Maricela Alcantara Hernández y Otros.
Expediente 1652/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2016
Partes del expediente
- Maricela Alcantara Hernández y Otros.
- Pablo Osornio Alcantara
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita el acuse de recibo del oficio 837-II de su índice, del cuaderno de amparo directo 709/2015 y anexos que remitió, por el que se declaró firme el acuerdo en que determinó carecer de competencia para conocer del presente juicio de amparo promovido por Maricela Alcántara Fernández y Pablo Osornio Alcántara. Por tanto, acúsese de recibo a la superioridad.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, México, mediante el cual acusa recibo del oficio 35663, de este índice, por el que se devolvieron las constancias que remitió como pruebas; circunstancia de la cual queda enterado este órgano de control constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Jueza Civil de Primera Instancia de Jilotepec, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 227/2015 (orden 617/2015), del índice de este juzgado de Distrito, mismo que se envió con la finalidad de notificar a la representante común de los quejosos +, el proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince; lo que aconteció el diecisiete de noviembre del año en curso; atento a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías. Ahora, vista la diversa certificación que antecede, se advierte que el término de tres días concedido a los quejosos +, en el auto de diecinueve de octubre del año en curso, para que señalaran domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió en su totalidad, sin que designaran domicilio alguno; razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento con el que fuera conminados en el referido proveído; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, 27, fracción I inciso c), de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de este auto y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Finalmente, devuélvasele al Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, México, las constancias que remitió, como pruebas en el presente sumario, solicitando el acuse de recibo respectivo, apercibida que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Por recibido el oficio 837-II, signado por la Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que transcribe el auto de catorce de octubre del año en curso, dictado por el Presidente del órgano Colegiado en cita, por el que declaró firme el acuerdo de siete de septiembre del año en curso, por el que declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto de que se trata. Por otra parte, se reciben como anexos al oficio en cita, los autos originales del juicio de amparo directo 709/2015, que se formó con la demanda promovida por Maricela Alcántara Fernández y Pablo Osornio Alcántara, así como el informe justificado de las responsables, copia certificada del proveído de siete de septiembre del año en curso, toca 439/2015, copias certificadas de las documentos de la parte actora, compulsa de los documentos exhibidos por la parte demandada, copia certificada del expediente 629/2015 y constancias certificadas del expediente 1169/2015, dado el volumen de las constancias que remite la oficiante, se ordena formar anexo por separado el cual debe estar identificado. En consecuencia, conforme a lo indicado por el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número que le corresponda. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente bajo el número que le corresponda. Ahora, visto el escrito de demanda, presentado por Maricela Alcántara Fernández y Pablo Osornio Alcántara, contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de México y otra autoridad, que los hace consistir en la resolución de seis de agosto de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca número 439/2015, por la que dicho Tribunal de Alzada confirmó la resolución emitida el diez de junio de dos mil quince, por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, dentro de los autos del expediente 629/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil (servidumbre de paso) promovido por Margarito Lozano Flores, en contra de Maricela Alcántara Fernández y Pablo Osornio Alcántara, por la que el Juez responsable declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por los codemandados Maricela Alcántara Fernández y Pablo Osornio Alcántara, en los términos del considerando I del cuerpo de la resolución reclamada y una vez que causara ejecutoria dicha resolución, continuara con la secuela procesal; por considerarlos violatorios de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Ahora bien, la parte quejosa reclama: "IV. ACTO RECLAMADO.- a) De las autoridades responsables ordenadoras la sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil quince, dictada en el recurso de apelación número 439/2015, deducido del expediente natural número 629/2015, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México. b) De la autoridad responsable ejecutora reclamamos todo acto tendiente a la ejecución de la sentencia definitiva de fecha seis de agosto del año dos mil quince, dictada en el Toca de Apelación número 439/2015, del índice de la Autoridad Responsable Ordenadora de aquí no ocupa, lo que se actualizaría en mérito de cualquier acto procesal que la autoridad responsable ejecutora emita en el sumario natural número 629/2015, que tendiera a la continuidad del citado proceso judicial, mismo que a la fecha se encuentra suspendido en términos del proveído dictado en ocho de julio del año dos mil quince, en el Toca de apelación materia de este Juicio de Garantías. c) De cada una de las autoridades responsables contempladas como tal en este juicio constitucional, reclamamos las consecuencias, reclamamos las consecuencias fácticas y jurídicas que pudieran sobrevenir en agravio de los hoy quejosos con motivo de los actos de autoridad que a estas les reclamamos." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estima que se actualiza la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento. Con la finalidad de satisfacer el propósito anunciado, el citado numeral 61, fracción XXIII del ordenamiento invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--------------(.)------------------------------------------------------------ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.---------------------------------------(.)--------------------------------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede:----------------------------(.)-------------------------------------------------------- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.----------------------------- Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.--------------------------------- Las normas invocadas son las siguientes: -----------------------"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ----------------------(...) ------------------------------------------------------------------------III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:---------------------------------------------------------------- (...)------------------------------------------------------------------------------------b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;--------------------------------------------------- [...]------------------------------------------------------------------------------------V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]."------ Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.---- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable al quejoso. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia de amparo lo constituye la resolución de seis de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 439/2015, de la estadística de la Segunda Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirmó la diversa de diez de junio anterior, emitida por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, en el juicio 629/2015, promovido contra los ahora quejosos, en la que declaró improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta por los peticionarios del amparo. Así, las consecuencias que produce el referido acto jurídico de decisión no son de imposible reparación, dado que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos de los quejosos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto reclamado únicamente se relaciona con una carga y un derecho adjetivo o procesal relativo a la resolución de la excepción de cosa juzgada, de lo que se sigue que no afecta derechos sustantivos, sino procesales; es decir, no tiene una ejecución de imposible reparación dentro del procedimiento, dado que en caso de obtener una resolución favorable a sus intereses, se repararían las violaciones procesales que aduce se cometieron en el acto reclamado. Se afirma lo anterior, dado que cuando se declara procedente la excepción, ahí termina el juicio, pero si se desestima, el procedimiento continúa, y los efectos de la resolución que rechaza la excepción de cosa juzgada se actualizan hasta el dictado de la sentencia, porque es hasta este momento en que se podrá apreciar si con motivo de ese desechamiento se vulneran los derechos del afectado, y si se cometió alguna violación procesal en su perjuicio que trascienda al resultado del fallo. Por consiguiente, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución de seis de agosto de este año en la cual se confirmó la diversa emitida por el juez de origen, en la que se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte quejosa; ésta podría constituir una infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene fallo favorable, por lo que, es inconcuso que dicho acto no le causa perjuicio de irreparable ejecución, por lo que, como ha quedado precisado, constituye en todo caso una violación a las leyes del procedimiento. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE" . Sirve de apoyo la tesis II.1º.C.2K(10a) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA DICHA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, la figura de la cosa juzgada se refiere a la definitividad que adquieren las sentencias que emanan de un órgano jurisdiccional; y una sentencia adquiere esa categoría cuando reviste la calidad de inatacable, esto es, cuando ya no pueden volverse a examinar las cuestiones que fueron objeto de análisis en aquélla, pues la finalidad de la excepción de cosa juzgada es evitar la duplicidad en los procedimientos, cuando hay identidad de personas, cosas y acciones y dar firmeza a las actuaciones judiciales. En ese sentido, cuando se declara procedente la excepción, ahí termina el juicio, pero si se desestima, el procedimiento continúa, y los efectos de la resolución que rechaza la excepción de cosa juzgada se actualizan hasta el dictado de la sentencia, porque es hasta este momento en que se podrá apreciar si con motivo de ese desechamiento se vulneran los derechos del afectado, y si se cometió alguna violación procesal en su perjuicio que trascendió al resultado del fallo. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia P./J. 99/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", pues dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que la jurisprudencia relativa a la excepción de cosa juzgada, se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable." De igual forma, sustenta las consideraciones expuestas, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, ya que al igual que la de falta de personalidad constituyen excepciones procesales que deben resolverse de modo incidental, de acuerdo con los artículos 1122, 1129 y 1131 del Código de Comercio y la única consecuencia jurídica de que dichas excepciones sean desestimadas es que se continúe con la tramitación del procedimiento. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia P./J. 99/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", pues dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que la jurisprudencia relativa a la excepción de cosa juzgada, se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo es estudio, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Maricela Alcántara Fernández. Por otra parte, a fin de que la representen común de la parte quejosa se impongan del contenido del presente acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y 27, fracción II de la Ley de Amparo, envíense despacho dirigido al Juzgado Civil de Primera Instancia de Jilotepec, Estado de México, para que ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio bien conocido en Santa María Nativitas, municipio de Aculco, Estado de México y con copia de la presente determinación, notifique a Maricela Alcántara Fernández. Asimismo, deberá requerirle en el momento de la diligencia para dentro del plazo de tres días, señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por lista que se fije en los estrados, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción III, inciso b) y 116, párrafo segundo, ambos de la ley de la materia, fracción II, 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos de aplicación supletoria. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizadas en términos amplios a la persona que refiere, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Luego, atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
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