya que por las características peculiares de los servidores públicos, requieren de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos. -Que el artículo 55, fracción V de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala como requisito de permanencia de los Agentes del Ministerio Público, cumplir con las órdenes de rotación. -Que el artículo 100, apartado B, fracción I, inciso z) de la Ley de Seguridad del Estado de México, dispone como una obligación de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, cumplir diligentemente los cambios de adscripción. -Que el artículo 16, fracción IX de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que señala como requisito para la permanencia del personal operativo, cumplir con sus atribuciones, además de las órdenes de cambio de adscripción, rotación y comisiones que se le encomienden. -Que la quejosa tiene nombramiento de Agente de Ministerio Público Habilitado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cargo que le fue conferido para desempeñar funciones en términos de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. - Que atendiendo a las razones por la que se instruyó su cambio de adscripción y no de un diverso servidor púbico, que en su caso pudiera ser hombre, lo fue por razones de igualdad jurídica, lo que fundamento en los numerales 4° y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -Que las mujeres en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se desempeñan en los mismos cargos que los varones, recibiendo el mismo trato y remuneración. -Que del expediente laboral de la quejosa, se advierte que cuando solicitó su ingreso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, afirmó que contaba con disponibilidad de horario y de cambiar de residencia. - Que aplicar la rotación sobre los varones sería discriminatorio, infringiendo con ello el artículo 4 de la Constitución General, que establece una prohibición en razón de género. Por lo que se advierte, que el oficio de referencia la autoridad responsable funda y motiva su determinación de cambio de adscripción de la quejosa. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que la responsable acató los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de los cuales se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Oficio Intégrese el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual, informa el cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, remite copia certificada del oficio 400LKA000/2692/2022 de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, téngase por satisfecho el requerimiento formulado al oficiante, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Asimismo, con las constancias recibidas en esta fecha, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente.
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